14 de diciembre de 2016
Crédito: LE MONDE diplomatique
Libardo Sarmiento Anzola
Edición Colombia
el desempeño de cuatro funciones sistémicas
del Estado (gráfico 2): apalancamiento del capital financiero (23%),
regulación Estado-sociedad (9,2%), represión-control ciudadano
(17,6%) y formación-reproducción de la fuerza de trabajo (43,7%).
Libardo Sarmiento Anzola
Edición Colombia
Es
un presupuesto de guerra. Identidad y tendencia sostenida del
Presupuesto General de la Nación –PGN– durante las
administraciones Uribe (2002-2010) y Santos (2010-2018), lo que
permite concluir que el proceso de paz no pasa de ser un
engatusamiento al que han sometido al país la dupla Uribe-Santos. Su
fin es el mismo: el exterminio de la insurgencia y el abatimiento del
pueblo trabajador. Cambian las estrategias, la guerra abierta en el
primero y el engaño en el segundo. Reedición de la operación
"jaque", sin "mate" definitivo.
Propósito
para el que no ahorran ni existe regla fiscal. Colombia es el cuarto
país de América que más invierte en gasto militar (lo superan
Estados Unidos, Canadá y Brasil), según el reciente informe del
Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (1). En
paralelo, el 21 de noviembre de 2016, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) se pronunció acerca de la violencia y los más
recientes asesinatos de promotores de la paz en zonas afectadas por
el conflicto armado en nuestro país (75 homicidios, del cual hacen
parte líderes sociales, defensores de derechos humanos,
sindicalistas, miembros de la UP, campesinos y miembros de pueblos
étnicos, durante lo corrido del año). En el mensaje, la ONU subrayó
que estos lamentables hechos generan desconfianza en las
negociaciones de paz. El "baile rojo" se reanima, al ritmo
de la extrema derecha colombiana (2).
Prioridad
para el gasto militar que no cesa. Entre los años 2002-2017 la
participación en el PGN de los gastos para financiar la guerra
aumentó de 15 a 18 por ciento. En el año 2016, el presupuesto para
el ejército y la policía sumó $28.745 miles de millones; para 2017
el presupuesto asignado es de $ 29.471 miles de millones, esto es, un
crecimiento de 2,6 por ciento. En contraste, entre 2016-2017 el
presupuesto del sector agropecuario descendió de $2.504 miles de
millones a $2.096 miles de millones; esto es, una caída relativa de
16,3 por ciento; además, recortaron de un sólo machetazo el 41 por
ciento del presupuesto de inversión a la cartera del agro, a pesar
de los compromisos contraídos para el agro en los Acuerdos
alcanzados con las Farc. La oligarquía lo sabe por experiencia
histórica: la violencia es un buen negocio en Colombia, con
extraordinarios réditos electorales, económicos y patrimoniales.
Un
gasto en creciente que desdice de las reales intenciones de paz. Si
el Estado redujera, sólo en el año 2017, una cuarta parte del gasto
destinado a la guerra quedarían disponibles $7,4 billones de pesos;
cifra equivalente a la que buscan recaudar con la nueva reforma
tributaria, tornándola innecesaria.
En
complemento, la función de regulación Estado-sociedad concentra
también una alta proporción de las apropiaciones que les permite, a
la clase política y a la burocracia, mantener los privilegios que le
son negados al pueblo: 9,2 por ciento del PGN en 2017. Para el año
2017, por ejemplo, el presupuesto asignado para el Congreso de la
República suma $528 mil millones; cifra que indica, al ser dividida
por los 268 congresistas que lo integran, que cada uno le cuesta a la
ciudadanía $1.970 millones al año. Un bolsillo roto. Además, según
la Procuraduría General de la Nación, por cuenta de la corrupción
pública –delito de cuello blanco– se pierden $20 billones
anuales durante la ejecución de los gastos del PGN.
Presupuesto
de ingresos y ley de apropiaciones para 2017
Las
mayorías, como aplanadora, lo permiten todo. Eso lo saben los
gobiernos de todos los colores. El pasado 19 de octubre de 2016, como
estaba proyectado, las plenarias del Senado y de la Cámara de
Representantes, aprobaron el PGN para la vigencia fiscal 2017
"Presupuesto General de la Nación para la Nueva Economía",
cuyo valor es de $224,4 billones de pesos, superior en 6,6 por ciento
al de 2016, del cual destinan a la inversión pública un monto de
$35,9 billones (16%), al servicio de la deuda publica $51,5 billones
(23%) y al funcionamiento $137 billones (61%).
El
PGN para la vigencia fiscal 2017 cuenta con tres fuentes de ingresos
que le generan el 80 por ciento de los recursos: i) impuestos de
renta; ii) IVA; iii) recursos de capital (endeudamiento público,
principalmente). En consecuencia, la principal fuente de ingresos de
la Nación para el año 2017 está constituida por los ingresos
corrientes (53,2%), le sigue en importancia los recursos de capital
(31,2%). Las otras tres fuentes de recursos: parafiscales, fondos
especiales y establecimientos públicos, aportan el 15,6 por ciento
restante (gráfico 1).
A
su vez, en su otra cara, el gasto del PGN 2017 está concentrado en
un 93,5 por ciento en
Existe
una asociación entre la clase política hegemónica, aquella
tecnocracia que controla el Estado y los que poseen los medios de la
actividad económica. El Estado ha dejado libre la desbocada
acumulación de capital mediante la financiarización de la economía,
la liberación de los mercados, la privatización de las empresas
públicas y la entrega de los servicios sociales y la infraestructura
a la voracidad de los negociantes de las necesidades humanas. Entre
1947 y 2017, el apalancamiento de la acumulación de capital por
parte del Estado colombiano cayó de 32,3 por ciento del PGN a tan
sólo 6,2.
En
contraste, los gastos dirigidos a la formación y reproducción de la
fuerza de trabajo registran un importante crecimiento durante los
últimos setenta años, al ritmo de la urbanización, el aumento en
los índices de pobreza, la concentración del ingreso y la riqueza,
la exclusión de sectores populares y la modernización del sistema
productivo. En 1947, eran poco significativos los gastos destinados a
la formación y reproducción de la fuerza de trabajo (9.8%, en un
país que por entonces exhibía elevados coeficientes de
analfabetismo, grave deterioro de la salud pública y no más de un 2
por ciento de la población con servicios de seguridad social). En
2017, el PGN, llamado "Para la nueva Colombia", de sus
$224,4 billones destina el 43,7 por ciento a la formación y
reproducción de la fuerza de trabajo (conformado principalmente por
los gastos de educación, salud y protección social: 57% de esta
función estatal). En conjunto, conforman un salario social asumido
por el Estado ante la precariedad y los bajos salarios que
caracterizan al mercado de trabajo y los altos índices de
informalidad y exclusión laboral.
La
distribución presupuestal no es una relación circunstancial en el
sistema colombiano de finanzas públicas, sino una tendencia
sostenida en la propia estructura política del Estado. De allí que
pueda constatarse en los últimos setenta años un crecimiento en el
servicio a la deuda pública (financiarización de la economía: el
capital especulativo domina al capital productivo y el Estado pierde
el control y regulación financiera y monetaria), en 1947 el Servicio
de la deuda pública nacional representaba el 14,2 por ciento del
presupuesto de gastos de la nación y en 2017 éste genera un
desangre de 23 por ciento en las finanzas públicas.
Por
último, la sostenibilidad ambiental nunca ha preocupado a las clases
dominantes y rentistas en Colombia: los presupuestos asignados
históricamente son insignificantes, al igual que los destinados a
las actividades de ciencia y tecnología.
Lo
hasta aquí anotado permite reafirmar que el Estado tiene como
función principal mantener, reproducir y defender el dominio y
explotación de clases. La mayor parte de la historia humana se
caracteriza por el hecho que una pequeña minoría ha dominado y
explotado a la mayoría de sus semejantes. Para hacerlo, la minoría
ha utilizado la fuerza, pero ésta por sí sola no es suficiente. La
hacienda pública juega un rol determinante: de una parte, mediante
la tributación confiscatoria mantiene en la pobreza a la gran
mayoría de la clase trabajadora (en contubernio con los bajos
salarios); de otra, con subsidios que se orientan, con carácter
asistencial y paternalista, a la reproducción de la fuerza laboral y
a la eterna dependencia socio-política y cultural de los sectores
populares, lo que en parte explica su aceptación sumisa del dominio
de la minoría.
Balance
fiscal, 1994-2017
La
demanda por bienes públicos tiende a crecer de manera más acelerada
que el ingreso o la producción de un país. Esta relación positiva
entre el crecimiento del PIB por persona y la importancia relativa
del sector público en el PIB se conoce como "Ley de Wagner"
(3). En Colombia, los gastos de las fuerzas militares y de policía,
los de carácter social (educación, salud, seguridad social), los
servicios públicos domiciliares (electricidad, agua, saneamiento
básico, gas y comunicaciones) y los ingresos salarios-corrupción
que absorbe la creciente burocracia estatal y la clase política, son
los que registran un mayor dinamismo en los últimos setenta años.
En
el período postconstitucional (1991-2017), los ingresos totales del
Estado aumentaron de 10 a 15 por ciento del PIB. Este crecimiento en
la participación relativa del Estado respecto a la riqueza generada
en el país está altamente correlacionada con los ingresos
tributarios, dado que representan el 95 por ciento del ingreso total
del Gobierno Nacional Central –GNC- (Gráfico 3).
En
esta constante, los tres impuestos más importantes del país son: i)
el aplicado a la renta y complementarios (patrimonio, ganancias
ocasionales y remesas); en el período 1994-2016 crecieron de 3,6 a
4,6 por ciento del PIB (con la implementación de la Reforma
Tributaria Estructural –RTE– esperan que alcance el 7% en 2017);
ii) el impuesto al valor agregado (IVA) sobre los bienes producidos y
vendidos en el país; en 1994 tenían una participación del 2,1 y en
2016 de 4,9 por ciento del PIB (con la RTE aumentarán su importancia
relativa a 4,9% del PIB); iii) los impuestos sobre la actividad
económica externa, relacionados con los aranceles aduaneros, sobre
importaciones de bienes y el IVA que se cobra sobre la
nacionalización de este tipo de mercancías; en 1994 representaban
el 1,4 y en 2016 el 1,6 por ciento del PIB, presentando una alta
inestabilidad durante este período debido principalmente a las
políticas de apertura económica (para 2017 se espera que aumenten a
2,1% del PIB).
Finalmente,
otros impuestos, como la sobretasa a los combustibles, el gravamen a
los movimientos financieros, los ingresos no tributarios, fondos
especiales y recursos de capital crecieron entre 1994 y 2013 de 1,2 a
2,7 por ciento del PIB, en los años siguientes cayeron perdiendo
participación en el PIB hasta alcanzar tan solo el 0,8 por ciento en
2016 y sin la esperanza que aumenten en 2017 (el desplome se debe
principalmente a la caída en la contribución de los hidrocarburos
que registran una pérdida en los ingresos del GNC de 3,3% del PIB
entre 2013 y 2017).
De
acuerdo a esta misma "Ley de Wagner", los gastos del Estado
colombiano aumentan a un nivel más alto que los ingresos. Durante el
período postconstitucional aumentaron de 10,7 a 19 por ciento del
PIB, y en 2017 debido al ajuste fiscal el Gobierno busca bajarlos a
18,2 por ciento del PIB (Gráfico 4). Los impuestos son la fuente de
vida de la burocracia, el ejército, la policía y la clase política;
en conjunto absorben una alta proporción de los gastos de
funcionamiento para mantener activa la máquina de gobierno. Los
gastos de funcionamiento del Estado (incluidas las transferencias:
sistema general de participaciones y pensiones, entre otros) crecen
de 8,1 a 13,9 por ciento entre 1994 y 2017.
De
esta manera, la inversión pública termina siendo una variable
residual y de ajuste respecto al balance fiscal del GNC: de 1,7 por
ciento en 1994 cayó a 1 por ciento del PIB en 2004; aumentó a 3,2
por ciento en 2013, para luego volver a caer a 1,9 por ciento del PIB
en 2016 (para 2017, la inversión del GNC cae a 1,1% del PIB). Al
considerar la totalidad del PGN, el presupuesto de inversión
registra una participación relativa de 4,3 por ciento del PIB en
2016 y en 2017 cae a 4 por ciento.
El
análisis de la estructura de la hacienda pública, orientada hacia
la sustentación de las clientelas de partido en la expansión
burocrática del Estado y financiada con ingresos de la clase
trabajadora, sirve para fijar las bases de una ley de hierro de este
sistema regresivo de finanzas públicas: la ley del déficit crónico.
Ley que se encuentra aplicada, inexorablemente, en la hacienda
pública de los siglos XIX-XX y en lo corrido del siglo XXI, no
obstante los profundos cambios en la estructura productiva,
poblacional, social y política del país.
En
el siglo XIX, el déficit fiscal no sólo se convirtió en una
constante del presupuesto nacional, sino que dio origen a un sistema
de endeudamiento que tomaba más del 50 por ciento del presupuesto en
el servicio de la deuda pública. Este principio deficitario de la
hacienda pública se inició con las guerras de independencia,
financiadas con empréstitos ingleses, en condiciones usurarias que
rebasaron la capacidad de pago y los niveles productivos de un débil
e incipiente país. Tradicionalmente sólo han existido dos técnicas
para enfrentar este problema hereditario del déficit crónico de una
hacienda pública señorial: el endeudamiento público (con
empréstitos externos o deuda pública interna) o el recorte drástico
del gasto social y la inversión, generando desocupación y
recargando la solución del problema fiscal sobre los hombros de las
clases más pobres. Durante el período 1994-2017 el Servicio de la
deuda pública nacional crece de 1 a 3,2 por ciento del PIB.
Suma
y resta. El balance fiscal del Sector Público Consolidado (SPC)
corresponde al resultado obtenido, sea éste déficit o superávit,
de la diferencia entre todos los ingresos que registra el sector
público, menos todos sus gastos. Durante el período 1994-1999 el
déficit del GNC creció de 1 a 6,5 por ciento del PIB; en el año
2013 había logrado disminuirse a 2,4 por ciento del PIB; vuelve a
aumentar y en 2016 alcanzó el déficit un valor relativo de 4 por
ciento del PIB (Gráfico 5). El PGN para la vigencia de 2017 deberá
ser consistente con la regla fiscal que exige una reducción del
déficit del gobierno nacional a 3,3 del PIB para 2017 (de acuerdo
con los ingresos y gastos proyectados, el déficit de estima en 3,4%
del PIB, todo dependiendo de la implementación y efectividad de la
RTE).
Finalmente,
el PGN 2017 no resuelve dos grandes incertidumbres que ensombrecen el
panorama: la recesión económica (el crecimiento del PIB entre
2015-2016 cae de 3,1 a 2%) y la grave caída en los ingresos públicos
que dejan un hueco fiscal para 2017 por $33,6 billones ($26,4
billones por el menor ingreso petrolero y $7,2 billones por los
mayores intereses de la deuda pública). El escenario indeseable es
el más probable: de una parte, la reforma tributaria no resuelve el
problema estructural del déficit fiscal pero, de otra, afecta
negativamente los ingresos familiares de los trabajadores y las
utilidades del capital, agudizando la tendencia recesiva de la
actividades productivas al debilitar la demanda, introducir mayor
incertidumbre en los negocios y aumentar los índices de pobreza, a
la vez que convoca las temibles y oscuras fuerzas que conducen a la
crisis. Todo en medio de una guerra que retoma su actividad
destructiva ante los cantos de una lumpen oligarquía violenta,
inclemente y enceguecida por el odio y la avaricia.
1
Recuperado el 24/11/2016 de:
2
"El Baile Rojo" fue el nombre de la operación con la cual
la lumpen oligarquía, los políticos de extrema derecha, el
Ejército, la Policía y el DAS, aliados con el paramilitarismo,
emprendieron el exterminio del grupo de izquierda "Unión
Patriótica". La Unión Patriótica, UP, fue un partido político
de izquierda que surgió de los diálogos de paz del gobierno de
Belisario Betancur (1982-1886) con la guerrilla de las Farc en 1985.
Documental: https://www.youtube.com/watch?v=QVL54FcZq5E
3
Esta ley, cuyo nombre deriva del economista alemán Adolph Wagner,
considera que el desarrollo económico de un país impulsa presiones
crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto
público, por dos tipos de razones: i) una sociedad más desarrollada
es también más compleja con un mayor número de conflictos entre
sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su
solución; ii) la caracterización de los bienes y servicios públicos
como bienes superiores y elásticos, es decir que la
elasticidad-renta del gasto público es mayor que la unidad.
