lunes, 5 de mayo de 2014

FISCAL GENERAL VENEZOLANA DE 180 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD POR HECHOS DE VIOLENCIA SÓLO 7 % SON ESTUDIANTES

Viernes, 25/04/2014
Crédito: iberoamerica.net

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este viernes 25 de abril que de 180 personas privadas de libertad por hechos de violencia ocurridos en el país desde el pasado 12 de febrero, sólo 7 % son estudiantes.

Así lo manifestó en el programa “Justicia y Valores”,  transmitido por Unión Radio, donde también señaló que desde el 12 de febrero hasta el 24 de abril de 2014 el Ministerio Público presentó 19 nuevas acusaciones contra 47 personas que presuntamente están vinculadas con los hechos de violencia, además de cuatro sobreseimientos y un archivo fiscal para un total de 24 actos conclusivos.

Detalló que hasta la fecha de hoy, el Ministerio Público tiene 145 investigaciones por presunta violación a los derechos humanos, de las cuales dos son casos por homicidios, uno por tortura y 142  por trato cruel. La fiscal Ortega Díaz hizo un llamado al ciudadano Raúl Ayala, quien presuntamente fue víctima del delito de tortura, para que se presente ante el Ministerio Público y colabore con la investigación. Agregó que el Ministerio Público, comprometido con los derechos humanos, le brindará a Ayala toda la protección y seguridad necesaria para garantizar su integridad.

La Fiscal General dijo que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho punible puede denunciarlo ante el Ministerio Público o un cuerpo policial receptor de denuncia, lo que dará inicio a una investigación. La denuncia puede ser formulada verbalmente o por escrito y que la legislación venezolana tiene previsto procedimientos en caso de que se deba resguardar la identidad o la integridad física del denunciante, por lo que esa persona no debe sentir temor de acudir a los órganos correspondientes. Explicó que la “noticia criminis” es la presunción razonable de que ocurrió un delito, pero señaló que no se puede pretender que se inicien las investigaciones penales por cualquier planteamiento expresado en los medios de comunicación social.


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