13 de febrero de 2017
Crédito: alai
Agencia Latinoamericana de Información
Anriette Esterhuysen
Agencia Latinoamericana de Información
Anriette Esterhuysen
¿Avances
en un enfoque de derechos para las políticas de internet?
El
reconocimiento de internet como “medio de comunicación vital para
que las personas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión
o el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, como se garantiza en
los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” fue
establecido expresamente por primera vez en el informe de julio de
2011 de Frank la Rue, el Relator Especial del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU (CDH) para la promoción y protección del derecho
de libertad de opinión y expresión. Él plantea además que:
El
derecho a la libertad de opinión y de expresión es un derecho
fundamental en sí mismo, a la vez que factor coadyuvante de otros
derechos, entre ellos los derechos económicos, sociales y
culturales, como el derecho a la educación y el derecho a participar
en la vida cultural y gozar de los beneficios del progreso científico
y de sus aplicaciones, así como los derechos civiles y políticos,
como los derechos de libertad de asociación y reunión. Así
pues, al funcionar como catalizador del derecho personal a la
libertad de opinión y de expresión, internet también facilita el
ejercicio de otros derechos humanos diversos[1].
Para
mediados de 2012 quedaba claro que otros Relatores Especiales de
Naciones Unidas estaban tomando el tema de los derechos humanos e
internet muy seriamente –incluyendo el Relator Especial sobre el
derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación[2];
él de derechos culturales[3];
violencia contra las mujeres; y racismo, discriminación racial,
xenofobia e intolerancia–[4].
El 5 de julio de 2012, 85 países firmaron la resolución del
CDH liderada por Suecia afirmando el simple hecho de que los mismos
derechos que las personas tienen fuera de línea deben ser protegidos
en línea[5].
Desde
esta resolución clave del 2012, el CDH ahora toma en consideración
una resolución relativa a internet cada dos años, que han ido del
reconocimiento básico de la aplicabilidad de los derechos humanos en
el entorno en línea, a cubrir temas críticos como buscar soluciones
para la brecha digital de género, los ataques a las personas por
ejercer sus derechos en línea y terminar con las interrupciones
intencionales de acceso a internet. La resolución de julio de
2016 relaciona los derechos humanos en línea con el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible[6].
Por
lo tanto, parece que más gobiernos están comprometiéndose
seriamente con concretar las libertades en internet, utilizando el
discurso de derechos humanos y sus mecanismos para lograrlo.
Podemos encontrar mayor evidencia de ello en el lanzamiento de
la Freedom
Online Coalition de
gobiernos en diciembre del 2011[7] y
una mayor participación y aceptación de los derechos humanos como
un tema legítimo a tratar en el Foro de Gobernanza de Internet
(FGI)[8].
Ambivalencia
Pero
¿cuán profundo es el compromiso de los gobiernos en realidad? Los
grupos de la sociedad civil desconfían, particularmente cuando,
gracias a las revelaciones de Snowden, miembros de la Freedom Online
Coalition como Estados Unidos y Gran Bretaña salieron a la luz como
violadores de los derechos de privacidad. Tres años más
tarde, la situación aún continúa luciendo bastante desalentadora.
El
bloqueo y filtrado de contenidos[9] son
comunes: en algunos países la práctica es endémica[10].
El gobierno ruso aprobó en 2013 una ley que le permite
bloquear selectivamente contenidos que considere dañinos para los
niños. Los activistas de derechos humanos consideran que la
ley de protección infantil está diseñada como “una fisura que
posibilita una censura más amplia en internet”. A mediados
de 2013 el gobierno británico ha introducido el uso obligatorio de
filtros de pornografía infantil. Muchos países en desarrollo,
particularmente en África, Asia y Medio Oriente también practican
activamente la censura online[11].
Aún los gobiernos comprometidos en general con la libertad de
expresión están tomando acciones para limitarla en línea, tal como
la decisión de Ecuador de junio de 2013 de establecer una “política
de nombre real” que prohíbe la opinión anónima en línea[12].
Y las interrupciones de acceso a internet se están volviendo
frecuentes en África y parte de Asia, particularmente durante las
elecciones o protestas políticas[13].
Polarización
Norte-Sur
Muchos
gobiernos de los países en desarrollo continúan siendo
ambivalentes[14].
Se resisten a apoyar activamente las libertades en internet
porque a) les preocupa la “seguridad” y la amenaza del
cibercrimen y del “terrorismo”; b) consideran que el crecimiento
y desarrollo económico son más importantes; c) no ven (o no les
convencen los argumentos a favor de) la relación entre los derechos
humanos y el desarrollo; y d) ven a la agenda de libertades en
internet como parte de las políticas exteriores y libre comercio
manejadas por EEUU como “líder del mundo libre” a la vez que
ayuda a las empresas norteamericanas a acceder a nuevos mercados y
hacer negocios sin pagar impuestos ni contribuir a las inversiones
extranjeras directas[15].
La
cultura política también contribuye a que los países respondan de
manera diferente a internet. Algunos gobiernos, particularmente
en África, desconfían de internet y de su impacto en los valores
tradicionales, la cultura y la identidad. Algunos simplemente
sofocan la libertad de expresión y asociación como un medio de
control y retención de poder. Esto es particularmente evidente
en países con instituciones estatales débiles y altos niveles de
corrupción. Los funcionarios del Estado y los políticos temen
las consecuencias de que los ciudadanos tengan la capacidad de
expresarse y participar de la esfera pública.
Estas
respuestas ambivalentes y polarizadas a las políticas y la
regulación de internet pueden atribuirse, al menos en parte, a
brechas en la investigación, el conocimiento y el discurso en
materia de derechos humanos y de políticas de internet. Estos
vacíos son los siguientes:
A)
Brecha en el encuadre:
Se supone que todos los derechos humanos –incluidos los derechos
civiles y políticos y económicos, sociales y culturales– son
"indivisibles". Sin embargo, prácticamente todo el
encuadre en el discurso de la libertad de internet se ha hecho desde
la perspectiva de los derechos civiles y políticos[16].
B)
Brecha en la participación:
La gran mayoría de los participantes en el discurso de la "libertad
de internet" provienen de países desarrollados. Pocos
tienen experiencia o conocimientos en teoría, políticas o prácticas
de desarrollo.
C)
Brecha conceptual: Internet
se describe a menudo como ubicuo e integral a la vida social,
política y económica contemporánea. Pero no existe una
conceptualización coherente de internet desde la perspectiva de cómo
el derecho, la política y la regulación deberían tratarla.
Muchos gobiernos quieren un mayor control sobre internet, mientras
que las empresas, la comunidad técnica y la sociedad civil tienden a
resistirse a esto, aunque no siempre por las mismas razones.
D)
Brecha de investigación: Se
ha investigado muy poco a internet a través del prisma de los
derechos económicos, sociales y culturales, que es distinto al
enfoque de los "TIC para el desarrollo" (tecnologías de
información y comunicación). Incluso dentro de la perspectiva
de los derechos civiles y políticos, la documentación está
fuertemente orientada hacia una estrecha gama de derechos civiles
(libertad de expresión, privacidad y libertad de asociación).
E)
Brecha de principios:
La mayoría de las declaraciones de principios para las políticas,
regulación y gobernanza de internet se centran en la privacidad, la
libertad de expresión y asociación, y la protección contra la
censura[17].
No sabemos de ningún conjunto coherente de principios
diseñados para la consideración efectiva de los derechos
económicos, sociales y culturales.
F)
Brecha de activismo y redes:
las organizaciones de derechos humanos del Sur global enfocadas al
desarrollo rara vez se centran en los derechos relacionados con
internet. El resultado es una brecha en cómo los grupos de
derechos humanos conceptualizan la relación entre internet y los
derechos económicos, sociales y culturales y cómo éstos se
relacionan con el desarrollo.
Las
implicaciones son claras: si queremos ampliar el discurso sobre un
enfoque de la gobernanza de internet basada en derechos, debemos
ampliar el discurso para incluir todos los
derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales.
No hacerlo sirve para reforzar las divisiones geopolíticas que
condujeron a la creación de dos instrumentos de derechos separados
desde su origen –cuando un único instrumento hubiera sido mucho
más fácil de implementar y monitorear– y afecta negativamente la
creación de espacios de configuración y definición de políticas
como el Foro de Gobernanza de Internet.
(Traducción
APC y ALAI).
Anriette
Esterhuysen,
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)
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