22 de abril de 2017
Crédito: alai
Agencia Latinoamericana de Información
Gian Carlo Delgado Ramos
Agencia Latinoamericana de Información
Gian Carlo Delgado Ramos
En
septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el
documento Transformar
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
una “visión de futuro transformadora”, que supone dar
seguimiento a los denominados Objetivos del Milenio. La agenda en
cuestión propone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, en
adelante) con 169 metas, contexto en el que, como es ya usual en el
discurso dominante del desarrollo sostenible, se asume que el
crecimiento económico no solo tiene un peso central, sino que es
compatible e imprescindible.
Debe
recordarse que el concepto de desarrollo sostenible en Nuestro
Futuro Común (publicado
en 1987) no sólo abogaba por “…la capacidad de satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades”, también
consideraba que los límites que implica el desarrollo sostenible no
eran absolutos, “…sino limitaciones impuestas por el estado
actual de la tecnología y la organización social sobre los recursos
ambientales y la habilidad de la biósfera de absorber los efectos de
las actividades humanas”. Pero, agregaba el documento, “…la
tecnología y la organización social, pueden ser gestionadas y
mejoradas para abrir paso a una nueva era de crecimiento económico”.
Los ODS suscriben con ese mismo espíritu, la aspiración por “…un
mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento económico
sostenido”, ello en tanto que ése se considera “esencial para
lograr la prosperidad”.
La
insistencia del discurso dominante de continuar con un crecimiento
económico sostenido, esto es, con más y más crecimiento y
acumulación de riqueza y capital, si bien resulta políticamente
correcta y atractiva para la preservación del status
quo,
en lo concreto no puede materializarse al mismo tiempo, como un
proceso “sostenible” e “incluyente”, tal y como se suscribe
en el documento de los ODS. De hecho, es llamativo que las propias
evaluaciones científicas suscritas por Naciones Unidas en materia
ambiental y climática, subrayen -cada vez más frecuentemente- el
hecho de que el principal impulsor de la degradación ambiental y el
cambio climático es el crecimiento económico, ello muy por encima
del crecimiento poblacional o cualquier otro factor.
Atrapado
el discurso dominante en tal tensión, la de procurar un crecimiento
económico al infinito en un planeta finito, la salida ha sido hablar
de un eventual “desacople” entre el crecimiento económico y el
consumo de energía y materiales, esto es, apostar por la denominada
“economía verde”. Datos de las últimas décadas develan
abrumadoramente el fuerte acople que existe entre crecimiento
económico y consumo de energía y materiales, ello a pesar de la
creciente eficiencia lograda en múltiples procesos de producción,
circulación y consumo (en algunos sectores, en varios órdenes de
magnitud). Así, se advierte que de 1900 a 1950, la población pasó
de 1,800 millones a 2,500 millones de habitantes, mientras que el PIB
mundial lo hizo de 2 billones (millones de millones) a 5.3 billones
de dólares, y el número de patentes registradas de 141 mil a 412
mil. Para el 2011, la población casi alcanzaba los 7 mil millones de
habitantes, el PIB mundial los 55 billones de dólares y las patentes
registradas 1.9 millones. A lo dicho, debe sumarse que, desde
mediados del siglo XX, el consumo de energía y materiales creció
5.6 veces más rápido que la población mundial (de 1900 a la fecha
lo hizo 10 veces), mientras que la generación de residuos incrementó
5 veces (los plásticos hasta unas 150 veces). Derivado de tal
tendencia, hoy día el consumo de energía y materiales ronda los 70
mil millones de toneladas al año (unas 10.1 toneladas per cápita) y
se espera que, de no haber cambio alguno, el consumo tendencial de
materiales y energía podría alcanzar hasta 180 mil millones de
toneladas en el 2050.
Por
lo antes expuesto, puede sostenerse que el principal problema no
reside en el crecimiento poblacional per
se -que
no deja de ser importante-, sino en los crecientes y sin duda
desiguales patrones de consumo, en particular de una porción de la
población con mayores ingresos: alrededor del 20% de la población
mundial, consume ya el 77% de todos los bienes y servicios! Se trata,
en efecto, de un contexto en el que la moda y la publicidad asociada,
la obsolescencia programada, o los cambios en los propios patrones y
prácticas de consumo –como los alimentarios que cada vez más
incorporan alimentos ultraprocesados, cárnicos y derivados lácteos
y formas de consumo “on-the-go”
que requieren de empaquetado y plastificado cuyo tiempo de vida útil
puede llegar a ser inclusive de segundos–, son elementos
estructuralmente necesarios para dar salida a una producción
creciente de bienes y servicios que supone el ya mencionado
crecimiento económico sostenido.
Dicho
crecimiento económico no ha sin embargo significado bienestar para
todos. En la práctica, el sistema actual de producción se ha
caracterizado por impulsar un desarrollo desigual que además socaba
el propio entorno natural que lo soporta y que sostiene la vida
misma: el planeta Tierra. La creciente riqueza generada a la par de
mayor pobreza, desigualdad y devastación ambiental, es
particularmente notoria desde la segunda mitad del siglo XX, a tal
punto que se habla en la literatura especializada de la “La Gran
Aceleración”. Se trata de una serie de procesos antropogénicos
que erosionan cada vez más las denominadas “fronteras planetarias”
con consecuencias de todo tipo, algunas ya irreversibles. Entre ésas
destaca la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, pero
también el deterioro de diversos ciclos biogeoquímicos, la
agudización de la acidificación oceánica, entre otras afectaciones
que pretenden ser atendidas con el eventual cumplimiento de las metas
que componen los ODS.
El
cuadro 1 describe los 17 ODS y ofrece algunos datos clave a nivel
mundial y en México sobre el estado de situación actual.
ODS |
Meta |
Situación
actual en México |
1 |
Fin
a la pobreza en todas sus formas |
Datos
oficiales reconocen algún grado de pobreza en el 45.5% de la
población, aunque en realidad ésta podría alcanzar hasta el 80%
de la población. La tasa de pobreza extrema para la población
indígena es cuatro veces más alta que la de la población en
general. |
2 |
Fin
al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible |
27.4
millones de mexicanos sufren de acceso a alimentos. Se reconoce
que el 18% de los menores de 5 años presentan desnutrición. El
70% de la población adulta tiene sobrepeso, de la cual, el 33% es
obesa. La importación de alimentos es creciente en términos de volumen y por lo general en términos de valor. De 1991 a 2011, la importación de cereales aumentó 315%, la de leguminosas 339%, la de azúcar y endulzantes 245%, la de vegetales 344%, frutas 497%, carne 426%, huevo 250%, leche 257%, y pescados y mariscos 289%. |
3 |
Vida
sana y promoción del bienestar de todas las edades |
México
invierte 6.2% del PIB en salud, en los países de la OECD el
promedio es de 9.6%. El porcentaje de la participación pública
es del 47.3% del total. El gasto en actividades burocráticas es
tres veces más alto que el promedio de la OECD. Aunque en papel
90% de los mexicanos tienen algún tipo de cobertura en el sistema
social de salud, buena parte de los servicios prestados los hace
el sector privado. Con todo, se estima que el 45% del gasto en
atención médica y medicamentos es cubierto por los propios
pacientes y familias, muy por encima del 19.5% en promedio que se
registra en los países de la OECD. El país tiene 170 médicos
por cada 100 mil habitantes y 74 camas censables por cada 100 mil
habitantes en instituciones del sistema nacional de salud. |
4 |
Educación
inclusiva y equitativa de calidad |
México
es uno de sólo dos países de la OECD y asociados (el otro es
Colombia) donde menos del 60% de los jóvenes de entre 15 y 19
años estaban inscritos en el sistema educativo. El 66% de la
población de entre 25 y 64 años tiene un nivel de educación
inferior al de secundaria. Sólo el 22% de los jóvenes alcanzan
un título de educación superior a lo largo de su vida. Aunque el
gasto en educación en términos porcentuales del PIB es similar
al del resto de los países de la OECD, el gasto por estudiante en
términos absolutos sigue siendo en extremo bajo (el promedio de
gasto anual en la OECD a nivel terciario es de 15 mil dólares, en
México es de 8,115 dólares; el de educación secundaria es de
9,518 dólares contra 3 mil; y el de educación primaria de 8,247
contra 2,632 dólares anuales). Las repercusiones en términos de
desarrollo científico y tecnológico (CyT) son notorias, y se
asocian a un limitado gasto público y privado que, en el largo
plazo, es decreciente en términos reales (véase objetivo 9). |
5 |
Igualdad
de género y empoderamiento de mujeres y niñas |
La
principal brecha se observa en la participación económica con
una diferencia de hasta el 34% y en el nivel de ingresos,
particularmente en estados como Baja California, Baja California
Sur, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Sonora, Tabasco y
Zacatecas. El grado de informalidad del empleo afecta también más
a las mujeres en estados como Aguascalientes, Baja California Sur,
Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de
México, Puebla, Sonora y Tamaulipas. Se suma el trabajo no
remunerado en el hogar, el cual a nivel nacional es de unas 48.5
horas a la semana para el caso de las mujeres y sólo de 19.5
horas para el caso de los hombres. Se trata de una diferencia que
se agudiza cuando se trata de trabajo dedicado al quehacer del
hogar el cual es realizado, en promedio, en dos terceras partes
por las mujeres. El país registra una tercera parte de las
jefaturas de hogar en manos de mujeres, pero en Sonora, Colima y
Aguascalientes esos porcentajes se incrementan hasta casi la mitad
de las unidades familiares. Por otro lado, la presencia de mujeres en cargos de decisión es fuertemente asimétrica. La distribución de juezas, jueces, magistrados y magistradas en los juzgados y tribunales superiores de justicia estatales es desigual en 22% a nivel nacional, pero en 52% en Chiapas, ,45% en Jalisco, 43% en Colima y 41% en San Luis Potosí. Lo mismo se verifica en el caso de presencia en diputaciones, síndicos, regidores y regidoras, y más aún en presidencias municipales donde la brecha a nivel nacional es del orden del 81%. Cabe además precisar que la esperanza de vida de las mujeres es 5.4 años mayor. El número promedio de hijos es de 2.26. El grado promedio de escolaridad es de 9 años, ligeramente menor que el de los hombres, no obstante, hay fuertes diferencias en aquellos municipios pobres del país, sobre todo en Chiapas y Oaxaca. Las consideraciones de la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos de mujeres, niños y persona mayores, en la práctica no es bien entendida, integrada y mucho menos ejecutada en la política de estado, aunque sí se identifica cierta sensibilidad discursiva. |
6 |
Gestión
sostenible del agua y saneamiento para todos |
México
se coloca a la cabeza de la lista de países con escasez de agua
severa durante al menos un mes del año. La disponibilidad natural
media anual por habitante. En 1955 era de 11,500 m3, pero para
2007 había llegado a 4,312 m3, es decir, una disminución de 64%
en tan sólo un periodo de 50 años. De los 653 acuíferos
nacionales, de donde se extrae la mitad del agua para todos los
usos, la cantidad de aquellos sobreexplotados se triplicó desde
1975 al pasar de 32 acuíferos en esa condición a 100 acuíferos
sobreexplotados en 2011. La contaminación de fuentes de agua y la
falta de saneamiento, se ha reflejado en una prevalencia
importante de enfermedades infecciosas intestinales son la primera
causa de mortalidad en menores de uno a cuatro años (5,720
muertes en 2008), la onceava causa en niños de 5 a 14 años, y la
vigésima causa de muerte con el 0.9% del total de muertes en el
país. |
7 |
Acceso
a energía asequible, fiable, sostenible y moderna |
El
consumo nacional de energía rondó en 2015 los 8.5 mil petajoules
y el consumo final total 5,283 petajoules. El consumo per cápita
de energía fue de unos 79 Gj/hab-año. La estructura del consumo
energético es 29.4% gasolinas y naftas; 17.6% electricidad; 13%
gas seco; 8.2% gas licuado, 5.7% biomasa; 3% queroseno y 2.6%
coque de petróleo. El consumo final lo realiza 46.4% el sector
transporte; 18.7% el residencial, comercial y público: 31% el
industrial y 3.5% el agropecuario. La importación de energía es
creciente: en 2015 la energía primaria sumó 223 petajoules,
mientras que la de energía secundaria 2,681 petajoules
(esencialmente por la importación de gas seco, gasolinas y naftas
y diésel). La producción de energía con fuentes renovables sumó
de julio de 2014 a junio de 2015, más de 52 mil GWh, pero su
potencial estimado asciende a 114 mil GWh. La dependencia
tecnológica para la generación de energía limpia es elevada:
como muestra, cabe señalar que entre 1999 y 2013, sólo se
otorgaron 8 patentes a residentes mexicanos en tecnologías de
generación, transmisión y distribución de energía. |
8 |
Crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, promoción del pleno
empleo y productivo y el trabajo decente para todos |
El
PIB ha crecido casi 9 veces desde 1960 al 2015 y la población 3.3
veces. Oficialmente se reconoce que el 59% de la población es
económicamente activa. Casi el 60% del empleo es temporal o
informal. En 2016 el ingreso promedio por hora trabajada de la
población ocupada fue de 34 pesos (unos 1.7 dólares) y las
jornadas laborales se extendían a 43 horas. El Índice de
Desarrollo Humano precisa que el país, a pesar de ser la
catorceava economía del mundo, se ubicaba en 2014 en el lugar 74
con un coeficiente de 0.756, el cual de hecho se reduce a 0.587
cuando es ajustado por las desigualdades imperantes. Tal ajuste es
más acorde con el lugar 81 que el país ocupa en términos del
PIB per cápita. |
9 |
Construcción
de infraestructuras resilientes, promoción de la
industrialización inclusiva y sostenible y fomento a la
innovación |
En
términos comparativos, México es uno de los miembros de la OECD
con el nivel de gasto en ciencia y tecnología más bajo dado que
el gasto promedio de la Organización fue del 2.25% del PIB para
el año 2005 y e del país no pasa desde entonces el 0.5% del PIB.
Se estima que unos 475 mil profesionistas y graduados viven en
EUA, de ésos, aquellos con doctorado representan al menos el 30%
del total de doctores que genera México. El costo para México en
términos de transferencia de riqueza por la vía de fuga de
cerebros formados con recursos nacionales, asciende alrededor del
5% del PIB. La dependencia tecnológica de México es profunda. Su
balanza comercial tecnológica es negativa desde 1990 y el número
de patentes acreditadas a residentes es ínfima. La tercera parte de la actividad económica de las principales empresas en el país, las primeras 500, deriva de actividades extractivas o que hacen uso directo de recursos naturales; otra tercera parte corresponde a servicios diversos y sólo la restante tercera parte alude a actividades industriales con algún grado de contenido tecnológico. Esta distribución está presente desde hace varios años. De igual modo, debe notarse que una tercera parte de las ventas en los últimos años, se atribuyen a transnacionales operando en el país, mismas que dominan el 60% del total de ventas en la región. En este escenario se entiende mejor la conformación del país como un gran eje multimodal que permite el aprovechamiento de las principales ventajas comparativas nacionales: la fuerza de trabajo y los recursos naturales baratos. La creación de las zonas económicas especiales, o de polos de desarrollo industrial basados en la atracción de inversiones, sobre todo foráneas, responde a dicho planteamiento. No obstante, la expansión de la infraestructura para cubrir necesidades nacionales sigue siendo rezagada y la inversión pública y privada no pasa el 1.5% el PIB, casi la mitad que el promedio de América Latina. |
10 |
Reducción
de la desigualdad en y entre los países |
En
México, uno de los dos países más desiguales de la OECD, el 1%
de la población más rica controla el 21% de la riqueza del país.
Tan sólo los cuatro mexicanos más ricos tienen una riqueza
equivalente al 10% el PIB. Las asimetrías se agudizan por género
y para el caso de población indígena. El coeficiente de Gini,
que mide, pasó de 0.46 en 2004 a 0.48 en 2014, esto es, la
desigualdad aumentó. |
11 |
Ciudades
y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles |
La
población mexicana es 72.3% urbana y podría llegar al 86% en el
2050. Como resultado el sistema urbano nacional crecerá aún más.
Hoy día con 384 ciudades, cubre unas 800 mil hectáreas. Las
principales zonas metropolitanas del país presentan problemas
importantes desde mala calidad de aire y limitados espacios
verdes, hasta problemas en el abastecimiento y calidad de agua,
gestión de residuos sólidos y aguas residuales, vulnerabilidad
ante eventos climáticos extremos, y movilidad cuestionable. De
hecho, la ciudad de México detenta el primer lugar en cuanto al
número de horas invertidas en el tráfico. La “solución”
ante ello ha sido erróneamente la construcción de más calles
(autopistas urbanas) que reafirman el paradigma de la movilidad
motorizada privada por varias décadas más. Las ciudades del país
son, además, marcadamente desiguales, con acceso desigual a las
ventajas de “lo urbano” e intensos procesos de segregación,
gentrificación y especulación inmobiliaria (en este contexto, la
ciudad de Querétaro se coloca a la cabeza de la especulación
inmobiliaria en el país, pero no es el único caso). |
12 |
Consumo
y producción sostenible |
La
huella material de México se estima para 2008 en 1.6 kg por dólar
producido; era de 1.9 kg en 1970. Pese a tal mejora, el consumo
doméstico material aumentó pues se estima para 2008 en 10.5
toneladas per cápita cuando ése era de 6.7 toneladas en 1970.
Durante tal periodo, 1970-2008, el consumo de biomasa disminuyó
35%, mientras que el de minerales de construcción aumentó de 28
a 40% y el de combustibles fósiles de 11% al 14% del total de
materiales consumidos. |
13 |
Adaptación
y mitigación del cambio climático |
México
es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático tanto
por su localización entre dos océanos, su latitud y relieves que
lo exponen a fenómenos meteorológicos extremos, como por el
grado de pobreza de su población. Se estima que el 15% del
territorio nacional, 68.2% de la población y 71% del PIB están
expuestos al riesgo de impactos directos adversos. El país emite
el 1.4% de las emisiones globales (2.4 veces más que en 1960). El
grueso de emisiones corresponde a la generación de energía
eléctrica y la producción de petróleo y gas (una tercera
parte), de fuentes móviles (una cuarta parte), y la industria
(más del 17% del total, destacando la producción de cemento, de
químicos, y minera y siderúrgica). |
14 |
Conservación
y uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos. |
La
actividad humana contamina cada vez más los mares mexicanos, ello
incluye la falta de tratamientos de aguas residuales y la
presencia de basura en los mares (destacan entre las playas más
contaminadas Tijuana, B.C., Playa Caletilla en Acapulco, Gro., y
Puerto Morelos, Q.R). En el Caribe mexicano ha reducido la
extensión natural de los arrecifes hasta en 80%; las costas están
vez más urbanizadas bajo los impulsos del negocio de “sol y
playa” generando diversos efectos socioambientales indeseables;
y las pesquerías del país están cada vez más sobrexplotadas:
casi la mitad de los recursos se están aprovechando al máximo,
más de una tercera parte ya es sobrepesca y un 18% está en
estado de colapso |
15 |
Proteger,
restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres; gestión sostenible de bosques; lucha contra la
desertificación; detener y revertir la degradación de las
tierras; y detener la pérdida de biodiversidad |
Siendo
uno de los países megadiversos del planeta con alrededor del 10%
de la biodiversidad mundial, México verifica oficialmente 749
especies amenazadas: 192 en peligro crítico de extinción; 255 en
peligro de extinción y 302 vulnerables; además ha visto la
desaparición de otras tantas. La deforestación nacional por
cambios de uso de suelo es intensa; en 20 años se perdió una
tercera parte de selvas y bosques. La pérdida, pero también
apropiación del conocimiento asociado a la biodiversidad, es
también patente. Aunado a ello, se verifica ya la contaminación
genética del maíz, precisamente en su lugar de origen. Datos de
las cuentas ecológicas nacionales precisan que los costos totales
por agotamiento y degradación ambiental han aumentado, de 648 mil
millones de pesos (a precios corrientes) en 2003 a 907 mil
millones de pesos. |
16 |
Sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible; facilitar
el acceso a justicia para todos; y construcción de instituciones
eficaces, inclusivas y transparentes |
Derivado
de la denominada guerra contra el narcotráfico y el crimen
organizado, aunado a la falta de empleo (véase objetivo 8) y
oportunidades educativas en el país (véase objetivo 4), la
violencia en el país ha aumentado registrando casi 21 mil
homicidios en 2016 a lo largo y ancho del 75% del territorio
nacional (de 2000 a 2016 suman más de 275 mil casos), ello a la
par de un aumento en el gasto para el control interno que suma de
2013 a la fecha más de 590 mil millones de pesos (las empresas
destinan cantidades crecientes en seguridad ante el aumento de
asaltos en carreteras y el robo de carga en trenes). |
17 |
Fortalecimiento
de los medios de implementación y revitalización de la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible |
El
gobierno federal reconoce que los principales retos para dar
cumplimiento a la Agenda 2030 son: 1) garantizar un presupuesto
específico y vincular los recursos existentes (incluyendo
mecanismos de deuda); 2) establecer mecanismos claros para
facilitar la participación de los diferentes sectores el cual se
plantea cristalizar especialmente en el marco de las denominadas
alianzas público-privadas; 3) adopción de medidas en los tres
niveles de gobierno; 3) desarrollo de un lenguaje compartido para
una difusión de avances y retos asociados a los ODS; y 4) la
promoción de la cooperación internacional para el apoyo al
cumplimiento de los ODS (incluyendo la cooperación Sur-Sur). |
Si
la agenda de los ODS supone la “transformación de nuestro mundo”,
lo primero que cabe entonces preguntarse es ¿transformación hacia
qué? ¿en beneficio de quién y para qué? Este ejercicio reflexivo,
lejos de ser ocioso o academicista, es central y netamente político
(politics)
y de política (policy).
Hacer un llamado para mantener la (bio)economía dentro de un
“corredor de sustentabilidad”, como lo sugiere un documento de
Naciones Unidas (Global
Material Flows and Resource Productivity)
al reconocer la necesidad de reducir el consumo de energía y
materiales en cuando menos 10% de materiales abióticos y 2% de
materiales bióticos “frescos”, así como en 5% a partir de la
recuperación de materiales bióticos y abióticos mediante el reúso
y reciclaje, sí, es correcto, pero al mismo tiempo tan abstracto que
se torna políticamente inútil pues las desigualdades que se
encuentran en el trasfondo del problema no son parte nodal del
análisis sobre el que descansa tal llamado y, en sí, el discurso
dominante del desarrollo sostenible. Y es que concretamente ¿quiénes
han de reducir sus patrones de consumo y cuáles son los mecanismos
para lograrlo? ¿Seríamos todos los seres humanos, incluyendo
aquellos que ni siquiera tienen cubiertas sus necesidades más
básicas o, en cambio, quienes verifican los patrones más intensivos
de consumo y que, sin embargo, al mismo tiempo detentan las cuotas de
poder y de toma de decisiones más altas? ¿Optarán tales clases
sociopolíticas por medidas que restringen su propio despilfarro? Por
ello, y más, la responsabilidad histórica y diferenciada entre
países y sujetos es central en el debate, así como lo es el
carácter vinculante de las medidas adoptadas, siempre y cuando ésas
promuevan la justicia social y protejan los derechos humanos y de los
pueblos. No es pues casual, por ejemplo, que en las negociaciones de
Paris se dejara formalmente de lado toda consideración legal a la
responsabilidad histórica diferenciada y se optara en cambio por las
denominadas contribuciones previstas determinadas a nivel nacional,
es decir, medidas voluntarias.
Es
cierto que el mundo requiere de procesos de transición y
transformación hacia modalidades sostenibles, resilientes,
incluyentes y justas. No hay duda al respecto. No obstante, las
acciones para lograr dicho propósito no pueden ser superficiales o
seguir ancladas única y exclusivamente a nociones y criterios que
son funcionales a las relaciones de producción imperantes que son
precisamente las que han llevado al planeta, y todas las formas de
vida que lo habitamos, al estado crítico actual. Por ello, para que
la idea dominante del desarrollo sostenible trascienda sus propias
contradicciones y limitaciones y sea políticamente significativa,
dígase como objeto
de frontera a
partir del cual se pueda gestar el encuentro de visiones, acciones y
eventualmente de consensos, se deberá revertir la tendencia a
deslocalizar los impactos y a desdibujar los actores responsables y
afectados, al tiempo que habrá de privilegiar de manera creciente
las soluciones que deriven de una “gobernanza bidireccional”,
producto de una recomposición a fondo que emana de la conformación
de un cuerpo
político social que
construye colectivamente imaginarios deseables tanto de la función,
como del diseño, planificación y producción del espacio. Se trata
pues de una apuesta que no pasa por meras soluciones tecnológicas o
de tipo y diseño de infraestructura, de transferencia de
conocimiento y recursos financieros, etcétera, sino de un cambio a
fondo de la lógica imperante y por tanto de la naturaleza y
deseabilidad de las propias soluciones; del papel que juega, tanto la
economía y sus modalidades más deseables, como los procesos de
transición y participación social; e incluso, de las propias
nociones de la condición humana como tal. En tal ejercicio de
genuino cambio de paradigma, la coproducción de conocimiento es sin
duda clave pues, no sólo es importante un conocimiento cada vez más
robusto para la toma de decisiones y de acciones, sino también la
construcción de capacidades que habiliten pensar críticamente y que
estimulen competencias para la acción desde una perspectiva
histórica, política, social, cultural y espacialmente situada. En
tal tenor, las prácticas comunitarias que resisten en este país (el
80% de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de
propiedad social) y el potencial que de ésas deriva para replantear
los territorios y su gestión, lejos de ser un obstáculo para el
desarrollo, deberían ser vistas, con las críticas correspondientes,
como parte invaluable en y para la coproducción de imaginarios
alternativos y la puesta en marcha de acciones para la
transición-transformación que, como pueblos y especie consiente,
colectivamente deseamos.
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