El
presidente Hugo Chávez Frías llegó poder en Venezuela por
elecciones libre en febrero 1999, desde esa fecha EE.UU conjuntamente
con la oposición venezolana, como no han podido derrotarlos con
votos, vienen promoviendo golpe de estado para derrocarlo. Lo
lograron por 48 horas el 11/04/2002, pero el Pueblo y las Fuerzas
Armadas lo restituyeron. Los partidos de oposición obtuvieron
mayoría en la Asamblea Nacional en 2015, monopolizando algunos
productos de primera necesidad y subiendo los precios lograron que
millones de personas se abstuvieran de votar. Desde allí, han
promovido conflictos con el resto de los poderes públicos.
Convocando manifestaciones violentas con trancas de vías y llamados
a huelga generales, ocasionando centenares de muertos y heridos en
dieciocho años.
Con
el único propósito de promover una guerra civil, y justificar la
intervención militar de fuerzas extranjeras, como sucedió en Irak,
Libia y Siria para apoderarse de las reservas petroleras de esos
países, de las cuales Venezuela tiene las mayores del mundo. El
presidente constitucional Nicolás Maduro Moros al igual que el
Presidente Hugo Chávez Frías ha enfrentado una oposición política
y económica de los EE.UU, por haberse propuesto cumplir sus
compromisos económicos y sociales con el pueblo venezolano y haber
nacionalizado nuestra industria petrolera.
El
presidente constitucional Nicolás Maduro para evitar una guerra
entre los venezolanos, ha convocado una Asamblea Nacional
Constituyente como lo establece una Constitución en los artículos
347 y 348, donde por elecciones universales y secreta se van a elegir
537 constituyentista que la conformaran. La oposición se ha negado a
participar y por medio de la violencia y convocando una huelga
general trata de evitar que el pueblo se exprese en las urnas el 30
de Julio de 2017. El derecho al voto, el libre tránsito y efectuar
elecciones libres son derechos humanos inviolables y cualquier Estado
tiene el legítimo derecho de hacerlo cumplir. Hacemos un llamado
urgente a la Comunidad Internacional a evitar otra guerra civil en
America Latina, contamos con toda la solidaridad internacional de los
países amantes de la paz en el mundo.
Muchos
opositores este miércoles, recurrieron a la red social Twitter para
expresar su descontento, molestia y hasta impotencia con la gente,
que como un día normal salieron a la calle haciendo caso omiso al
paro ilegal, convocado días atrás por la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD).
En
el estado Miranda, la protesta no fue acatada, pese a los intentos
fallidos de la derecha guarimbera. Similar fue el caso en el estado
Barinas, Miranda y otras regiones del país, donde todo transcurrió
con total normalidad.
“De
la Casona hasta Los Teques todo normal, es triste pero me tocó verlo
hasta transporte hay”, respondió un tuitero al tuit de un opositor
que antes publicó “pero en San Antonio sí se cumplió y se
cumplirá mañana también #Miranda”.
“Mucha
gente no le paró al paro en Los Teques. Todo está normal”, “En
Barinas mandan a paro y la gente sale de lo más normal” y “Acá
en los Teques el paro no se acata, autobuses y chusma en la calle, se
merecen el Gobierno que tienen", citaron enojados algunos
usuarios de la plataforma digital.
El
Presidente Hugo Chávez Frías asumió el poder en Venezuela 1999,
desde esa fecha los EE.UU junto con la oposición vienen preparando
un golpe de estado para derrocarlo. Lograron con éxito consumar uno
el 11/04/2002, lo apartaron del poder por solo 48 horas, pero el
Pueblo y su Fuerza Armada lo rescataron. Hemos realizados 20
elecciones en 18 años de Revolución Bolivariana y la oposición ha
perdido 18 de ellas.
Los
EE.UU lograron asesinar al Presidente Hugo Chávez inoculándole un
cáncer y falleció en el año 2013. Se convocó a elecciones
presidenciales y ganó Nicolás Maduro al opositor Henrique Capriles
en 2014, y éste denunció fraude que nunca pudo probar, pero empezó
la violencia política en las calles con muertos y heridos.
La
oposición venezolana obtuvo la mayoría en la Asamblea Legislativa
en 2015, con una táctica económica infame emprendida por la
mayoría de los empresarios que escondieron y aumentaron los precios
de todos los alimentos básicos. Ocasionando desagrado en votantes
chavista que no acudieron a sufragar. Los diputados opositores
comenzaron una confrontación política con los otros cuatro poderes
venezolanos, buscando derrocar al Presidente legítimo Nicolás
Maduro Moros. En los últimos 5 meses del año 2017, iniciaron
nuevamente actividades violentas y han logrado la muerte a
centenares de venezolanos inocentes y herir gravemente a miles de
venezolanos, asesinados con armas de fuegos y artesanales, algunos
quemados de manera brutal y fascista.
Para
evitar una guerra civil en Venezuela que justifique una intervención
de los EE.UU junto con países vasallos apoderarse de las mayores
reservas de petroleras del mundo. El Presidente Nicolás Maduro ha
convocado a una elección universal y secreta de 537
constituyentitas que conformaran la Asamblea Nacional Constituyente,
como establece nuestra Constitución en los artículos 347 y 348. La
oposición se ha negado a participar y solo busca la confrontación
entre los venezolanos.
La
oposición apátrida ha convocado a una huelga general ilegal,
faltando pocos días para la elección constituyente, ilícita
porque impide con turbas fascistas armadas y obstáculos en las vías
públicas la libre circulación. Secuestran y asesinan a sus propios
vecinos. Sin embargo, no lograron paralizar nuestro país y la
mayoría de la población salió a trabajar como Dios y la
Constitución manda.
Los
venezolanos no queremos violencia y por tal motivo salimos a votar
masivamente el 16 de Julio, en un simulacro convocado por el Consejo
Nacional Electoral que fue un éxito. La mayoría de los venezolanos
queremos la paz con justicia social. Por tales razones, todos
votaremos este 30/07/2017 para elegir a nuestros constituyentitas y
evitar un golpe de estado o en su defecto una invasión de los EE.UU
apoyada por los apátridas.
La
noche de este domingo 16 de julio, luego de finalizado el plebiscito
convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sus
organizadores dispuestos en los distintos puntos de elección se
decidieron a quemar todos los libros y cuadernos electorales en los
que se llevó el registro de sus votantes.
"¿Evitan
'persecuciones' o auditorías a posibles fraudes?", escribió la
periodista Érika Ortega Sanoja, quien acompañó el texto con una
imagen de esta realidad opositora.
A
continuación la segunda parte del plebiscito opositor en imágenes.
Comenzó la quema de evidencia del "Plebiscito o Consulta Popular" de la Oposición para que nadie se entere que %participación fue un FRACASO pic.twitter.com/ejG2o4CHV1
Hilario
López, el joven que fue brutalmente agredido por las hordas
fascistas de la derecha venezolana este martes en Altamira, en donde
casi pierde la vida tras ser prendido en fuego, ofreció sus primeras
declaraciones sobre lo ocurrido desde el Hospital Domingo
Luciani.
Entre su impotencia, producto de las fuertes quemaduras
en su cuerpo, pidió encarcelar a los grupos terroristas y, de esta
manera, acabar con los guarimberos, quienes han optado por incinerar
a personas que consideren tengan "vínculos" con el
Gobierno o que, por "el aspecto físico", "parezcan
chavistas", según el estereotipo que se ha creado la oposición
venezolana y su aparataje mediático para concebir la imagen de los
seguidores del proceso revolucionario.
"Yo
venía caminando y los guarimberos me confundieron con un chavista:
'ahí va un chavista, un chavista'. Yo no soy chavista, le dije, yo
no soy chavista, hermano. Me dieron unos batazos, puñaladas, me
echaron gasolina y me prendieron. Yo iba a buscar a mi papá. Eso no
se hace, ahorita estoy sufriendo bastante por las quemadas",
relató consternado el joven.
Hasta el momento, 30 crímenes de odio han sido perpetrados en Venezuela en los últimos tres meses. | Foto: Reuters
Organizaciones
sociales buscan crear un marco legal para impartir justicia por los
crímenes de odio cometidos en el país como parte de la violencia
política impulsada por la derecha.
Desde
el llamado a las manifestaciones violentas promovidas por la derecha
en Venezuela han sido cometidos 30 crímenes de odio. La cifra
responde al último balance ofrecido por el defensor del Pueblo,
Tarek William Saab, el pasado 10 de julio.
Ante
los sucesos, las organizaciones sociales venezolanas buscan promover
la tipificación de los delitos de terrorismo y crímenes de odio en
la Carta Magna a través de la Constituyente.
De
acuerdo con la presidenta de la Fundación del Niño, Niña y
Adolescente del Distrito Capital, Anahí Arismendi, establecer el
marco legal sobre estos delitos fortalecerá la capacidad del Estado
de impartir justicia para las víctimas.
"La
impunidad genera más fascismo y tenemos la responsabilidad de que no
se inocule el odio en los jóvenes", dijo Arismendi durante
una entrevista realizada por el medio estatal Venezolana de
Televisión (VTV).
Repudió
el uso de menos de edad en las manifestaciones opositoras que
iniciaron en abril. Destacó que han cometido una violación
sistemática de los derechos de los niños.
El
dato: Los
crímenes de odio ocurren cuando una persona ataca a otra por
pertenecer a un determinado grupo social, ya sea por su condición
sexual, religión, identidad de género, nivel socieconómico,
nacionalidad, ideología o discapacidad.
Tras
2 meses de manifestaciones violentas ocurridas en el país, el
Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ofreció un informe
elaborado por su institución, denominado “en defensa de la paz y
por la verdad”, en el que ofrece un balance y una serie de
recomendaciones en torno a los hechos ocurridos. Han contabilizado 52
personas muertas en el contexto de las protestas, y otras 13 en el
contexto de saqueos.
El
informe, que tiene más de 100 páginas, desglosa todos los casos
existentes de personas fallecidas o asesinadas, así como las que han
sufrido lesiones y los daños materiales de diferente tipo, y se
entregará a todos los poderes públicos nacionales, a la comunidad
internacional y organismos multilaterales.
Informó
que, en abril y mayo, en el marco de las situaciones de violencia, la
Defensoría del Pueblo ha realizando 1.889 acciones defensoriales.
“Hemos
contabilizado 52 personas fallecidas en el contexto de las
protestas y manifestaciones.Adicionalmente, hemos sumado a 13
ciudadanos que han fallecido en el contexto de saqueos a locales
comerciales y actos vandálicos. He querido, de manera muy
responsable, hacer este desglose”. Transmitió a familiares y
amigos de las víctimas sus condolencias el más sentido pesar y el
acompañamiento a todo el pueblo de Venezuela en las funciones que le
competen, en pro de la paz y los derechos humanos.
“Nos
llama la atención que, de estos eventos mencionados, el
78 por ciento de los sucesos donde han ocurrido muertes se concentran
en 5 estados del país: Barinas, Lara, Miranda, Táchira y
Carabobo. Nos
da una cifra del 78 por ciento de los 52 fallecidos”.
De
las personas que han fallecido durante los saqueos, 12 han ocurrido
en el municipio Libertador, parroquia El Valle, y uno en Valencia. En
El Valle, 9 personas murieron intentando asaltar una panadería y 3
por armas de fuego en el contexto de los actos vandálicos.
35
funcionarios de seguridad detenidos
Señaló
que hay 10 personas fallecidas por acciones de funcionarios del
Estado. Tres
involucran a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, dos a la
Policía Nacional Bolivariana, dos a la Policía estadal de Carabobo,
uno a la de Táchira, uno a la de Bolívar y uno a la policía
municipal de Sucre. En este sentido, hay 35 efectivos detenidos o
solicitados.
Sobre
el caso lamentable de Juan
Pablo Pernalete, realizó
“una solicitud integral al Sistema de Justicia Integral, para que
culminen de manera oportuna, objetiva, independiente, imparcial, las
investigaciones preliminares, y que en base a las experticias y
escena del crimen, se determine verazmente quienes fueron los
responsables del hecho, finalmente reconocido, y cada uno de ellos
imputados o precalificados en función de las experticias”.
Sobre
los funcionarios policiales o militares asesinados: 3 fallecidos
eran funcionarios de los cuerpos de seguridad. Uno era miembro de la
GNB, asesinado en San Antonio de Los Altos, y dos eran miembros de la
policía del Estado Carabobo, uno asesinado en el municipio San
Joaquín y el otro en el municipio Naguanagua.
Indicó
que cinco
personas fallecieron en accidentes por obstrucciones en las vías, y
dos fueron atacadas con armas de fuego en barricadas. “Ayer se sumó
uno más: el juez 48 de control del Área Metropolitana de Caracas,
Nelson Moncada Gómez, de 37 años, fue asesinado a balazos
intentando cruzar una barricada en el Paraíso. Esto también debe
tener investigación sanción y responsables, porque se supone que
una barricada implica obstrucción de vías públicas y violenta el
derecho a la manifestación pacífica”.
Indicó
que hay 3
personas víctimas de disparos desde edificios, en
el contexto de manifestaciones públicas: 2 de ellas en el estado
Mérida y otra en San Cristóbal, estado Táchira. En el caso de
Mérida, “era una concentración pública de empleados de la
gobernación del estado Mérida”.
Repudio
a los crímenes de odio
En
cuanto a crímenes de odio: “para la Defensoría del Pueblo, esto
es un asunto que involucra a toda la sociedad en su conjunto,
incluyendo al liderazgo político tanto del gobierno como de la
oposición”.
Recordó
que un crimen de odio “tiene lugar cuando una persona ataca a otra,
motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo
social. Sonconductas violentas motivadas por prejuicios que pueden
estar dirigidos hacia las personas por su sexo, raza, etnia,
religión, identidad de género, nivel socioeconómico, nacionalidad,
ideología o afiliación política, discapacidad u orientación
sexual”.
Explicó
que al menos tres personas han sido asesinadas por crímenes de odio
en el contexto de las protestas:
Almelina
Carrillo Virgüez, quien
falleció por una botella de vidrio con agua congelada lanzada desde
un edificio contra una manifestación pro-gobierno en La Candelaria.
Pedro
Josué Carrillo, fue
secuestrado y asesinado en el estado Lara. Su cuerpo fue encontrado
carbonizado y con un disparo en la oreja derecha en Barquisimeto.
Danny
José Subero, teniente
de la Guardia Nacional Bolivariana retirado. Fue linchado y
asesinado el 27 de mayo en Valle Hondo.
También
señaló que un numeroso grupo de venezolanas y venezolanos han
sufrido 17 brutales agresiones por multitudes violentas, agrupadas
en espacios públicos, han usado palos, piedras, gasolina, objetos
contundentes, puños, patadas, armas blancas e incluso armas de fuego
para intentar asesinar a ciudadanos y ciudadanas por portar un
uniforme personal o militar, ser confundido con funcionarios públicos
o por su tendencia pro-gubernamental, entre otras razones.
Pidió
rechazar estos hechos sin excepción. Denunció
que hay un público minoritario pero extremadamente violento, que
apoya estos linchamientos criminales.
Señaló
que, ni de un lado ni del otro se pueden permitir crímenes de
odio. Estos
deben ser vigilados y sancionados por el Sistema de Justicia con la
misma fuerza en la que se han detallado los casos anteriores,a
pesar de no tener la debida atención de los medios internacionales o
de algunos medios nacionales.
Indicó
que hay
4 casos de fallecidos por armas caseras o no convencionales, usando
metras, rolineras o esferas metálicas como munición. Mostró
su preocupación de que ninguno de estos casos, hasta el momento,
tengan detenidos ni haya conclusiones en las investigaciones
preliminares.
También
señaló que veinte de los 52 fallecidos han sido asesinados por
armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, y de
esos veinte, sólo dos tienen detenidos.
Al
menos 16 fallecidos murieron sin siquiera estar participando en
ninguna manifestación, indicó Saab.
Lesionados
Señaló
que hay 1.119 personas lesionadas, entre ellos civiles, personas que
no manifestaban, 340 heridos y lesionados que son miembros de cuerpos
de seguridad del Estado.
Hay
172 funcionarios policiales, de los cuales 164 fueron lesionados con
objetos contundentes, hay 6 heridos con armas de fuego y dos con
artefactos explosivos.
Hay
146 heridos de la GNB lesionados con objetos contundentes y 22
heridos con armas de fuego.
Justicia
civil y militar
Sobre
el controversial tema de las personas que están siendo juzgados en
tribunales militares, recordó que el Código Orgánico de Justicia
Militar, en su artículo 123, establece que la jurisdicción militar
comprende las
infracciones militares cometidas por militares o civiles, conjunta
o separadamente.
Recordó
que delitos como el ataque al centinela, que aparece en el artículo
501, o el ataque a instalaciones militares ―que incluye los
reiterados ataques de la base aérea Francisco de Miranda en La
Carlota; el ataque al cuartel de la unidad de Batería de Morteros en
el pueblo La Grita, estado Táchira el 17 de mayo, entre otros―,
indicó que “la jurisdicción militar debe limitarse a delitos de
naturaleza militar según los artículos mencionados, cometidos por
civiles o militares, siempre y cuando no se trate de delitos de
derechos humanos o de lesa humanidad, en cuyo caso deben ser juzgados
por tribunales ordinarios”.
También
recomendó la institución que preside que, en caso de delitos
militares cometidos por civiles pero también tipificados en el
Código Penal, “en nuestro criterio, cuando ocurre esto, debe
prevalecer la jurisdicción penal ordinaria”.
Recomendaciones
Ofreció
una serie de recomendaciones ante los hechos, entre ellas
“interpelarnos a todos los venezolanos y venezolanas sobre
el modo en el que estamos dirimiendo nuestras diferencias y,
relacionada con el modelo de sociedad que aspiramos. La
confrontación violenta debe ser execrada de todas sus formas como
mecanismo de expresión, pues solo trae como saldo el luto,
sufrimiento y la degradación social”.
Saludó
el anuncio del Poder Electoral de convocar en los próximos seis
meses a dos
trascendentales eventos electorales (las
elecciones de gobernadores y las elecciones de constituyentes).
Instó
a toda la población y en especial a los líderes políticos, a
condenar de forma categórica los crímenes de odio ocurridos entre
abril y mayo, tanto
los ocurridos en Venezuela como en el exterior contra ciudadanos
venezolanos, producto de la exacerbación de una pugnacidad política
que estamos obligados ética y moralmente a detener. Proponemos a las
educaciones educativas, la Iglesia y los medios de comunicación
social desarrollar una masiva campaña en pro de la tolerancia y el
respeto a la diversidad.
“También
pidió a la ciudadanía abstenerse
de distribuir por redes sociales mensajes que promuevan el odio y la
discriminación, evitando
en las declaraciones públicas el uso de epítetos y generalizaciones
que estigmaticen a personas e instituciones”, señaló.
Instó
a los cuerpos de seguridad, policiales y militares para que “cumplan
con su deber de proteger los derechos humanos de quienes participen
en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas,
manteniendo estricto apego a los estándares nacionales e
internacionales sobre el uso progresivo, proporcional y diferenciado
de la fuerza, manteniendo en todo momento una actuación que
garantice el orden público, la paz social y la convivencia
ciudadana”.
También
llamó a los directores y supervisores de unidades policiales y
militares que controlan el orden público, que realicen
inspecciones detalladas y de manera regular de los equipos y
funcionarios que se seleccionen para intervenir en reuniones públicas
y manifestaciones, para
asegurar que no porten ni oculten materiales ni equipos que sean
prohibidos, y velar que tengan la formación necesaria para aplicar
las normas y estándares para aplicar los derechos humanos.
Disparos
de metras por funcionarios de Polianzoátegui
Saludó
el llamado hecho por el Presidente Nicolás Maduro para prohibir
el uso de escopetas con perdigones en alteraciones del orden público
en todo el país. Sin
embargo, en el estado Anzoátegui ocurrió un suceso donde murió el
joven César Pereira. En ese momento, el dispositivo lo tenía la PNB
y la GNB, y de manera totalmente ajena, un grupo de 4 funcionarios de
PoliAnzoátegui llegan y hacen disparos con una escopeta.
Saab
solicitó que el funcionario sea separado de su cargo, esté a la
orden de su comando y se hagan las experticias de rigor. “Sabemos
que el hecho ocurrió a 68 metros. Hay investigaciones en marcha;
nosotros no precalificamos”. Sin embargo, se observó que ocurrió
una situación que no debe ocurrir: “Si el dispositivo lo lleva la
PNB o la GNB, no deben estar policías estadales o municipales”.
Exigió
a los cuerpos de seguridad no usar la fuerza contra las personas que
se retiran o caen mientras corren, o
no participan en actos violentos, excepto las estrictamente
necesarias para efectuar una aprehensión en caso de flagrancia en la
comisión de un delito. Insistióen la prohibición de cualquier
forma de tortura o tratos crueles yy degradantes.
Gases
lacrimógenos
También
llamó a que, en
el caso de tener que usar gases lacrimógenos, se
extremen las precauciones para que su uso sea estrictamente
localizado y se evite su difusión y extensión en la cercanía de
edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus
consecuencias: hospitales, escuelas, liceos, geriátricos, espacios
públicos confinados y sitios cerrados.
Exigió
abstenerse de propulsar las bombas lacrimógenas en forma directa
contra las personas.
Celeridad
en la justicia
Hicieron
un enérgico
llamado al sistema de justicia para acelerar las investigaciones y
sanciones, cumplir
los trámites y fases del debido proceso judicial, garantizar el
derecho a la defensa, prevenir y sancionar torturas y hechos crueles,
inhumanos o degradantes y garantizar que las víctimas reciban el
trato digno y la atención especializada que merecen.
“Lamentamos
que no
se hayan adelantado investigaciones ni imputaciones a los
responsables de obstaculizar vías y colocar barricadas, aún
cuando la colocación de dichos espacios y la vandalización de los
espacios públicos se vincula como causa de muerte en al menos una
decena de víctimas”, enfatizó. Exigió que a estos casos se les
dé la celeridad policial que se merecen.
Tanmbién
exigió respeto a la autodeterminación de los pueblos y la soberanía
del país.
La
Defensoría de Pueblo también se ofrece para un papel de mediadores
y conciliadores entre las partes, y reiteró que no se prestará para
una circunstancia de golpe de estado institucional, ni para la
pugnacidad de uno u otro factor.
Dirigentes
y militantes han incurrido en incalificables excesos, en situaciones
muy penosas y en ridículos galopantes.
Casi
tres meses de desquiciamiento general es un tiempo suficiente para
que buena parte de los dirigentes opositores hayan cometido algún
exceso, hayan incurrido en alguna situación vergonzosa o,
simplemente, hayan hecho el ridículo.
Algunos
de esos episodios no pasan de ser grotescos y esperpénticos.
Pongamos como ejemplo a Juan Requesens, metido en una alcantarilla en
la autopista Francisco Fajardo, denunciando que un ignoto guardia
nacional lo habría arrojado a tan deplorable lugar.
Ni
hablar de las andanzas del diputado Carlos Paparoni, experto en
protagonizar pseudoacontecimientos que luego se vuelven virales.
Otros
de esos momentos de ignominia no provocan risas, bien porque se
refieren a hechos que han costado vidas, o bien porque forman parte
de una estrategia destinada a propiciar la injerencia extranjera.
Remontándonos
a un tiempo que ya parece lejano (debido a la intensidad de los
tiempos vividos), tenemos al alcalde David Smolansky pretendiendo
convertir un equipo utilizado por cualquier policía antimotines del
planeta, un aerosol de gas pimienta, en una peligrosa “arma
química”. Cuando se conoce el papel que este joven político
desempeña en el escenario venezolano, cuando se sabe qué intereses
representa, se comprende que no se trata de una precisión, producto
de la ignorancia en la materia, sino de un plan muy bien diseñado
para engordar expedientes de un Estado forajido y justificar
intervenciones contra la soberanía nacional.
Singularmente
graves han sido las actuaciones públicas de algunos líderes con
respecto a los adolescentes presentes en las protestas violentas. Los
que no han pecado por acción, lo han hecho por omisión. Entre los
responsables directos está el gobernador de Miranda, Henrique
Capriles Radonski, quien apareció en un video “reprendiendo” a
un jovencito que andaba encapuchado y metido en la vanguardia de una
manifestación a pesar de tener solo 15 años, según se lo recalca
el propio funcionario. La escena ocurre en territorio bajo
jurisdicción de Capriles, pero el flamante gobernador, en lugar de
tomar medidas para que la integridad del adolescente fuera
resguardada, se desentendió de él diciéndole “pórtate bien”.
En
este terreno de las más vergonzosas irresponsabilidades sobresalió
Miguel Pizarro. El diputado lanzó una acusación temeraria contra
los cuerpos de seguridad del Estado respecto a la causa de la muerte
del adolescente de 17 años Neomar Lander, quien se malogró cuando
manipulaba un mortero artesanal. Pizarro afirmó que el muchacho
había recibido el impacto de una bomba lacrimógena arrojada
directamente contra su cuerpo. Una vez que quedó en evidencia la
verdadera causa de la muerte, el parlamentario de Primero Justicia no
aclaró nada ni mucho menos presentó excusas. Esa actitud de hacerse
el loco permitió que la tesis del jovencito asesinado por “la
dictadura” tomara cuerpo y generara desórdenes en varias zonas de
Caracas y otras ciudades.
En
ese arte de lanzar las más graves acusaciones y luego callar
irresponsablemente, Pizarro no es campeón porque en tal renglón hay
un competidor superlativo: el periodista Leopoldo Castillo, antes
apodado “el Matacuras”, y desde comienzos de mayo para acá más
conocido como “el Mata-López”, pues lanzó mensajes en redes
sociales de acuerdo a los cuales, el líder de Voluntad Popular,
Leopoldo López, había muerto en la cárcel de Ramo Verde. Sin duda,
era una información destinada a causar una gran conmoción. Una vez
que se desmintió la especie, el ex figura-ancla de Globovisión
guardó silencio.
Linchamientos
y otros crímenes
La
vergüenza opositora adquiere la forma de silencio y encubrimiento
cuando las masas enardecidas y sin dirección política cometen
tropelías espantosas, como el linchamiento, las golpizas de turbas
contra individuos desarmados y el asalto y quema de dependencias
públicas.
Las
muertes de Orlando Figuera (quemado vivo en Caracas) y de Danny
Subero (asesinado a golpes en Lara) pesarán no solo sobre los
hombros de quienes cometieron los hechos en sí, sino también de
aquellos dirigentes que no los han condenado. En particular, en el
caso de Figuera, será una carga en la conciencia de quienes, desde
el Ministerio Público, han maniobrado para quitarle el carácter de
“delito de odio” a un asesinato tan vil y pavoroso.
A
veces, los hechos son tan graves que algunos voceros opositores
sienten la necesidad de marcar distancia. Pero no pueden hacerlo
porque serían calificados de traidores. Entonces, optan por uno de
sus deportes favoritos (uno que nunca les ha dado pena): echarle la
culpa al adversario político. Dicen que fueron infiltrados,
colectivos armados, agentes de la dictadura, cubanos del G-2, matones
de Hezbollah o cualquier otra cosa, menos “los muchachos de la
resistencia”. Así pasó con los ataques a las sedes de la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el Ministerio del Poder
Popular de Vivienda y Hábitat, en Chacao.
La
vergüenza de la traición
En
este oscuro lapso de tres meses, una persona merece un premio
especial en esto de las vergüenzas opositoras. Se trata de la más
reciente adquisición de ese bando político: la fiscal general Luisa
Ortega Díaz. Lo que comenzó como una discrepancia jurídica
perfectamente comprensible y digerible con el Tribunal Supremo de
Justicia, ha ido derivando poco a poco hacia un nefasto ejercicio de
proyección de imagen política. La abogada tiene todas las
características de las personas a las que les han calentado la oreja
con sueños palaciegos y de figuración en libros de historia. Se
sonroja uno de pena ajena.
¡Qué
bochorno!
La
militancia no ha escapado de la ola de vergüenzas de la dirigencia.
Individualidades del antichavismo han protagonizado actos realmente
bochornosos, como el de la señora de El Cafetal que evacuó en plena
calle; las mujeres que mostraron sus senos; el chico que se subió
desnudo a un vehículo antimotines; el que se puso un disfraz de la
Guerra de las Galaxias y la señora que declaró, en medio de una
refriega con chavistas en la avenida Baralt, que ella luchaba por su
derecho “a comprar en un bodegón, lo que me dé la gana”.
Colectivamente
hablando, las huestes opositoras se han dedicado a usar los
excrementos como arma de ataque a la fuerza pública y contra
funcionarios del Estado o sus familiares, tanto en el territorio
nacional como fuera de él. Al intentar hacerlo afuera, por cierto,
sufrieron una grave vergüenza internacional, y algunos hasta
resultaron procesados judicialmente por actos inciviles. Vea usted.
Entre
tantas vergüenzas de dirigentes y militantes, aparecieron también
las de los intelectuales y comunicadores. El lauro principal lo
conquistó tempranamente Tulio Hernández, ahora conocido como “el
Sociólogo del Matero”, quien instó a la gente a “neutralizar”
chavistas mediante cualquier objeto a su alcance, incluyendo las
macetas.
Posiblemente
fue por su culpa que un abogado fuera de sí arrojó un frasco lleno
de agua congelada y mató a una señora que, para colmo de desgracia,
ni siquiera estaba en la marcha progubernamental que el profesional
del derecho pretendía repudiar.
El
segundo lugar en el ranking de la vergüenza de la élite intelectual
opositora lo tiene –hasta ahora, porque la pelea es reñida- el
locutor y guionista de telenovelas César Miguel Rondón, quien animó
a la gente a perseguir, molestar, cacerolear y hasta escupir a los
chavistas, donde quiera que se metan. Un agudo tuitero, en trino
dirigido a un programa de VTV, se preguntó: “¿Si así son los
cultos, qué queda para los ignorantes?”.
Dos
jóvenes, de 21 y 27 años respectivamente, sufrieron graves
quemaduras tras ser agredidos por ochos hombres encapuchados que los
interceptaron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado,
para preguntarles si eran chavistas, en una avenida de Barquisimeto,
estado Lara,
Se
trata de Henry Escalona y Wladimir Peña, quienes residen en el
urbanismo Residencias Larenses, construido por la Gran Misión
Vivienda Venezuela, ubicado en Patarata.
El
suceso ocurrió a la 1 de madrugada en el sector La Botella de la
avenida Libertador, en la capital larense, informó Luis Rodríguez,
vocero del consejo comunal de la comunidad de los agredidos. El
sitio,donde se erige un monumento con una enorme botella de cerveza
Polar, se ha convertido en un punto de reunión de manifestantes
opositores que con mucha frecuencia recurren a la violencia.Explicó
que los dos jóvenes acudieron a una fiesta en una casa cercana y
cuando regresaban fueron abordados por el grupo de hombres con lo
rostros cubiertos quienes los increpaban preguntando si eran
“chavistas”.
Los
dos respondieron en forma desafiante que sí eran chavistas y
agregando que cual era el problema con eso. Tal respuesta bastó para
que los atacantes sacaran armas de fuego y les ordenaran
arrodillarse.
Uno
de ellos trató de huir pero inmediatamente los rociaron con gasolina
y les prendieron fuego.
Con
las llamas abrasándalos corrieron hasta una quebrada o curso de
aguas servidas donde se lanzaron para apagar las llamas. A traves del
riachuelo lograron llegar hasta el urbanismo, donde fueron auxiliados
y trasladados hasta el Hospital Central Antonio María Pineda.
La
situación de salud de ambos es delicada y según Rodríguez sus
vidas corren peligro pues presentan quemaduras de tercer grado en
varias áreas del cuerpo. En tal sentido la comunidad está
solicitando el traslado de Escalona y Peña a una unidad de quemados
como la que tiene la industria petrolera en Maracaibo.
Rodríguez
precisó que la agresión fue determinada por la identificación con
el chavismo, proclamada a viva voz por las víctimas, y por la
hostilidad que desde el inicio de la violencia ha caracterizado la
interacción de lo grupos de choque de la MUD con los habitantes de
los urbanismos de Misión Vivienda.
Esto
se ha visto potenciado por la actitud de la comunidad de Residencias
Larenses de exigir que no se realicen manifestaciones violentas en el
sector.
Los
dirigentes de la oposición venezolana se encuentran violando nuestra
Constitución, al promover y ejecutar graves acciones terroristas e
infringiendo igualmente el derecho internacional. Son infracciones al
Derecho Internacional Humanitario aquellas conductas activas u
omisivas, efectuadas por las personas que participan en un conflicto
armado promovidos por los países extranjeros que se encuentran
prohibidas en los convenios de Ginebra del año 1949. Las
infracciones graves no son solamente las expresamente enumeradas,
sino también las que puedan deducirse de los Convenios y los
Protocolos. Como los homicidios intencionales contra las personas o
atentados contra la integridad física y la salud de las mismas, la
destrucción y la apropiación de bienes no justificados y de manera
ilícita y arbitrariamente.
La
República Bolivariana de Venezuela viene siendo asediada desde el
año 1999, cuando el Presidente Chávez llego poder en elecciones
libres y nacionalizo la industria petrolera. Los EE.UU junto con la
oposición venezolana dieron un golpe de Estado el 11/04/2002,
apartándolo por 72 horas, pero el pueblo y las Fuerzas Armadas lo
devolvieron al poder. Lograron los EE.UU inocularle un cáncer y
falleció el Presidente Chávez el 5/03/ 2013. Se realizaron nuevas
elecciones resultando ganador el Presidente Nicolás Maduro y ha sido
asediado igualmente por la oposición y los EE.UU.
Se
han realizados actos intencionales de la oposición venezolana que
han causados varias muertes y heridos a centenares personas en estos
18 años de gobierno y han afectado la salud física y mental de
millones de venezolanos. Los ataques a la población civil y fuerzas
del orden público han causado muertes y heridos indiscriminadamente
en el año 2017. Atacan las edificaciones públicas e instalaciones
militares. A los medios de transporte y a todas las personas que la
utilizan para trasladarse a sus lugares de trabajo. Sabotean el
transporte de los alimentos. Reclutar a niños menores de quince años
para utilizarlo como escudo humano. Propiciar el pillaje y crear
desorden social. Ataques a bienes indispensables para la
sobrevivencia de la población. Impiden el paso vehicular y peatonal
y el desplazamiento de los vehículos que transportan alimentos o de
socorros, como ambulancias.
Por
tales razones, el Presidente Nicolás Maduro ha convocado otra
Asamblea Nacional Constituyente, para lograr evitar que la oposición
lleve al país a una guerra civil y seamos invadidos por el ejército
gringo y logren apoderarse de las mayores reservas de petróleo del
mundo. Para evitar una guerra, todos votaremos para elegir nuestros
constituyentitas en elecciones libres y democráticas como lo hemos
realizado en 20 ocasiones anteriores. Salvemos la soberanía
conquistada por nuestros libertadores. La
Patria no se vende, se defiende.
El
periodista y escritor venezolano, José Vicente Rangel, anunció este
domingo durante la transmisión de su programa de televisión, los
nuevos planes desestabilizadores de la oposición venezolana que
buscan atacar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en
especial al componente de la Guardia Nacional Bolivariana.
“El
desarrollo de esa estrategia provocadora, destinada a generar
reacciones impredecibles en la institución armada, los ataques
se centrarán en los altos mandos que serán sometidos en
los próximos días a una agresiva campaña de descalificación
personal y ataques a sus familiares” resaltó Rangel.
Además,
informó que esta estrategia obedece a que los resultados que
esperaban con la violenta ofensiva de calle durante estos tres meses,
al igual que las derrotas propinadas en el seno de la Organización
de Estados Americanos (OEA) los ha obligado ha replantear sus
estrategias.
De
igual modo, el escritor reveló que la campaña de la oposición ira
directamente contra el Ministro del Poder Popular para la Defensa,
General en Jefe Vladimir Padrino López y los mandos medios, “la
intención es golpear a la institución en su estima personal y
provocar reacciones que ocasionen una ruptura interna” dijo el
periodista.
Asimismo,
José Vicente Rangel, afirmó que la derecha venezolana utiliza como
argumento para atacar la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) del presidente Nicolás Maduro, que la iniciativa está basada
en contra de la Constitución Bolivariana del año 1999. “Extraña
es esta posición de la oposición, quien en el debate para aprobar
el proyecto del 99 se opuso al mismo y luego la violó el 11 de abril
de 2002” puntualizó Rangel.
Finalmente,
advirtió que la insistencia de la derecha del país en desechar la
vía cívica para recurrir a la vía violenta, afecta negativamente a
todos los venezolanos sin excepción.
