Crédito: Convergencia por la Paz
“Con
los acuerdos de La Habana, Estado colombiano se compromete a
modificar su doctrina militar y a desmantelar el paramilitarismo”
Entrevista
al jurista español Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC en
los Acuerdos de Paz.
Este
abogado militante del Partido Comunista de España (PCE) y una de las
piezas claves del departamento de derechos humanos de Izquierda
Unida, representa la cuota internacional que las FARC debían de
poner sobre la mesa de la comisión jurídica que negocia la paz en
Colombia. Antiguo secretario general de Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR), Enrique Santiago (Madrid, 1964) conoce con
precisión las dificultades de megaprocesos similares tras formar
parte del equipo que redactó la querella contra Augusto Pinochet en
1998 y que, al menos, sirvió para meter el miedo en el cuerpo del
dictador chileno. Ahora, en las negociaciones entre las FARC y el
gobierno de Juan Manuel Santos de La Habana, su papel ha resultado
clave para acercar la paz, algo que para los colombianos siempre ha
sido una especie de sueño.
Su
aportación técnica al nuevo marco jurídico que reparará las
heridas de la guerra, incluidas las competencias penales de los
tribunales transicionales, han revolucionado la forma de encarar la
solución de conflictos armados enquistados como es el de Colombia.
-¿Puede
asegurar que ha terminado el conflicto armado más antiguo de América
Latina?
-Puede
decirse que ha concluido el enfrentamiento militar. Creo que es
irreversible pero aún hay riesgos de que el conflicto social
continúe si las partes involucradas, especialmente las instituciones
colombianas, no son capaces de implementar los acuerdos ya alcanzados
en la mesa de conversaciones de La Habana.
-¿Qué
obligaciones impone esta primera fase?
-En
primer lugar, el cese de hostilidades bilateral y definitivo. Además,
se ha firmado un acuerdo para un proceso de pacificación que, en el
caso de las FARC, contempla la entrega física de las armas pero que
al Estado colombiano le obliga a modificar su doctrina militar en
beneficio de la política y a desmantelar el paramilitarismo que aún
existe.
-¿Quién
ha cedido para que este acuerdo se haya producido?
-Ambas
partes. Por el lado de la insurgencia el esfuerzo ha sido muy
elevado. En primer lugar, porque ha aceptado un marco institucional y
legal que ha combatido durante 50 años y ahora lo reconoce como el
escenario en el que realizar la reincorporación de sus militantes a
la vida civil sin obligar al Estado a abrir un proceso constituyente.
Eso no significa que las FARC hayan renunciado a esta premisa, pero
sí que acepta las normas que establece la Constitución actual. El
Estado colombiano, por su parte, ha cedido en la inclusión de un
nuevo ámbito de justicia para la paz que establece que los máximos
responsables del conflicto no son sólo los oficiales de la junta
mayor del ejército sino que puede extenderse a presidentes,
ministros, dirigentes políticos y miembros de empresas
multinacionales que financiaron el paramilitarismo.
-A
la espera de que empiecen a aparecer nombres simbólicos, ¿hay
riesgos de que embarranque este proceso?
-No
lo creo, sinceramente. El mayor problema, como indica un preciso
informe de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Colombia, es
desatar la inmensa bolsa de impunidad que históricamente ha
protegido a los agentes del Estado y a los grupos paramilitares pero
no a la guerrilla. Un ejemplo de esto es la actitud de la Fiscalía
general cuando creó una unidad especial destinada a contextualizar
los crímenes de las FARC, y que procesó más de 50.000 conductas
delictivas, pero no los asesinatos cometidos por las fuerzas del
Estado y el paramilitarismo.
-Este
proceso también tiene sus detractores. Un sector político
importante del país ha anunciado su oposición a los acuerdos de La
Habana.
-Así
es, aunque intuyo que esa resistencia, que hoy capitanean el
expresidente Álvaro Uribe y el procurador general de la Nación
Alejandro Ordóñez, irá cambiando a medida que la realidad se
imponga. Cuando llegue el momento de la verdad, es decir, cuando el
pueblo colombiano tenga que refrendar los acuerdos definitivos en las
urnas, el Centro Democrático de Uribe no podrá mantener su
oposición porque sería como pedir a las FARC que no se desarmen. Lo
importante ahora es que la gran mayoría de los mandos de las Fuerzas
Armadas colombianas apoyan el proceso de paz.
-¿También
hay divergencias entre los militares?
-Algún
sector no sólo es contrario al acuerdo sino que, y lo digo
claramente, conspira para desestabilizarlo junto a grupos
paramilitares. Y es aquí donde el papel de EEUU, que ha actuado como
acompañante en las negociaciones de La Habana, va adquirir un
protagonismo relevante aportando todo el potencial de información e
inteligencia que tienen para evitar que el proceso de paz no
descarrile.
-¿Es
el mayor peligro al que se enfrentan?
-Hay
otro aún mayor. Se trata de que las inversiones reclamadas para
acabar con la desigualdad estructural que afecta, sobre todo, a las
zonas rurales de Colombia y que desencadenaron el conflicto hace más
de medio siglo se realicen. Si ese dinero no llega, si no se
reinvierte buena parte del presupuesto que el Estado destinaba a la
guerra, y que llegó a ser el 7% del PIB, cundirá la insatisfacción
y habrá problemas.
-¿Podría
producirse una escisión en las FARC, como le sucedió al IRA en
Irlanda?
-No
lo creo. Mi impresión es que se trata de una organización muy
cohesionada. Por La Habana ha pasado la práctica totalidad de su
secretariado, la comandancia máxima de la guerrilla, y todo lo
acordado con el gobierno estaba ya consensuado entre ellos. Esto no
significa que no puede haber miembros de las FARC que al final
decidan optar por salidas individuales pero la realidad es que si se
producen, algo que no lo creo ni deseo, será un número anecdótico
si lo comparamos con la estructura militar conjunta de este grupo
armado.
-Por
delante está la entrega del armamento y su verificación, una tarea
difícil y polémica teniendo en cuenta la dimensión de las FARC.
¿Cuál es la garantía de que se realizará con transparencia?
-El
mecanismo de verificación ha sido aprobado de forma bilateral. Las
FARC entregarán su armamento a las Naciones Unidas, cuyo equipo
estará compuesto por representantes de la CELAC, y no a las
instituciones del Estado colombiano, que se limitarán a estudiar los
informes que reciban. Pero antes de iniciar este proceso se deberán
cerrar algunos temas pendientes muy importantes para el proceso de
paz.
-¿Cuáles?
-Los
programas de reincorporación de la guerrilla a la vida civil, la
definición de los territorios donde se asentarán los guerrilleros,
los programas de desarrollo económico y social de las comunidades
rurales afectadas por el conflicto y la norma de amnistía e indulto
para todas las personas que han sido penalizadas por cultivos
ilícitos, no por el tráfico, de coca. Y, por supuesto, aún falta
por acordar un calendario estricto para el cumplimiento de los
acuerdos. Si no se avanza en estos puntos será difícil alcanzar la
solución definitiva.
-¿Cómo
repercutirá este acuerdo en la estabilización de la región?
-La
base de la ley de amnistía incluye a las personas que tuvieron que
huir de Colombia bajo la acusación de colaborar con la insurgencia.
También contempla programas específicos de retorno acompañado, es
decir, del regreso de los exiliados bajo condiciones que garanticen
su reintegración y reincorporación a la sociedad. Es el modelo que
viene desarrollando ACNUR en otros lugares del mundo y que se aplicó
con éxito en los países del cono sur latinoamericano, los que
sufrieron la represión y persecución de las dictaduras militares.
Sorprende
descubrir que el principal asesor de las FARC en La Habana es Álvaro
Leyva, jurista y miembro del Partido Conservador. Y ministro de Minas
y Energía con Belisario Betancur.
-Su
perfil es antagónico al ideario de las FARC.
¿Quién es Álvaro
Leyva?
-Es
un hombre de profundas convicciones conservadoras y un demócrata
integral. Hablamos de una persona que desde hace más de 40 años se
implicó a fondo para conseguir la paz con el enorme sacrificio que
eso supone en un país como Colombia. Es admirable, un ser
polifacético convencido de que la paz sólo se construye acabando
con las desigualdades sociales y cuya aportación al acuerdo
alcanzado es la mayor contribución jamás realizada por un político
colombiano. Creo que todos hemos contraído una inmensa deuda con él.
-¿Qué
papel ha desempeñado España en este proceso?
-Nulo.
Y es triste si lo comparamos con su papel de acompañamiento jugado
en los tres anteriores procesos. En realidad, se autoinvalidó debido
al seguidismo que desde la época de José María Aznar hizo a los
gobiernos colombianos. España rompió su neutralidad a raíz del
fracaso de las negociaciones de paz del Caguán en 2002 y se
posicionó a favor del ejecutivo de Álvaro Uribe cuyas sombras son
muy alargadas. En La Habana no ha habido presencia española y podía
haber apoyado el proceso como lo han hecho Alemania, la UE y EEUU
pero no ha sido el caso. Cabe la posibilidad de que ahora forme parte
del grupo de verificación internacional.
