11 de abril de 2017
Hace
15 años, específicamente el 11 de abril de 2002, la derecha
venezolana desató una serie de enfrentamientos para exigir la
renuncia del Presidente Constitucional Hugo Chávez, e ir en contra
de los decretos dictados para el fortalecimiento del pueblo.
Un
sector de la cúpula empresarial y comercial se reveló y comenzó a
caldear las calles del país, oponiéndose frontalmente contra un
paquete de 49 leyes promulgadas mediante una ley habilitante creada
por el Presidente, entre las que se encontraban la Ley de Tierras,
que facilitaba la lucha en contra del latifundio, así como la Ley de
Hidrocarburos que permitía el ejercicio de la soberanía en la
actividad petrolera, entre otras.
El 13 de noviembre de
2001 circuló en Venezuela la Gaceta Oficial No. 37.076, en la que se
decretaron 49 leyes con las que el líder de la Revolución
Bolivariana, Hugo Chávez, continuaría profundizando un modelo
democrático, de inclusión, justicia social y desarrollo
nacional.
Impulsado por la necesidad de otorgarle poder al
pueblo venezolano y hacerlo protagonista del rumbo de la patria,
Chávez mediante su segunda Ley Habilitante fortaleció el ámbito
financiero, económico, social, de infraestructura, transporte,
seguridad ciudadana, ciencia y tecnología del país.
En
ese entonces el Primer Mandatario en cadena nacional también tomaría
acciones para buscar la meritocracia en Petróleos de Venezuela “los
méritos son una cosa y la manipulación de esa élite para adueñarse
de una empresa que es de todos nosotros, es otra cosa”
sentenció.
Por lo tanto anunció la remoción de cargos
en la directiva de PDVSA, desencadenando así una serie de hechos
violentos comandados por la naturaleza fascista y sectores
antidemocráticos para atacar el sistema que favorecía a todo el
pueblo venezolano.
De esta forma, el 6 de marzo la Central
de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras),
representadas por Carlos Ortega y Carmona Estanga, firman un
documento titulado "bases para un acuerdo democrático",
con la mediación de Luis Ugalde, rector de la Universidad Católica
Andrés Bello; en el que exigían al gobierno cambiar su gabinete
económico, y que abandonara el sectarismo político.
El
presidente Chávez se negó a las exigencias de los empresarios,
sindicatos y partidos de oposición de retirar el paquete
legislativo, por lo que crearon alianzas fácticas para confabular un
paro indefinido el 9 de abril, que dos días más tarde se
convertiría en Golpe de Estado.
Entre las
conspiraciones, se encontraban la jerarquía eclesiástica,
empresarios y dueños de comercios, así como la burguesía agraria,
quienes vieron en riesgo sus privilegios de clase dominante dueña de
las tierras del país y la renta proveniente de las enormes riquezas
petroleras.
La gesta conspiratoria de los medios
privados
Los medios de comunicación privados asumieron en
abril de 2002 el papel de los partidos políticos de la derecha y
dirigieron el golpe de estado hace 15 años, anunciando la caída del
Comandante Chávez con grandes titulares, impulsados además por
medios extranjeros.
De esta forma jugaron un rol
determinante antes, durante y después de la acción
anticonstitucional, al crear una ola de violencia y de
desinformación, con la que se montó una matriz mediática
internacional contra el Gobierno del Presidente, acusándolo de
represor y violador de los derechos humanos de la población.
Con
ese eje central de informaciones tergiversadas buscaron articular
acciones en contra del gobierno con una persecución social por parte
de medios privados como Unión Radio, RCR, El Nacional, El Universal,
El Nuevo País, Venevisión, RCTV, Televén y Globovisión.
Las
empresas de comunicación gestaron por medio de entrevistas
planificadas, la vocería oficial que ejecutó el golpe de Estado,
donde un grupo de militares como el Vicealmirante Héctor Ramírez
Pérez, el General de División Efraín Vásquez Velasco, General de
Brigada Pedro Pereira Olivares y el Contralmirante Daniel Comisso
Urdaneta harían lo posible para que se atentara contra el
pueblo.
En este sentido, ese día se vería una de las
acciones más nefastas durante el fallido golpe, por el periódico
“El Nacional”, que exhortó irresponsablemente al pueblo a una
“Batalla Final” en su edición N° 21.050, bajo la consigna “ni
un paso atrás”.
Ese día los partidarios de la
oposición convocaron una protesta en Chuao, donde el Contralmirante
retirado Molina Tamayo, haría un llamado para que la derecha
apátrida se dirigiera a las inmediaciones de Miraflores, con el
objetivo de encontrarse con la manifestación popular que llevaba
tres días en los alrededores del palacio en apoyo al proceso de
cambio y en rechazo al paro cívico comandado por la patronal
Fedecámaras y la CTV.
Advertidos por la Alcaldía Mayor,
tenían conocimiento que el paso era hasta Chuao, pero el
contralmirante decidió romper con los cordones de la Policía
Metropolitana, la cual no mostró mayor resistencia, permitiendo el
curso de un rumbo sangriento escudado bajo la consigna “Ni un paso
atrás”.
De este modo, se produjeron los primeros hechos
de violencia con disparos a dos manifestantes a quemarropa, y con las
pretensiones de callar lo que había pasado entre sus manifestantes,
los medios privados omitieron los hechos.
Luego de que se
avistaran las pugnas, a las 4:01 pm se iniciaron abiertamente los
disparos al mando del comisario Iván Simonovis, Lázaro Forero y
Henry Vivas hacia Puente Llaguno.
El mayor número de
heridos se produjo en la avenida Baralt: 51 casos en total; 20 de
estas víctimas se registraron entre las esquinas de Llaguno y
Piñango y en la parte norte de la avenida, donde se concentraban los
afectos al gobierno. En la parte sur, donde se ubicaban las personas
provenientes de Chuao, se registraron 16 personas entre heridos y
lesionados. Estos hechos ocurrieron entre la 1:30 de la tarde y las
9:00 de la noche aproximadamente.
En un informe la
Defensoría del Pueblo, sobre los sucesos del 11 de Abril de 2002,
indica que hay una diferencia de tres puntos álgidos de
confrontación, que involucran la actuación de civiles y cuerpos de
seguridad del Estado, así como la acción de tiradores encubiertos o
francotiradores como ocurrió en el cuarto punto, cerca del Palacio
de Miraflores, donde no hubo enfrentamientos, pero se registraron
tres víctimas fatales.
El 11-A hubo un golpe a la
esperanza del pueblo bolivariano por varias horas, en las que se
vería atacado por Fedecámaras, CTV, medios de comunicación
privados, trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en
coalición con la Coordinadora Democrática, así como la jerarquía
de la iglesia eclesiástica, que confabularon en el intento de
derrocamiento del Presidente Hugo Chávez.
Se
cumplen 15 años de estos hechos.
Prohibido olvidar!
Documental
"Puente Llaguno Claves de una Masacre"
Video fuente:
ItaliaCubaNazionale
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