07 de julio de 2016
Crédito: TelesurTv
Hasta
el 27 de julio la defensa de la mandataria tendrá plazo para
entregar por escrito sus alegatos finales.
La
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó su defensa por
escrito ante la Comisión Procesal del Senado que lleva el
impeachment este miércoles.
Ahora
se abre el plazo hasta el 27 de julio para que la defensa presente
por escrito sus demás alegatos finales, mientras que los
denunciantes tendrán hasta el 12 de julio.
Los
argumentos servirán de base para que el relator de la comisión,
Antonio Anastasia, elabore un nuevo informe que será presentado ante
el Senado el 2 de agosto y sometido a votación 48 horas después.
Si
el documento resulta favorable a proseguir con el proceso que ha sido
denunciado como un golpe de Estado parlamentario contra
Rousseff, se remitirá al pleno de la Cámara Alta.
En
esa instancia será votado el martes 9 de agosto de acuerdo con lo
que informó el titular Renán Calheiros.
Si
en la Cámara Alta recibe el respaldo de la mayoría simple de los
senadores (41 votos de 81) le tocará al presidente del Supremo
Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, convocar el juicio
definitivo a la presidenta, fase que ocurriría solo a
partir del 25 de agosto, según Calheiros.
En
este escenario, la mandataria solo podrá ser separada
definitivamente de su cargo con el voto de la mayoría calificada del
pleno del Senado (54 votos).
Pero
si más de 27 senadores votaran por restituirle su mandato,
ella reasumiría la jefatura del Estado una vez sea publicada la
sentencia absolutoria.
En
contexto
Dilma
Rousseff está suspendida de su cargo por la Cámara Alta brasileña
mientras se estudia si es culpable de supuestamente haber
maquillado los fondos públicos.
En
mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político en su
contra, por lo que fue separada de la presidencia por un período
de 180 días.
Para
que Dilma pierda definitivamente la jefatura del Estado se
necesitará el apoyo de 54 de los 81 miembros de la Cámara
Alta.
Esta
maniobra de juicio político es interpretada por los analistas como
un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista y
un atentado feroz contra las políticas sociales.
En
la misiva que envió el pasado miércoles al Senado, Rousseff
advirtió que la posible interrupción de su mandato
representaría un riesgo para todo el país, porque "un
gobierno sin respaldo popular no resolverá la crisis porque él
mismo será la crisis, no será respetado y se volverá un
osbtáculo para la solución".
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