31 de marzo de 2016
Crédito: Agencia Venezolana de Noticias
La
oposición venezolana argumenta que el objetivo de la llamada Ley de
Amnistía y Reconciliación Nacional es garantizar la "paz"
y la "unión" del país, la misma razón utilizada por el
presidente español, Adolfo Suárez, cuando aprobó en 1977 una ley
con las mismas características que perdonó todos los delitos
políticos ocurridos durante la cruenta dictadura de Francisco Franco
en España, entre 1936 y 1977, periodo en el cual se calcularon más
de 114.000 personas desparecidas y el robo de unos 30.000 niños, de
acuerdo con cifras de asociaciones de Derechos Humanos.
Otra
ley de amnistía también fue utilizada por Augusto Pinochet en 1978
para proteger a los autores de los abusos cometidos en Chile durante
su dictadura (1973-1990). Estos hechos implicaron el homicidio y
desaparición de más de 3.000 personas y la detención arbitraria y
tortura a más de 38.000 ciudadanos, refiere Telesur.
En
este sentido, instancias internacionales, como la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), han mostrado su preocupación y absoluto
rechazo a la aplicación de estas normativas que representan un
retroceso en la búsqueda de la justicia y la verdad.
Para
la ONU las amnistías deben ser inadmisibles para cualquier Estado
que se ciña por los principios del respeto a los Derechos Humanos,
pues atentan directamente contra la memoria de millones de personas
que fueron víctimas de torturas, asesinatos, desapariciones y
maltratos.
De
acuerdo con el organismo, estos proyectos legales no sólo impiden el
enjuiciamiento de los responsables, sino que, bajo la excusa de ser
una medida necesaria para garantizar la paz en las naciones, terminan
alentando a los beneficiarios a cometer nuevos crímenes, pues estos
tienen el amparo de ser exonerados de sanciones penales.
En
el caso de Venezuela la mayoría circunstancial de derecha en el
Parlamento Nacional aprobó la ley de indulgencia el pasado martes
con la cual pretenden excarcelar a responsables de muertes violentas,
conspiraciones y otros daños ocasionados con fines políticos, que
fueron investigados, juzgados y condenados por el Poder Judicial de
la nación desde 1999.
Entre
los hechos punibles que abarca esta ley se incluyen no sólo a las
guarimbas y los intentos golpistas en contra del presidente
constitucional, Nicolás Maduro, sino también los crímenes en
contra del sector campesino, los delitos perpetrados durante el golpe
de Estado del 11 de abril de 2001, el paro petrolero de 2002, entre
otras situaciones que quebrantaron la paz y la estabilidad en
Venezuela.
De
acuerdo con las investigaciones realizadas por la Red Nacional de
Derechos Humanos, se estima que con esta aprobación alrededor de
unas 5.000 personas podrían ser absueltas de sus responsabilidades
en diferentes delitos, entre ellos Leopoldo López, artífice del
intento fallido de golpe de Estado en 2014, que provocó la muerte de
43 personas, entre ellas la del joven Elvis Durán, motorizado, que
murió degollado al impactar con una guaya colocada en una vía
pública por un grupo de choque al servicio del partido de López.
La
ley propuesta por la derecha está acompañada de una feroz campaña
mediática nacional e internacional dirigida a criminalizar al
gobierno venezolano, mientras que la oposición —ejecutora de los
crímenes políticos— es presentada como una fuerza que defiende la
democracia y la justicia.
En
el mundo las leyes de amnistía han sido utilizadas como instrumentos
para promover la impunidad y la injusticia de crímenes de lesa
humanidad, genocidios y otras violaciones graves de Derechos Humanos.
En
Uruguay también fue sancionado un estatuto legal conocido como Ley
de Caducidad, que tuvo como finalidad proteger a los militares y las
fuerzas policiales que cometieron crímenes durante el régimen que
se implementó, al mando de Juan María Bordaberry, desde 1973 hasta
1985, fecha en las cuales centenares de uruguayos fueron asesinados.
Mientras
que en 1979, el gobierno militar de Brasil también usó la
indulgencia para dar libertad a los llamados "presos políticos"
y dio paso al retorno de muchos exiliados. Además, dejó exentos de
investigaciones y de juicios a los militares que tuvieron
responsabilidad en los más de 400 asesinatos, durante la dictadura
que inició con el golpe de Estado en contra del presidente João
Goulart en 1964 y culminó con la elección de Tancredo Neves en
1985.
En
Argentina fueron proclamadas las leyes de Punto Final y de Obediencia
Debida en 1986 y 1987, respectivamente, por el entonces mandatario
Raúl Alfonsín, las cuales también exoneraron de toda culpa a los
militares que reprimieron y asesinaron a gran parte del pueblo
argentino en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional,
que no fue más que la dictadura militar más sangrienta y oscura de
la historia de esta nación.
Durante
este régimen las torturas, asesinatos, detenciones, desapariciones y
el exilio formaron parte del plan de exterminio ejecutado por el
gobierno militar, liderado por Jorge Rafael Videla, quien a pesar de
haber sido enjuiciado a cadena perpetua, bajo la protección de estas
leyes salió en libertad en 1990.
Si
bien no existe un número exacto de víctimas, organismos encargados
de velar por lo Derechos Humanos han contabilizado a más de 30.000
desaparecidos y miles de personas fallecidas, entre ellas más de 200
niños.
No hay comentarios:
Publicar un comentario