lunes, 10 de abril de 2017

Pisar el acelerador, forzar el golpe. Un nuevo ensayo de revolución de color

05 de abril de 2017
Crédito: alai
Agencia Latinoamericana de Información 
Misión Verdad


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Ya en este punto del conflicto no queda espacio para las dudas de cómo se organiza, diseña y ejecuta la agenda del golpe contra Venezuela. Tampoco hay tiempo para cuidar las formas. Si algo develan los hechos violentos suscitados el día de ayer 4 de abril en la avenida Libertador y la autopista Francisco Fajardo de Caracas, es que los actores del golpe a lo interno aguardaban ansiosos el empuje de la OEA. La resolución aprobada por 17 países de la OEA el 3 de abril fue el pitazo de salida para intentar abrir un nuevo ciclo de violencia y confrontación en la calle, peligrosamente parecido al que iniciara en febrero de 2014.

La brújula de esta secuencia señala al Norte
La secuencia de acciones que posibilitaron los eventos violentos del 4 de abril tiene su punto de origen en Washington, sede de la OEA, un día antes.

La estrategia de choque institucional ejecutada por Estados Unidos y sus peones en el tablero de la OEA fue replicado rápidamente por los dirigentes antichavistas, quienes utilizaron la amenaza de destituir ilegalmente a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como convocatoria central de la marcha, bajo la narrativa general del golpe de Estado contra la Asamblea Nacional (AN).

La extorsión política aplicada a Venezuela no está detrás de la cortina, sino al frente

La maquinaria del golpe contra Venezuela tiene en su médula la estrategia de choque contra todo viso de legalidad nacional e internacional que no la favorezca, ubicando a sus operadores en el terreno a afiliarse sí o sí a la misma trama desde sus activos políticos e institucionales, en parte para evitar el desgaste de la narrativa del "golpe de Estado" contra la AN (que requeriría según ese cálculo una respuesta del mismo calado), en parte para producir un punto de inflexión que vaya profundizando el desconocimiento de todo mecanismo de interlocución entre distintos poderes del Estado y fuerzas políticas en el corto plazo. Trancar el juego para no negar resolverlo políticamente a través del diálogo.

Pues calibrar el frente interno a la narrativa rupturista y confrontativa que contra el Estado venezolano se ha venido alimentando desde la OEA, viene a cumplir con el propósito de posicionar a la AN como el único factor de medición (y de extorsión política) para validar o negar a la permanencia de Venezuela dentro del sistema interamericano dominado por la élite financiera de Estados Unidos.

Básicamente que sea causa de su cerco y aislamiento diplomático (por ahora) la resistencia a no dinamitar el Estado venezolano, ante la exigencia de la OEA y por razón lógica de sus aliados internos para que sea reconocido un poder en desacato (por sus propias acciones) y que varias veces ha intentado derrocar al presidente Nicolás Maduro. Se propone como única opción válida que la institucionalidad venezolana se dé un tiro en la cabeza para ingresar eficazmente como un cadáver más al cementerio de la OEA, una especie de trueque para ser reconocido y nuevamente bienvenido a los esquemas de la institucionalidad gringa. Y detrás de toda estrategia, así como en las líneas de financiamiento que a través de ONGs terminan en el antichavismo, está el Departamento de Estado de EEUU, que nuevamente pone todos sus recursos políticos y financieros para intentar otro ensayo de revolución de color en Venezuela. 

Cumpliendo con su papel de operador dentro del organigrama de la intervención, la AN ha anunciado que destituirá este miércoles 5 de abril a los magistrados del TSJ, mostrando a su vez el desespero por poner todos sus activos institucionales en el compás del golpe. Con esto buscarán agudizar el cuadro de asedio y tensión a lo interno, para ajustarse al paso dado por la OEA. 

La marcha empezó a no ser pacífica desde su convocatoria

El márketing de la convocatoria realizado principalmente por Voluntad Popular y Primero Justicia dibujaba distintas imágenes pero con un único enfoque: "manifestantes pacíficos" intentando romper los cercos policiales que ellos sabían que estarían apostados en la ruta de su movilización.

La promesa la cumplieron: decenas de agitadores violentos comenzaron a asediar a los cuerpos policiales en la avenida Libertador (y después en la autopista Francisco Fajardo), buscando iniciar la confrontación.

Al momento en que los efectivos policiales iniciaron los procedimientos normales para contener la situación, individuos preparados con máscaras antigases, objetos contundentes y guantes para repeler bombas lacrimógenas, entrenados en colocación de barricadas y en improvisación de armamento artesanal, respondieron automáticamente, muy coordinados y organizados. 

Nunca existieron esos "manifestantes pacíficos" reseñados por la prensa internacional y local que actuaron de forma espontánea contra "la represión". Sí existió, en cambio, una actuación articulada y preparada de agitadores violentos que sabían a lo que iban ese día, con el debido respaldo de la dirigencia antichavista que nunca condenó sus acciones.

Entre algunos detalles a destacar de la jornada violenta: un efectivo de la GNB fue despojado de su armamento por los "manifestantes pacíficos"; 7 efectivos de la PNB heridos por estos actores violentos; escudos policiales fueron arrebatados; la principal arteria vial de Caracas fue trancada; tres paramilitares fueron capturados en Aragua en posesión de un lanzagranadas.


"Los colectivos" nos agreden: cuando no es sólo el márketing de la represión


Desde Lilian Tintori, pasando por Gaby Arellano, hasta la decena de medios y periodistas que cubrían los disturbios, se cartelizaron en posicionar la matriz de que "los colectivos chavistas" también participaron de la represión "disparando contra los manifestantes". Salta la duda que una manifestación que contó con una inmensa cobertura mediática, no haya mostrado ni una sola foto que evidenciara esta acusación. La periodista Madelein García demostró la falsedad de estas acusaciones a través de un video publicado en Instagram. Incluso la denuncia de que una persona había sido herida por un impacto de bala de un "colectivo" no ha sido corroborada hasta los momentos.

Estas acusaciones sin respaldo en la realidad nos remiten a una operación de bandera falsa que capitaneó Primero Justicia y Lilian en noviembre del año 2015, reseñada en su momento por Misión Verdad. En ese momento y en seguidilla, distintos actores políticos (Henrique Capriles, Miguel Pizarro, entre otros) vincularon a "los colectivos" con supuestas agresiones recibidas, nunca demostradas, bajo las cuales señalaban directamente a altos dirigentes del chavismo de haberlas preparado.

La criminalización y demonización ar la cual se somete a los colectivos, en este contexto específico, puede más bien dar cuenta de cómo operaciones de bandera falsa (perpetrar una agresión física contra dirigentes opositores, realizada por ellos mismos, para incriminar luego al chavismo) se pueden estar barajando entre el portafolio de opciones y posibilidades. Fabricar uno o varios hechos estremecedores contra dirigentes opositores para activar una escalada en las manifestaciones y aumentar la presión internacional en un momento en que Venezuela está en cartelera, es una ruta nada deleznable para sus objetivos inmediatos.

La sobreexplotación mediática de las principales figuras opositoras "agredidas" con gas pimienta y bombas lacrimógenas, consecuencias de la violencia generada por sus seguidores, podría estar indicando sus preparativos, más allá de que en el momento las imágenes fueron utilizadas para desviar la atención y las culpas de los hechos violentos hacia los cuerpos de seguridad.

La cuestión económica

La ampliación de los CLAP a más de 6 millones de familias y la inclusión de más de 8 millones de personas en el Plan del Carnet de la Patria, dan cuenta de la contención de los efectos de la guerra económica en los estratos más vulnerables, una medida que al igual que el diálogo político, según Hinterlaces, cuenta con una aprobación superior al 50%. Igualmente la reorganización de una parte importante del mapa económico venezolano evidencia que un importante sector empresarial (nacional y extranjero) marca un distanciamiento importante de los carteles económicos responsables de las agresiones económicas, Fedecámaras y Consecomercio.

Esto sucede en el marco de una estrategia de reordenamiento económico interno, donde también entra el nuevo Dicom y las alianzas público-privadas en áreas estratégicas de la economía nacional al finalizar la Expo Venezuela Potencia 2017, con miras al mercado financiero internacional en términos de atracción de inversiones en el marco de un nuevo marco regulatorio. 

La entrada de Venezuela al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (importante proyecto geoeconómico del bloque de poder mundial anti-Washington) y el último reporte del banco Barclays sobre las altas probabilidades de que Venezuela no caiga en default en abril, son datos importantes sobre cómo estas medidas están repercutiendo positivamente en el mercado financiero internacional y cómo el país expande sus alianzas para superar el bloqueo impuesto desde Estados Unidos.

Este escenario de recuperación económica y política, que incide positivamente en el aumento en la aceptación del presidente Nicolás Maduro según encuestadoras privadas, impone una presión para pisar el acelerador del golpe, antes de que se consolide la recuperación. Usando a la AN como recurso interno para ilegalizar inversiones y al Departamento del Tesoro para sostener la persecución, en el marco de una pugna geopolítica entre grandes bloques de poder donde se encuentra Venezuela. La agenda del golpe también por contener geopolíticamente a Venezuela, que es lo mismo que contener geopolíticamente a los adversarios directos de la élite financiera occidental.

Intentar forzar el golpe por la vía de la confrontación violenta y el asedio extranjero es una reacción dirigida a revertir todas estas medidas, esperando el momento preciso para arreciar el bloqueo financiero y así impedir que se consolide la recuperación económica. Con ello buscan extremar las dificultades de la población y en consecuencia la presión política y social con el cálculo de que por esa vía habrá un nocaut fulminante contra el chavismo, o al menos tomarán una ventaja imposible de voltear. El objetivo de esta guerra sigue y seguirá siendo la población.

Revolución de color y la necesidad de que el frente interno no se quede rezagado

Revolución de color es el nombre del método bajo el cual Estados Unidos y la OTAN (a través de sus medios, políticos y ONGs) ejecutaron sendos golpes de Estado y preparativos de intervención extranjera en países como Serbia, Georgia, Siria, Egipto, Túnez y Ucrania; países destrozados y fragmentados al extremo luego de estas terribles experiencias. La doctrina y marco operativo de una revolución de color plantea que el gobierno a ser derrocado debe ser debilitado y aislado en el ámbito internacional, estremecido en su orden interno a través de manifestaciones violentas (que luego serán presentadas por los medios como pacíficas), debe ser demonizado y criminalizado por los medios internacionales, atacado en sus puntos débiles económicos, políticos y financieros, caotizado a tal punto que no le quede otra opción que soltar el poder.

En este sentido, con respecto a Venezuela ya han dado par de pasos en el primer punto (intentar debilitar internacionalmente al gobierno a derrocar) y por la vía de los medios se prepara una nueva inyección de manipulaciones al expediente de criminalización contra Venezuela (otro de los puntos claves). Ambos son necesarios, y vienen dándose en paralelo, para estimular directamente protestas violentas que aumenten la intensidad del conflicto hasta su punto de quiebre. No producto de la casualidad, grandes corporaciones mediáticas como El País, ABC, The Washington Post, Reuters, AFP, AP, entre otros medios de gran audiencia en inglés y en español, reseñaron las protestas en Venezuela como si se estuvieran refiriendo a un Estado forajido. Actuando como si fueran la oficina de propaganda del Departamento de Estado de EEUU, la agencia que pone sus recursos blandos (las ONGs) y diplomáticos (extorsión financiera a países del Caribe en la OEA) a disposición de este nuevo ciclo de golpe contra Venezuela. Aplicando una táctica de arropamiento de lo que sucede en la calle y en la arena internacional. Los verdaderos operadores políticos de primera línea del fondo de inversión de empresas y corporaciones en Venezuela.

Ya Venezuela vivió su propio y trágico experimento de este formato en 2014, con las consecuencias y dispositivos aplicados que ya todos conocemos. La necesidad de reeditar esa experiencia y a toda velocidad está marcada por la presión que impone el momento y su propia agenda. La OEA ya avanzó hasta donde pudo y para dar un próximo paso necesita que el frente interno haga valer la invitación que hace la resolución del 3 de abril de que Venezuela retorne al orden democrático. Esta estrategia debe avanzar rápido y debe ir escalando en el tiempo inmediato para acercarse al objetivo final de forzar un golpe de Estado contra Venezuela, aprovechando el tiempo limitado en el que Venezuela estará en vitrina. Su extensión depende de una torcedura real en el conflicto interno. El marco de inmunidad que establecen 17 países para la OEA no sólo abre el compás de tiempo sino el margen de respaldo diplomático a acciones violentas similares o mayores a las que se dieron el 4 de abril.

A pocos días de empezar el feriado de Semana Santa y que este se conecte con el feriado del miércoles siguiente, 19 de abril, se pisa el acelerador contra Venezuela. Una semana que tiende a descongestionar fuertemente la coyuntura y a relajar la tensión política. Que el conflicto venezolano se agudice antes de que llegue esa semana es la línea de tiempo que marca qué tanto están dispuestos a arriesgar o a esperar, y ellos no quieren (ni pueden) esperar. Los dueños de este plan le dicen que avancen y ellos son muy buenos empleados como para irrespetarlos.

Hasta los momentos los dirigentes políticos más resaltantes del antichavismo y Voluntad Popular (que desea capitalizar a totalidad el empuje de la OEA), mantienen una convocatoria para repetir situaciones el próximo día jueves 6, con el que plantean que estos disturbios vayan creciendo y agudizando sus desastres y daños humanos. Mientras tanto buscan calentar conatos de guarimbas en Mérida y otros estados del país, en el desesperado intento de proyectar una imagen falsa de que todo el país está inundado de violencia. Luis Almagro, por su parte, omitiendo olímpicamente los disturbios generados por la movilización, vuelve a empujar para que siga adelante la agenda que él encabeza junto a Voluntad Popular. Se juegan demasiado y demasiado rápido.

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