Ley Estatutaria de la JEP en Colombia: ¿Qué es, a quién beneficia y qué falta para su aprobación?
La Ley Estatutaria beneficiaría a 9.691 desmovilizados de la FARC, 1.958 miembros de la fuerza pública y 39 agentes del Estado. | Foto: EFE
Publicado 19 febrero 2019
Iván Duque deberá anuncia su aprobación o rechazo de la Ley Estatutaria de la JEP en un plazo de 20 días.
El presidente de Colombia, Iván Duque, mantiene en la incertidumbre a los colombianos, quienes esperan la aprobación y entrada en vigencia de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP). Su rechazo marcaría un precedente en la historia judicial del país.
Finalmente, la Ley Estatutaria de la JEP legó a manos del presidente Duque, quien tiene un plazo de menos de 20 días para su respectivo procesamiento.
¿Qué es la Ley Estatutaria?
La Ley Estatutaria de la JEP fue introducida a finales de 2017, durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Esta normativa permitiría a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto social-armado del país, un aprovechamiento de recursos jurídicos y un funcionamiento total del ente.
La Jurisdicción Especial para la Paz detalló que la sanción de la Ley Estatutaria beneficiaría a 9.691 desmovilizados del exgrupo insurgente FARC, ahora partido político, a 1.958 miembros de la fuerza pública y 39 agentes del Estado que hasta el momento se han sometido a este tribunal.
Voces a favor y en contra
El pasado lunes, el fiscal colombiano, Néstor Humberto Martínez, expresó que la ley va en contra de la Constitución y los derechos de las víctimas de los acusados de lesa humanidad pertenecientes a la JEP.
Martínez recomendó objetar y desconocer la Ley Estatutaria de la JEP y su posición fue respaldada por el expresidente Álvaro Uribe, opositor del proceso de paz en Colombia.
Por su parte, la representante de la Cámara y experta en temas de paz y justicia transicional, Juanita Goebertus, aseveró que al fiscal no le corresponde arremeter contra decisiones de la Corte Constitucional.
Asimismo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia recordó al fiscal que la Corte Constitucional dio su última palabra sobre la Ley Estatutaria. En un comunicado indicó que "es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley, solicitud que de manera respetuosa elevó la presidencia de la jurisdicción al señor Presidente de la República el pasado 4 de febrero de 2019”.
Adicionalmente, el senador Roy Barreras a través de sus redes, destacó que un fiscal no debe recomendar nada al presidente sobre una sentencia ya aprobada constitucionalmente.
Aprobación o rechazo de la Ley Estatutaria
Antes de llegar a manos del presidente Iván Duque, la Ley Estatutaria fue procesada en octubre de 2017 por la Fiscalía de Colombia, más de seis meses después, en julio de 2018 fue considerada como exequible por la Corte Constitucional.
El paso de la Corte al Congreso se tomó un tiempo de 5 meses, donde el presidente Ernesto Macías la tuvo engavetada por más de un mes, hasta ser firmada y enviada a la Cámara de Representantes.
El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, notó ciertas incongruencias con respecto a la norma, provenientes del Congreso, a lo que Macías alegó inconvenientes de impresión. Al ser resueltas las imprecisiones detectadas, la ley se envió al Palacio Presidencial.
Se espera que en menos de 20 días, Iván Duque comunique su aprobación o rechazo de la Ley Estatutaria de la JEP. Si no aprobada sería la primera vez en la historia judicial de Colombia que un presidente pase por encima del sistema judicial y constitucional de la nación.
Duque, antes de llegar a ser presidente, se manifestó en contra de la Ley Estatutaria de la JEP.
"La Ley estatutaria de la #JEP no la van a sacar a pupitrazo limpio, ni mucho menos a doblegar a las instituciones porque vienen presionados por las Farc. Colombia se respeta y las leyes se respetan: #NoALaJEP", expresó Duque en redes sociales el 8 de noviembre de 2017.
|| Comunicado de la @JEP_Colombia sobre las opiniones del Fiscal General de la Nación.
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