20 de marzo de 2017
Crédito: Resumen Latinoamericano
La
pobreza crónica de casi un tercio de los habitantes les impide
cubrir sus necesidades básicas y, quizás por eso, hay voces que a
la crisis prefieren llamarla estafa.
En
España, casi un tercio de los habitantes tiene dificultades para
cubrir sus necesidades básicas y, quizás por eso, hay voces que a
la crisis prefieren llamarla estafa. La pobreza crónica es
la herida abierta más sangrante que ha dejado la crisis.
LAS
CIFRAS
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El 28,6% de la población española está en riesgo de exclusión y sin poder cubrir necesidades básicas.
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3 millones de personas no tienen dinero para comer carne o pescado al menos cada dos días.
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9 millones de toneladas de comida se desperdician al año.
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El 26,5% de los trabajos en España son temporales.
Son
las nueve de la mañana y más de 100 personas esperan para recibir
algo para desayunar. Bocadillo, café, té y algo de fruta para los
que hacen cola a las puertas del centro de acogida ASSIS de
Barcelona. Uno de ellos es Jordi, 61 años, que sobrevive con
426 euros: «Pago el crédito, el alquiler, los suministros,
Internet, y me quedan 50 euros para pasar el mes», asegura. Jordi no
encuentra trabajo desde 2014 y lo más probable es que no vuelva a
encontrarlo nunca más. Así que seguirá acudiendo todas las mañanas
a ASSIS para desayunar, tres días a la semana para recoger «el
picnic» -la comida preparada que dispensan en el comedor social
que hay en las mismas instalaciones- y, de vez en cuando, a servicios
sociales.
Jesús
Ruiz, director del centro ASSIS, explica que, aunque haya bajado el
paro, no se ha reducido el número de personas que atienden: «Ya
ni el trabajo asegura que no seas pobre». Uno se queda frío al
repasar la memoria de actividades del centro de acogida que dirige
Ruiz. De 2013 a 2015 los desayunos repartidos han pasado de 39.925 a
48.165 y los servicios de ducha, de 6.620 a 7.284.
El
pasado martes, la OCDE publicaba su informe ‘Estudios
Económicos: España 2017’. En él, se reconoce que «la
crisis ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar», y destaca
los «niveles elevados de desempleo, pobreza y desigualdad». El
28,6% de la población española está en riesgo de exclusión social
y tiene problemas para cubrir sus necesidades básicas, según los
últimos datos de la ‘Encuesta de Calidad de Vida’ realizada por
el Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada en 2015.
Un 6,4% de la población -casi tres millones de personas- no tiene
para comer carne o pescado al menos cada dos días, o no consigue
irse de vacaciones al menos una semana al año, o no puede permitirse
una lavadora.
FALTA
DE EMPLEO DE CALIDAD
La
crisis, tal y como se anunció a bombo y platillo, acabó en 2013.
El PIB lleva tres años creciendo y el paro, otros tantos
bajando. Ahora bien, el diablo está en los detalles y esos detalles
se llaman precariedad laboral. Según asegura la OCDE en el
mencionado estudio publicado esta semana, «la pobreza también
ha aumentado, debido principalmente a la falta de empleo de calidad
que proporcione suficientes horas de trabajo remunerado y unos
ingresos adecuados». En 2016, el empleo entre los menores de 35 años
siguió cayendo y los trabajos temporales suponen el 26,5% del total,
el mayor promedio de los países de la OCDE después de Polonia.
Jesús Ruiz echa sus propias cuentas: «El 47% de las 1.700
personas que vinieron en 2015 a ASSIS no tenía ingresos». La sólida
recuperación económica no llega a todas las casas: hay
1.400.000 hogares en España con todos sus miembros desempleados.
Eduard
Arruga, el presidente de la Fundación Banco de Alimentos,
informa que en los últimos dos años ha disminuido el número de
personas atendidas casi un 6%, fenómeno que atribuyen a dos razones.
Una, que mucha gente está volviendo a sus países de origen. La
segunda, que hay quien ha encontrado trabajo y, por precario que éste
sea, ya no son derivados al Banco de Alimentos desde los servicios
sociales municipales. Arruga comenta que muchas de las personas que
aparecen en sus censos llevan en ellos más de 5 o 6 años: «En
cierta manera, hay realmente una cronificación de la pobreza
alimentaria, sobre todo en el colectivo de personas entre 40 y 60
años». Jordi dice que no sabe qué habría hecho si no llega a
conocer ASSIS: «Estoy muy agradecido a todas las entidades que
me ayudan, pero yo querría tener independencia poder comprar mi
comida, zapatillas, pantalones -levanta la voz, pero se le
estriñe en la garganta-. Sí, en servicios sociales te dan,
pero es que llega un momento en que pierdes la dignidad. Yo no sirvo
para estar pidiendo todo el día. Te cronificas, y yo no me quiero
cronificar».
Jesús
Ruiz tiene un tono de voz más sereno, como de locutor nocturno, pero
también modula el gesto y le añade severidad al discurso cuando
trata según qué temas: «No podemos permitir que haya gente
que pase una cuarta parte de su vida viviendo gracias al
asistencialismo. Es indigno. No es fácil venir aquí a desayunar o
meterte en una ducha de estas. La mano que da está siempre encima de
la que recibe».
SUBIR
EL SALARIO MÍNIMO
Ante
esta situación, el director del centro de acogida lo tiene
claro: «Hay que subir el salario mínimo [poco más de 700
euros en España, el doble en Francia] y establecer una renta
mínima de ciudadanía para que la gente pueda ser autónoma». Si
eso pasase, Ruiz asegura que entidades como la suya solo tendrían
que asistir a las personas con problemas añadidos, «como una
edad avanzada, enfermedades mentales o adicciones».
Buena
parte de los que no tienen para comer como se debe, tampoco tienen
para pagar facturas. O para el alquiler. La pobreza alimentaria no es
más que otra manifestación de una pobreza general. Carlos
Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) insiste en que no hay que hacer «parcelas de
pobreza» y recuerda que la gente que acude a la PAH deja de
gastar en comida lo que debería para poder pagar el alquiler o la
hipoteca. María Campuzano, portavoz de la Alianza contra
la Pobreza Energética (APE), recuerda que cuando a alguien le cortan
el agua, el gas, o la luz (o las tres cosas), «ya no puede
cocinar en su casa, de manera que no se alimenta correctamente».
Cristina
Basols, responsable de programas de inclusión social y pobreza
de Cruz Roja Catalunya, denuncia que no hay en España
normativa legal alguna que prevenga, controle o revierta la pobreza
alimentaria: «La alimentación es un derecho, pero no se practica.
No hay un sistema detrás que la garantice».
En
2014, el Observatorio DESC publicó el Informe Sobre el
Derecho a la Alimentación en Catalunya. En él, medían los impactos
de la pobreza alimentaria en dos distritos de Barcelona, Nou Barris y
Ciutat Vella. El estudio recogía el testimonio de Carlos
Losana, pediatra en un CAP de Ciutat Vella: «Diversas personas han
venido a pedir leches especiales para niños enfermos que pueden ir
con receta, ya que no tienen recursos para comprar leche de bote».
GASTO
SOCIAL BAJO
En
‘Estudios Económicos de la OCDE: España 2017’ se lee que el
gasto social es «especialmente bajo en la primera infancia, inferior
al promedio de la OCDE». En la primera infancia, –hasta los 12
años– afirma Basols, la falta de alimentos frescos en la dieta de
los niños se complementa con lo que comen en la escuela. Ella y su
equipo han llevado a cabo un proyecto de recuperación de cantinas en
institutos de toda Catalunya: «Medimos cómo afectaba la mala
alimentación de los adolescentes no solo en el terreno físico, sino
también en lo emocional. Había menos conflictividad si venían bien
alimentados», y advierte de que el rendimiento escolar se ve mermado
entre los que llegan a clase por la mañana sin haber cenado ni
desayunado.
Las
personas en situación de pobreza sufren generalmente malnutrición,
ya que tienden a basar la alimentación en productos de bajo coste
que contienen muchas calorías y grasas y pocos nutrientes. No ayuda
que, durante mucho tiempo, tal como sostiene Cristina Basols, la
comida repartida por entidades y servicios sociales «se basaba en
productos secos», es decir, ni fruta, ni verdura, ni proteína
animal, mucho más difícil y costosa de conservar en buen estado.
Desde
el Banco de Alimentos, Eduard Arruga explica que el objetivo de la
fundación que preside es aprovechar al máximo el excedente de
alimentos repartiendo comida «suficiente, segura y saludable». La
dificultad de conservar y distribuir proteína animal la suplen
repartiendo carne y pescado en conserva.
Durante
la adolescencia se adquieren los hábitos de una vida saludable.
Condenar a miles de adolescentes a la malnutrición puede causar que
en el futuro se disparen las intolerancias alimentarias, alergias o
diabetes. Pero más allá, explica Basols, está el hecho de que los
padres sufren mucha presión al cargar el peso de las deudas, al no
saber si llegarán a final de mes: «Todo eso tiene un impacto en la
salud mental de los adultos y, obviamente, en la de sus hijos»,
sostiene Cristina Basols, desde Cruz Roja.
150
KILOS DE DESPERDICIOS POR HABITANTE
Según
la FAO, un tercio de los alimentos que se producen al año a nivel
mundial acaba en la basura. Para el activista contra el desperdicio
de alimentos Manel Bruscas «es kafkiano» que haya comida
suficiente, y a la vez gente que pase hambre. En España, explica, se
desperdician nueve millones de toneladas al año (el Ministerio
de Agricultura habla de 7,7 millones de toneladas), más de 150
kg. por habitante. Según sus cálculos, casi un tercio del total de
lo que de verdad se desperdicia. Otro tercio respondería a escuelas,
hospitales y al sector de la restauración. El tercero, calcula
Bruscas, es responsabilidad de la cadena de distribución de
alimentos: «El agricultor ha de tirar los productos que no son
atractivos estéticamente, porque el distribuidor no se lo compra».
FACUA publicó
a finales de 2014 una encuesta a 28 supermercados y solo nueve
respondieron a qué hacían con los alimentos que no vendían. La
mayoría ocultó si llevaba a cabo políticas sociales corporativas
para donar alimentos o si, en su lugar, los tiraba a la basura. «La
Comisión Europea dice que es un 5% del total, pero es imposible. El
porcentaje debe de llegar al 30%». Para hacer ese cálculo, Bruscas
se basa en los datos extraídos de uno de los primeros supermercados
en publicar las cifras de la comida que despilfarra, Tesco, en
el Reino Unido: «Si eso es lo que tiran ellos, no tengo por qué
pensar que aquí tiramos menos». Lo cierto es que en Francia hace un
año que es ilegal que los supermercados tiren comida; mientras al
sur de los Pirineos los contenedores de basura se nos llenan de
alimentos deperdiciados noche tras noche. Eso sí, la OCDE pronostica
para España un crecimiento del 2% en 2017 y 2018.
TEXTOS:
GERARDO SANTOS / FOTOS: ARIANNA GIMÉNEZ BELTRÁN
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