El excomandante en jefe del Ejército chileno confesó haber utilizado para gastos personales casi 3.500 millones de dólares que pertenecían a los fondos públicos.
El excomandante en jefe del Ejército chileno confesó haber utilizado para gastos personales casi 3.500 millones de dólares que pertenecían a los fondos públicos.
El excomandate en jefe del Ejército de Chile Juan Miguel Fuente-Alba fue procesado este martes por el Poder Judicial del país latinoamericano por los cargos de malversación de fondos públicos por un monto que asciende casi a los 3.500 millones de dólares.
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Fuente-Alba quedó sometido a prisión preventiva luego de confesar frente a la ministra de la Corte Marcial y de Apelaciones de Santiago, Romy Rutherford, que hizo uso personal de fondos reservados del Estado.
La funcionaria encargada de la investigación detalló que Fuente-Alba admitió "haber utilizado fondos correspondientes a gastos reservados -que fueron entregados por el Ejército de Chile con el específico fin de ser usados en asuntos de inteligencia, contrainteligencia y seguridad- con un destino diferente, a razón de entre 700 y 800 millones de dólares anuales, durante cuatro años".
El acusado detalló que usó los fondos en "el pago de diferentes conceptos y montos, como son la mantención completa de su vivienda familiar, lo que incluía no solo consumos básicos, sino que todos y cualquier gasto que pudiera darse mensualmente, incluyendo la alimentación de su grupo, del personal y de las visitas recibidas, las celebraciones, cenas especiales, contratación de banquetería, flores, etc".
Dio a conocer que financió al menos 19 viajes al extranjero con el dinero público y que “recibió por cada comisión un viático que depositó en sus cuentas, sin destinarlo a ninguno de los conceptos propios, sino a gastos que no supo identificar”.
Por su parte, la defensa del excomandate informó que interpuso un recurso de amparo contra la ministra Rutherford por presuntos malos tratos hacia Fuente-Alba durante los interrogatorios del 13 y 14 de febrero por el caso de fraude en el Ejército.
El abogado defensor, Pelayo Vial, presentó un recurso en el que se pide que se invaliden todas las diligencias y el auto de procesamiento dictado por la ministra, y que se declare ilegal la detención de Fuente-Alba.
La defensa asevera que “durante las diligencias realizadas por la señora ministra no se permitió la asistencia del abogado defensor, cuestión que se había permitido en esta misma causa por el ministro instructor anterior. Nos parece que la garantía constitucional de que una persona tenga derecho a defensa debe respetarse y está dentro de las facultades de la Corte, determinar que una diligencia tenga un estándar mínimo de garantías constitucionales”.
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