26 de marzo de 2017
Germán Saltrón Negretti
Para
rescatar la memoria histórica venezolana y crear precedente
importante, y lograr que no se repitan hechos similares en el futuro
en la República Bolivariana de Venezuela, en el año 2011, se
promulgó la Ley Para Sancionar Los Crímenes, Desapariciones,
Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones
Políticas durante el periodo 1958-1998, publicada Gaceta Oficial
39.808, del 25-11-2011. La labor fue iniciada por el Ministerio
Público, presidida por la Fiscal Luisa Ortega Díaz, creándose una
Comisión por la Justicia y la Verdad por ella presidida, con 19
miembros principales, 14 suplentes, 9 asesores, 1 secretario. Un
equipo técnico de 21 personas, 9 fiscales de criminalística y
colaboradores en varios estados del país, realizando una
investigación técnica y científica durante cuatro años.
Durante
cuarenta años en Venezuela fue violada la Constitución de 1961, y
se aplicó un terrorismo de Estado. Formaban parte del Estado los
partidos Acción Democrática y Copei. Con una hábil política de
engaño y de manipulación de la opinión pública, apoyada por el
gobierno de los Estados Unidos ocultaron al país y a todos los
países la verdad de lo ocurrido. El gobierno estadounidense aplicó
en America Latina, la doctrina de la Seguridad Nacional. Para tales
fines fundó la nefasta Escuela de las Americas que funcionaba dentro
del canal de Panamá, donde se entrenaron miles de oficiales de todo
el continente americano, siendo el enemigo a enfrentar las ideas
comunistas de los partidos políticos y movimientos sociales. Se
comenzó aplicar en America Latina la figura siniestra de la
desaparición forzada de personas en el año 1960, en la región tuvo
sus primeras manifestaciones en Venezuela y posteriormente en
naciones de America Latina, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y
algunas naciones centroamericanas.
Donde
la tortura y el asesinato de los dirigentes políticos fue algo
rutinario. Violaciones que todavía continúan realizando en America
Latina en algunos países de la región. La investigación realizada
por la Comisión de la Verdad y la Justicia en Venezuela ha
evidenciado un total de 10.071 víctimas, 459 corresponden a
desapariciones forzadas de personas, con 283 identificadas y 176 sin
identificar y 1.425 personas asesinadas. Detenciones arbitrarias
8.200. Se efectuaron 36 exhumaciones para las correctas autopsias de
ley, y determinar las causas reales de los decesos. Para realizar
algunas investigaciones fue necesario solicitarle al Tribunal Supremo
de Justicia 21 solicitudes de revisión constitucional y un número
similares de revisiones de sentencias, todas relacionadas con las
violaciones de los derechos humanos. Fueron recibidas más de 1.500
denuncias de violaciones de los derechos humanos.
Todas
las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas fueron
debidamente verificadas, analizadas y digitalizadas, permitiendo
conocer la verdad sobre todas las violaciones de derechos humanos. El
tiempo transcurrido fue entre 20 y 50 años, resultando ser el
obstáculo a vencer para dar con la verdad de los hechos denunciados
por las víctimas indirectas. Fue necesario conformar equipos de
trabajo multidisciplinarios entre fiscales de protección de derechos
fundamentales, expertos forenses y criminalistas del Ministerio
Público. Según documentos y testimonios fueron creados en el
territorio venezolano cinco teatros de operaciones
antiguerrilleras.TO1 Cabure, Falcón. TO2 Cachipo, Monagas. TO3 El
Tocuyo, Lara. TO4, Cocollar Sucre. TO5, Yaracuy. Eran campos
improvisados al margen de la ley, donde se tenían secuestradas a las
personas, se torturaban y asesinaban.
El
Ministerio Publico continuará realizando todas las diligencias
necesarias, con el fin de lograr las sanciones correspondientes para
reivindicar las víctimas. Todas estas acciones institucionales, son
fruto de un modelo de justicia penal que protege a las víctimas de
las graves violaciones a los derechos humanos, expresando con ello un
claro compromiso con el futuro, evitando que estos hechos vuelvan a
repetirse.
Con
la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, ha
quedado derogada la aplicación de la jurisdicción militar penal a
los civiles y el irrespeto al derecho internacional de los derechos
humanos. La entrega de este informe histórico se realizó el pasado
viernes 24/03/2017, en un acto emotivo y concurrido por los
venezolanos que participamos en esas luchas sociales, época de la
siniestra de la IV República, donde el Presidente Rómulo Betancourt
aplicó la consigna de disparar primero y averiguar después. Sólo
falta que el gobierno nacional haga justicia también, con los
familiares directo de las víctimas y se le asigne una pensión para
indemnizar en parte su lucha por la democracia en Venezuela. La
lectura de este histórico informe por parte de los venezolanos es
imprescindible, puede lograrlo por la página
www.comisionporlaverdad.org.ve.
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