09 de octubre de 2016
Compilador: German Saltrón Negretti
Los
paramilitares son grupos armados de derecha que crecieron en los años
80 para combatir a las guerrillas de izquierda en las zonas rurales
de Colombia. Su rápida expansión, que incluyó a las ciudades,
permitió que en 1997 se crearan las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), que aglutinó a los diferentes grupos paramilitares del país.
A medida que fueron creciendo, los paramilitares dejaron de ser una
fuerza defensiva y pasaron a ser un aparato paramilitar represivo y
responsable de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas,
desplazamientos forzados, despojos de tierras, tráfico de drogas y
apropiación de recursos públicos.
¿De
qué se financian los paramilitares? De los aportes voluntarios de
ganaderos, agricultores y empresarios. Luego, de las contribuciones
obligatorias en sus zonas de influencia. Las asociaciones con las
mafias de narcotraficantes donde operan para producir y exportar las
drogas. También se han nutrido de extorsiones, secuestros y recursos
públicos en municipios y departamentos. ¿Qué vínculos existe
entre el gobierno y los paramilitares? Después de llegar al poder,
en agosto 2002, el presidente Álvaro Uribe anunció su intención de
hacer un proceso con las AUC. Un año después se inició una
negociación formal con los paramilitares, a quienes el Congreso les
dio estatus político.
Como
los paramilitares son responsables de delitos de lesa humanidad que
no se pueden indultar, el gobierno de Uribe promovió una ley
conocida como de Justicia y Paz, que rebaja a cinco y ocho años las
penas para sus responsables, algunos de los cuales ya habían sido
condenados a más de 40 años de prisión. Entre los beneficiarios de
esa ley están todos los jefes de las AUC, algunos de los cuales
tienen órdenes de extradición por tráfico de drogas, las cuales
están suspendidas.
El
acuerdo con el gobierno contemplaba la reclusión de los jefes
paramilitares en sitios especiales, no en cárceles. Sin embargo, a
principios de diciembre de 2006 los 59 jefes que estaban recluidos
desde agosto pasado en un centro vacacional fueron llevados a una
prisión de máxima seguridad. El gobierno dice que tomó la decisión
porque algunos de los jefes paramilitares habrían ordenado crímenes
desde el otro sitio. El proceso entró en crisis y los paramilitares
dijeron que se había roto. El gobierno dijo que ahora todo está en
manos del sistema judicial y amenazó con extraditar a quienes se
salgan del proceso. A medida que fueron creciendo los paramilitares
adquirieron más poder político y se convirtieron en fuerzas
decisivas en muchas regiones de Colombia. Así ejercen control sobre
gobiernos locales y regionales, ganaron elecciones y tienen
legisladores municipales, departamentales y nacionales. En 2002, uno
de los principales líderes de las AUC, Salvatore Mancuso, dijo que
los paramilitares controlaban más del 30% del Congreso de Colombia
elegido ese año.
¿Cuándo
se inició el escándalo de la parapolítica y a quiénes ha
involucrado? Se inició en 2005 con los señalamientos en contra de
Jorge Noguera, entonces jefe del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) la policía secreta colombiana, que depende
directamente del Presidente de la República. Contra Noguera que dejó
su cargo y fue brevemente cónsul en Milán (Italia), actualmente hay
en curso procesos penales en la Fiscalía y disciplinarios en la
Procuraduría General. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia
decidió investigar a diez congresistas de la coalición que apoya al
presidente Álvaro Uribe. Tres de ellos están hoy tras las rejas. La
suerte de los otros siete, entre ellos Álvaro Araujo, hermano de la
Ministra de Relaciones Exteriores.
¿Qué
ha dicho el gobierno del presidente Uribe? El presidente dice que
respeta las decisiones del poder judicial y sostiene que las
responsabilidades penales son individuales, no colectivas. ¿Qué
relación han existido entre los paramilitares y las Fuerzas
Militares? Las organizaciones de derechos humanos colombianas,
siempre han cuestionado a las Fuerzas Militares por sus nexos con los
paramilitares. Las denuncias se han dirigido sobre todo contra
personal del Ejército y de la Armada Nacional. Desde finales de los
años 60 el gobierno colombiano autorizó la creación de grupos de
autodefensa campesina, bajo la supervisión de las Fuerzas Militares.
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado
colombiano por acción y omisión de las Fuerzas Militares en tres
casos: una masacre de comerciantes en el Magdalena Medio, otra en
Mapiripán (Meta) y otra en Pueblo Bello. En todas ellas participaron
paramilitares. En 1983, el entonces Procurador General reveló que
de las 163 personas sospechosas de pertenecer al grupo Muerte a
Secuestradores (MAS) 59 eran militares. Ese grupo fue creado por
narcotraficantes del Cartel de Medellín y se dedicó a perseguir y
matar a supuestos secuestradores y dirigentes de izquierda. Después,
por el crimen del senador comunista Manuel Cepeda, ocurrido en agosto
de 1994, y atribuido a paramilitares, la justicia condenó a dos
suboficiales del Ejército.
Qué
tanto ha afectado estos escándalos al presidente Álvaro Uribe. La
imagen de Uribe se ha deteriorado a nivel internacional, pero sigue
teniendo altos niveles de aceptación en Colombia y quedo demostrado
en el plebiscito realizado el domingo 2 de Octubre de 2016, donde
ganó la guerra a la paz por miles de votos y una abstención del 60%
del electorado. Con este brevísimo resumen de la historia política
de la Republica de Colombia en los últimos cincuenta años de guerra
fratricida, tienen ustedes, algunos elementos para saber porque el
presidente Santos reunido con los expresidente Álvaro Uribe y Andrés
Pastrana han decidido suspender el acto al fuego logrado entre el
Gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC-EP juntos las Naciones
Unidas, durante cuatro años de conversaciones en la Habana, Cuba el
31 de Octubre de 2016. Esta guerra absurda en Colombia continúa
oficialmente nuevamente el 1 de noviembre 2016. Solo les interesa a
los gobiernos de las derechas latinoamericanas y al gobierno de los
Estados Unidos y van en contra de los pueblos latinoamericanos.
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