12 de mayo de 2016
Crédito: BBC Mundo
Gerardo Lissardy
Gerardo Lissardy
En
Brasil, hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde
recibir
suculentos
sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, hasta planear la
fuga del país de un preso en un avión particular.
Y
también está el juicio político contra la presidenta Dilma
Rousseff que precipitó su destitución tras cinco años y medio en
el cargo.
El
"impeachment" también provocó que Michel Temer se
convierta en el presidente de los brasileños hasta el que debía ser
el fin del mandato de Rousseff, en 2018.
Todo
esto fue posible después de que se le abriera un juicio político a
la ya expresidenta del país más grande de Sudamérica.
"Crímen
de responsabilidad"
El
proceso lo inició una comisión especial de la Cámara de Diputados
por considerar que había indicios de que la presidenta
cometió crímenes "de responsabilidad".
Pero
la principal acusación que le costó el cargo a Rousseff no fue
exactamente el dantesco escándalo de sobornos en Petrobras, que
salpicó de lleno a su gobierno y a la clase política brasileña en
general.
Tampoco
se basó en los señalamientos de que la campaña de reelección
presidencial en 2014 recibió dinero desviado de la petrolera estatal
y de grandes obras públicas, como se ha reportado que admitieron
exejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez ante los fiscales.
Ni
la denuncia se apoyó en el testimonio de Delcídio do Amaral, quien
tras ir preso siendo el principal senador del oficialismo acusó a
Rousseff de intentar liberar empresarios involucrados en el caso
Petrobras, nombrando a un alto magistrado.
Pues
no.
La
acusación central contra Rousseff en el Congreso fue que violó
normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
Y
causó una gran fisura en Brasil,separando a quienes creían que
sería justo destituirla por algo así, de quienes sostienen que
sería una injusticia o hasta un golpe de Estado.
La
denuncia
El
pedido de "impeachment" a la presidenta llegó al Congreso
en octubre del año pasado, con la firma de tres juristas.
Uno
de ellos, Hélio Bicudo, de 94 años, fue fundador del Partido de los
Trabajadores (PT) de Rousseff.
Y
días después de formular la denuncia, Bicudo le dijo a BBC Mundo
que la presidenta había cometido una serie de actos "en el
sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del
país, dando la impresión de que todo estaba bien".
La
denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan
"pedaladasfiscales", que implican el uso de fondos de
bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del
gobierno.
El
argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de
Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para
exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.
Por
eso mismo, el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de
la administración de Rousseff en 2014, año en que fue reelecta por
escaso margen.
Aunque
esas maniobras contables fueron usadas por gobiernos anteriores, hay
datos oficiales que indican que se volvieron mucho más frecuentes
durante la gestión de Rousseff.
Los
denunciantes sostienen además que las irregularidades continuaron en
2015, algo clave ya que varios juristas consideraban que la
presidenta sólo puede ser juzgada por delitos cometidos en su
mandato.
La
defensa
Rousseff
negó haber cometido el crimen de responsabilidad que por el que
fue condenada e insistió en calificar de golpe de Estado el
juicio político.
"¿"Impeachment"
sin crimen de responsabilidad qué es? Es golpe", ha dicho
la exguerrillera izquierdista de 68 años.
Su
defensa negó además que alguno de los actos denunciados fuera
firmado por Rousseff.
También
alegó que, al aceptar la denuncia contra la mandataria, el
presidente de Diputados (ahora suspendido por el Supremo Tribunal de
Justicia), Eduardo Cunha, actuó por "venganza".
Cunha
enfrenta varias denuncias de corrupción, incluido el cobro de
sobornos y ocultamiento de cuentas en el exterior.
El
informe de abril
En
cambio, los parlamentarios que terminaron por condenar a Rousseff
insistieron en todo momento en que los hechos contribuyeron a "una
crisis fiscal sin precedentes" en el país.
Redactado
por el diputado Jovair Arantes y aprobado en la comisión, aquel
informe sostiene que la denuncia apunta a una "usurpación"
de la prerrogativa del Congreso de autorizar gastos públicos.
"Tales
actos revelan serios indicios de gravísimos y sistemáticos
atentados a la Constitución", señalaba el informe que dio paso
al juicio político.
Aunque
la denuncia original contra Rousseff asocia los problemas fiscales
del gobierno con el escándalo en Petrobras, Arantes evitó
considerar ese argumento.
Y
la justicia rechazó un pedido para anexar a la denuncia la acusación
que le hizo a la mandataria el senador Amaral, tras ser detenido por
planear la fuga en avión de un exdirector de Petrobras preso.
Y
en el último ambito donde Rousseff podía ser salvada, la suerte ya
está echada: el Senado decidió por mayoría simple abrir el proceso
contra Rousseff.
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