24 de febrero de 2017
Crédito: alai
Agencia Latinoamericana de Información
Isabel García
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Isabel García
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| La Asamblea General Francesa en una imagen de archivo. |
“No existe ninguna herramienta vinculante a nivel internacional que vele por los derechos humanos frente a las multinacionales”
La
‘ley del deber de vigilancia’ aprobada esta semana en Francia
sienta un precedente para que no queden impunes tragedias como la
ocurrida en el Rana Plaza que causó centenares de muertes, o
catástrofes medioambientales como los vertidos de petróleo de Shell
en Nigeria o Chevron en Ecuador.
Francia
vuelve a ponerse a la vanguardia de la defensa de los derechos
humanos. Y lo ha hecho aprobando
esta semana una histórica ley que obligará a la
multinacionales con matriz francesa a establecer planes de ‘debida
diligencia’ (*). Impulsada por la europarlamentaria de Les
Verts-Europe-Ecologie, Danielle
Auroi,
y distintas organizaciones como Amnistía Internacional o Amigos de
la Tierra, la ley obliga a las empresas francesas y a sus filiales,
proveedores y subcontratas a establecer planes de vigilancia en
materia de derechos humanos, derechos laborales y medio ambiente.
La
ley sienta un precedente importante para el mundo desarrollado porque
se aprueba en un contexto donde “no existe ninguna herramienta
vinculante a nivel internacional que vele por los derechos humanos
frente a las multinacionales”, afirma Alejandro
González, coordinador de Amigos de la Tierra,
que cita casos como los ocurridos por los vertidos de fuel en Nigeria
con la empresa Shell o Chevron en Ecuador, que “está costando
muchísimo esfuerzo, tiempo y dinero para que llegue a escenarios
como la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sin que exista
ningún tipo de trámite jurídico que lo pueda agilizar”. (El
pasado 26 de enero, la justicia británica frena una demanda contra
Shell por daños en Nigeria).
La
nueva normativa afectará a 100 empresas francesas, principalmente
del sector extractivo como Shell,
Chevron, GDF Suez,
etc., donde se producen mayores conflictos en materia de derechos
humanos y medioambientales y a otras manufactureras y del textil. Si
esta ley hubiera estado vigente cuando se produjo la catástrofe
del Rana Plaza donde en 2013 fallecieron más de 1.100 personas,
el caso hubiera adquirido mayor relevancia a nivel mundial con multas
para las empresas francesas implicadas que oscilarían entre los 10 y
los 30 millones de euros (como estipula la ley), señala Alejandro
González: “no solo se hubiera incumplido la ley en cuanto al plan
de vigilancia, sino que además se daba el agravante de la catástrofe
con cientos de víctimas”, señala.
Obligación
jurídica vinculante
Elena
Salgado Rodríguez,
miembro del Observatorio
de Responsabilidad Social Corporativa, resalta que la ley
francesa supone que “por primera vez se establece una obligación
jurídicamente vinculante para que las empresas establezcan planes de
debida diligencia, que es uno de los pilares fundamentales de los que
hablan los Principios Rectores de Naciones Unidas pero que hasta
ahora se reflejaban en disposiciones que eran voluntarias para las
empresas. Es la primera vez que una ley recoge esa obligación por lo
tanto tiene una relevancia fundamental y esperamos además que
contagie al resto de países europeos”, señala.
Y
es que, hasta ahora ha habido mucha legislación en torno a la
obligación de informar sobre esos planes, pero no la obligación de
contar con un plan. La novedad de esta ley radica precisamente en eso
“porque la obligación no es solo de informar si no en demostrar
que realmente se cuenta con ese plan de vigilancia en materia de
derechos humanos y de medio ambiente”.
Afecta
a todos los sectores industriales
La
ley francesa, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, abarca
tres principales ámbitos en materia de derechos: derechos humanos,
derechos laborales y defensa del medioambiente y territorios.
Asimismo, cubre todos los sectores industriales.
“Es
una ley que tiene un carácter
preventivo,
que no busca ser punitiva o castigar, sino que, de alguna manera
puedan evitarse ciertas violaciones de derechos humanos a partir de
la implementación de un plan de vigilancia”, precisa Alejandro de
Amigos de la Tierra.
Aunque
la ley ha sido aplaudida por distintas organizaciones de derechos
humanos y medioambientales ha generado también ciertas críticas,
principalmente por el alcance que tendrá ya que seguirá habiendo
empresas que puedan escapar a este control. Además, en el caso
de las víctimas pueden quedar indefensas ya que la carga de la
prueba recae en ellas: “muchas veces, ahí radica el problema,
porque las víctimas no tienen los medios económicos suficientes
ante gigantes empresariales que cuentan con un aparato de defensa
increíble”, señala Elena del Observatorio.
Tímidos
pasos en otros países europeos
Al
margen de Francia, otros países del entorno están dando tímidos
pasos. El pasado mes de enero, Holanda daba
luz verde, en primera aprobación a una iniciativa legislativa que
establece planes de debida diligencia en materia de trabajo infantil.
En
2016 en Suiza se
empezaron a recoger miles de firmas para plantear al Gobierno un
referéndum sobre la necesidad de que las empresas tengan la
obligación de implementar estos planes de debida diligencia. Aunque
el Gobierno se comprometió a ello, de momento está parado.
En
el marco de las Naciones Unidas se lleva tiempo trabajando para
establecer un instrumento jurídicamente vinculante que permita que
las multinacionales puedan ser juzgadas por este tipo de delitos.
En
España, el grupo de Podemos en el Congreso presentó en 2016
(durante la legislatura fallida) una PNL que fue apoyada por todos
los grupos y que se espera pueda retomarse en esta nueva legislatura.
*Debida
Diligencia En materia de derechos humanos es la forma en que una
empresa determina qué información necesita para comprender sus
riesgos específicos relacionados con los derechos humanos en un
momento determinado y un contexto operacional dado, así como las
medidas que necesita adoptar para prevenir y mitigar esos riesgos.
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