20 de marzo de 2017
Crédito: alai
Agencia Latinoamericana de Información
Misión Verdad
Agencia Latinoamericana de Información
Misión Verdad
Son
estas preguntas claves frente a la escaramuza de poderes y conflicto
político que ha recrudecido en Venezuela y que ha sido planteado a
partir de un dictamen del 29 de marzo del Tribunal Supremo de
Justicia, que asume de manera accidental y eventual funciones del
parlamento venezolano, hoy en desacato y en situación de nulidad en
sus actos administrativos.
¿Hubo
autogolpe?
No.
Para empezar, que el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia asume
la situación actual de desacato de la Asamblea Nacional venezolana,
al no resolver la situación de 3 mal llamados diputados de Amazonas,
cuya juramentación fue espuria por haber sido impugnada ante el ente
electoral venezolano. Aunque el TSJ declara los "constantes"
actos de desacato del parlamento y su actitud contraria a la
institucionalidad señalada en la Constitución por desconocimiento
del Poder Judicial, no desconoce la existencia del mismo ni los
cargos de quienes (sin impugnaciones) lo integran y cuentan con su
nombramiento.
En
esencia, el
dictamen del TSJ mantiene el espíritu de dictámenes
anteriores, donde se conminó repetidamente al parlamento a desistir
de su posición de desacato, ya que el TSJ declara que asumirá
funciones del parlamento "hasta la superación del desacato"
del parlamento. Lo que constituye una situación de "golpe de
Estado" es el desplazamiento de un factor político,
desmembrándolo. No hay golpe de Estado cuando ese factor político
puede, por vías legales e institucionales, volver a funciones, como
efectivamente podría hacer la Asamblea Nacional si decide volver al
ruedo institucional superando su desacato. Un golpe de Estado
desconocería esa posibilidad que aún tiene el parlamento.
¿Se
disolvió a la Asamblea Nacional?
Definitivamente
no. De hecho, la Asamblea Nacional podría volver a funciones en sólo
unos días si tan sólo Henry Ramos Allup y la directiva electa en
enero de 2016 deciden desincorporar a los "diputados" de
Amazonas y luego colocar a Julio Borges en la presidencia del
parlamento. La directiva de Ramos Allup ha sido la única electa en
situación de acato constitucional. No es el caso de la directiva de
Julio Borges. Visto así, todos los actos de la directiva de Borges
son nulos.
Recordemos
que en el mes de enero, luego del diálogo con el chavismo, la AN
aceptó retirar a los diputados de Amazonas. Aún estando en
desacato, nombraron a Borges y retiraron a los diputados de Amazonas.
Ese acto es nulo. El TSJ conminó al parlamento a cumplir con el
mecanismo de manera jurídicamente correcta, pero se rehusaron e
intempestivamente se retiraron del diálogo trancando el juego
político.
Una
Asamblea Nacional en condiciones y con garantías de volver a
funciones, no es una Asamblea disuelta.
¿Por
qué asume funciones el TSJ?
El
TSJ, al igual que todos los poderes públicos, está en la obligación
de resguardar el hecho constitucional, el hecho institucional y en
definitiva proteger a la sociedad de todo tipo de conmociones. Es
decir, se trata de la protección del "pacto social"
venezolano.
Dada
la situación de estancamiento del parlamento autoanulado y en
desacato, se cierne sobre el hecho político la ausencia intermitente
de uno de los poderes del Estado. Situación que ya lleva más de un
año. Esto implica un espacio vacío del Estado, la ausencia de un
poder, situación que pone en desequilibrio y vulnerabilidad
institucional al Estado. En los hechos la MUD ha usado el parlamento
para embestir al Estado todo, al poder Ejecutivo y a los demás
poderes públicos y esta afrenta pone en peligro las instituciones
todas y significa una vulneración del Estado de Derecho. Ante esto,
el TSJ se ha pronunciado.
El
propósito es sostener el funcionamiento del Estado, de manera
accidental, eventual, mientras los factores políticos que son
mayoría en el parlamento deciden superar su actual situación cuyo
nombre jurídico exacto es "Omisión Inconstitucional
Parlamentaria", según la interpretación del TSJ de la
Constitución.
Se
recrudece el ciclo de confrontación en los frentes interno y externo
en Venezuela
Hay
que insistir en que esta será una situación que persistirá en la
medida en que los factores de la MUD en el parlamento lo decidan. El
TSJ es claro y afirma en el numeral 4to de su dictamen: "Mientras
persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones
de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional garantizará que las
competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala
o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de
Derecho".
¿Hay
un evento económico que detonó el asunto?
El
chavismo ha denunciado que el parlamento en manos de la MUD ha
elevado exponencialmente los enfrentamientos políticos nacionales,
ahora choques de poderes. Se ha producido una escalada sin
precedentes que para el chavismo y el Gobierno venezolano se traducen
en "intentos de paralización del Estado y del país". El
chavismo denuncia también que el parlamento es parte de un boicot
institucional para profundizar otras situaciones de boicot económico,
cuestiones que han dado la única victoria parlamentaria a la derecha
venezolana en 18 años. No es temeraria ni exagerada esa afirmación.
Veamos.
El
dictamen del TSJ es consecuencia de una consulta realizada por el
Ejecutivo venezolano por medio de la empresa y corazón de la
economía venezolana, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), quienes están
en la obligación de someter al parlamento conformar "empresas
mixtas" o consorcios, para interactuar financieramente con
empresas inversionistas en los desarrollos petroleros de Venezuela.
Pdvsa, ante la situación del parlamento, sometió a consideración
del TSJ una vía para poder conformar nuevas empresas mixtas y atraer
nuevas inversiones.
El
TSJ respondió en el numeral 1ero de su dictamen lo siguiente: "Sobre
la base de la omisión inconstitucional declarada (del parlamento),
declaró (la Sala Constitucional del TSJ) que no existe impedimento
para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el
espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, debiendo informarle a la Sala Constitucional de todas
las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones.
Así como también cualquier modificación posterior de las
condiciones deberá ser informada a la Sala". Ese es el meollo.
Esa es la única función que el TSJ asume y que aparece
explícitamente señalada en su dictamen.
Esto
significa que el TSJ sólo debe ser notificado de las asociaciones de
Pdvsa para que el TSJ vele por el cumplimiento de la actual Ley de
Hidrocarburos, y nada más. Autorizan al Presidente a continuar
llevando la dirección económica en el marco del "Estado de
Excepción y Emergencia Económica" vigente para continuar en la
labor de tomar las acciones pertinentes para superar la situación
económica actual.
¿Cuál
es la apuesta de los enemigos del chavismo dentro y fuera de
Venezuela?
Nadie
debe poner en duda que Pdvsa y Venezuela requieren un aumento del
flujo de la inversión extranjera, más todavía si tiene lugar en
las áreas vitales y sensibles a la economía nacional, como es el
caso de los desarrollos petroleros nacionales y el proyecto petrolero
más grande del mundo: la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez.
¿Cuál es la apuesta del parlamento al intentar boicotear esto?
¿Acaso apuesta al recrudecimiento de la situación económica
venezolana? Debemos preguntarnos.
La
reacción desproporcionada de la derecha en Venezuela y en el
extranjero, al declarar un "golpe de Estado" y una
"disolución del parlamento" se inscribe en la trama de
caotización e injerencismo que auspicia el antichavismo dentro y
fuera de Venezuela respectivamente. Ocurre justo ahora, una
aceleración de los eventos y una intoxicación política
desproporcionada en varios frentes en simultáneo.
Estados
Unidos y otros países obedientes a su agenda exterior mueven fichas
y reaccionan, desconociendo el apego a la legalidad del TSJ
venezolano. Y esto es un asunto de cuidado. A sólo horas del
dictamen del TSJ, el Secretario General de la OEA Luis Almagro, ha
convocado a una nueva "reunión de urgencia" del
Consejo Permanente de esa organización para decretar a Venezuela
como Estado forajido. Se recrudece con esto el ciclo de
confrontación. Tal parece que las acciones de boicot a Venezuela
recrudecen de maneras cada vez más consistentes, y a la vez
insólitas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario