EN LA AUDIENCIA DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014
ULTIMO LEÍDO AUDIENCIA
El Estado venezolano viene realizando críticas constructivas a la Comisión Interamericana desde el año 2003, incluso después que esta Comisión tuvo una actuación antidemocrática con el gobierno legítimo del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías. Para Venezuela la Comisión perdió su credibilidad desde el 11 de abril de 2002, cuando ésta demostró su parcialidad a favor de los golpistas que lograron derrocar durante 48 horas y secuestraron al Presidente Chávez en el fuerte Tiuna, y la Comisión negó una medida cautelar solicitada por la ONG¨S Colombiana Minga para resguardar la vida del presidente Chávez.
Venezuela desde entonces, viene solicitándole a la Comisión que aplique los principios reconocidos por la comunidad internacional para que se cumplan y protejan a cabalidad los derechos humanos, vale decir: La universalidad, interdependencia, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos, y asimismo viene solicitándole a la Comisión que elimine la aplicación de un doble rasero y la politización en sus actuaciones sobre la materia, que deje de pronunciarse sobre asuntos todavía no resueltos por la jurisdicción judicial venezolana y que no trate de suplantar a los poderes públicos de nuestro país en el ejercicio de nuestra soberanía.
Para fundamentar los alegatos que a continuación exponemos, es oportuno recapitular algunos hechos. La República Bolivariana de Venezuela convocó una Asamblea Constituyente y aprobó una Constitución por referendo constituyente el día 20 de diciembre de 1999. El artículo primero señala: Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar. Son derechos irrenunciables de la Nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.
Artículo dos: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Para la consecución de tales fines, el presidente eterno Hugo Chávez Frías decretó la nacionalización de nuestra industria petrolera para lograr el fortalecimiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y la defensa de los precios justos del petróleo. Como consecuencia de estos actos de soberanía el gobierno de los Estados Unidos, juntos con los sectores de la oposición venezolana iniciaron desde 1999, una campaña de desestabilización interna y externa, presentando falsamente al presidente Chávez como un dictador y violador de los derechos humanos.
Para tal propósito han utilizado a ONG´´S venezolanas y extranjeras para presentar denuncias la mayoría de las veces temerarias, sin fundamentos y sin pruebas. Debemos de recordar que la Comisión Interamericana comenzó sus funciones en 1959 en Santiago de Chile y su primer presidente fue el escritor venezolano Rómulo Gallegos en el periodo 1960-1963. Desde el año 1960 hasta el año 1998 periodos de los gobiernos de Acción Democrática y Copei (antes del Presidente Chávez) se recibieron solo cinco denuncias.
El caso conocido por la Comisión fue un atentado terrorista contra un avión de la aerolínea Cubana de Aviación, con 70 personas a bordo en su mayoría deportistas cubanos. Por esos hechos fueron detenidos y acusados dos policías de nacionalidad cubana que trabajaban para la policía venezolana de nombre Luis Posada Carriles y Orlando Boch. El otro caso sentenciado por la Corte Interamericana fue El Amparo. Estos hechos sucedieron antes del presidente Chávez.
Ahora bien, después de la toma de posesión del Presidente Chávez 1998, cuando sean respetados los derechos humanos en Venezuela como nunca antes en nuestra historia hasta el año 2014, se han recibido 101 denuncias en la Comisión de las cuales 44 se encuentran en fase de Petición, 20 con informe de Admisibilidad, 20 han sido archivados y 16 sometidos al conocimiento de la Corte y sentenciados. Falta un caso por sentenciar por la Corte, es Marcel Granier. Como lo demuestran las estadísticas, es evidente que la Comisión y la Corte se han parcializado totalmente en contra de Venezuela, agrediendo a un país soberano y democrático.
Le recordamos a los Comisionados y al mundo que los gobiernos de los partidos Acción Democrática y Copei desde 1958 a 1998, violaron en forma sistemáticas los derechos humanos. En efecto, entre 1958 hasta 1998, durante 40 años estos gobiernos asesinaron a millares de ciudadanos, estudiantes, campesinos y obreros en manifestaciones. Las universidades nacionales fueron allanadas y algunas cerradas. Desaparecieron a centenares de líderes políticos y detuvieron y torturaron a más de tres mil personas. Antes cualquier perturbación social suspendían todas las garantías constitucionales. También, las autoridades comenzaron a perpetrar los delitos de las desapariciones forzadas en Venezuela incluso antes que las dictaduras del Cono Sur.
El presidente Rómulo Betancourt en 1961, dio la orden a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos policiales de “disparar primero y averiguar después”. Durante esos cuarenta años de supuesta democracia se cometieron las masacres de El Amparo, Cantaura, Yumare, El Caracazo y Retén de Catia. Durante estos 40 años, solo existían diez ONG¨S de derechos humanos, actualmente existen más de cien todas financiadas por los Estados Unidos.
Una sola ONG venezolana COFAVIT se atrevió a denunciar ante esta Comisión la masacre del Caracazo, hecho que ocurrió durante la semana que comenzó el 27 de febrero de 1989 hasta 3 de marzo, durante el segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, la violación más grave de derechos humanos ocurrida en Venezuela, que aconteció después que se aplico un paquete de medidas económicas ordenadas por el Fondo Monetario Internacional parecido al que hoy están aplicando en muchos países europeos.
Cuando los habitantes de los barrios de Caracas y del interior del país, salió a la calle a protestar por el aumento de la gasolina y todos los alimentos, las fuerzas armadas dispararon indiscriminadamente y se calcula que ocurrieron miles de muertos y centenares de heridos. Cofavif, una ONG que organizo Liliana Ortega con los familiares de las víctimas, tuvo la valentía de denunciar esta masacre del caracazo en el ano de 1995 y el hecho permaneció sin investigación hasta el año 1999. Una de las razones se debe que el Presidente de la Comisión para esa fecha era un venezolano Marcos Tulio Bruni Celli, periodo 1986-1993.
Solo después que el Presidente Chávez ganó las elecciones en 1998, fue que la Comisión pasó el caso del Caracazo a conocimiento de la Corte interamericana, y fue el éste quien reconoció la responsabilidad del Estado venezolano el 19 de noviembre de 1999, y canceló todas las indemnizaciones. Pero, tuvo que transcurrir diez años para que el Sistema Interamericano de derechos humanos reaccionara e hiciera justicia.
En cambio, a partir de 1999, cuando en Venezuela se instaura un gobierno bolivariano y revolucionario que no se arrodilla ante los intereses de los Estados Unidos principal financista de esta Comisión y la Corte Interamericana, se ha presentado 101 denuncias por las ONG¨S venezolanas y extranjeras que también son financiadas por los Estados Unidos. Además, para aumentar el número de denuncias contra Venezuela la Comisión y la Corte violan en forma sistemática y pertinaz el artículo 46.1 de la Convención Americana, el cual establece que para que se puedan admitir casos ante la Comisión, se debe haber agotado todos los recursos de la jurisdicción interna del país respectivo. Conforme a los principios establecidos en la Convención Americana y el Derecho Internacional generalmente reconocido.
Venezuela le hace un reconocimiento muy merecido al Magistrado Vio Grossi, quien valientemente emitió el primer voto salvado en el caso de Raúl Díaz Peña terrorista venezolano, por no haberse acogido su criterio de que no se habían agotado los recursos internos.
También reconocemos la posición valiente de los magistrados de la Corte en el caso de Allan Brewer Carias en este año 2014, quien también votaron y decidieron que en ese caso, tampoco se habían agotados los recursos internos.
En referencia a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana, no se produjo ninguna medida cautelar entre 1977 a 1998. Pero después de Chávez en adelante se han otorgados 32 medidas cautelares. En cuanto a la Corte Interamericana desde el año 1999 a 2014, se han dictados 28 medidas cautelares.
No es honesto y justo que organismos de derechos humanos que permanecieron inactivos, por no decir indiferentes en los momentos cuando en Venezuela ocurrían masacres que a veces causaban miles de víctimas, multipliquen por 32 y 14 su actividad durante catorce años que se han respetados los derechos humanos en nuestro país.
Venezuela viene denunciando esa falta de objetividad e imparcialidad de la Comisión y de la Corte desde el año 2003, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, sin ningún resultado positivo. El gobierno del Presidente Chávez, tratando de conciliar con la Comisión postulo Comisionados venezolanos como el Doctor Freddy Gutiérrez, que por tratar de hacer su trabajo fue sancionado por la Comisión en el periodo 2004-2007. Igualmente, sucedió con la abogada venezolana Luz Patricia Mejías en el periodo 2008-2011.
Lo único positivo reconocido por la Comisión en el año 2009, del gobierno del presidente Chávez, fueron los avances económicos, sociales y culturales en su informe de ese mismo ano. Y eso ocurrió, para no contradecir los informes positivos de los organismos internacionales como la Cepal y el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo. Nuestro Embajador ante la OEA, Roy Chaderton Matos en varias ocasiones ha formulado idénticas críticas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el Consejo de la Organización de Estados Americanos.
Venezuela continua sin entender en base a qué criterios de valoración, la Comisión en sus informes anuales desde el año 2003 hasta el 2013, es incluida en el Capítulo IV como violadora sistemática de derechos humanos junto con Cuba, Colombia, Haití y Honduras. Ante esa situación debemos formular los reparos siguientes:
Primero: Venezuela no está entre los (abro comillas) Los Estados regidos por gobiernos que no han llegado al poder mediante elecciones populares, por el voto secreto, genuino, periódico y libre, según normas y principios internacionalmente aceptados” Cierro comillas. Venezuela tiene 19 procesos electorales en los últimos 15 de gobierno. Todos monitoreados por centenares de observadores internacionales, entre ellos el Centro Carter y la propia OEA. Tan pulcros son nuestros comicios que el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos ha declarado que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo. Como en efectivo lo es.
Segundo: Venezuela no está entre los: Abro comillas. Estados donde el libre ejercicio de los derechos consignados en la Convención Americana han sido suspendidos, en su totalidad o en parte, en virtud de imposición de medidas extraordinarias, tales como el estado de emergencia, el estado de sitio, suspensión de garantías, o medidas excepcionales de seguridad, entre otras” cierro comillas.
Ni siguiera durante el golpe de estado del 11 de abril de 2002, ni durante el paro patronal y petrolero durante el año 2003, que duró 63 días, donde dejaron al pueblo sin gasolina, sin alimentos, sin servicio de salud y educación se suspendieron las garantías constitucionales. Nunca se ha restringido la libertad de expresión ni de información.
Tercero: Venezuela no es un Estado que: abro comillas “comete violaciones masivas y graves de los derechos humanos garantizados en la Convención Americana. Cierro comillas. Tampoco en Venezuela ocurren violaciones tales como: ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada de personas. Tales violaciones por cierto, si se cometieron en forma masiva y grave antes de 1998, sin que Comisión se molestara en pronunciarse contra ellas.
Cuarta: Venezuela no es un Estado abro comillas en “proceso de transición de cualquiera de las tres situaciones antes mencionadas”. Cierro comillas.
Quinta: Venezuela no atraviesa “situaciones coyunturales o estructurales que estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana” cierro comillas.
En Venezuela las actuaciones de los Poderes Públicos se rigen por la Constitución y las leyes, cada uno de dichos poderes goza de independencia y autonomía y sus actos no vulneran la Convención Americana. Aún más, nuestra Constitución es la más avanzada en materia de derechos humanos del mundo y por supuesto superior a la Convención Americana.
Todas estas irregularidades de la Comisión y la Corte vienen siendo denunciadas por Venezuela todos los años, y son ahora ratificadas por el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana para el fortalecimiento del Sistema Interamericano, aprobado por el Consejo Permanente de la OEA el 13 de diciembre de 2011, que los Comisionados deberían conocen muy bien. En la reunión efectuada en Cochabamba, Bolivia nuestro embajador Roy Chaderton expuso que la Comisión no debe ser fortalecida, sino refundada la OEA, para que responda a los intereses de la mayoría de los Estados miembros que la integran y no a los propósitos de Estados Unidos y Canadá, que los Comisarios aquí presentes conocen ampliamente.
Sin embargo, mientras esperamos que tal refundación ocurra, solo nos queda insistir y defender nuestras posiciones que son las siguientes: Primero: Un órgano jurisdiccional no puede violar en forma reiterada, sistemática, contumaz y parcializada las misma normas que lo invisten de autoridad sin perderla. Segundo: Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se han deslegitimado al violar de forma sistemática la propia Convención Americana.
En efecto, la Comisión y la Corte Interamericana destruyen su propia legitimidad al aceptar y resolver en forma reiterada, sistemática, contumaz y parcializada denuncias o recursos con respecto a los cuales no se han interpuesto ni agotado los recursos de la jurisdicción interna, al aceptar y resolver denuncias que no contienen el nombre, nacionalidad, profesión, domicilio y firma de los supuestos afectados ni relación precisa y comprobada de los hechos, al aceptar como pruebas meros recortes de una prensa las más de las veces parcializada y carente de fuerza probatoria, al pretender decidir sobre actos de los poderes públicos en aplicación de la soberanía y emitir fallos que afectan al orden público interno, al extender sus funciones a la crítica y el veto de normas o actos que todavía no existen, al pronunciarse sobre suposiciones, posibilidades, barruntos y hechos hipotéticos, futuros e inciertos. Al pretender calificar o descalificar poderes legítimamente constituidos mediante procesos democráticos inobjetables y al pretender suplantarlos en el ejercicio de la soberanía.
Estas pertinaces y condenables conductas contradicen los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la contumaz reincidencia en ellas causa que los actos de la Comisión y la Corte en su gran mayoría carezcan de validez, imparcialidad, objetividad y fundamento.
A pesar de todas estas campañas internacionales para desprestigiar al Estado venezolano ante la comunidad internacional orquestada por el gobierno Estadounidense y sus aliados no han podido desprestigiar al pueblo y a nuestro gobierno.
Esto lo demuestra la victoria aplastante de Venezuela en la elección como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2015 al 2016. Venezuela fue electa por 181 votos de los 182 países presentes, o sea obtuvimos el 99.4% de la votación.
Los opositores venezolanos incluyendo al 90% de los medios de comunicación internacional tratan de sustraerle mérito a la victoria histórica venezolana señalando que Venezuela en los periodos anteriores había ocupado cuatro veces ese puesto, pero no señalan que en esos años, Venezuela era una semi colonia de los Estados Unidos. Ahora somos un país soberano y por esas razones, los países imperiales tienen una campaña de descrédito contra nuestra patria. La derrota aplastante de los Estados Unidos lo evidencia la declaración de su embajadora en las Naciones Unidas Samantha Power, quien criticó la elección de Venezuela y dijo: Abro comillas: Lamentablemente, la conducta de Venezuela ha ido en contra del espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y las violaciones de los derechos humanos están en conflicto con la letra del documento”.
Ella obedece a la orden de su presidente Obama, quien exigió la libertad de Leopoldo López en su discurso reciente en la ONU por ser unos de sus operadores en nuestro país. La decisión de Obama también justifica la Resolución del grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias aprobada el día 26/08/2014 donde en sus conclusiones abro comilla recomienda, no exige ni ordena la libertad inmediata de Leopoldo López como declaran las ONG¨S venezolanas.
Este ciudadano es responsable junto con otros líderes de la oposición venezolana de la muerte de 43 venezolanos y 869 de heridos ocurridos entre el mes de febrero y julio de 2014. Leopoldo López está siendo juzgado por nuestros tribunales y por lo tanto, no puede solicitar la intervención del Sistema internacional de derechos humanos. A menos que demuestre que su integridad física está en inminente peligro, cosa que no es el caso.
Queremos terminar nuestra intervención, felicitando a los pueblos de Bolivia, Brasil y Uruguay por la elección de los Presidentes Evo Morales, Dilma Roussef y Tabaré Vásquez. No habrá poder en el mundo que impidan que los pueblos se independicen de los países imperiales que quieren seguirlos dominando y explotando, ni siquiera infiltrando mercenarios en nuestros países para promover guerras civiles, lo que han llamado, las revoluciones de colores, para después justificar las intervenciones militares y apoderarse de los recursos energéticos de los países. La oposición venezolana creen que por están apoyado por el gobierno estadounidense, pueden lograr en Venezuela, lo que ha ocurrido en otros países del mundo, como Irak, Afganistán, Libia, Siria, Ucrania entre otros.
Eso es imposible en América Latina y el Caribe y la prueba es que Venezuela está apoyada por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, así como la mayoría del pueblo venezolano y su unidad cívica y militar a toda prueba como ha sucedido en los quince años de revolución. Señores Comisionados. Venezuela y América Latina y el Caribe tendrán siempre gobiernos que garanticen su soberanía y cumplan con la justicia social de sus pueblos.
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