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domingo, 8 de octubre de 2017

Paramilitarismo colombiano: el ejército invasor de Donald Trump

04 de junio de 2017
Crédito: alai
 Agencia Latinoamericana de Información
Misión Verdad

La reciente agresión de Los Rastrojos en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, se suma a una serie de acciones contra Venezuela que plantean un conflicto a partir de grupos irregulares en este país vecino después de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, lo visitara unos días atrás y el jefe de la CIA, Mike Pompeo, hablara de un trabajo en conjunto en pos de una "transición pacífica" en Venezuela.


La agresión y los antecedentes

Al mediodía del 27 de agosto, el general Jésus Suárez Chourio, Comandante General del Ejército, informó de un enfrentamiento en Táchira con personal de Los Rastrojos dejando un saldo de seis paramilitares muertos, y una mujer detenida con municiones y uniformes del ejército colombiano con grado y jerarquía que se encuentra "dando declaraciones para precisar cómo actúa este grupo en la frontera", de acuerdo a Suárez Chourio.


Durante este año, además, se ha venido registrando la siguiente cadena de acontecimientos:


el desmantelamiento de un campamento paramilitar de 120 personas, con uniformes de los ejércitos colombiano y estadounidense, el 22 de marzo;
el 26 de abril, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, denunció el ingreso al país de 30 paramilitares para ejecutar acciones de violencia en el marco de protestas opositoras;

y el ataque a la unidad militar Genaro Vázquez, y las sedes policiales en San Juan de Colón y Capacho, por parte de grupos de delincuentes "influenciados por organizaciones paramilitares", de acuerdo a un comunicado del alto mando militar bolivariano, el 17 de mayo.


Esta incursión, además, se circunscribe dentro de un arco temporal en el que Los Rastrojos han protagonizado un crecimiento en la región fronteriza, según un estudio de la fundación colombiana Ideas de la Paz.


Convirtiéndose entonces en el principal grupo irregular de este área en detrimento de Los Urabeños, la otra organización paramilitar que opera en la región, a tal punto de que su jefe de finanzas, Julio Díaz Urango (alías "El Bobina"), fue detenido el 5 de abril en el Táchira por las fuerzas de seguridad venezolana.


Dos meses después, el 1° de junio, dos miembros de Los Rastrojos fueron detenidos en Caracas con material explosivo, bazucas, uniformes militares y gorras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), también en el marco de las protestas violentas de oposición.


El involucramiento de este tipo de organizaciones que se vio justamente en la misma constelación de territorios y ciudades periféricas del occidente venezolano, donde estos grupos denominados Bacrim por el gobierno colombiano expandieron sus redes criminales como mecanismos de control político y económico (en la franja de Táchira, Mérida, Zulia, Apure, principalmente), desde inicios del año 2000 según una investigación del Wilson Center.


Un trabajo sistemático por penetrar en el territorio venezolano.

El contexto de las incursiones y acciones del paramilitarismo

La agresión de Los Rastrojos, por otro lado, coincide con una serie de maniobras de desinformación dirigidas a fabricar incursiones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en territorio colombiano, bajo el contexto de los ejercicios cívico-militares del 26 y 27 de agosto.


Concretamente, el gobernador del departamento colombiano de La Guajira, Weidler Guerra, denunció una supuesta incursión a territorio colombiano por Paraguachón (estado Zulia) de oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), desmentido por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.


En ese sentido, se atestigua la maniobra por silenciar la acción del paramilitarismo colombiano en paralelo a la proyección de una supuesta agresividad por parte de la FANB en la frontera, a tono con el escenario planteado por el presidente Nicolás Maduro de "crear las condiciones para fabricar un montaje" contra el Estado venezolano bajo un "conjunto de provocaciones dirigidas por Estados Unidos".


Así es que también pudieran entenderse las últimas declaraciones del embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, donde afirma que "por culpa de los bolivarianos se ha contemplado la posibilidad de una aventura militar por parte de los venezolanos en contra de sus vecinos".


Lo que le da mayor dimensión a esta serie de hechos cuando se los ve en el contexto de la construcción de un expediente contra Venezuela a nivel regional, a partir de una coalición de 12 países, aquellos que componen la "Declaración de Lima". ¿Su propia "opción militar" frente a la de Trump?


Otro dato de peso alrededor de este cuadro es la reciente visita del vicepresidente estadounidense Pence a Cúcuta, ciudad colombiana del departamento Norte de Santander, fronteriza con Táchira. Visita en la que se dio una "reunión con refugiados venezolanos" en Colombia, apuntada a fortalecer la matriz de crisis humanitaria para volatizar la zona fronteriza de los dos países.


Las provocaciones y las similitudes con Siria

Este tipo de provocaciones hay que observarlas en el marco de la nueva Doctrina Damasco del ejército colombiano, como lo analiza María Fernanda Barreto en un trabajo publicado por Misión Verdad, en el que se plantean "cuatro tipos de operaciones: ofensivas, defensivas, de estabilidad y de apoyo a la autoridad civil para integrar 'sus acciones con asociados de la acción unificada, conjunta, interagenciada y multinacional' para enseñar a los militares colombianos a utilizar términos y símbolos que permitan la interoperatividad 'cuyo fin es que el ejército conduzca operaciones militares unificadas (OTU) dentro del país y a nivel regional y mundial'".


En 2015, la ex subsecretaria de Defensa de George W. Bush, Mary Beth Long, recomendó a las autoridades colombianas prepararse para lidiar con una "crisis humanitaria en Venezuela", después de firmado el proceso de paz con las FARC. Estas declaraciones fueron realizadas precisamente en un foro realizado en Colombia en el Ministerio de Defensa del país.


Estas organizaciones paramilitares, entonces, nacidas como brazo ejecutor ilegal del Estado colombiano, son en Venezuela las fuerzas proxy (por delegación) de la coalición dirigida por Estados Unidos para generar las condiciones de un conflicto irregular, que escenifiquen distintas provocaciones que permitan una escalada de agresiones contra Venezuela desde el vecino país.


Desde esta tribuna, por otro lado, muchas veces se ha comparado a Colombia con el papel desempeñado por Turquía y Jordania como canales logísticos de los grupos irregulares en la guerra en Siria, incluyendo la participación de una Sala Operacional de la OTAN en el país gobernado por Recep Tayyip Erdogan.


Turquía asesora en este momento al gobierno colombiano sobre cómo "administrar una crisis de refugiados", producto de su experiencia siria. Crisis que Turquía colaboró abierta y proactivamente a generar.


Sin embargo, el uso y abuso de organizaciones como Los Rastrojos, en sincronía con las operaciones informativas relacionadas a los "refugiados venezolanos", plantea el interrogante de si desde el vecino país son capaces de plantear el establecimiento de "zonas seguras" con cobertura militar extranjera para supuestamente resguardar a la población asediada por "la dictadura de Maduro", en una maniobra similar a lo que se intentara perpetrar en Siria para utilizar a los rebeldes moderados con el objetivo de ocupar el país.


Sin dudas, desde esta óptica se puede comprender cómo las organizaciones paramilitares colombianas son precisamente pivotes (y mamparas) de toda operación multinacional que se pretenda realizar contra Venezuela.


El paramilitarismo colombiano es lo más parecido a un ejército invasor que plantea la "opción militar" de Donald Trump en este momento.

lunes, 28 de agosto de 2017

¡Se repite la historia! Colombia protege prófugos de la justicia venezolana

21 de agosto de 2017
Crédito: Resumen Latinoamericano


Demuestran las verdaderas intenciones sobre una pretendida y anhelada intervención de manera descarada en Venezuela (Foto: Archivo)

Las agresiones para Venezuela no cesan y una vez más el Gobierno de Colombia bajo la tutela de Juan Manuel Santos, intentan agredir e irrespetar la legislación de la Patria de Bolívar, concediendo medidas de protección a la ex fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; funcionaria prófuga de la justicia venezolana.

Esta información la confirmó el mismo presidente colombiano, quien a través de su cuenta en la red social Twitter (@JuanManSantos), destacó la posibilidad de otorgar asilo a la funcionaria, si así ella lo solicita.

De acuerdo con información oficial suministrada por el Servicio de Migración Colombia, se  confirmó que este viernes arribó al aeropuerto El Dorado de Bogotá, la ex fiscal de Venezuela acompañada de su esposo el diputado Germán Ferrer a través de un vuelo privado procedente de Aruba.

Actualmente dichos funcionarios  son investigados por el Ministerio Público por presuntamente estar involucrados en una red de corrupción, el cual fue denunciado el pasado 16 de agosto, por el Constituyente electo Diosdado Cabello, quien entregó a dicho órgano una serie de documentos probatorios donde se evidencia la existencia de una gran red de extorsión que funcionaba en sus instalaciones, la cual contaba con protección de Ortega Díaz.

Estas acciones asumidas por el Gobierno colombiano y amparadas por el premio nobel de la “paz” – Juan Manuel Santos – demuestran las verdaderas intenciones sobre una  pretendida y anhelada intervención de manera descarada en Venezuela, la cual es promovida por los Estados Unidos.

El afán demostrado por Santos en los asuntos internos de la nación bolivariana, es el que quizás hace que se olvide de los verdaderos problemas del pueblo de Colombia, que según un estudio publicado por el diario El Tiempo,  el 30 por ciento de los colombianos consideran que el mayor problema del país neogranadino es la corrupción, y donde además el 85 por ciento de los encuestados creen que este asunto en el país está empeorando.

Al brindar asilo a una funcionaria envuelta en un escándalo de corrupción y extorsión demuestra el poco interés del Gobierno colombiano en este tema.

 Manifestaciones en rechazó a las agresiones colombianas

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, mediante su cuenta en Twitter, catalogó de cínica la postura del país neogranadino.

Añadiendo, que Bogotá se ha convertido en centro de la conspiración contra la democracia y la paz del país.

Presidente Santos utiliza el tema de Venezuela para buscar la reelección

22 de agosto de 2017
Crédito: Resumen Latinoamericano

La invitación que hizo el Senado del Congreso de Colombia a la exfiscal Luisa Ortega Díaz para que asista este martes a la sesión plenaria, obedece a la necesidad de demostrar al imperio estadounidense que atenderá cualquier iniciativa que se proponga en el continente contra los pueblos libres, señaló Juan Carlos Tanus, presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela.

En el programa Dando y Dando, transmitido por la Televisora Venezolana Social (Tves), Tanus sostuvo que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pretende “mostrarse como el líder que el imperio estadounidense necesita”. A eso se suma, que el tema Venezuela es utilizado por Santos para ganar puntos para una posible reelección, cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales en el vecino país, explicó.

Indicó que la exfiscal entablará contacto “con un sector vinculado a la parapolítica en Colombia y que le valdría algún nivel de complicidad frente a algunos hechos desarrollados por el paramilitarismo en Venezuela que no fueron investigados durante su gestión”, específicamente en el estado Zulia.

Durante el programa, el moderador Aristóbulo Istúriz apuntó que el expresidente colombiano Álvaro Uribe se ha convertido en un activista contra Venezuela. “En cada paso que dan Santos y Uribe, ven hacia el norte para recibir la bendición que les da el imperio”, dijo.

Remarcó que los ataques de Santos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro buscan “satisfacer al imperio y con ello asegurar su reelección”.

Estas agresiones, señaló, responden al desarrollo político en Venezuela y al temor del imperio de que se extienda al resto del continente. “La Constituyente en Venezuela ha traspasado las fronteras. Su impacto es una demostración contundente de cómo los pueblos pueden asumir el poder”, manifestó.

Declaración del Presidente Juan Manuel Santos al término de su encuentro con el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence

 13 de agosto de 2017
Crédito: Presidencia de la República de Colombia

Señor Vicepresidente Mike Pence, bienvenido a Colombia. Nos honra con su visita.

Tuve el honor de ser el primer Jefe de Estado del hemisferio occidental en recibir una llamada suya, después de su posesión. Se lo agradecí sobremanera porque lo interpreté como un reconocimiento a las relaciones tan especiales que han tenido nuestros países.

En mayo pasado usted me recibió en su casa –en el Observatorio Naval de Washington–, y ahora nos hace otro gesto, al ser Colombia el primer país que usted visita en América Latina.

Esto reafirma nuestra alianza estratégica y nuestra amistad con su Gobierno y con su pueblo: los colombianos estamos orgullosos de esta alianza, que ha venido fortaleciéndose a través de varios gobiernos.

El Vicepresidente Pence llega en un momento histórico, cuando los últimos contenedores en los que se han depositado todas las armas de las FARC –y que ya están en manos de las Naciones Unidas– están saliendo de las zonas veredales y puntos de concentración para ser destruidas.

Eso constituye –ni más ni menos– el fin de la dejación de armas. Y ya emprendimos un proceso de reintegración de los antiguos integrantes de esa guerrilla a la vida civil.

Este proceso de paz –que su país ha apoyado tanto– es un triunfo de la democracia y una demostración de que los conflictos –por más profundos que sean– se pueden resolver por la razón y por el diálogo.

Aquí NO negociamos nuestro modelo económico ni la propiedad privada. Tampoco el modelo de desarrollo ni las políticas públicas. Mucho menos nuestras Fuerzas Armadas.

Lo que hicimos fue fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas.

Y, también, darles a nuestro campo y nuestra política agraria la importancia que han debido tener desde hace mucho tiempo.

Ahora comenzamos una nueva era de cooperación con Estados Unidos en varios frentes.

El Plan Colombia –que se convirtió en PAZ Colombia con apoyo bipartidista– se va a concentrar en programas específicos, que permitirán avanzar en la construcción de la paz y el desarrollo de las zonas más afectadas por el conflicto.

Reiteramos nuestro agradecimiento al gobierno del presidente Trump por su apoyo a la consolidación de la paz en Colombia.

La terminación del conflicto con las FARC nos permitirá ser mucho más efectivos en esa lucha común que tienen nuestros dos países contra el narcotráfico.

Somos conscientes del aumento de los cultivos ilícitos en estos últimos años. Y esa es una preocupación compartida, porque tenemos una responsabilidad compartida.

Tuve la oportunidad de contarle al Vicepresidente Pence sobre el plan específico que ya pusimos en marcha para desaparecer –en su primera fase– 100 mil hectáreas de coca de la faz de Colombia.

De la primera mitad –que corresponde a la erradicación forzosa– ya llevamos 27 mil hectáreas.

La otra mitad la estamos erradicando mediante sustitución voluntaria. Ya se han arrancado 12 mil hectáreas, pero tenemos compromisos con más de 86 mil familias para incluso superar las 50 mil hectáreas que nos propusimos.

Este plan –que está bajo la responsabilidad del Ministro de Defensa y del Alto Consejero para el Posconflicto, y es coordinado por el Vicepresidente Naranjo– lo estamos midiendo cada semana con la ayuda de la propia embajada de los Estados Unidos, con el fin de garantizar su cumplimiento.

Es una tarea titánica, pero la vamos a cumplir.
*****
Nos alegra compartir estas buenas noticias con usted, Vicepresidente Pence, y dar también cuenta de cómo la agenda entre nuestros países ha evolucionado mucho más allá de la lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos nos ha brindado un apoyo invaluable en nuestro proceso de ingreso a la OCDE.

Ya tenemos el visto bueno en 21 comités, y ese respaldo –que nos lo ha reiterado el propio presidente Trump– va a ser clave para que tengamos luz verde en los dos comités que faltan para completar esa ruta de acceso de Colombia a la OCDE.

Por otra parte, la relación comercial y de negocios entre nuestros países es cada vez más fuerte.

El Tratado de Libre Comercio ha traído beneficios que podemos potenciar aún más.

Hace menos de un año –precisamente aquí, en Cartagena– instalamos el Consejo Asesor Empresarial Colombia – Estados Unidos, el USCAC.

Ese Consejo Asesor le está dando una voz muy importante al sector privado de los dos países y nos permite conocer y apoyar las oportunidades de negocio que están surgiendo.

Además, por cuenta del fin del conflicto con las FARC, se están abriendo nuevas oportunidades para la agricultura y la minería en zonas golpeadas por la violencia.

En materia de acceso al mercado norteamericano el Vicepresidente Pence nos trajo una buena noticia y prefiero que sea él quien la dé.

El turismo es otro frente de nuestra relación que sigue en aumento y queremos potenciar.

Nada más el año pasado, el promedio de turistas desde Estados Unidos hacia Colombia subió un 16 por ciento. En el pasado, ese promedio anual no superaba el 5 por ciento.

Queremos que cada vez más estadounidenses nos visiten y se enamoren de los muchos tesoros que Colombia tiene para compartir con el mundo.

A todo esto se suman oportunidades sociales, económicas y académicas para los ciudadanos de nuestros países.

*****
Por supuesto que hablamos de Venezuela. Compartimos con el Vicepresidente Pence nuestra preocupación –y la de la región y el mundo– por lo que está sucediendo en Venezuela.

En esa hermana república están destruyendo las libertades y el orden institucional.

Su país y mi país, Vicepresidente, hemos defendido siempre la herencia de nuestros padres fundadores: la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y –por supuesto– la PAZ.

Esos son valores que debemos defender siempre. Por eso hay que hacer todo lo posible para que en Venezuela se restablezca la democracia.

Pero, como los amigos tienen que decirse las verdades, le expresé al Vicepresidente Pence que la posibilidad de una intervención militar no debe ser contemplada.

Ni Colombia ni América Latina –desde el sur del Rio Grande hasta la Patagonia–, podrían estar de acuerdo. América es un continente de Paz. Mantengámoslo así.

La presión sobre el régimen venezolano debe mantenerse y acrecentarse. Como lo dijeron en una declaración los países reunidos en Lima la semana pasada, condenamos y rechazamos lo que allá está sucediendo.

Una Constituyente ilegal es el tiro de gracia a la institucionalidad democrática. Nosotros respaldamos las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano –y respaldaremos medidas adicionales–, pero siempre buscando una salida, ojalá negociada, pero sobre todo pacífica.

Señor Vicepresidente:
Estamos en la casa de huéspedes ilustres, que queda en los terrenos de la Escuela Naval de Cadetes, donde yo –hace 50 años– adquirí aquí los valores de la educación militar, que me han servido toda la vida.

El himno de nuestra Armada Nacional termina con una bella estrofa que dice:

“Por eso canto cuando navego, poco me importa la tempestad, siempre me alumbran mis dos luceros: el de mi Patria y el de mi hogar”.

Aludiendo a ese himno podríamos decir que a los americanos –tanto a los del norte como a los del sur–, siempre nos deben alumbrar otros dos luceros: el de la democracia y el de la libertad. Y siempre debemos estar vigilantes para que no pierdan su brillo.

Gracias de nuevo, Vicepresidente Pence, por su gesto –tan diciente– de elegirnos como primer país de su gira por América Latina.

Gracias por el apoyo de su Gobierno a la paz de Colombia.

Sigamos trabajando UNIDOS para afianzar nuestra relación como aliados, socios y amigos.
Muchas gracias.

martes, 18 de julio de 2017

A pesar de la crisis los colombianos prefieren quedarse en Venezuela

12 de julio de 2017
Crédito: Aporrea.org


Recientemente la oficial de información pública de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en nuestro país, Madeleine Labbiento, afirmó que, a pesar de la crisis, la mayoría de los refugiados colombianos prefieren quedarse y buscar nuevas oportunidades en Venezuela.


"Es muy importante resaltar que, a pesar de la crisis en el país, que obviamente le paga a los refugiados, quizás hasta más que a los propios venezolanos, porque al no tener documentos les cuesta mucho más el acceso a los Clap, a las medicinas, a los alimentos en general y al trabajo; a pesar de eso, ellos nos dicen que se quieren quedar en Venezuela, que se sienten bien y felices, que han encontrado la paz que no encontraron en Colombia", aseveró.

En entrevista concedida al diario Panorama, la funcionaria precisó que, hasta diciembre de 2016, existen en nuestra nación al menos 173 mil colombianos refugiados.

"Acnur Venezuela sigue trabajando de la mano con el Estado venezolano, especialmente con la Comisión Nacional de Refugiados y la Cancillería, para buscar algún tipo de solución sostenible. La idea es poder brindarles una respuesta más expedita, con una regularización para que puedan optar a su documentación como venezolanos", destacó.

Labbiento estimó además que un 98% de los ciudadanos con necesidad de protección internacional son colombianos, ello debido al conflicto armado que existe en la hermana república.

Las cifras de desplazados en 2015 y 2016, enfatizó, son similares, aunque con un incremento de 300 mil personas entre un año y otro. Actualmente los países que siguen generando la mayor cantidad de desplazados internos, informó, son Sirira, Irak y Colombia con 7,7 millones de desplazados.

"Eso a pesar de los esfuerzos de paz, que son muy valiosos. Sin embargo, continúan las bandas criminales azotando a la población en Colombia y en la frontera", acotó.

lunes, 3 de julio de 2017

Se completa la entrega total de las armas de las FARC en Colombia

  26 de junio de 2017
Crédito: RT






















La Misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó este lunes la recepción de las armas entregadas por la guerrilla en Colombia.

En un comunicado publicado en su página web, se indicó que en la tercera fase de dejación han recolectado 7.137 armas, salvo las que, de acuerdo a lo pactado, permenecerán en las 26 zonas veredales de normalización para salvarguardar los campamentos.

Según se tenía estimado, la guerrilla más antigua del continente debía entregar unas 7.000 armas y alrededor de 900 "caletas" o escondites. La ONU confirmó que han verificado la existencia de 77 de esos búnkers con armamento, de los cuales fueron destruidas "las municiones, explosivos y armamento inestable".

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) viven sus últimos días como movimiento armado. El arsenal que acumularon durante más de medio siglo de lucha en el monte ha sido entregado a una comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en un proceso que inició a mediado de este mes.

Para el presidente Juan Manuel Santos, el hecho marca una escisión en la historia del único país suramericano que estaba en guerra: "la paz es cambiar las balas por los votos, las armas por los argumentos, la violencia por la democracia", dijo el viernes en Francia.

El riguroso proceso de verificación ha sido supervisado por una misión de 520 personas, provenientes de 19 países, que por primera vez en la historia de Colombia seguirán de cerca el desarme, refiere El Tiempo.

La semana pasada, el secretario general adjunto de Asuntos Políticos de Naciones Unidas (ONU), Jeffrey Feltman, destacó que uno de los aspectos que diferencia este proceso de otros vividos en el mundo es que la dejación no ha sido simbólica. Las armas entregadas no son viejas, oxidadas ni obsoletas, sino más bien sofisticadas: "Eso me permitió hacerme una idea más completa del proceso y de la seriedad que tiene".

El destino final de ese arsenal será convertirse en tres monumentos, uno quedará en Colombia; el otro irá a la capital de Cuba; y el tercero, a Nueva York, en EE.UU. 

domingo, 25 de junio de 2017

COLOMBIA ES EL 2DO PAÍS DEL MUNDO CON MÁS DESPLAZADOS: CONOZCA LOS DATOS

25 de junio de 2017
Crédito: La Radio del Sur


El número de personas afectadas por el desplazamiento forzado alrededor del mundo sigue aumentando dramáticamente y rompe récord histórico en las dos últimas décadas. El año pasado alcanzó una cifra sin precedentes: 65,6 millones (frente a los 33,9 millones que se registraron en 1997); los datos fueron recopilados en el más reciente informe de tendencias globales, que lanzó este lunes la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y corresponden a información dada por los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el organismo internacional.

Entre 2012 y 2015 se concentró ese incremento, y el estudio asegura que gran parte de la culpa la tiene el conflicto sirio. Otros como los de Irak y Yemen, así como en el África subsahariana, como los de Burundi, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Sudán, igual contribuyeron a agravar la situación de los desplazados.

Colombia también figura en la vergonzosa lista. Después de los sirios (que continúan siendo la mayor población de desplazados forzosos, con 12 millones de personas, casi la mitad), los colombianos son el segundo grupo, con 7,7 millones, con más desplazados forzosos, en su mayoría dentro del país. Les siguen los afganos (con 4,7 millones, Irak (4,2 millones), Sudán del Sur (3,3 millones), Sudán (2,9 millones), la República Democrática del Congo (2,9 millones), Somalia (2,6 millones), Nigeria (2,5 millones), Ucrania (2,1 millones) y Yemen (2,1 millones).

La cifra exacta de los desplazados internos en Colombia (7,4 millones) creció en medio millón en el último año, lo que lo ubica como el país con la población de desplazados internos más numerosa. Esa cantidad de personas se vieron forzadas a huir de sus casas y no han traspasado una frontera internacional, permanecen en territorio colombiano. La estadística surge, según ACNUR, de revisar el registro de víctimas desde 1985. Siria, Irak, el Congo, Sudán, Nigeria, Yemen, Sudán del sur, Ucrania y Afganistán siguen en el escalafón que se enfoca en el desplazamiento interno.


Por otra parte, el documento alerta que durante en 2016 hubo 10,3 millones de nuevos desplazados. Así las cosas, 20 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares cada minuto. La persecución, los conflictos y las violaciones de derechos humanos tienen en vilo a la población mundial. Alemania es la nación a la que ha llegado la mayoría de las 2 millones nuevas solicitudes de asilo, luego están Estados Unidos, Italia y Turquía.

El número total de refugiados era de 22,5 millones al finalizar el año pasado, una cifra que ha aumentado alrededor del 65% en los últimos cinco años. “La protección de los refugiados no es solo responsabilidad de los Estados vecinos de una crisis: es una responsabilidad colectiva de la comunidad internacional”, aseveró António Guterres, secretario general de la ONU.


domingo, 2 de abril de 2017

COLOMBIA: ASESINARON A MÁS DE 150 LÍDERES SOCIALES EN LOS ÚLTIMOS 14 MESES (+DD.HH.)

 01 de abril de 2017
Crédito: LaIguanaTv

Un total de 156 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en los últimos catorce meses en Colombia, informó el viernes la Defensoría del Pueblo, organismo que vela por los derechos humanos en el país.

“Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017 ocurrieron 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados”, indicó el organismo a través de su informe “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos Humanos”.

Según Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, “una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia”.

Los hechos se presentaron en los departamentos de Antioquia (noroeste), Arauca (nordeste), Atlántico, Bolívar (norte), Caquetá, Casanare (centro), Cauca, Nariño, Chocó (suroeste) y Tolima (centro-occidente), entre otras regiones del país.

La información de la Defensoría revela que estos homicidios, atentados contra la vida e integridad personal y amenazas, se dirigen contra un grupo que comparte características semejantes, y destaca que las violaciones se han presentado en la misma zona geográfica y espacio temporal.

De acuerdo con el reporte, “la estigmatización contra este grupo poblacional es un factor que aumenta el riesgo al que se encuentran expuestos”, por lo cual hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad en general a tomar acciones urgentes para “blindar moralmente” y proteger a las posibles víctimas, organizaciones y movimientos sociales.

El Informe fue construido con base en la verificación en terreno por parte alrededor de 200 funcionarios de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y presentado ante un grupo de víctimas y líderes sociales de la región norte del país, precisó el organismo.

lunes, 13 de marzo de 2017

La carta de los ex mandos militares

10 de marzo de 2017
Crédito: alai
Agencia Latinoamericana de Información


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Resistencia, temor y equivocación ante el acuerdo de paz

Con esfuerzo notable el Gobierno Santos vinculó con acierto a la fuerza pública al proceso de paz de forma que acompañaron activamente las conversaciones en La Habana, aportaron sustancialmente en las definiciones del tema tres Fin del Conflicto y participan positivamente en la implementación del acuerdo. Por supuesto que es tarea difícil, estructural y de mediano plazo el cambio de doctrina, orgánico y operacional que debe darse con el paso de las fuerzas armadas a la transición posbélica. Pero resultan muy negativas las reacciones de resistencia, temor y equivocación frente al pacto de paz que expresaron los ex mandos militares que reunidos en ACORE enviaron el pasado 1 de marzo una carta al presidente Santos.
Las objeciones contenidas en esta misiva que trascendieron públicamente también a partir de las declaraciones de prensa de varios ex generales, van en contravía de la positiva actuación en la aplicación del pacto de paz y reflejan prejuicios, falsas apreciaciones sobre sus compromisos y dinámicas y un gran temor a la aplicación de la JEP, en especial por su coherencia con los parámetros de los derechos humanos. Por tal situación, merecen discusión pública las posiciones  y propuestas hechas en tal comunicación.
Implicaciones en seguridad de las zonas de concentración guerrillera
Los ex mandos militares afirman sin fundamento alguno que supuestamente los Puntos y las Zonas de Veredales Transitorios de Normalización son permanentes, albergarán a grupos armados ilegales luego del desarme y desmovilización militar de las FARC EP y a comunidades afectas a tales grupos, de forma que constituyen un grave factor de seguridad comparable a lo que históricamente algunos llamaron en los años 60 “repúblicas independientes”.
“…zonas permanentes y no de carácter transitorio en los sitios acordados, para conformar peligrosos asentamientos con grupos no desmovilizados y comunidades afectas, que potencialmente y hacia el futuro inmediato, se constituirían en graves amenazas y factor de perturbación, tal como aconteció en el pasado con las llamadas ‘repúblicas independientes’ que tanto daño causaron a la integridad de la nación”. Se afirma en la carta.
Con evidencia en el texto y en los hechos que respaldan la aplicación del acuerdo, estos puntos y zonas de concentración guerrillera de las estructuras militares de las FARC EP son de carácter temporal, tienen como únicos propósitos implementar los procedimientos ya en marcha de la dejación de las armas y su sustracción de tales territorios por la ONU y la preparación para el paso del conjunto de los ex combatientes a la vida civil. Existe un cronograma preciso en aplicación que establece que hacia mayo y junio todas las personas allí albergadas saldrán en calidad de ciudadanos que se incorporan a la vida familiar, comunitaria, social y política en las distintas regiones del país. Además, la Ley 104, en su versión actual tras la reforma de marzo de 2016, establece que en tal tipo de zonas solo pueden existir temporalmente y servir a los procesos de desarme, desmovilización de estructuras militares e integración de ex combatientes a la vida civil.
Por supuesto que el factor de seguridad de grupos armados ilegales existe tanto en términos de la persistencia del ELN como insurgencia, en espera para los partidarios de la paz de logro del pacto de paz faltante con esa guerrilla, para conseguir también su compromiso de desarme, desintegración de estructuras guerrilleras y paso de la insurgencia a la vida política y social en la legalidad de sus integrantes. Pero también existe este peligro ya de grupos armados ilegales en el rezago activo de expresiones degradadas del paramilitarismo y en las redes mafiosas y de aliados de diverso tipo que existen en distintas regiones. Sin embargo, no son la insurgencia aún activa ni el paramilitarismo y su zaga de aliados ilegales y legales quienes están en estas zonas y puntos. Por el contrario, también el pacto de paz tiene el expreso compromiso de conseguir por fin a la vez, el desmantelamiento de las herencias vigentes del paramilitarismo.
Más aún, precisamente una exageración en la instalación de estas zonas y puntos fue que producto de la presión gubernamental su ubicación además de ser solo en contextos veredales, implicó seleccionar áreas despobladas y bastante alejadas, al punto que parte de las dificultades es que han tenido que instalarse por lo regular incluso mediante acciones de lamentables de tala de bosque natural y adecuación para viviendas en zonas más allá de la frontera agrícola. El empeño en mantener aislada la guerrilla explica la lejanía de tales zonas y puntos con los núcleos poblacionales, lo cual desmiente las presuntas relaciones referidas. Se ignora en la carta referida el control militar y policial existente a partir del anillo externo establecido por la fuerza pública. Y se habla de “repúblicas independientes”, lo que reproduce el estigma que justificó el ataque cruento contra comunidades campesinas en pasadas décadas, las cuales asediadas por los operativos militares oficiales se vieron compelidas a pasar de la autodefensa a las guerrillas móviles de resistencia, como lo refieren los relatos históricos de lo acontecido.
Viabilidad y garantía con los esquemas mixtos de seguridad
En los procesos de paz de los 90, como expresión del paso de las guerrillas M19 y EPL y de otras agrupaciones milicianas regionales se implementaron esquemas de seguridad mixtos, de forma que ex combatientes de la insurgencia ingresaron junto con escoltas de organismos de seguridad oficiales y de la fuerza pública, a brindar funciones de escoltas. Independiente de particularidades, logros y dificultades que existieron de distinto orden, de manera general brindaron una necesaria y acertada respuesta en materia de garantías de seguridad a líderes y ex combatientes amnistiados e indultados en alto riesgo. Ahora se retoma el sentido mixto no solo con ex combatientes sino también con personas de la población, dentro de un más robusto esquema de garantías, protección, controles y formas de verificación.
Tales esquemas de seguridad son instancias oficiales como la Unidad Nacional de Protección y los entes de seguridad y fuerza pública comprometidos, con personal que se capacita y pasa por controles y exámenes diversos que deben entregar las garantías del caso. Por tanto, resulta ser alejado de la realidad histórica reciente y de la actual, pretender señalarlos como una organización de escoltas de las FARC, estigmatizada y puesta bajo sospecha, lo cual atenta de forma prevenida contra la calidad de civiles y la confianza y las garantías que deben merecer las personas amnistiadas que obtienen el pleno retorno a la vida civil. Por el contrario, la referida carta se atreve a expresar también sin fundamento que se trata “de una organización constituida por escoltas pertenecientes a las FARC”.
Temor a la justicia y rechazo a los defensores de derechos humanos
El asunto central del pronunciamiento de los ex mandos militares estriba en el alto temor a la justicia, la discusión sobre posible inseguridad jurídica y la especie de veto que levantan contra respetables personalidades del campo de los derechos humanos que prestan oficios en la implementación de la JEP. No se ha agotado el debate parlamentario en la especificación final del texto del Acto Legislativo que crea esta nueva jurisdicción, propia de la justicia de transición que es parte sustancial del pacto de paz, de forma que existe el reto de conseguir su regulación adecuada. El reclamo de seguridad jurídica levantado, precisamente estriba en que los alivios penales y los compromisos con el sistema integral de verdad, justicia y reparación de las víctimas sea adecuado y efectivo, precisamente para que no haya lugar a la actuación que haría la CPI (Corte Penal Internacional), dado el caso de impunidad general y manifiesta ante graves violaciones a los derechos humanos sucedidas.
Pero los ex militares y sus asesores se equivocan al pretender una especie de compromiso en la implementación del derecho interno cerrando las posibilidades del derecho internacional, en lo referente a graves violaciones a los derechos humanos y el derecho humanitario. Pretenden ignorar que la CPI no solo se rige por el principio de subsidiaridad sino con mucha claridad y fuerza también por el principio de complementariedad. Precisamente, el propósito compartido de resolver todos los casos de su competencia en términos del derecho interno, implica que el dispositivo de la JEP, como se ha consignado en el acuerdo de paz, lleva a que los principales responsables de todos los actores responsables tengan penas alternativas y compromisos efectivos con el sistema integral definido. En tal situación, la renuncia a la persecución penal se define solo para delitos no graves. Y la justicia interna como la internacional, tendrán plenas posibilidades de actuar para quienes no se acojan o no sean de competencia para la JEP.
Adicionalmente, resulta lamentablemente reveladora la herencia de estigma, señalamiento, desconfianza y deslegitimación que reflejan los firmantes de la misiva referida, quienes se atreven a denigrar y rechazar producto de ello, la participación de destacadas y meritorias personalidades internacionales de los derechos humanos en las acciones previstas de la JEP. Es parte de la aplicación del acuerdo la integración con los conocidos cinco entes internos e internacionales del comité de escogencia de los integrantes de la JEP y de la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento. Dentro de ellos aparecen designados los juristas destacados internacionalmente por sus valiosos aportes a los derechos humanos, Diego García Sayán, tratadista y ex ministro de justicia de Perú, y Juan Méndez director de ONG internacionales de DDHH y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su contribución constituye una contribución “de lujo” y altamente beneficiosa para la implementación de la JEP y la Comisión referida.
Sin embargo, es sorprendente, triste y vergonzoso internacionalmente ver a estas alturas a los ex mandos militares señalarlos en su comunicación y en declaraciones públicas previas y posteriores de izquierdistas, de favorecedores legales de terroristas y de carentes de imparcialidad. De fondo, sí son entendibles temores a las acciones coherentes con los derechos humanos, para el caso con las respuestas esperadas en justicia por las millones de víctimas ocasionadas frente a los responsables principales y directos de las más graves violaciones e infracciones cometidas.
Bogotá, DC. 9 de marzo de 2017.