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viernes, 23 de junio de 2017

ONU: El Ejército de EEUU es el autor de los asesinatos en masa en Siria

 15 de junio de 2017
Crédito: Sputniknews



La Comisión internacional independiente de Investigación para Siria, que forma parte de las Naciones Unidas, acusó a Estados Unidos y sus aliados de cometer asesinatos en masa en Siria. El columnista Ígor Gashkov en su artículo para Sputnik examina el asunto.

Según los datos presentados por el jefe de la Comisión, Paulo Sergio Pinheiro, los bombardeos de las áreas contiguas a la 'capital' del autoproclamado califato de Daesh —proscrito en Rusia y otros países—, Al Raqa, provocaron centenares de víctimas civiles que involuntariamente vivían en estas zonas bajo el yugo de los yihadistas.

Otro miembro del organismo, Karen Abuzayd, precisó que el número de muertos se cifra en 300 personas. Dos terceras partes de ellas son víctimas de ataques aéreos contra la localidad de Al Mansura, ubicada en la provincia de Al Raqa.

'La tristeza del desierto'
La operación militar de la Coalición internacional liderada por EEUU en Siria e Irak empezó en verano de 2014 cuando Washington declaró la guerra a los yihadistas de Daesh. A partir de la primavera de 2017 los militares estadounidenses ayudan a las milicias kurdo-árabes que lanzaron una ofensiva contra Al Raqa.

"El apoyo estadounidense supone el uso de los bombardeos encaminados a despejar el camino a las tropas terrestres. Durante una de las operaciones de este tipo la aviación estadounidense lanzó sus proyectiles contra Al Mansura, que cayeron sobre una escuela en dicha localidad. Como resultado, este ataque se cobró la vida de 200 civiles", escribe Gashkov.
La información presentada por Abuzayd indica que el edificio se usó como  refugio temporal para personas que habían huido de Palmira.



Asimismo, los datos de la ONU afirman que los bombardeos de las cercanías de Al Raqa causaron un éxodo masivo de la población local. Aproximadamente 160.000 personas abandonaron los territorios que se sometieron a los ataques aéreos.


"La lucha antiterrorista, que representa una necesidad esencial, no debe realizarse a costa de [la vida] de los civiles, que involuntariamente habitan en las zonas controladas por Daesh", dijo Pinheiro.

Mar de sangre
Las declaraciones de los representantes de las Naciones Unidas coincidieron con la investigación acerca del uso de municiones cargadas con fósforo por EEUU en Siria, indica el columnista.

El uso de este tipo de armas solo está permitido en el caso de que los blancos no sean seres humanos. El Pentágono por su parte asevera que utiliza este tipo de municiones solo en las áreas deshabitadas.

A pesar de estas afirmaciones del ente militar estadounidense, la organización de DDHH Human Rights Watch expresó su preocupación respecto a la posibilidad de que estos proyectiles pudieran haber provocado incendios causando aún más víctimas.

El Gobierno de Asad rechaza fuertemente los bombardeos contra el territorio sirio. El país árabe sigue recordando a Washington que no le ha permitido realizar operaciones militares en sus territorios y que la guerra de Estados Unidos contra Daesh continúa sin el mandato de la ONU.

Los militares estadounidenses por el momento no han comentado los datos presentados por la Comisión. De acuerdo con los cálculos del Pentágono, a lo largo de los últimos tres años solo 350 civiles perdieron la vida a raíz de los bombardeos estadounidenses contra el territorio sirio.

La Red Siria de Derechos Humanos, Airwars, por su parte cifra el número de muertos causado por los ataques aéreos de EEUU en unas 3.800 personas.

Bombardeos mediáticos
A principios del abril de 2017 los medios dominantes occidentales empezaron a poner mucho énfasis en los ataques contra los civiles en la localidad de Jan Sheijun —realizados supuestamente por las tropas leales a Asad, según afirma Washington—, que resultó en la muerte de 89 personas.

"Entretanto la información acerca de la masacre en Al Mansura pasó desapercibida por los mismos medios durante mucho tiempo pese al hecho de que este bombardeo sucediera dos semanas antes del ataque contra Jan Sheijun", enfatiza Gashkov.
"Es posible que en el caso de que  la información sobre el ataque contra Al Mansura hubiera aparecido antes, el panorama informativo en aquel entonces habría sido muy diferente", concluyó.

domingo, 2 de abril de 2017

COLOMBIA: ASESINARON A MÁS DE 150 LÍDERES SOCIALES EN LOS ÚLTIMOS 14 MESES (+DD.HH.)

 01 de abril de 2017
Crédito: LaIguanaTv

Un total de 156 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en los últimos catorce meses en Colombia, informó el viernes la Defensoría del Pueblo, organismo que vela por los derechos humanos en el país.

“Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017 ocurrieron 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados”, indicó el organismo a través de su informe “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos Humanos”.

Según Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, “una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia”.

Los hechos se presentaron en los departamentos de Antioquia (noroeste), Arauca (nordeste), Atlántico, Bolívar (norte), Caquetá, Casanare (centro), Cauca, Nariño, Chocó (suroeste) y Tolima (centro-occidente), entre otras regiones del país.

La información de la Defensoría revela que estos homicidios, atentados contra la vida e integridad personal y amenazas, se dirigen contra un grupo que comparte características semejantes, y destaca que las violaciones se han presentado en la misma zona geográfica y espacio temporal.

De acuerdo con el reporte, “la estigmatización contra este grupo poblacional es un factor que aumenta el riesgo al que se encuentran expuestos”, por lo cual hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad en general a tomar acciones urgentes para “blindar moralmente” y proteger a las posibles víctimas, organizaciones y movimientos sociales.

El Informe fue construido con base en la verificación en terreno por parte alrededor de 200 funcionarios de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y presentado ante un grupo de víctimas y líderes sociales de la región norte del país, precisó el organismo.