01 de junio de 2017
Crédito: AlbaCiudad
Tras
2 meses de manifestaciones violentas ocurridas en el país, el
Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ofreció un informe
elaborado por su institución, denominado “en defensa de la paz y
por la verdad”, en el que ofrece un balance y una serie de
recomendaciones en torno a los hechos ocurridos. Han contabilizado 52
personas muertas en el contexto de las protestas, y otras 13 en el
contexto de saqueos.
El
informe, que tiene más de 100 páginas, desglosa todos los casos
existentes de personas fallecidas o asesinadas, así como las que han
sufrido lesiones y los daños materiales de diferente tipo, y se
entregará a todos los poderes públicos nacionales, a la comunidad
internacional y organismos multilaterales.
Informó
que, en abril y mayo, en el marco de las situaciones de violencia, la
Defensoría del Pueblo ha realizando 1.889 acciones defensoriales.
“Hemos
contabilizado 52 personas fallecidas en el contexto de las
protestas y manifestaciones.Adicionalmente, hemos sumado a 13
ciudadanos que han fallecido en el contexto de saqueos a locales
comerciales y actos vandálicos. He querido, de manera muy
responsable, hacer este desglose”. Transmitió a familiares y
amigos de las víctimas sus condolencias el más sentido pesar y el
acompañamiento a todo el pueblo de Venezuela en las funciones que le
competen, en pro de la paz y los derechos humanos.
“Nos
llama la atención que, de estos eventos mencionados, el
78 por ciento de los sucesos donde han ocurrido muertes se concentran
en 5 estados del país: Barinas, Lara, Miranda, Táchira y
Carabobo. Nos
da una cifra del 78 por ciento de los 52 fallecidos”.
De
las personas que han fallecido durante los saqueos, 12 han ocurrido
en el municipio Libertador, parroquia El Valle, y uno en Valencia. En
El Valle, 9 personas murieron intentando asaltar una panadería y 3
por armas de fuego en el contexto de los actos vandálicos.
35
funcionarios de seguridad detenidos
Señaló
que hay 10 personas fallecidas por acciones de funcionarios del
Estado. Tres
involucran a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, dos a la
Policía Nacional Bolivariana, dos a la Policía estadal de Carabobo,
uno a la de Táchira, uno a la de Bolívar y uno a la policía
municipal de Sucre. En este sentido, hay 35 efectivos detenidos o
solicitados.
Sobre
el caso lamentable de Juan
Pablo Pernalete, realizó
“una solicitud integral al Sistema de Justicia Integral, para que
culminen de manera oportuna, objetiva, independiente, imparcial, las
investigaciones preliminares, y que en base a las experticias y
escena del crimen, se determine verazmente quienes fueron los
responsables del hecho, finalmente reconocido, y cada uno de ellos
imputados o precalificados en función de las experticias”.
Sobre
los funcionarios policiales o militares asesinados: 3 fallecidos
eran funcionarios de los cuerpos de seguridad. Uno era miembro de la
GNB, asesinado en San Antonio de Los Altos, y dos eran miembros de la
policía del Estado Carabobo, uno asesinado en el municipio San
Joaquín y el otro en el municipio Naguanagua.
Indicó
que cinco
personas fallecieron en accidentes por obstrucciones en las vías, y
dos fueron atacadas con armas de fuego en barricadas. “Ayer se sumó
uno más: el juez 48 de control del Área Metropolitana de Caracas,
Nelson Moncada Gómez, de 37 años, fue asesinado a balazos
intentando cruzar una barricada en el Paraíso. Esto también debe
tener investigación sanción y responsables, porque se supone que
una barricada implica obstrucción de vías públicas y violenta el
derecho a la manifestación pacífica”.
Indicó
que hay 3
personas víctimas de disparos desde edificios, en
el contexto de manifestaciones públicas: 2 de ellas en el estado
Mérida y otra en San Cristóbal, estado Táchira. En el caso de
Mérida, “era una concentración pública de empleados de la
gobernación del estado Mérida”.
Repudio
a los crímenes de odio
En
cuanto a crímenes de odio: “para la Defensoría del Pueblo, esto
es un asunto que involucra a toda la sociedad en su conjunto,
incluyendo al liderazgo político tanto del gobierno como de la
oposición”.
Recordó
que un crimen de odio “tiene lugar cuando una persona ataca a otra,
motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo
social. Sonconductas violentas motivadas por prejuicios que pueden
estar dirigidos hacia las personas por su sexo, raza, etnia,
religión, identidad de género, nivel socioeconómico, nacionalidad,
ideología o afiliación política, discapacidad u orientación
sexual”.
Explicó
que al menos tres personas han sido asesinadas por crímenes de odio
en el contexto de las protestas:
-
Almelina Carrillo Virgüez, quien falleció por una botella de vidrio con agua congelada lanzada desde un edificio contra una manifestación pro-gobierno en La Candelaria.
-
Pedro Josué Carrillo, fue secuestrado y asesinado en el estado Lara. Su cuerpo fue encontrado carbonizado y con un disparo en la oreja derecha en Barquisimeto.
-
Danny José Subero, teniente de la Guardia Nacional Bolivariana retirado. Fue linchado y asesinado el 27 de mayo en Valle Hondo.
También
señaló que un numeroso grupo de venezolanas y venezolanos han
sufrido 17 brutales agresiones por multitudes violentas, agrupadas
en espacios públicos, han usado palos, piedras, gasolina, objetos
contundentes, puños, patadas, armas blancas e incluso armas de fuego
para intentar asesinar a ciudadanos y ciudadanas por portar un
uniforme personal o militar, ser confundido con funcionarios públicos
o por su tendencia pro-gubernamental, entre otras razones.
Pidió
rechazar estos hechos sin excepción. Denunció
que hay un público minoritario pero extremadamente violento, que
apoya estos linchamientos criminales.
Señaló
que, ni de un lado ni del otro se pueden permitir crímenes de
odio. Estos
deben ser vigilados y sancionados por el Sistema de Justicia con la
misma fuerza en la que se han detallado los casos anteriores,a
pesar de no tener la debida atención de los medios internacionales o
de algunos medios nacionales.
Indicó
que hay
4 casos de fallecidos por armas caseras o no convencionales, usando
metras, rolineras o esferas metálicas como munición. Mostró
su preocupación de que ninguno de estos casos, hasta el momento,
tengan detenidos ni haya conclusiones en las investigaciones
preliminares.
También
señaló que veinte de los 52 fallecidos han sido asesinados por
armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, y de
esos veinte, sólo dos tienen detenidos.
Al
menos 16 fallecidos murieron sin siquiera estar participando en
ninguna manifestación, indicó Saab.
Lesionados
Señaló
que hay 1.119 personas lesionadas, entre ellos civiles, personas que
no manifestaban, 340 heridos y lesionados que son miembros de cuerpos
de seguridad del Estado.
Hay
172 funcionarios policiales, de los cuales 164 fueron lesionados con
objetos contundentes, hay 6 heridos con armas de fuego y dos con
artefactos explosivos.
Hay
146 heridos de la GNB lesionados con objetos contundentes y 22
heridos con armas de fuego.
Justicia
civil y militar
Sobre
el controversial tema de las personas que están siendo juzgados en
tribunales militares, recordó que el Código Orgánico de Justicia
Militar, en su artículo 123, establece que la jurisdicción militar
comprende las
infracciones militares cometidas por militares o civiles, conjunta
o separadamente.
Recordó
que delitos como el ataque al centinela, que aparece en el artículo
501, o el ataque a instalaciones militares ―que incluye los
reiterados ataques de la base aérea Francisco de Miranda en La
Carlota; el ataque al cuartel de la unidad de Batería de Morteros en
el pueblo La Grita, estado Táchira el 17 de mayo, entre otros―,
indicó que “la jurisdicción militar debe limitarse a delitos de
naturaleza militar según los artículos mencionados, cometidos por
civiles o militares, siempre y cuando no se trate de delitos de
derechos humanos o de lesa humanidad, en cuyo caso deben ser juzgados
por tribunales ordinarios”.
También
recomendó la institución que preside que, en caso de delitos
militares cometidos por civiles pero también tipificados en el
Código Penal, “en nuestro criterio, cuando ocurre esto, debe
prevalecer la jurisdicción penal ordinaria”.
Recomendaciones
Ofreció
una serie de recomendaciones ante los hechos, entre ellas
“interpelarnos a todos los venezolanos y venezolanas sobre
el modo en el que estamos dirimiendo nuestras diferencias y,
relacionada con el modelo de sociedad que aspiramos. La
confrontación violenta debe ser execrada de todas sus formas como
mecanismo de expresión, pues solo trae como saldo el luto,
sufrimiento y la degradación social”.
Saludó
el anuncio del Poder Electoral de convocar en los próximos seis
meses a dos
trascendentales eventos electorales (las
elecciones de gobernadores y las elecciones de constituyentes).
Instó
a toda la población y en especial a los líderes políticos, a
condenar de forma categórica los crímenes de odio ocurridos entre
abril y mayo, tanto
los ocurridos en Venezuela como en el exterior contra ciudadanos
venezolanos, producto de la exacerbación de una pugnacidad política
que estamos obligados ética y moralmente a detener. Proponemos a las
educaciones educativas, la Iglesia y los medios de comunicación
social desarrollar una masiva campaña en pro de la tolerancia y el
respeto a la diversidad.
“También
pidió a la ciudadanía abstenerse
de distribuir por redes sociales mensajes que promuevan el odio y la
discriminación, evitando
en las declaraciones públicas el uso de epítetos y generalizaciones
que estigmaticen a personas e instituciones”, señaló.
Instó
a los cuerpos de seguridad, policiales y militares para que “cumplan
con su deber de proteger los derechos humanos de quienes participen
en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas,
manteniendo estricto apego a los estándares nacionales e
internacionales sobre el uso progresivo, proporcional y diferenciado
de la fuerza, manteniendo en todo momento una actuación que
garantice el orden público, la paz social y la convivencia
ciudadana”.
También
llamó a los directores y supervisores de unidades policiales y
militares que controlan el orden público, que realicen
inspecciones detalladas y de manera regular de los equipos y
funcionarios que se seleccionen para intervenir en reuniones públicas
y manifestaciones, para
asegurar que no porten ni oculten materiales ni equipos que sean
prohibidos, y velar que tengan la formación necesaria para aplicar
las normas y estándares para aplicar los derechos humanos.
Disparos
de metras por funcionarios de Polianzoátegui
Saludó
el llamado hecho por el Presidente Nicolás Maduro para prohibir
el uso de escopetas con perdigones en alteraciones del orden público
en todo el país. Sin
embargo, en el estado Anzoátegui ocurrió un suceso donde murió el
joven César Pereira. En ese momento, el dispositivo lo tenía la PNB
y la GNB, y de manera totalmente ajena, un grupo de 4 funcionarios de
PoliAnzoátegui llegan y hacen disparos con una escopeta.
Saab
solicitó que el funcionario sea separado de su cargo, esté a la
orden de su comando y se hagan las experticias de rigor. “Sabemos
que el hecho ocurrió a 68 metros. Hay investigaciones en marcha;
nosotros no precalificamos”. Sin embargo, se observó que ocurrió
una situación que no debe ocurrir: “Si el dispositivo lo lleva la
PNB o la GNB, no deben estar policías estadales o municipales”.
Exigió
a los cuerpos de seguridad no usar la fuerza contra las personas que
se retiran o caen mientras corren, o
no participan en actos violentos, excepto las estrictamente
necesarias para efectuar una aprehensión en caso de flagrancia en la
comisión de un delito. Insistióen la prohibición de cualquier
forma de tortura o tratos crueles yy degradantes.
Gases
lacrimógenos
También
llamó a que, en
el caso de tener que usar gases lacrimógenos, se
extremen las precauciones para que su uso sea estrictamente
localizado y se evite su difusión y extensión en la cercanía de
edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus
consecuencias: hospitales, escuelas, liceos, geriátricos, espacios
públicos confinados y sitios cerrados.
Exigió
abstenerse de propulsar las bombas lacrimógenas en forma directa
contra las personas.
Celeridad
en la justicia
Hicieron
un enérgico
llamado al sistema de justicia para acelerar las investigaciones y
sanciones, cumplir
los trámites y fases del debido proceso judicial, garantizar el
derecho a la defensa, prevenir y sancionar torturas y hechos crueles,
inhumanos o degradantes y garantizar que las víctimas reciban el
trato digno y la atención especializada que merecen.
“Lamentamos
que no
se hayan adelantado investigaciones ni imputaciones a los
responsables de obstaculizar vías y colocar barricadas, aún
cuando la colocación de dichos espacios y la vandalización de los
espacios públicos se vincula como causa de muerte en al menos una
decena de víctimas”, enfatizó. Exigió que a estos casos se les
dé la celeridad policial que se merecen.
Tanmbién
exigió respeto a la autodeterminación de los pueblos y la soberanía
del país.
La
Defensoría de Pueblo también se ofrece para un papel de mediadores
y conciliadores entre las partes, y reiteró que no se prestará para
una circunstancia de golpe de estado institucional, ni para la
pugnacidad de uno u otro factor.
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