sábado, 25 de febrero de 2017

Francia sienta un precedente con la aprobación de la Ley del Deber de Vigilancia

24 de febrero de 2017
Crédito: alai
Agencia Latinoamericana de Información
Isabel García

Asamblea General Francesa
La Asamblea General Francesa en una imagen de archivo.

No existe ninguna herramienta vinculante a nivel internacional que vele por los derechos humanos frente a las multinacionales”
La ‘ley del deber de vigilancia’ aprobada esta semana en Francia sienta un precedente para que no queden impunes tragedias como la ocurrida en el Rana Plaza que causó centenares de muertes, o catástrofes medioambientales como los vertidos de petróleo de Shell en Nigeria o Chevron en Ecuador.

Francia vuelve a ponerse a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos. Y lo ha hecho aprobando esta semana una histórica ley que obligará a la multinacionales con matriz francesa a establecer planes de ‘debida diligencia’ (*). Impulsada por la europarlamentaria de Les Verts-Europe-Ecologie, Danielle Auroi, y distintas organizaciones como Amnistía Internacional o Amigos de la Tierra, la ley obliga a las empresas francesas y a sus filiales, proveedores y subcontratas a establecer planes de vigilancia en materia de derechos humanos, derechos laborales y medio ambiente.

La ley sienta un precedente importante para el mundo desarrollado porque se aprueba en un contexto donde “no existe ninguna herramienta vinculante a nivel internacional que vele por los derechos humanos frente a las multinacionales”, afirma Alejandro González, coordinador de Amigos de la Tierra, que cita casos como los ocurridos por los vertidos de fuel en Nigeria con la empresa Shell o Chevron en Ecuador, que “está costando muchísimo esfuerzo, tiempo y dinero para que llegue a escenarios como la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sin que exista ningún tipo de trámite jurídico que lo pueda agilizar”. (El pasado 26 de enero, la justicia británica frena una demanda contra Shell por daños en Nigeria).

La nueva normativa afectará a 100 empresas francesas, principalmente del sector extractivo como Shell, Chevron, GDF Suez, etc., donde se producen mayores conflictos en materia de derechos humanos y medioambientales y a otras manufactureras y del textil. Si esta ley hubiera estado vigente cuando se produjo la catástrofe del Rana Plaza donde en 2013 fallecieron más de 1.100 personas, el caso hubiera adquirido mayor relevancia a nivel mundial con multas para las empresas francesas implicadas que oscilarían entre los 10 y los 30 millones de euros (como estipula la ley), señala Alejandro González: “no solo se hubiera incumplido la ley en cuanto al plan de vigilancia, sino que además se daba el agravante de la catástrofe con cientos de víctimas”, señala.

Obligación jurídica vinculante

Elena Salgado Rodríguez, miembro del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, resalta que la ley francesa supone que “por primera vez se establece una obligación jurídicamente vinculante para que las empresas establezcan planes de debida diligencia, que es uno de los pilares fundamentales de los que hablan los Principios Rectores de Naciones Unidas pero que hasta ahora se reflejaban en disposiciones que eran voluntarias para las empresas. Es la primera vez que una ley recoge esa obligación por lo tanto tiene una relevancia fundamental y esperamos además que contagie al resto de países europeos”, señala.

Y es que, hasta ahora ha habido mucha legislación en torno a la obligación de informar sobre esos planes, pero no la obligación de contar con un plan. La novedad de esta ley radica precisamente en eso “porque la obligación no es solo de informar si no en demostrar que realmente se cuenta con ese plan de vigilancia en materia de derechos humanos y de medio ambiente”.

Afecta a todos los sectores industriales

La ley francesa, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, abarca tres principales ámbitos en materia de derechos: derechos humanos, derechos laborales y defensa del medioambiente y territorios. Asimismo, cubre todos los sectores industriales.

Es una ley que tiene un carácter preventivo, que no busca ser punitiva o castigar, sino que, de alguna manera puedan evitarse ciertas violaciones de derechos humanos a partir de la implementación de un plan de vigilancia”, precisa Alejandro de Amigos de la Tierra.

Aunque la ley ha sido aplaudida por distintas organizaciones de derechos humanos y medioambientales ha generado también ciertas críticas, principalmente por el alcance que tendrá ya que seguirá habiendo empresas que puedan escapar a este control.  Además, en el caso de las víctimas pueden quedar indefensas ya que la carga de la prueba recae en ellas: “muchas veces, ahí radica el problema, porque las víctimas no tienen los medios económicos suficientes ante gigantes empresariales que cuentan con un aparato de defensa increíble”, señala Elena del Observatorio.

Tímidos pasos en otros países europeos

Al margen de Francia, otros países del entorno están dando tímidos pasos. El pasado mes de enero, Holanda daba luz verde, en primera aprobación a una iniciativa legislativa que establece planes de debida diligencia en materia de trabajo infantil.

En 2016 en Suiza se empezaron a recoger miles de firmas para plantear al Gobierno un referéndum sobre la necesidad de que las empresas tengan la obligación de implementar estos planes de debida diligencia. Aunque el Gobierno se comprometió a ello, de momento está parado.

En el marco de las Naciones Unidas se lleva tiempo trabajando para establecer un instrumento jurídicamente vinculante que permita que las multinacionales puedan ser juzgadas por este tipo de delitos.

En España, el grupo de Podemos en el Congreso presentó en 2016 (durante la legislatura fallida) una PNL que fue apoyada por todos los grupos y que se espera pueda retomarse en esta nueva legislatura.

*Debida Diligencia En materia de derechos humanos es la forma en que una empresa determina qué información necesita para comprender sus riesgos específicos relacionados con los derechos humanos en un momento determinado y un contexto operacional dado, así como las medidas que necesita adoptar para prevenir y mitigar esos riesgos.

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