La detención secreta de
personas sin formulas de juicio, ha sido una violación de los derechos humanos
catalogadas como crímenes contra la
humanidad cometido por los imperios durante años. Los más recientes en América
Latina fueron los cometidos durante los años 70 y 80 por las dictaduras de
América Latina, caso conocido como Operación Cóndor.
La detención secreta de
personas ya había sido parte de los crímenes contra la humanidad cometido por
las dictaduras de América Latina. Es el plan de coordinación de operaciones
entre las cúpulas de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur de América Chile,
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia
y con la CIA de los EE. UU, llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980.
Enmarcada en la
Doctrina Truman, esta coordinación se tradujo en "el seguimiento,
vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psico-físicos, traslados
entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos
regímenes como 'subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento
político o ideológico opuesto, o no compatible con las dictaduras militares de
la región'".
El Plan Cóndor se
constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del
terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de
miles de opositores a las mencionadas dictaduras, Se calcula que 50.000
personas fueron asesinadas la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de
la izquierda política.
Esta violación de los
derechos humanos se ha generalizado a otros continentes, lideralizada por el
gobierno estadounidense de George W. Bush en su guerra ilegal e inhumana contra
Irak y Afganistán, por el supuesto terrorismo internacional tras los atentados
del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Además de esos centros
de detención, los mecanismos de represión al terrorismo utilizados por el
gobierno estadounidense, también incluyeron desde 2001 la práctica de “entrega extrajudicial”,
que consiste en trasladar a presuntos terroristas a otros países donde pueden
ser torturados.
Según un informe,
encomendado por las Naciones Unidas y elaborado por cuatro expertos
independientes del foro mundial, señala a numerosos países como cómplices de
delitos de las cárceles secretas. Se trata de un documento importante porque
recoge en una sola pieza una información que se conocía desde hace tiempo, pero
de manera fragmentada, explicó el representante de Amnistía Internacional para
la ONU en Ginebra, Peter Splinter. El texto concentra su atención en demostrar el
alcance de la detención
secreta como un problema mundial y también como un asunto real
de este momento, insistió.
Los autores del
documento fueron el finlandés Martín Scheinin, Relator sobre la Promoción y
protección de los Derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha
contra el terrorismo, el austriaco Manfred Nowak, Relator sobre la Tortura, la
paquistaní Shaheen Ali, vicepresidenta del Grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria,
y el sudafricano Jeremy Sarkin, Presidente del grupo de trabajo sobre
Desapariciones Forzadas. El informe de los expertos de la ONU asegura que son
muchos los Estados que recurren a la detención secreta de personas, aduciendo
intereses de seguridad nacional que a menudo se ven como amenazas o emergencias
sin precedentes o se presentan como tales.
El Derecho internacional prohíbe
claramente la detención secreta, que infringe varias normas de
derecho humanitario que no admiten excepción en circunstancia alguna, sostiene
el documento que examinó el Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano
político en esa especialidad de la ONU, como subrayó intencionadamente
Scheinin. El empleo de la detención secreta equivale en la práctica a sustraer a los detenidos del
marco legal y dejar sin sentido las garantías que establecen
diversos instrumentos internacionales, en particular el recurso de hábeas
corpus, reflexiona el informe.
Los expertos recomiendan
la prohibición expresa de la detención secreta, junto con cualquier otra forma
de prisión no oficial. Hay que llevar registros de detención inclusive en
tiempos de conflicto armado como exigen los Convenio de Ginebra, que establecen
el tratamiento debido a los combatientes y a la población civil en caso de
guerras. Scheinin se mostró satisfecho por la reacción del Consejo. Ha salido
mejor de lo esperado, comentó. El informe ha sido controvertido, pero ahora
parece que existe el reconocimiento de que el tema es lo suficientemente serio
para no trivializarlo con obstáculos procesales, puntualizó.
El experto resaltó que
algunos países enfrentados originalmente al informe, como Egipto, se
abstuvieron de hablar en el debate. Otros manifestaron sus puntos de vista en
tono más fuerte, como los casos de Siria, Rusia y de Argelia, que habló en
nombre del Grupo Africano. Ciertos países, como Etiopía, China, Nepal y Canadá,
expusieron casos muy específicos.
En cuanto a Estados
Unidos, mencionado profusamente en el informe junto a su Agencia Central de
Inteligencia (CIA) por sus políticas antiterroristas posteriores al 11 de
septiembre de 2001, la experta Ali estimó que su delegada, la embajadora Eileen
Donahoe, respaldó el informe aunque expresó algunas preocupaciones por la
metodología empleada en su elaboración.
Scheinin señaló que el
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha fracasado en su intención
proclamada, apenas asumió el cargo en enero de 2009, de clausurar el centro de
detención de Guantánamo, la base naval que ese país posee en la isla de Cuba.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional, eso significa que Washington
sigue violando sus obligaciones de derechos humanos al no haber cerrado esa
prisión ni tampoco haber sometido a juicio a las personas allí encarceladas,
agregó.
Sin embargo, el experto
manifestó que comprende la situación política interna en Estados Unidos. El
gobierno es incapaz de hacer algo porque los legisladores le prohíben apelar a
las opciones disponibles. La presión se trasladó ahora a los esfuerzos por
comprometer a terceros países para que reciban a los detenidos en Guantánamo,
indicó.
La lista de países y
territorios mencionados en el informe de la ONU es muy extensa en cuanto a los
diferentes grados de participación o complicidad en los casos de detención
secreta, de entrega de prisioneros o de facilitación de vuelos de traslado.
El documento menciona
en algunas de esas violaciones a Tailandia, Polonia, Rumania, Afganistán,
República Checa, Uzbekistán, Marruecos, Lituania, Kosovo, Bosnia y Herzegovina,
Siria, Pakistán, Irak, Jordania, Egipto, Etiopía, Yibuti, Gran Bretaña,
Alemania, Canadá, Italia y la ex República Yugoslava de Macedonia.
No es un problema, como
algunas delegaciones parecieron sugerir, que compromete a sólo a ciertas
naciones. Involucra a muchos, con la complicidad de muchos servicios de
inteligencia y de policía, apuntó Splinter. Esas características resaltan la
importancia del problema que el Consejo de Derechos Humanos y la comunidad
internacional tienen que abordar, añadió el representante de Amnistía
Internacional.
El documento dedica
numerosos párrafos a describir el principal antecedente de los actuales abusos
de detenciones secretas, como fue la coordinación en los años 70 y 80 entre
dictaduras de América del Sur en el llamado Plan Cóndor, que involucró
principalmente a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, con
conocimiento del gobierno de entonces de Estados Unidos.
Silvia Cao,
representante de Argentina, recordó que la dictadura de su país (1976-1983)
llegó a retener ilegalmente a 14.500 personas en centros clandestinos, que eran
verdaderos campos de concentración y cuya existencia el régimen negó
permanentemente. Argentina se declara profundamente preocupada porque la detención
secreta sigue siendo aplicada en diversas partes del mundo, con múltiples
pretextos, como el estado de emergencia, las guerras internacionales o la lucha
contra el terrorismo en el mundo entero, dijo Cao.
Por su parte, Lourdes
Boné, delegada de Uruguay, expuso que los centros de detención secreta, así
como los abusos a que se prestan a veces las declaraciones de estado de
emergencia, las prácticas de detención arbitraria y la desaparición forzada de
personas fueron recurrentes en su país en tiempos de la dictadura
cívico-militar (1973-1985)
Ninguno de los países
mencionados en este informe lo ha negado o rechazado, convirtiendo el secreto a
voces en oficial. Debemos concluir, que los derechos humanos siguen siendo una
utopía en el mundo y continua el doble discurso.
Incluso el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas no
actúa de manera contundente condenando enfáticamente la conducta del
gobierno de los Estados Unidos y sus países cómplices que viola de manera flagrante los derechos humanos
de las personas detenidas sin formulas de juicios y después sometidos a
torturas.
Germán Saltrón Negretti.
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