BCE, cuando lo público sirve a intereses privados

03 de agosto de 2016

Crédito: espacio público
Odalys Padrón

Europa tiene una larga tradición democrática. Atenas, en los siglos VII al V a.C., evolucionó desde una oligarquía, gobierno de unos pocos, hacia una democracia, gobierno del pueblo. Este logro estuvo propiciado por el pueblo a través de innumerables rebeliones populares. No era una democracia plena, ya que se mantuvo la esclavitud y a las mujeres no les estaba permitido participar en política, pero era un comienzo. La democracia renació durante la Ilustración, en el siglo XVIII, con la fundamentación de la democracia representativa.

Para Espinosa, el filósofo de Ámsterdam, el mantenimiento, aseguramiento y garantía de los derechos de las personas es la causa principal de la creación del Estado. Defendió el derecho de la conciencia individual a pensar y expresarse libremente. Según Espinosa la democracia es el gobierno más natural, por ser el más cercano a la libertad que la naturaleza concede a todos. Su coetáneo, el británico Locke, abogó por el principio de la división y separación de poderes como único modo de frenar al poder en el Estado y garantizar así la libertad. La garantía de derechos inherentes a la personalidad, como la vida, la libertad, la propiedad y el derecho a la reparación en caso de ofensa o daño, están en el contrato social por el que cedemos partes de nuestros derechos para conferirlos a la organización política de la sociedad: el Estado.

El francés Montesquieu también estableció la división de poderes como el marco institucional adecuado para posibilitar la existencia y el mantenimiento de la libertad que no puede dejarse al albur de que el pueblo, o su gobierno, esté conformado por personas más o menos virtuosas y bienintencionadas. Si así fuera, será un plus, un añadido, que sin duda contribuiría a favorecer el desarrollo y consolidación de la libertad que debe quedar salvaguardada por encima del azar, por encima de las virtudes que posean los hombres que constituyan el gobierno de un país en cada momento. La libertad debe estar institucionalmente protegida incluso, y especialmente, en el caso de que los gobernantes sean malvados, o en el caso de que el pueblo esté corrompido.

Y con estos antecedentes asistimos estupefactos, hastiados e indignados al lamentable espectáculo de las antidemocráticas instituciones que conforman la Unión Europea. Instituciones, que, en su mayoría, representan los intereses de las grandes empresas financieras despreciando los intereses de la ciudadanía. Algunos ejemplos de estas instituciones serían el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, El Consejo Europeo e incluso el Parlamento Europeo. ¿Cómo pueden hablar de democracia cuando intentan imponernos el TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, sin facilitarnos toda la información? Prácticas represivas y abusivas que creíamos haber desterrado.

Un TTIP que favorece a las grandes empresas y que posibilitará la pérdida masiva de derechos que tanto esfuerzo, lágrimas y sangre ha costado consolidar y que ahora quieren arrebatarnos con alevosía y sin anestesia. Pretenden rebajar los estándares alimentarios (ver Ostracismo del TTIP en el Pacto de Gobierno), acabar con los derechos de la ciudadanía (ver El TTIP, una pérdida de derechos), doblegar a los gobiernos limitando su capacidad legisladora (ver Mutis por el TTIP en la investidura) y como colofón Greenpeace Holanda nos advierte de la presión que está haciendo EE.UU. para eliminar la cláusula, que Europa tiene en vigor, para impedir que ningún artículo salga al mercado sin previamente haber demostrado que no es dañino, los americanos pretenden imponer el principio de comercialización, o sea, que salga el producto al mercado y luego ya se verá si es dañino.

Cada día más datos corroboran que la UE se ha creado por y para favorecer a las élites financieras. Lo confirman noticias como las que tímidamente han aparecido en algún medio de comunicación donde se ha desvelado que el Banco Central Europeo (BCE) ha repartido 470 millones de ayudas públicas a Telefónica, Iberdrola y Repsol. También han recibido ayudas otras empresas como Gas Natural, Red Eléctrica, Enagás, Abértis, Maphre, Redexis, Siemens, Renault o Anheuser-Busch. Mientras las élites financieras son favorecidas por el BCE los Estados miembros, por el artículo 104 del Tratado de Maastricht y el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no pueden ser financiados directamente por el Banco Central Europeo pagando a la banca privada, en concepto de intereses, más de 350.000 millones de euros anuales. Hay economistas que demuestran que si el Estado español desde 1989 se hubiera financiado a un interés del 1% por un Banco Central el peso de la deuda pública española sería ahora del 15% del PIB y no del 100% actual.

La conclusión es clara el BCE financia a las grandes empresas mientras prohíbe financiación directa a los Estados y a las administraciones públicas alegando que los políticos despilfarrarían a manos llenas porque podrían endeudar todavía más a sus ciudadanos y avanzarían sin freno hacia una suspensión de pagos con efectos multiplicados frente a los que podrían tener ahora mismo. Curioso, no se fían de los políticos, en algunos casos lo podría entender, pero sí confían en los directivos de las grandes empresas que según una encuesta realizada por la consultora EY (antigua Ernest & Young) el 70% de los directivos considera “habitual” el soborno y la corrupción, estimándola una práctica usual para generar beneficios. Además dicha encuesta desvela que el 56% de los directivos consultados reconoce la existencia de “maquillaje” en la información financiera de las grandes empresas. Por ello no es de extrañar titulares como el publicado en 2013 “Corrupción IBEX. Dos directivos de Acciona trincan 50 millones de euros en una obra de Zaragoza”

Esta “filosofía” empresarial no debe resultar desconocida para el Presidente del BCE, Mario Draghi. Siendo Vicepresidente para Europa de Goldman Sachs, una de las empresas implicadas en la crisis financiera por su relación con la hipotecas basura y la venta de productos ligadas a ellas, se le relaciona con las falsificaciones de la contabilidad de Grecia ocultando datos sobre el déficit y la deuda lo que permitió a Grecia entrar en el euro y al banco estadounidense llevarse un botín de 600 millones de euros. Dado el historial del Presidente del BCE no sorprende que afirmara que la retirada de los billetes de 500 euros es por ser instrumentos para actividades delictivas y quizás éste no sea el verdadero motivo. Inspectores de Hacienda creen que esta medida no frenará el fraude ni el blanqueo de capitales. Podría tener relación, como apuntan algunos periodistas económicos, con los tipos de interés negativos que están comenzando a verse y que pudieran persuadir a muchos ciudadanos a sacar su dinero del banco y guardarlo en efectivo con el propósito de proteger sus ahorros. Esto añadiría presión a las entidades financieras y la eliminación de los billetes de 500 dificultaría esta opción por razones de espacio. Como ya dijimos, favorecer a las élites financieras perjudicando a la clase trabajadora. Lo público al servicio de lo privado.