El
defensor del pueblo, Tarek William Saab, confirmó este sábado que
al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, se le colocó un
brazalete electrónico para rastrear su ubicación mientras permanece
en su hogar, tras concederle el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
este viernes 7 de julio una medida sustitutiva de privación de
libertad.
"Puedo
confirmar que Leopoldo López tiene un brazalete electrónico",
dijo Saab, al mismo tiempo que enfatizó que "después de los
exámenes, queda claro que eran mentiras las denuncias de tortura".
También
dijo que "La abogada que lo visitó constató que tenía un
estado de salud estable".
Durante
la rueda de prensa de este sábado, Saab mostró el documento que
evidencia que fue la misma Tintori quien dirigió a su oficina la
solicitud de casa por cárcel para su esposo: " atienda mi
llamado como Defensor del Pueblo, para que interceda para que mi
esposo Leopoldo López para que regrese a casa", dicta el
documento.
Por
otra parte, aseguró que durante su permanencia en la cárcel militar
de Ramo Verde, López "estaba teniendo todas las garantías para
la protección de sus derechos".
Saab
informó que la Defensoría del Pueblo y la Comisión por la Verdad
realizaron gestiones para lograr que se le concediera el arresto
domiciliario al exalcalde de Chacao, condenado a casi 14 años
de prisión por los hechos de violencia registrados en el país en el
año 2014 a raíz del llamado que hiciera a protestar contra el
gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Asimismo,
aseguró que la "medida estaba siendo trabajada desde hace
tiempo. Era público y sus familiares tenían conocimiento de ello".
"La
decisión del TSJ está ajustada a derecho", afirmó Saab, y
destacó que este dictamen es una muestra del funcionamiento de las
instituciones en Venezuela.
Tras
2 meses de manifestaciones violentas ocurridas en el país, el
Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ofreció un informe
elaborado por su institución, denominado “en defensa de la paz y
por la verdad”, en el que ofrece un balance y una serie de
recomendaciones en torno a los hechos ocurridos. Han contabilizado 52
personas muertas en el contexto de las protestas, y otras 13 en el
contexto de saqueos.
El
informe, que tiene más de 100 páginas, desglosa todos los casos
existentes de personas fallecidas o asesinadas, así como las que han
sufrido lesiones y los daños materiales de diferente tipo, y se
entregará a todos los poderes públicos nacionales, a la comunidad
internacional y organismos multilaterales.
Informó
que, en abril y mayo, en el marco de las situaciones de violencia, la
Defensoría del Pueblo ha realizando 1.889 acciones defensoriales.
“Hemos
contabilizado 52 personas fallecidas en el contexto de las
protestas y manifestaciones.Adicionalmente, hemos sumado a 13
ciudadanos que han fallecido en el contexto de saqueos a locales
comerciales y actos vandálicos. He querido, de manera muy
responsable, hacer este desglose”. Transmitió a familiares y
amigos de las víctimas sus condolencias el más sentido pesar y el
acompañamiento a todo el pueblo de Venezuela en las funciones que le
competen, en pro de la paz y los derechos humanos.
“Nos
llama la atención que, de estos eventos mencionados, el
78 por ciento de los sucesos donde han ocurrido muertes se concentran
en 5 estados del país: Barinas, Lara, Miranda, Táchira y
Carabobo. Nos
da una cifra del 78 por ciento de los 52 fallecidos”.
De
las personas que han fallecido durante los saqueos, 12 han ocurrido
en el municipio Libertador, parroquia El Valle, y uno en Valencia. En
El Valle, 9 personas murieron intentando asaltar una panadería y 3
por armas de fuego en el contexto de los actos vandálicos.
35
funcionarios de seguridad detenidos
Señaló
que hay 10 personas fallecidas por acciones de funcionarios del
Estado. Tres
involucran a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, dos a la
Policía Nacional Bolivariana, dos a la Policía estadal de Carabobo,
uno a la de Táchira, uno a la de Bolívar y uno a la policía
municipal de Sucre. En este sentido, hay 35 efectivos detenidos o
solicitados.
Sobre
el caso lamentable de Juan
Pablo Pernalete, realizó
“una solicitud integral al Sistema de Justicia Integral, para que
culminen de manera oportuna, objetiva, independiente, imparcial, las
investigaciones preliminares, y que en base a las experticias y
escena del crimen, se determine verazmente quienes fueron los
responsables del hecho, finalmente reconocido, y cada uno de ellos
imputados o precalificados en función de las experticias”.
Sobre
los funcionarios policiales o militares asesinados: 3 fallecidos
eran funcionarios de los cuerpos de seguridad. Uno era miembro de la
GNB, asesinado en San Antonio de Los Altos, y dos eran miembros de la
policía del Estado Carabobo, uno asesinado en el municipio San
Joaquín y el otro en el municipio Naguanagua.
Indicó
que cinco
personas fallecieron en accidentes por obstrucciones en las vías, y
dos fueron atacadas con armas de fuego en barricadas. “Ayer se sumó
uno más: el juez 48 de control del Área Metropolitana de Caracas,
Nelson Moncada Gómez, de 37 años, fue asesinado a balazos
intentando cruzar una barricada en el Paraíso. Esto también debe
tener investigación sanción y responsables, porque se supone que
una barricada implica obstrucción de vías públicas y violenta el
derecho a la manifestación pacífica”.
Indicó
que hay 3
personas víctimas de disparos desde edificios, en
el contexto de manifestaciones públicas: 2 de ellas en el estado
Mérida y otra en San Cristóbal, estado Táchira. En el caso de
Mérida, “era una concentración pública de empleados de la
gobernación del estado Mérida”.
Repudio
a los crímenes de odio
En
cuanto a crímenes de odio: “para la Defensoría del Pueblo, esto
es un asunto que involucra a toda la sociedad en su conjunto,
incluyendo al liderazgo político tanto del gobierno como de la
oposición”.
Recordó
que un crimen de odio “tiene lugar cuando una persona ataca a otra,
motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo
social. Sonconductas violentas motivadas por prejuicios que pueden
estar dirigidos hacia las personas por su sexo, raza, etnia,
religión, identidad de género, nivel socioeconómico, nacionalidad,
ideología o afiliación política, discapacidad u orientación
sexual”.
Explicó
que al menos tres personas han sido asesinadas por crímenes de odio
en el contexto de las protestas:
Almelina
Carrillo Virgüez, quien
falleció por una botella de vidrio con agua congelada lanzada desde
un edificio contra una manifestación pro-gobierno en La Candelaria.
Pedro
Josué Carrillo, fue
secuestrado y asesinado en el estado Lara. Su cuerpo fue encontrado
carbonizado y con un disparo en la oreja derecha en Barquisimeto.
Danny
José Subero, teniente
de la Guardia Nacional Bolivariana retirado. Fue linchado y
asesinado el 27 de mayo en Valle Hondo.
También
señaló que un numeroso grupo de venezolanas y venezolanos han
sufrido 17 brutales agresiones por multitudes violentas, agrupadas
en espacios públicos, han usado palos, piedras, gasolina, objetos
contundentes, puños, patadas, armas blancas e incluso armas de fuego
para intentar asesinar a ciudadanos y ciudadanas por portar un
uniforme personal o militar, ser confundido con funcionarios públicos
o por su tendencia pro-gubernamental, entre otras razones.
Pidió
rechazar estos hechos sin excepción. Denunció
que hay un público minoritario pero extremadamente violento, que
apoya estos linchamientos criminales.
Señaló
que, ni de un lado ni del otro se pueden permitir crímenes de
odio. Estos
deben ser vigilados y sancionados por el Sistema de Justicia con la
misma fuerza en la que se han detallado los casos anteriores,a
pesar de no tener la debida atención de los medios internacionales o
de algunos medios nacionales.
Indicó
que hay
4 casos de fallecidos por armas caseras o no convencionales, usando
metras, rolineras o esferas metálicas como munición. Mostró
su preocupación de que ninguno de estos casos, hasta el momento,
tengan detenidos ni haya conclusiones en las investigaciones
preliminares.
También
señaló que veinte de los 52 fallecidos han sido asesinados por
armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, y de
esos veinte, sólo dos tienen detenidos.
Al
menos 16 fallecidos murieron sin siquiera estar participando en
ninguna manifestación, indicó Saab.
Lesionados
Señaló
que hay 1.119 personas lesionadas, entre ellos civiles, personas que
no manifestaban, 340 heridos y lesionados que son miembros de cuerpos
de seguridad del Estado.
Hay
172 funcionarios policiales, de los cuales 164 fueron lesionados con
objetos contundentes, hay 6 heridos con armas de fuego y dos con
artefactos explosivos.
Hay
146 heridos de la GNB lesionados con objetos contundentes y 22
heridos con armas de fuego.
Justicia
civil y militar
Sobre
el controversial tema de las personas que están siendo juzgados en
tribunales militares, recordó que el Código Orgánico de Justicia
Militar, en su artículo 123, establece que la jurisdicción militar
comprende las
infracciones militares cometidas por militares o civiles, conjunta
o separadamente.
Recordó
que delitos como el ataque al centinela, que aparece en el artículo
501, o el ataque a instalaciones militares ―que incluye los
reiterados ataques de la base aérea Francisco de Miranda en La
Carlota; el ataque al cuartel de la unidad de Batería de Morteros en
el pueblo La Grita, estado Táchira el 17 de mayo, entre otros―,
indicó que “la jurisdicción militar debe limitarse a delitos de
naturaleza militar según los artículos mencionados, cometidos por
civiles o militares, siempre y cuando no se trate de delitos de
derechos humanos o de lesa humanidad, en cuyo caso deben ser juzgados
por tribunales ordinarios”.
También
recomendó la institución que preside que, en caso de delitos
militares cometidos por civiles pero también tipificados en el
Código Penal, “en nuestro criterio, cuando ocurre esto, debe
prevalecer la jurisdicción penal ordinaria”.
Recomendaciones
Ofreció
una serie de recomendaciones ante los hechos, entre ellas
“interpelarnos a todos los venezolanos y venezolanas sobre
el modo en el que estamos dirimiendo nuestras diferencias y,
relacionada con el modelo de sociedad que aspiramos. La
confrontación violenta debe ser execrada de todas sus formas como
mecanismo de expresión, pues solo trae como saldo el luto,
sufrimiento y la degradación social”.
Saludó
el anuncio del Poder Electoral de convocar en los próximos seis
meses a dos
trascendentales eventos electorales (las
elecciones de gobernadores y las elecciones de constituyentes).
Instó
a toda la población y en especial a los líderes políticos, a
condenar de forma categórica los crímenes de odio ocurridos entre
abril y mayo, tanto
los ocurridos en Venezuela como en el exterior contra ciudadanos
venezolanos, producto de la exacerbación de una pugnacidad política
que estamos obligados ética y moralmente a detener. Proponemos a las
educaciones educativas, la Iglesia y los medios de comunicación
social desarrollar una masiva campaña en pro de la tolerancia y el
respeto a la diversidad.
“También
pidió a la ciudadanía abstenerse
de distribuir por redes sociales mensajes que promuevan el odio y la
discriminación, evitando
en las declaraciones públicas el uso de epítetos y generalizaciones
que estigmaticen a personas e instituciones”, señaló.
Instó
a los cuerpos de seguridad, policiales y militares para que “cumplan
con su deber de proteger los derechos humanos de quienes participen
en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas,
manteniendo estricto apego a los estándares nacionales e
internacionales sobre el uso progresivo, proporcional y diferenciado
de la fuerza, manteniendo en todo momento una actuación que
garantice el orden público, la paz social y la convivencia
ciudadana”.
También
llamó a los directores y supervisores de unidades policiales y
militares que controlan el orden público, que realicen
inspecciones detalladas y de manera regular de los equipos y
funcionarios que se seleccionen para intervenir en reuniones públicas
y manifestaciones, para
asegurar que no porten ni oculten materiales ni equipos que sean
prohibidos, y velar que tengan la formación necesaria para aplicar
las normas y estándares para aplicar los derechos humanos.
Disparos
de metras por funcionarios de Polianzoátegui
Saludó
el llamado hecho por el Presidente Nicolás Maduro para prohibir
el uso de escopetas con perdigones en alteraciones del orden público
en todo el país. Sin
embargo, en el estado Anzoátegui ocurrió un suceso donde murió el
joven César Pereira. En ese momento, el dispositivo lo tenía la PNB
y la GNB, y de manera totalmente ajena, un grupo de 4 funcionarios de
PoliAnzoátegui llegan y hacen disparos con una escopeta.
Saab
solicitó que el funcionario sea separado de su cargo, esté a la
orden de su comando y se hagan las experticias de rigor. “Sabemos
que el hecho ocurrió a 68 metros. Hay investigaciones en marcha;
nosotros no precalificamos”. Sin embargo, se observó que ocurrió
una situación que no debe ocurrir: “Si el dispositivo lo lleva la
PNB o la GNB, no deben estar policías estadales o municipales”.
Exigió
a los cuerpos de seguridad no usar la fuerza contra las personas que
se retiran o caen mientras corren, o
no participan en actos violentos, excepto las estrictamente
necesarias para efectuar una aprehensión en caso de flagrancia en la
comisión de un delito. Insistióen la prohibición de cualquier
forma de tortura o tratos crueles yy degradantes.
Gases
lacrimógenos
También
llamó a que, en
el caso de tener que usar gases lacrimógenos, se
extremen las precauciones para que su uso sea estrictamente
localizado y se evite su difusión y extensión en la cercanía de
edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus
consecuencias: hospitales, escuelas, liceos, geriátricos, espacios
públicos confinados y sitios cerrados.
Exigió
abstenerse de propulsar las bombas lacrimógenas en forma directa
contra las personas.
Celeridad
en la justicia
Hicieron
un enérgico
llamado al sistema de justicia para acelerar las investigaciones y
sanciones, cumplir
los trámites y fases del debido proceso judicial, garantizar el
derecho a la defensa, prevenir y sancionar torturas y hechos crueles,
inhumanos o degradantes y garantizar que las víctimas reciban el
trato digno y la atención especializada que merecen.
“Lamentamos
que no
se hayan adelantado investigaciones ni imputaciones a los
responsables de obstaculizar vías y colocar barricadas, aún
cuando la colocación de dichos espacios y la vandalización de los
espacios públicos se vincula como causa de muerte en al menos una
decena de víctimas”, enfatizó. Exigió que a estos casos se les
dé la celeridad policial que se merecen.
Tanmbién
exigió respeto a la autodeterminación de los pueblos y la soberanía
del país.
La
Defensoría de Pueblo también se ofrece para un papel de mediadores
y conciliadores entre las partes, y reiteró que no se prestará para
una circunstancia de golpe de estado institucional, ni para la
pugnacidad de uno u otro factor.
El
defensor del Pueblo, Tareck William Saab, propuso este miércoles a
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dar rango constitucional a
la prohibición de delitos de odio en la Patria de Bolívar.
“ Que
coloque los delitos de odio y los prohíba y tenga rango
constitucional. Vamos a ser fundadores de ellos porque aún no
existen en ninguna constitución”, dijo.
Durante
su participación en el programa Con Amorin, que transmite Venezolana
de Televisión , aseguró que la Constituyente tendrá la oportunidad
de avanzar en esta materia de violación a los derechos humanos, que
puede ser cometido por cualquier individuo o agente del Estado.
William
Saab también condenó los cuatro “crímenes de odio” ocurridos
en el país producto de las manifestaciones convocadas por la
oposición venezolana, como el caso del joven Orlando Figuera, quien
fue apuñalado, golpeado y quemado vivo el 20 de mayo en Altamira,
municipio Chacao del estado Miranda.
Indicó
que este hecho conmocionó al mundo y es repugnante que algunos
sectores quieran minimizarlo tras su fallecimiento, señalando que no
se pude agredir a ninguna persona por “razones de color, sexo,
religión, orientación sexual, funcionario público, motivo
político. Está prohibido, está tipificado”.
MANIFESTACIONES
VIOLENTAS
Asimismo,
mencionó que la Defensoría del Pueblo se encuentra haciendo
seguimiento a todos los sucesos violentos ocurridos en el país
durante las últimas semanas, agregando que hasta la fecha hay 57
fallecidos, de los cuales la mayoría eran personas que no
manifestaban pero estaban cerca de las concentraciones.
También
acotó que los delitos cometidos por los cuerpos de seguridad han
sido revisados y sancionados.
En
este sentido, el Defensor manifestó que en el informe
de la institución sobre los sucesos ocurridos en el país hace
recomendaciones a los cuerpos de seguridad del Estado para evitar el
uso excesivo de la fuerza, así como el rechazo a la utilización de
menores de edad en manifestaciones violentas, el apoyo a las
manifestaciones pacíficas sin armas caseras y un llamado a la
población a abstenerse de difundir mensajes de odio.
Tarek
William Saab, defensor del Pueblo, afirmó que el diálogo entre
Gobierno y oposición es la base primordial para evitar el
derramamiento de sangre y mantener la paz nacional, de allí que –a
su parecer- ninguna de las partes debe desaprovechar los escenarios
que se brindan para la conciliación.
El
defensor del Pueblo insistió en la instalación del Consejo de
Defensa Nacional, como parte de un plan donde concurren todos los
poderes públicos del país y así generar puntos claros que
beneficien a la comunidad venezolana.
"Yo
haría el puente con Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento
venezolano para que luego de su negativa de participar en el Consejo
puede adherirse a esta propuesta para fortalecer la convivencia en
Venezuela", acotó.
William
Saab enfatizó que desde el Gobierno están ganados a buscar un punto
de encuentro, de allí, que desde la Defensoría se han generado
liberaciones condicionadas para algunos detenidos que son caras
visibles de la oposición nacional. "Estamos abonando el terreno
para que la concordia esté presente en este momento tan difícil",
enfatizó.
El
representante para la defensa del pueblo aseveró "que no se
puede llevar al país a una guerra civil por la toma del poder",
debemos, argumentó, "buscar salidas cónsonas para evitar el
llamado de la violencia que afecta a las dos partes en disputas".
Finalizó
bajo la premisa del respeto mutuo, para así llegar a un final, que
además de superar la crisis, fomente un estado de tranquilidad que
vaya más allá de la confrontación que algunos sectores están
preparando.
