05 de abril de 2017
Crédito: alai
Agencia Latinoamericana de Información
Misión Verdad
Agencia Latinoamericana de Información
Misión Verdad
Ya
en este punto del conflicto no queda espacio para las dudas de cómo
se organiza, diseña y ejecuta la agenda del golpe contra Venezuela.
Tampoco hay tiempo para cuidar las formas. Si algo develan los hechos
violentos suscitados el día de ayer 4 de abril en la avenida
Libertador y la autopista Francisco Fajardo de Caracas, es que los
actores del golpe a lo interno aguardaban ansiosos el empuje de la
OEA. La resolución aprobada por 17 países de la OEA el 3 de abril
fue el pitazo de salida para intentar abrir un nuevo ciclo de
violencia y confrontación en la calle, peligrosamente parecido al
que iniciara en febrero de 2014.
La
brújula de esta secuencia señala al Norte
La
secuencia de acciones que posibilitaron los eventos violentos del 4
de abril tiene su punto de origen en Washington, sede de la OEA, un
día antes.
La
estrategia de choque institucional ejecutada por Estados Unidos y sus
peones en el tablero de la OEA fue replicado rápidamente por los
dirigentes antichavistas, quienes utilizaron la amenaza de destituir
ilegalmente a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
como convocatoria central de la marcha, bajo la narrativa general del
golpe de Estado contra la Asamblea Nacional (AN).
La
extorsión política aplicada a Venezuela no está detrás de la
cortina, sino al frente
La
maquinaria del golpe contra Venezuela tiene en su médula la
estrategia de choque contra todo viso de legalidad nacional e
internacional que no la favorezca, ubicando a sus operadores en el
terreno a afiliarse sí o sí a la misma trama desde sus activos
políticos e institucionales, en parte para evitar el desgaste de la
narrativa del "golpe de Estado" contra la AN (que
requeriría según ese cálculo una respuesta del mismo calado), en
parte para producir un punto de inflexión que vaya profundizando el
desconocimiento de todo mecanismo de interlocución entre distintos
poderes del Estado y fuerzas políticas en el corto plazo. Trancar el
juego para no negar resolverlo políticamente a través del diálogo.
Pues
calibrar el frente interno a la narrativa rupturista y confrontativa
que contra el Estado venezolano se ha venido alimentando desde la
OEA, viene a cumplir con
el propósito de posicionar a la AN como el único factor de
medición (y de extorsión política) para validar o negar a la
permanencia de Venezuela dentro del sistema interamericano dominado
por la élite financiera de Estados Unidos.
Básicamente
que sea causa de su cerco y aislamiento diplomático (por ahora) la
resistencia a no dinamitar el Estado venezolano, ante la exigencia de
la OEA y por razón lógica de sus aliados internos para que sea
reconocido un poder en desacato (por sus propias acciones) y que
varias veces ha intentado derrocar al presidente Nicolás Maduro. Se
propone como única opción válida que la institucionalidad
venezolana se dé un tiro en la cabeza para ingresar eficazmente como
un cadáver más al cementerio de la OEA, una especie de trueque para
ser reconocido y nuevamente bienvenido a los esquemas de la
institucionalidad gringa. Y detrás de toda estrategia, así como en
las líneas de financiamiento que a través de ONGs terminan en el
antichavismo, está el Departamento de Estado de EEUU, que nuevamente
pone todos sus recursos políticos y financieros para intentar otro
ensayo de revolución de color en Venezuela.
Cumpliendo
con su papel de operador dentro del organigrama de la intervención,
la AN ha anunciado que destituirá este miércoles 5 de abril a los
magistrados del TSJ, mostrando a su vez el desespero por poner todos
sus activos institucionales en el compás del golpe. Con esto
buscarán agudizar el cuadro de asedio y tensión a lo interno, para
ajustarse al paso dado por la OEA.
La
marcha empezó a no ser pacífica desde su convocatoria
El
márketing de la convocatoria realizado principalmente por Voluntad
Popular y Primero Justicia dibujaba distintas imágenes pero con un
único enfoque: "manifestantes pacíficos" intentando
romper los cercos policiales que ellos sabían que estarían
apostados en la ruta de su movilización.
La
promesa la cumplieron: decenas de agitadores violentos comenzaron a
asediar a los cuerpos policiales en la avenida Libertador (y después
en la autopista Francisco Fajardo), buscando iniciar la
confrontación.
Al
momento en que los efectivos policiales iniciaron los procedimientos
normales para contener la situación, individuos preparados con
máscaras antigases, objetos contundentes y guantes para repeler
bombas lacrimógenas, entrenados en colocación de barricadas y en
improvisación de armamento artesanal, respondieron automáticamente,
muy coordinados y organizados.
Nunca
existieron esos "manifestantes pacíficos" reseñados por
la prensa internacional y local que actuaron de forma espontánea
contra "la represión". Sí existió, en cambio, una
actuación articulada y preparada de agitadores violentos que sabían
a lo que iban ese día, con el debido respaldo de la dirigencia
antichavista que nunca condenó sus acciones.
Entre
algunos detalles a destacar de la jornada violenta: un efectivo de
la GNB
fue despojado de su armamento por los "manifestantes
pacíficos"; 7
efectivos de la PNB heridos por estos actores violentos;
escudos policiales fueron arrebatados; la principal arteria vial de
Caracas fue trancada; tres paramilitares fueron capturados en Aragua
en posesión de un lanzagranadas.
"Los
colectivos" nos agreden: cuando no es sólo el márketing de la
represión
Desde
Lilian Tintori, pasando por Gaby Arellano, hasta la decena de medios
y periodistas que cubrían los disturbios, se
cartelizaron en posicionar la matriz de que "los
colectivos chavistas" también participaron de la represión
"disparando contra los manifestantes". Salta la duda que
una manifestación que contó con una inmensa cobertura mediática,
no haya mostrado ni una sola foto que evidenciara esta acusación. La
periodista Madelein García demostró
la falsedad de estas acusaciones a través de un video
publicado en Instagram. Incluso la denuncia de que una persona había
sido herida por un impacto de bala de un "colectivo" no ha
sido corroborada hasta los momentos.
Estas
acusaciones sin respaldo en la realidad nos remiten a una operación
de bandera falsa que capitaneó Primero Justicia y Lilian en
noviembre del año 2015, reseñada
en su momento por Misión Verdad. En ese momento y
en seguidilla, distintos actores políticos (Henrique Capriles,
Miguel Pizarro, entre otros) vincularon a "los colectivos"
con supuestas agresiones recibidas, nunca demostradas, bajo las
cuales señalaban directamente a altos dirigentes del chavismo de
haberlas preparado.
La
criminalización y demonización ar la cual se somete a los
colectivos, en este contexto específico, puede más bien dar cuenta
de cómo operaciones de bandera falsa (perpetrar una agresión física
contra dirigentes opositores, realizada por ellos mismos, para
incriminar luego al chavismo) se pueden estar barajando entre el
portafolio de opciones y posibilidades. Fabricar uno o varios hechos
estremecedores contra dirigentes opositores para activar una escalada
en las manifestaciones y aumentar la presión internacional en un
momento en que Venezuela está en cartelera, es una ruta nada
deleznable para sus objetivos inmediatos.
La
sobreexplotación mediática de las principales figuras opositoras
"agredidas" con gas pimienta y bombas lacrimógenas,
consecuencias de la violencia generada por sus seguidores, podría
estar indicando sus preparativos, más allá de que en el momento las
imágenes fueron utilizadas para desviar la atención y las culpas de
los hechos violentos hacia los cuerpos de seguridad.
La
cuestión económica
La
ampliación de los CLAP a más de 6 millones de familias
y la
inclusión de más de 8 millones de personas en el Plan del
Carnet de la Patria, dan cuenta de la contención de los efectos de
la guerra económica en los estratos más vulnerables, una medida que
al igual que el diálogo político, según Hinterlaces, cuenta con
una aprobación superior al 50%. Igualmente la reorganización de una
parte importante del mapa económico venezolano evidencia que un
importante sector empresarial (nacional y extranjero) marca un
distanciamiento importante de los carteles económicos responsables
de las agresiones económicas, Fedecámaras y Consecomercio.
Esto
sucede en el marco de una estrategia de reordenamiento económico
interno, donde también entra el nuevo Dicom y las alianzas
público-privadas en áreas estratégicas de la economía nacional al
finalizar la Expo Venezuela Potencia 2017, con miras al mercado
financiero internacional en términos de atracción de inversiones en
el marco de un nuevo marco regulatorio.
La
entrada de Venezuela al Banco Asiático de Inversión e
Infraestructura (importante proyecto geoeconómico del bloque de
poder mundial anti-Washington) y el último reporte del banco
Barclays sobre las altas probabilidades de que Venezuela no caiga en
default en abril, son datos importantes sobre cómo estas medidas
están repercutiendo positivamente en el mercado financiero
internacional y cómo el país expande sus alianzas para superar el
bloqueo impuesto desde Estados Unidos.
Este
escenario de recuperación económica y política, que incide
positivamente en el aumento en la aceptación del presidente Nicolás
Maduro según
encuestadoras privadas, impone una presión para pisar el
acelerador del golpe, antes de que se consolide la recuperación.
Usando a la AN como recurso interno para ilegalizar inversiones y al
Departamento del Tesoro para sostener la persecución, en el marco de
una pugna geopolítica entre grandes bloques de poder donde se
encuentra Venezuela. La agenda del golpe también por contener
geopolíticamente a Venezuela, que es lo mismo que contener
geopolíticamente a los adversarios directos de la élite financiera
occidental.
Intentar
forzar el golpe por la vía de la confrontación violenta y el asedio
extranjero es una reacción dirigida a revertir todas estas medidas,
esperando el momento preciso para arreciar el bloqueo financiero y
así impedir que se consolide la recuperación económica. Con ello
buscan extremar las dificultades de la población y en consecuencia
la presión política y social con el cálculo de que por esa vía
habrá un nocaut fulminante contra el chavismo, o al menos tomarán
una ventaja imposible de voltear. El objetivo de esta guerra sigue y
seguirá siendo la población.
Revolución
de color y la necesidad de que el frente interno no se quede rezagado
Revolución
de color es el nombre del método bajo el cual Estados Unidos y la
OTAN (a través de sus medios, políticos y ONGs) ejecutaron sendos
golpes de Estado y preparativos de intervención extranjera en países
como Serbia, Georgia, Siria, Egipto, Túnez y Ucrania; países
destrozados y fragmentados al extremo luego de estas terribles
experiencias. La doctrina y marco operativo de una revolución de
color plantea que el gobierno a ser derrocado debe
ser debilitado y aislado en el ámbito internacional,
estremecido en su orden interno a través de manifestaciones
violentas (que luego serán presentadas por los medios como
pacíficas), debe ser demonizado y criminalizado por los medios
internacionales, atacado en sus puntos débiles económicos,
políticos y financieros, caotizado a tal punto que no le quede otra
opción que soltar el poder.
En
este sentido, con respecto a Venezuela ya han dado par de pasos en el
primer punto (intentar debilitar internacionalmente al gobierno a
derrocar) y por la vía de los medios se prepara una nueva inyección
de manipulaciones al expediente de criminalización contra Venezuela
(otro de los puntos claves). Ambos son necesarios, y vienen dándose
en paralelo, para estimular directamente protestas violentas que
aumenten la intensidad del conflicto hasta su punto de quiebre. No
producto de la casualidad, grandes corporaciones mediáticas como El
País, ABC, The Washington Post, Reuters, AFP, AP, entre
otros medios de gran audiencia en inglés y en español,
reseñaron las protestas en Venezuela como si se estuvieran
refiriendo a un Estado forajido. Actuando como si fueran la oficina
de propaganda del Departamento de Estado de EEUU, la agencia que pone
sus recursos blandos (las ONGs) y diplomáticos (extorsión
financiera a países del Caribe en la OEA) a disposición de este
nuevo ciclo de golpe contra Venezuela. Aplicando una táctica de
arropamiento de lo que sucede en la calle y en la arena
internacional. Los verdaderos operadores políticos de primera línea
del fondo de inversión de empresas y corporaciones en Venezuela.
Ya
Venezuela vivió su propio y trágico experimento de este formato en
2014, con las consecuencias y dispositivos aplicados que ya todos
conocemos. La necesidad de reeditar esa experiencia y a toda
velocidad está marcada por la presión que impone el momento y su
propia agenda. La OEA ya avanzó hasta donde pudo y para dar un
próximo paso necesita que el frente interno haga valer la invitación
que hace la resolución del 3 de abril de que Venezuela retorne al
orden democrático. Esta estrategia debe avanzar rápido y debe ir
escalando en el tiempo inmediato para acercarse al objetivo final de
forzar un golpe de Estado contra Venezuela, aprovechando el tiempo
limitado en el que Venezuela estará en vitrina. Su extensión
depende de una torcedura real en el conflicto interno. El marco de
inmunidad que establecen 17 países para la OEA no sólo abre el
compás de tiempo sino el margen de respaldo diplomático a acciones
violentas similares o mayores a las que se dieron el 4 de abril.
A
pocos días de empezar el feriado de Semana Santa y que este se
conecte con el feriado del miércoles siguiente, 19 de abril, se pisa
el acelerador contra Venezuela. Una semana que tiende a
descongestionar fuertemente la coyuntura y a relajar la tensión
política. Que el conflicto venezolano se agudice antes de que llegue
esa semana es la línea de tiempo que marca qué tanto están
dispuestos a arriesgar o a esperar, y ellos no quieren (ni pueden)
esperar. Los dueños de este plan le dicen que avancen y ellos son
muy buenos empleados como para irrespetarlos.
Hasta
los momentos los dirigentes políticos más resaltantes del
antichavismo y Voluntad Popular (que desea capitalizar a totalidad el
empuje de la OEA), mantienen una convocatoria para repetir
situaciones el próximo día jueves 6, con el que plantean que estos
disturbios vayan creciendo y agudizando sus desastres y daños
humanos. Mientras tanto buscan calentar conatos de guarimbas en
Mérida y otros estados del país, en el desesperado intento de
proyectar una imagen falsa de que todo el país está inundado de
violencia. Luis Almagro, por su parte, omitiendo olímpicamente los
disturbios generados por la movilización, vuelve a empujar para que
siga adelante la agenda que él encabeza junto a Voluntad Popular. Se
juegan demasiado y demasiado rápido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario