domingo, 26 de marzo de 2017

El 28,6% de la población española está en riesgo de exclusión y no puede cubrir necesidades básicas

20 de marzo de 2017
Crédito: Resumen Latinoamericano


La pobreza crónica de casi un tercio de los habitantes les impide cubrir sus necesidades básicas y, quizás por eso, hay voces que a la crisis prefieren llamarla estafa.

En España, casi un tercio de los habitantes tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas y, quizás por eso, hay voces que a la crisis prefieren llamarla estafa. La pobreza crónica es la herida abierta más sangrante que ha dejado la crisis. 

LAS CIFRAS
  • El 28,6% de la población española está en riesgo de exclusión y sin poder cubrir necesidades básicas.
  • 3 millones de personas no tienen dinero para comer carne o pescado al menos cada dos días.
  • 9 millones de toneladas de comida se desperdician al año.
  • El 26,5% de los trabajos en España son temporales.
Son las nueve de la mañana y más de 100 personas esperan para recibir algo para desayunar. Bocadillo, café, té y algo de fruta para los que hacen cola a las puertas del centro de acogida ASSIS de Barcelona. Uno de ellos es Jordi, 61 años, que sobrevive con 426 euros: «Pago el crédito, el alquiler, los suministros, Internet, y me quedan 50 euros para pasar el mes», asegura. Jordi no encuentra trabajo desde 2014 y lo más probable es que no vuelva a encontrarlo nunca más. Así que seguirá acudiendo todas las mañanas a ASSIS para desayunar, tres días a la semana para recoger «el picnic» -la comida preparada que dispensan en el comedor social que hay en las mismas instalaciones- y, de vez en cuando, a servicios sociales.

Jesús Ruiz, director del centro ASSIS, explica que, aunque haya bajado el paro, no se ha reducido el número de personas que atienden: «Ya ni el trabajo asegura que no seas pobre». Uno se queda frío al repasar la memoria de actividades del centro de acogida que dirige Ruiz. De 2013 a 2015 los desayunos repartidos han pasado de 39.925 a 48.165 y los servicios de ducha, de 6.620 a 7.284.

El pasado martes, la OCDE publicaba su informe ‘Estudios Económicos: España 2017’. En él, se reconoce que «la crisis ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar», y destaca los «niveles elevados de desempleo, pobreza y desigualdad». El 28,6% de la población española está en riesgo de exclusión social y tiene problemas para cubrir sus necesidades básicas, según los últimos datos de la ‘Encuesta de Calidad de Vida’ realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada en 2015. Un 6,4% de la población -casi tres millones de personas- no tiene para comer carne o pescado al menos cada dos días, o no consigue irse de vacaciones al menos una semana al año, o no puede permitirse una lavadora.

FALTA DE EMPLEO DE CALIDAD
La crisis, tal y como se anunció a bombo y platillo, acabó en 2013. El PIB lleva tres años creciendo y el paro, otros tantos bajando. Ahora bien, el diablo está en los detalles y esos detalles se llaman precariedad laboral. Según asegura la OCDE en el mencionado estudio publicado esta semana, «la pobreza también ha aumentado, debido principalmente a la falta de empleo de calidad que proporcione suficientes horas de trabajo remunerado y unos ingresos adecuados». En 2016, el empleo entre los menores de 35 años siguió cayendo y los trabajos temporales suponen el 26,5% del total, el mayor promedio de los países de la OCDE después de Polonia. Jesús Ruiz echa sus propias cuentas: «El 47% de las 1.700 personas que vinieron en 2015 a ASSIS no tenía ingresos». La sólida recuperación económica no llega a todas las casas: hay 1.400.000 hogares en España con todos sus miembros desempleados.

Eduard Arruga, el presidente de la Fundación Banco de Alimentos, informa que en los últimos dos años ha disminuido el número de personas atendidas casi un 6%, fenómeno que atribuyen a dos razones. Una, que mucha gente está volviendo a sus países de origen. La segunda, que hay quien ha encontrado trabajo y, por precario que éste sea, ya no son derivados al Banco de Alimentos desde los servicios sociales municipales. Arruga comenta que muchas de las personas que aparecen en sus censos llevan en ellos más de 5 o 6 años: «En cierta manera, hay realmente una cronificación de la pobreza alimentaria, sobre todo en el colectivo de personas entre 40 y 60 años». Jordi dice que no sabe qué habría hecho si no llega a conocer ASSIS: «Estoy muy agradecido a todas las entidades que me ayudan, pero yo querría tener independencia poder comprar mi comida, zapatillas, pantalones -levanta la voz, pero se le estriñe en la garganta-. Sí, en servicios sociales te dan, pero es que llega un momento en que pierdes la dignidad. Yo no sirvo para estar pidiendo todo el día. Te cronificas, y yo no me quiero cronificar».

Jesús Ruiz tiene un tono de voz más sereno, como de locutor nocturno, pero también modula el gesto y le añade severidad al discurso cuando trata según qué temas: «No podemos permitir que haya gente que pase una cuarta parte de su vida viviendo gracias al asistencialismo. Es indigno. No es fácil venir aquí a desayunar o meterte en una ducha de estas. La mano que da está siempre encima de la que recibe».

SUBIR EL SALARIO MÍNIMO
Ante esta situación, el director del centro de acogida lo tiene claro: «Hay que subir el salario mínimo [poco más de 700 euros en España, el doble en Francia] y establecer una renta mínima de ciudadanía para que la gente pueda ser autónoma». Si eso pasase, Ruiz asegura que entidades como la suya solo tendrían que asistir a las personas con problemas añadidos, «como una edad avanzada, enfermedades mentales o adicciones».

Buena parte de los que no tienen para comer como se debe, tampoco tienen para pagar facturas. O para el alquiler. La pobreza alimentaria no es más que otra manifestación de una pobreza general. Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) insiste en que no hay que hacer «parcelas de pobreza» y recuerda que la gente que acude a la PAH deja de gastar en comida lo que debería para poder pagar el alquiler o la hipoteca. María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), recuerda que cuando a alguien le cortan el agua, el gas, o la luz (o las tres cosas), «ya no puede cocinar en su casa, de manera que no se alimenta correctamente».

Cristina Basols, responsable de programas de inclusión social y pobreza de Cruz Roja Catalunya, denuncia que no hay en España normativa legal alguna que prevenga, controle o revierta la pobreza alimentaria: «La alimentación es un derecho, pero no se practica. No hay un sistema detrás que la garantice».

En 2014, el Observatorio DESC publicó el Informe Sobre el Derecho a la Alimentación en Catalunya. En él, medían los impactos de la pobreza alimentaria en dos distritos de Barcelona, Nou Barris y Ciutat Vella. El estudio recogía el testimonio de Carlos Losana, pediatra en un CAP de Ciutat Vella: «Diversas personas han venido a pedir leches especiales para niños enfermos que pueden ir con receta, ya que no tienen recursos para comprar leche de bote».

GASTO SOCIAL BAJO
En ‘Estudios Económicos de la OCDE: España 2017’ se lee que el gasto social es «especialmente bajo en la primera infancia, inferior al promedio de la OCDE». En la primera infancia, –hasta los 12 años– afirma Basols, la falta de alimentos frescos en la dieta de los niños se complementa con lo que comen en la escuela. Ella y su equipo han llevado a cabo un proyecto de recuperación de cantinas en institutos de toda Catalunya: «Medimos cómo afectaba la mala alimentación de los adolescentes no solo en el terreno físico, sino también en lo emocional. Había menos conflictividad si venían bien alimentados», y advierte de que el rendimiento escolar se ve mermado entre los que llegan a clase por la mañana sin haber cenado ni desayunado.

Las personas en situación de pobreza sufren generalmente malnutrición, ya que tienden a basar la alimentación en productos de bajo coste que contienen muchas calorías y grasas y pocos nutrientes. No ayuda que, durante mucho tiempo, tal como sostiene Cristina Basols, la comida repartida por entidades y servicios sociales «se basaba en productos secos», es decir, ni fruta, ni verdura, ni proteína animal, mucho más difícil y costosa de conservar en buen estado.

Desde el Banco de Alimentos, Eduard Arruga explica que el objetivo de la fundación que preside es aprovechar al máximo el excedente de alimentos repartiendo comida «suficiente, segura y saludable». La dificultad de conservar y distribuir proteína animal la suplen repartiendo carne y pescado en conserva.

Durante la adolescencia se adquieren los hábitos de una vida saludable. Condenar a miles de adolescentes a la malnutrición puede causar que en el futuro se disparen las intolerancias alimentarias, alergias o diabetes. Pero más allá, explica Basols, está el hecho de que los padres sufren mucha presión al cargar el peso de las deudas, al no saber si llegarán a final de mes: «Todo eso tiene un impacto en la salud mental de los adultos y, obviamente, en la de sus hijos», sostiene Cristina Basols, desde Cruz Roja.

150 KILOS DE DESPERDICIOS POR HABITANTE
Según la FAO, un tercio de los alimentos que se producen al año a nivel mundial acaba en la basura. Para el activista contra el desperdicio de alimentos Manel Bruscas «es kafkiano» que haya comida suficiente, y a la vez gente que pase hambre. En España, explica, se desperdician nueve millones de toneladas al año (el Ministerio de Agricultura habla de 7,7 millones de toneladas), más de 150 kg. por habitante. Según sus cálculos, casi un tercio del total de lo que de verdad se desperdicia. Otro tercio respondería a escuelas, hospitales y al sector de la restauración. El tercero, calcula Bruscas, es responsabilidad de la cadena de distribución de alimentos: «El agricultor ha de tirar los productos que no son atractivos estéticamente, porque el distribuidor no se lo compra».


FACUA publicó a finales de 2014 una encuesta a 28 supermercados y solo nueve respondieron a qué hacían con los alimentos que no vendían. La mayoría ocultó si llevaba a cabo políticas sociales corporativas para donar alimentos o si, en su lugar, los tiraba a la basura. «La Comisión Europea dice que es un 5% del total, pero es imposible. El porcentaje debe de llegar al 30%». Para hacer ese cálculo, Bruscas se basa en los datos extraídos de uno de los primeros supermercados en publicar las cifras de la comida que despilfarra, Tesco, en el Reino Unido: «Si eso es lo que tiran ellos, no tengo por qué pensar que aquí tiramos menos». Lo cierto es que en Francia hace un año que es ilegal que los supermercados tiren comida; mientras al sur de los Pirineos los contenedores de basura se nos llenan de alimentos deperdiciados noche tras noche. Eso sí, la OCDE pronostica para España un crecimiento del 2% en 2017 y 2018.

TEXTOS: GERARDO SANTOS / FOTOS: ARIANNA GIMÉNEZ BELTRÁN

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