18 de junio de 2017
Crédito: Aporrea.org
"Emolumento"
es una palabra que solía usarse muy poco, e incluso era
prácticamente desconocida, hasta que Donald Trump asumió la
presidencia. Ahora circula en las noticias políticas de forma
cotidiana, y es el núcleo de varias demandas judiciales que acusan
al presidente Trump de corrupción. El problema de las retribuciones
extras que percibe un funcionario público es algo que se menciona en
pocas ocasiones en la Constitución de Estados Unidos: una de ellas
es en la cláusula de emolumentos extranjeros. Hay una cláusula
paralela de emolumentos domésticos, que según los demandantes Trump
también estaría infringiendo. Trump dijo al periódico The New
York Times en noviembre del año pasado, después de ganar en el
Colegio Electoral pero perder en el voto popular: "La ley está
completamente de mi lado, es decir, el presidente no puede tener
conflicto de intereses". Esta ola de demandas judiciales va en
contra de su declaración, a medida que se acumulan pruebas de su
enriquecimiento personal gracias a la presidencia.
La
octava cláusula del Artículo I, Sección 9 de la Constitución
estadounidense establece: "Ningún título de nobleza será
otorgado por Estados Unidos: y ninguna persona que tenga un cargo
retribuido o de confianza aceptará, sin el consentimiento del
Congreso, ningún presente, emolumento, cargo o título, de cualquier
clase, de cualquier rey, príncipe o Estado extranjero". Nadie
acusa a Trump de aceptar un título de nobleza, aunque ¿quién se
sorprendería si lo hiciera? Pero una abundancia de emolumentos
parece haberle caído a Trump desde que asumió el cargo, algunos
recibidos de manos de gobiernos extranjeros con importantes negocios
con Estados Unidos. Hasta el momento, tres prominentes demandas
procuran remediar esta situación. Una de ellas fue presentada pocos
días después de que Trump asumiera el cargo por el observatorio sin
fines de lucro CREW (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en
Washington). Otro fue presentado el lunes por los fiscales generales
de Washington DC y Maryland. Y a pesar del tumulto en Washington
causado por el terrible tiroteo en una práctica de béisbol de
congresistas republicanos en la que cinco personas resultaron heridas
–entre ellas Steve Scalise, jefe de bancada de la Mayoría
republicana de la Cámara de Representantes– una tercera demanda
fue presentada el miércoles por aproximadamente 200 miembros
demócratas del Congreso.
Nunca
antes en la historia de Estados Unidos se había generado una serie
tan importante de conflictos de interés con negocios reales y
potenciales del presidente. Donald Trump tiene inversiones en bienes
raíces y otros negocios en todo el mundo. La revista The
Atlantic ha estado compilando una lista de sus potenciales
conflictos de interés y ha enumerado no menos de 44 casos graves en
los cuales su beneficio personal podría depender de acciones
gubernamentales o políticas de Estados Unidos sobre las cuales
preside.
La
demanda de CREW denuncia un canal directo de dinero proveniente de
gobiernos extranjeros para la familia Trump a través del nuevo Hotel
Trump International en la avenida Pennsylvania, a pocas cuadras de la
Casa Blanca. CREW alega que "desde las elecciones del 8 de
noviembre de 2016, diplomáticos extranjeros se han hospedado en el
hotel del demandado, ansiosos de recibir el favor del demandado y
temerosos de lo que pudiera pensar o hacer si recurrían a los
servicios de otros hoteles de Washington. El hotel también contrató
a un ‘director de reservas diplomáticas’ para facilitar los
negocios con Estados extranjeros y sus diplomáticos y agentes".
La demanda continúa: "Un diplomático de Medio Oriente declaró
al [periódico] The Washington Post sobre el hotel: ‘Créanme,
todas las delegaciones irán allí’".
La
demanda impulsada por los fiscales generales de Washington DC y
Maryland explica: "Después de la toma de posesión presidencial
del acusado, este sigue ejerciendo la propiedad y control de cientos
de empresas en todo el mundo, como hoteles y otras propiedades. Su
imperio de negocios comprende una variedad de corporaciones,
sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita y
otras entidades que posee o controla, totalmente o en parte, que
operan en Estados Unidos y al menos en 20 países extranjeros".
La demanda fue presentada para que, entre otras cosas, "las
familias estadounidenses no tengan que estar adivinando si un
presidente que envía a sus hijos e hijas a morir en tierras
extranjeras actúa en base a sus intereses comerciales privados".
La
demanda del Congreso, encabezada por el senador de Connecticut
Richard Blumenthal y el congresista de Washington John Conyers,
reitera muchas de las presuntas violaciones constitucionales de la
cláusula sobre emolumentos por parte de Trump, pero se centra en un
punto clave: "sin el consentimiento del Congreso". Esta
demanda pretende que los tribunales obliguen a Trump a solicitar la
aprobación del Congreso antes de recibir retribuciones dinerarias, o
"emolumentos", que provengan de negocios con Estados
extranjeros. Una condición fundamental que exigen los demócratas
del Congreso es la publicación de las declaraciones de impuestos de
Trump.
La
codirectora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro
Brennan por la Justicia, Elizabeth Goitein, dijo en una entrevista
para Democracy Now!: "Hemos visto una y otra vez que este
presidente cree estar por encima de la ley de varias formas. En una
democracia nadie está por encima de la ley, ni el presidente ni
nadie más".
El
mismo día en que los demócratas del Congreso presentaron su
demanda, el periódico The Washington Post publicó la noticia de que
el asesor especial Robert Mueller estaba investigando a Trump por una
posible obstrucción de la justicia en relación con el despido del
director del FBI , James Comey. Todo esto justo el día del
cumpleaños número 71 de Donald Trump.
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