lunes, 30 de julio de 2018

Desentrañando el gabinete de Iván Duque

Por: Ava Gómez Daza / Celag 
    Desentrañando el gabinete de Iván Duque
    Publicado 27 julio 2018

    Con el nombramiento de la ministra de Tecnologías de Información y Comunicación, Silvia Constaín, el presidente electo Iván Duque cerró, el pasado miércoles 25 de julio, el proceso de selección del gabinete de ministros y ministras que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto en el Ejecutivo.
    Con el nombramiento de la ministra de Tecnologías de Información y Comunicación, Silvia Constaín, el presidente electo Iván Duque cerró, el pasado miércoles 25 de julio, el proceso de selección del gabinete de ministros y ministras que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto en el Ejecutivo. El mismo se prolongó desde la definición del equipo de empalme, el pasado 1 de julio, cuyas reuniones sirvieron como escaparate para las y los ministeriables, de cara a los medios de comunicación. El empresariado estuvo muy atento desde la primera reunión de empalme, con la presencia de al menos 24 directivos gremiales de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, del gremio que agrupa a las compañías que distribuyen gas y petróleo, el avícola; y el gremio de la salud, entre otros.
    La despolitización del gabinete y la selección de perfiles tecnocráticos para el “mejor desempeño” en la ejecución de las políticas públicas del próximo Gobierno fue el relato que se instaló en la opinión pública, como forma de simbolizar que 1) el presidente Duque no es marioneta de nadie –razón por la cual no prioriza en sus nombramientos la militancia uribista– y, 2) que Colombia se aventura hacia un Gobierno joven, paritario y renovado –lejano del modelo de ejecución de su predecesor, Juan Manuel Santos y de su mentor político, Álvaro Uribe Vélez–.
    Sin embargo, y a pesar de la retórica del uribismo 2.0 que el presidente Duque intenta posicionar hacia la ciudadanía, lo cierto es que la selección ministerial no está ni tan desvinculada de las huestes del uribismo y del conservadurismo más castizo, ni es producto de una selección inocente de tecnócratas, sino más bien un guiño al sector del empresariado que lo apoyó en bloque durante la campaña electoral.
    En primer lugar, los ministerios de primer nivel van a estar ocupados por veteranos uribistas, algunos muy bien relacionados con el conservadurismo:
    Ministerio de Hacienda. Alberto Carrasquilla Guerrero. Economista –maestría y doctorado en la Universidad de Illinois-. Se desempeñó como ministro de Hacienda en el Gobierno de Álvaro Uribe. Fue gestor de la reforma constitucional de 2005 que modificó el régimen pensional y acabó con el régimen especial de pensiones, en detrimento de los pensionistas colombianos. Entre sus medidas más polémicas estuvo la creación de las zonas francas especiales y la ley de estabilidad jurídica, que benefició a ciertas empresas como la Drummond y Glencore. Lideró la venta de los bancos que había rescatado el Gobierno Pastrana (Bancafé, Megabanco y Granahorrar) y las capitalizaciones de Ecopetrol e Isagén[i]. Fue presidente y director del fondo de inversión de Navenby Investments Group INC en Panamá y, en 2016, su nombre apareció en la investigación de los Panama papers[ii]–una investigación que reveló el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de Gobierno, líderes de la política mundial, etcétera–.
    Ministerio de Defensa. Guillermo Botero. Abogado y politólogo – Universidad de lo Andes. Fundador de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), quien forjó –desde que se desempeñó como director de la gremial en 2003– una relación de amistad con el entonces presidente Álvaro Uribe. Uribe lo nombró su representante en las juntas directivas de La Nueva EPS y de la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue una de los más álgidos críticos a la política empresarial del Gobierno de Santos, en especial desde que sus fuertes críticas al proceso de paz le valieran su destitución de Fenalco. Si bien no tiene experiencia en el sector de Defensa, ya ha puesto de manifiesto su interés en regular las protestas sociales, en unas declaraciones que generaron gran polémica antes de su asunción al Ministerio de Defensa[iii].
    Cancillería. Carlos Holmes Trujillo. Abogado, maestría en Negocios Internacionales en la Universidad de Sofía de Tokio. Es uno de los barones del Centro Democrático. Tiene una larga trayectoria política y cargos de relevancia en todos los gobiernos desde 1990. Fue contendiente de Duque en las primarias internas del partido, representante de la vieja guardia de la formación política. En 2014, fungió como fórmula vicepresidencial del hoy apartado Óscar Iván Zuluaga[iv].
    Ministerio del Interior. Nancy Patricia Gutiérrez. Abogada – Universidad del Rosario). Fue miembro de la Cámara de Representantes y del Senado, vinculada al partido Cambio Radical. En junio de 2008 la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación por parapolítica, después de que la ex-congresista condenada Rocío Arias señalara sus presuntos nexos con un jefe paramilitar. Después de esa primera investigación apareció otra por haber utilizado su posición como presidenta del Congreso para conseguir información reservada que después usó para atacar en plenaria a su colega liberal Piedad Córdoba[v].
    Ministerio de Trabajo. Alicia Arango. Administradora, especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Fue la mano derecha de Duque durante la campaña electoral. Se desempeñó como la secretaria privada de Uribe durante su Gobierno y como embajadora ante las Naciones Unidas en Ginebra; a su regreso a Colombia, se convirtió en directora del Centro Democrático y es una de las fichas de confianza de Álvaro Uribe.
    Ministerio de Transporte. Ángela Orozco. Abogada con maestría en Jurisprudencia Comparada por la Universidad de Texas. Fue ministra y viceministra de Comercio Exterior, y presidenta de Proexport durante la Presidencia de Andrés Pastrana. Es muy cercana a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, por haber sido su socia en una consultora de comercio exterior. Ha apoyado la creación de varias zonas francas y defendido a diferentes empresas en litigios sobre asuntos arancelarios. Es directiva de Asograsas que agrupa a los productores de aceites y grasas comestibles[vi].
    En segundo lugar, estarían los perfiles tecnócratas que, si bien reflejan un alto nivel profesional y experticia (en buena parte de los casos) en las temáticas de las que van a ser responsables, son una apuesta favorecedora del sector privado (empresariado y universidades) y de los organismos no gubernamentales.
    Ministerio de Justicia y del Derecho. Gloria Borrero en Justicia. Abogada y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Su trayectoria se vincula a la consultoría en el PNUD y la USAID. Su último cargo fue el de directora de la Corporación Excelencia de la Justicia[vii].
    Ministerio de Minas y Energía. María Fernanda Suárez. Administradora con maestría en Gerencia de Políticas Públicas, en la Universidad de Georgetown. Desde 2015 es vicepresidenta Corporativa de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol, donde fue una de las promotoras de la petrolera entre los inversionistas extranjeros. Desempeñó cargos gerenciales en Citibank, ABN AMOR, Bank of America y en el fondo de pensiones y cesantías Porvenir. Como directora de Crédito Público durante el primer Gobierno de Santos, estuvo involucrada con la estructuración financiera de la venta de Isagén. Su nombramiento fue impulsado desde el gremio de las petroleras, la Asociación Colombiana del Petróleo; de las generadoras de energía eléctrica, Acolgén y de los mineros, Asociación Colombiana de Minería[viii].
    Ministerio de Ambiente. Ricardo Lozano. Geólogo de la Universidad Industrial de Santander. Fue director del Centro Nacional del Agua de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Previamente, ocupó la subdirección de estudios ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM durante el gobierno de Uribe[ix].
    Ministerio de Salud y Protección Social. Juan Pablo Uribe. Médico con maestría en Salud Púbica y Administración Pública en la Universidad de Michigan. En 1994 fue el director general de promoción y prevención en el Ministerio de Salud. Además, trabajó como viceministro de esa cartera en el Gobierno de Andrés Pastrana. Fue gerente de Salud para la región de Asia del Este y el Pacífico en el Banco Mundial, así como para la región de América Latina. Desde 2011 fue director de la Fundación Santa Fe, uno de los hospitales privados con mayor prestigio en Colombia[x].
    Ministerio de Educación. María Victoria Angulo. Economista con maestría en Economía y Análisis Económico de la Universidad Pompeu Fabra. Trabajó en Ministerio de Desarrollo y en Planeación Nacional y, después, en la Secretaría de Hacienda del Distrito, durante el segundo Gobierno de Antanas Mockus. Fue directora de Fomento de la Educación Superior en el Ministerio de Educación entre 2004 y 2011 e hizo parte de la Fundación Empresarios por la Educación, promotora del vínculo entre sector privado y educación. Hasta su nominación se desempeñó como secretaria de Educación en Bogotá, donde su gestión no está exenta de polémicas: fue señalada por la Asociación Distrital de Educadores por aprobar vigencias futuras por casi 400 mil millones de pesos, para entregar en concesión 13 colegios públicos de la ciudad[xi]. Su gestión en la capital también fue altamente criticada por los sobrecostes en el Programa de Alimentación Escolar, que ofreció raciones de alimentación malogradas para niños y niñas de colegios públicos[xii].
    Ministerio de Agricultura. Andrés Valencia. Economista de la Universidad de los Andes. Hasta su nominación, se desempeñó como presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi). Previamente, tuvo una prolongada carrera en el ámbito institucional, desde que comenzó a trabajar en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 1990. Se desempeñó en la Consejería de Asuntos Internacionales y en el Ministerio de Comercio Exterior, que encabezó Juan Manuel Santos, durante el Gobierno de César Gaviria. Trabajó en la Dirección General de Comercio Exterior y, durante el gobierno Uribe, fue asesor de la gerencia general de la Federación Nacional de Cafeteros, haciendo parte del lobby del café en las negociaciones del TLC con EE.UU.; en el mismo Gobierno fue gerente del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA[xiii].
    Ministerio de Vivienda. Jonathan Malagón. Economista con maestría en política económica de Columbia University (Estados Unidos), maestría en finanzas de la Universidad de Barcelona y doctorado en Economía de la Universidad de Tilburg. Trabajó en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) –el gremio de entidades financieras–. Fue jefe de estudios económicos y gerente de control en Telefónica. Además, se desempeñó como consultor en la Corporación Andina de Fomento – Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Mundial y el PNUD. Actualmente, es miembro de las juntas directivas del Fondo Nacional de Garantías, la Unión Latinoamericana para la Vivienda (Unipravi), la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), la Liga de Lucha Contra el Cáncer y el Club de Banqueros y Empresarios[xiv].
    Ministerio de Cultura. Carmen Vásquez. Abogada con maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Hasta mayo de este año fue ministra plenipotenciaria de la Organización de los Estados Americanos. Se desempeñó como viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio de Interior del Gobierno Santos, donde fue responsable de los temas de democracia, participación, minorías étnicas, consulta previa, derechos humanos, población en situación de discapacidad, género y LGTBI. Las críticas más fuertes a su gestión se derivan de la forma en que trató a las 80 mujeres afro que marcharon desde el Cauca hacia el Ministerio de Interior en Bogotá, para exigir medidas contra la minería ilegal en su departamento, a quienes no permitió que tuvieran acceso a cobijo durante cuatro largas noches[xv].
    Ministerio de Comercio Industria y Turismo. José Manuel Restrepo. Economista con maestría en Economía de London School of Economics, doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Bath. Fue rector del CESA, entre 2009 y 2014, y rector de la Universidad del Rosario hasta su nominación. Su labor desde la rectoría de la Universidad del Rosario fue reconocida por el impulso al programa Ser Pilo Paga, que beca a jóvenes de escasos recursos y alto rendimiento académico para que accedan a la universidad. El programa, insignia del Ministerio de Educación de la era Santos, ha sido criticado por beneficiar, fundamentalmente, a la universidad privada, frente a la pública[xvi].
    Ministerio de Tecnologías de la Información las Comunicaciones. Silvia Constaín. Economista con MBA por la Universidad de los Andes. Tiene una larga trayectoria en comercio internacional, inversiones, negociaciones y política pública. Trabajó en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en la Embajada de Colombia en Washington durante el Gobierno de Uribe, y se centró liderar las estrategias de políticas públicas y asuntos gubernamentales de Facebook y Apple en América del Sur. También se desempeñó como negociadora en la Misión de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra[xvii].
    La retórica de uribismo 2.0 que Duque intenta posicionar para la comunidad internacional y la elite empresarial, es la de la “seguridad inversionista”, en la que un buen equilibrio entre la paz –herencia de su predecesor que les permite a los empresarios explotar nuevos rubros en diversas zonas del país– y la seguridad son el camino hacia la prosperidad. Nada más lejos de la realidad si esa experticia no se acompaña de una interacción más diversa con las problemáticas del país; interacción que permita ver sin miopía las realidades más crudas de la ciudadanía colombiana y que evite que los mismos ministros expresen exabruptos como que el salario en Colombia es “ridículamente alto”[xviii], tal y como observó el hoy ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en 2008, mientras cosechaba fortunas en paraísos fiscales[xix].
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