De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, las recientes sanciones del Gobierno estadounidense contra el organismo internacional y sus funcionarios, “evidencian el despreció
por el sistema multilateral y la intención de sustituirlo por la peligrosa visión unilateralista y excepcionalista”
T/ Romer Viera Rivas..Caracas
La República Bolivariana de Venezuela rechaza “la ilegal Orden Ejecutiva adoptada el 11 de junio de
2020 por el gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI), incluida su fiscal y toda persona que provea asistencia para el buen funcionamiento de la
instancia multilateral”, expresó el canciller Jorge Arreaza en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
Estados Unidos impuso sanciones a la CPI debido a las investigaciones de este organismo internacional sobre crímenes de guerra en Afganistán. La penalización incluye a trabajadores del organismo que participen en cualquier litigio para acusar a funcionarios estadounidenses sin
consentimiento de Estados Unidos. Para Venezuela, “con esta decisión Donald Trump abre las puertas a la aplicación de medidas coercitivas, unilaterales, arbitrarias y punitivas contra la Corte Penal Internacional, demostrando una vez más su absoluto irrespeto a los principios del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos”.
Igualmente, considera que las recientes decisiones de Estados Unidos contra organizaciones internacionales evidencian “despreció por el sistema multilateral y la intención de sustituirlo por la
peligrosa visión unilateralista y excepcionalista, con la que pretenden dominar a la humanidad”.
El Gobierno venezolano acusa a Estados Unidos de ejercer “presión y bullying internacional” contra la CPI, con lo que atenta contra su autonomía e independencia.Según el texto publicado por la Cancillería venezolana “no hay duda de que el mundo está ante una huida preventiva hacia adelante de Donald Trump, con el propósito de incidir en las investigaciones actualmente en curso en ese tribunal, frente al cúmulo de evidencias disponibles que confirman la responsabilidad de sus agentes en crímenes de guerra y lesa humanidad en el mundo entero, incluida las República Bolivariana de Venezuela”.
Por último, se insta a los Estados parte del Estatuto de Roma y a la comunidad internacional en general a rechazar estas “practicas gansteriles” estadounidenses ya que “atentan contra la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad”.
La CPI decidió iniciar investigaciones después de que un examen preliminar realizado por fiscales en el año 2017 dio motivos razonables para creer que los soldados estadounidenses cometieron crímenes de guerra en Afganistán, y la CPI tiene la jurisdicción para considerar este tipo de delitos.
El objeto de las pesquisas son los crímenes cometidos durante el conflicto armado desde el 1 de mayo de 2003, cuando este país asiático se convirtió en Estado miembro del Estatuto de Roma. Estados Unidos, que no es parte de la CPI, lleva a cabo una campaña contra esta entidad y aduce que esta
emite juicios contra sus ciudadanos motivados políticamente.
Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, las acciones de la CPI son un “ataque a los derechos del pueblo estadounidense” y “amenazan con infringir la soberanía.
CREDITO CORREO DEL ORINOCO. CARACAS. VENEZUELA.
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