12 de febrero de 2017
Compilador: German Saltrón Negretti
Un
experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a la
comunidad internacional que combata la evasión fiscal y suprima los
paraísos fiscales que privan de recursos esenciales a la protección
de los derechos humanos y el desarrollo mundial. “La ONU ya no debe
tolerar el escándalo de las jurisdicciones secretas que facilitan la
evasión fiscal, la corrupción y el blanqueo de dinero”, exhortó
el experto independiente del foro mundial sobre la promoción de un
orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, a la
Asamblea General.
“La
corrupción, el soborno, el fraude fiscal y la evasión de impuestos
tienen efectos tan graves contra la dignidad humana, los derechos
humanos y el bienestar humano que sacuden la conciencia de la
humanidad”: Alfred de Zayas. Las jurisdicciones secretas también
son conocidas como paraísos fiscales. De Zayas apuntó en particular
a los costos humanos de estas acciones, al señalar que billones de
dólares mantenidos en territorios externos para escapar a la
tributación limitan los recursos necesarios para combatir la pobreza
extrema y el cambio climático.
El
funcionario estadounidense de origen cubano describió este “saqueo
sistemático de la sociedad” en un nuevo informe presentado a la
Asamblea General que concluyó que los paraísos fiscales guardan
hasta 32 billones de dólares en todo el mundo. Según la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, esta práctica
les cuesta a los países en desarrollo más de 100.000 millones de
dólares por año. Solo en 2011, el Sur en desarrollo perdió casi
950.000 millones de dólares debido a movimientos financieros
ilícitos, incluida la evasión de impuestos. Según la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ese monto fue siete
veces superior a la ayuda oficial para el desarrollo de ese año y
considerablemente más que los costos estimados para poder cumplir
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La
preocupación por el secreto financiero y la evasión fiscal se
reavivó en abril de este año cuando el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer los denominados
Papeles de Panamá, que revelaron cómo un bufete de abogados
panameño ayudó a miles de destacadas personalidades a crear
empresas offshore secretas y a utilizar paraísos fiscales. Dentro de
los casi 12 millones de documentos filtrados está el caso de la
empresa Heritage Oil and Gas Ltd Company, que la firma panameña
Mossack Fonseca habría ayudado a evitar el pago a Uganda de 404
millones de dólares en impuestos mediante la reubicación al paraíso
fiscal de Mauricio.
Para
Uganda, que tiene servicios sanitarios deficientes y una de las tasas
más altas de muertes maternas en el mundo, estos ingresos fiscales
representan más que su presupuesto anual de salud pública. Mossack
Fonseca niega haber cometido ilícitos. La última filtración del
ICIJ y medios de comunicación asociados reveló que políticos y
otras personalidades utilizaron más de 175.000 empresas offshore en
las Bahamas, incluida la ex comisaria de Competencia de la Unión
Europea, Neelie Kroes. La funcionaria no declaró que era directora
de una empresa offshore mientras ejercía el cargo público. En mayo,
un grupo de 300 economistas enviaron una carta a los gobernantes del
mundo subrayando que no existe justificación económica para los
paraísos fiscales y que el secreto financiero offshore debe cesar.
“Este
sistema global abusivo tiene que tener un rápido final. Eso es lo
que se entiende por buen gobierno en el marco del compromiso global
con el desarrollo sostenible”, expresó Jeffrey Sachs, director del
Instituto Tierra de la estadounidense Universidad de Columbia y
asesor especial del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Sachs
y otros destacaron la necesidad de nuevas normas internacionales que
exijan a las empresas declarar públicamente las actividades sujetas
a gravamen en los países en que operan.
Además
de la necesidad de mejorar la transparencia, De Zayas instó a la
Asamblea General a tomar la iniciativa mediante la redacción de un
convenio que prohíba los paraísos fiscales y cree un órgano
tributario intergubernamental que redacte y haga cumplir medidas no
sólo para asegurar que las multinacionales paguen sus impuestos,
sino también para llevar a juicio a quienes violen la ley. “La
corrupción, el soborno, el fraude fiscal y la evasión de impuestos
tienen efectos tan graves contra la dignidad humana, los derechos
humanos y el bienestar humano que sacuden la conciencia de la
humanidad. Deben ser procesados a nivel nacional e internacional”,
afirmó.
El
experto también reclamó la protección de los denunciantes, que
suelen los más “eficaces” a la hora sacar la corrupción a la
luz. “Los denunciantes, que deben ser considerados como defensores
de derechos humanos, ya que contribuyen de manera significativa a una
cultura de transparencia y rendición de cuentas, suelen pagar un
precio muy alto. Está en el espíritu de un orden internacional
democrático y equitativo la adopción de legislación que proteja a
los denunciantes y testigos de las represalias y les proporcione vías
de fácil acceso para hacer las revelaciones”, agregó.
De
Zayas espera que el próximo secretario general, el recién elegido
Antonio Guterres, tome medidas enérgicas, ya que tiene una
“oportunidad única” para luchar contra la evasión fiscal y los
movimientos financieros ilícitos y, por lo tanto, debería convocar
una conferencia mundial sobre el tema. Guterres reemplazará a Ban el
1 de enero de 2017. “Espero sinceramente que la abolición de los
paraísos fiscales y la creación de una Autoridad Fiscal de las
Naciones Unidas con el mandato de luchar contra la evasión fiscal en
el extranjero y de prohibir los paraísos fiscales, se encuentren
entre las prioridades de Guterres”, destacó. Por:Tharanga
Yakupitiyage. 28/10/2016 POR: HONDUDIARIO REDACCIÓN
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