En este 2019, han recrudecido la persecución contra las organizaciones sociales y políticas, que critican y protestan contra el régimen. En atentados perpetrados en todos los rincones de Colombia siguen cayendo asesinados o quedando gravemente heridos, numerosos líderes y lideresas sociales; hasta conseguir el régimen, la terrible meta de matar un líder cada día.
El patrón que se repite, es idéntico, porque:
1- Matan a los líderes de organizaciones que protestan y se oponen al régimen.
2- Los autores materiales, mayoritariamente son sicarios pertenecientes a mafias y bandas.
3- Quien determina los crímenes, son las Agencias de inteligencia policiales y militares, quienes deciden, a quién eliminar cada día.
4- El móvil de los crímenes es el despojo de la tierra, limpiar un territorio de oponentes a proyectos mineros y petroleros, hidroeléctricos y de agronegocios; también para imponer erradicación forzada de cultivos de coca mediante fumigaciones de Glifosato.
En conclusión este plan sistemático de exterminio de la dirigencia popular, contiene 4 elementos básicos que se repiten: la misma clase de víctima, un victimario único, el mismo tipo de agente o autor material y un móvil de crimen similar. Por esto, estamos ante un nuevo Genocidio político que perpetra este régimen.
Hay que recordar que:
A) Hasta la década de los 80 del siglo pasado, el descabezamiento de las organizaciones populares lo hacían de forma abierta con las Fuerzas Armadas.
B) En los 90, masificaron los escuadrones narco paramilitares, llamados AUC para hacer esta tarea.
C) En la primera década de este siglo, la matanza de líderes y gente humilde del pueblo, la hizo el régimen a través de Operaciones Encubiertas, con ejecuciones extrajudiciales denominadas “Falsos Positivos”.
D) El actual Genocidio es “gota a gota”, uno a uno, pero sin detenerse cada día.
Esta última, es la Cuarta Modalidad de exterminio que persigue matar en la cuna, todas las expresiones de oposición organizada, para no dejarlas convertir en una poderosa fuerza política alternativa, que saque del poder a la vieja élite dominante en Colombia.
Arrecian el plan de exterminio de dirigentes populares
1) Luis Ángel Peña, asesinado a machetazos el 1 de enero. Era Fiscal de la Junta Comunal los Naranjos en La Macarena, Meta.
2) Gilberto Valencia, asesinado el 1 de enero en Suárez, Cauca. Participaba en procesos sociales y promovía el cumplimiento del Acuerdo de Paz a través de la música.
3) Wilmer Antonio Miranda, de 34 años, asesinado el 4 de enero. Era un campesino cocalero y líder de la sustitución de cultivos del municipio de Cajibío, donde se firmó un acuerdo colectivo para sustituir la coca con el Gobierno. Era miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), de la Coccam y de Marcha Patriótica..
4) José Rafael Solano, 58 años, asesinado el 4 de enero. Era el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Jobo, en Zaragoza, Antioquia; a 15 minutos del casco urbano del municipio de El Bagre. Había acompañado el día anterior a su muerte, la recuperación de un cadáver en una finca en Zaragoza.
5) Wilson Pérez, de 34 años, asesinado el 5 de enero. Fue miembro activo de la Junta de acción comunal de la vereda Los Cedros en el corregimiento Astilleros, municipio de Hacarí. Estuvo cuatro años en el Comité de deportes, dos más en el de obras y hace casi tres años se unió al Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), integró la Asociación Campesina del Catatumbo.
6) Maritza Isabel Quiroz, 59 años, asesinada el cinco de enero, por dos sicarios que llegaron a su casa, en la vereda de San Isidro, del corregimiento Bonda en Santa Marta, Magdalena. Hacia 14 años había llegado desplazada de la vereda de Bajo Camagual, en el municipio de Ciénaga, cuando su esposo fue asesinado por narco paramilitares. Hacia parte de la Autoridad Nacional de Afrocolombianos (ANAFRO), donde era reconocida por su liderazgo con mujeres afro, víctimas del conflicto. Fue delegada de su comunidad en la construcción del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) del PDET de la Sierra Nevada y el Perijá.
7) Miguel Antonio Gutiérrez, de 40 años, asesinado en su residencia, el 7 de enero. Era Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria, en Cartagena del Chairá. Fue asesinado el 7 de enero.
8) Faiber Manquillo, de 30 años de edad, fue reportado como desaparecido desde el 26 de diciembre pasado. El cuerpo sin vida del este dirigente de Mercaderes, Cauca, fue localizado el 4 de enero en zona rural del Departamento de Nariño, a dos horas de su lugar de residencia.
9) Dima Parada, de 40 años, resultó gravemente herido en un ataque de sicarios, el 4 de enero. Es un dirigente de Hacarí, en Norte de Santander, presidente de ASOJUNTAS. En el Catatumbo es reconocido por ser líder del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), de la Coordinadora Nacional Agraria y del Congreso de los Pueblos.
10) Alfamir Castillo Bermúdez, en la noche del 11 de enero, fue atacada por dos sicarios que se movilizaban en una moto, cuando se desplazaba en una camioneta blindada, entre Palmira y Pradera, en el Valle del Cauca. Ella es la madre de Darbey Mosquera Castillo, una de las víctimas de ejecución extrajudicial o Falsos Positivos, perpetrados por el Batallón de Contra Guerrilla 57 del Ejército estatal. La señora Castillo es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, desde el 17 de octubre de 2012.
11) Leonardo Nastacuas Rodríguez, de 36 años, asesinado el 12 de enero, líder indígena el Resguardo de Cuascuabi del pueblo Awá, del municipio de Ricaurte, en Nariño. Sicarios llegaron hasta su casa donde lo ultimaron con varios disparos. Este año van asesinados dos integrantes de esta misma etnia.
No dejarse nublar los ojos por las “Cortinas de humo”
La respuesta desde el Estado, para tapar su omisión, autoría o complicidad de esta persecución política, es poner “cortinas de humo”, tergiversando la realidad, menospreciando la gravedad de los hechos y acusando a otros de ser los principales autores de esta matanza de líderes.
En declaraciones irresponsables, el jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asegura que las víctimas asesinadas “no habían reportado amenazas”. Cuando es una obligación constitucional del Estado preservar la seguridad e integridad de los colombianos y por ende de la paz.
Para los familiares de las víctimas estas explicaciones no tienen credibilidad y, por el contrario, acusan al Gobierno de querer esconder lo que consideran como un exterminio sistemático, comparable con el Genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica.
En este sentido, viendo la gravedad del caso, es necesario y urgente que desde la sociedad colombiana, siga el rechazo a cualquier tipo de agresión y persecución del movimiento social, que siga las movilizaciones y el desarrollo de medidas propias de protección, para que la vida de estas comunidades y sus líderes no corran más riesgo; así mismo, se debe llevar ante la comunidad internacional estas denuncias, para que desde allí se dirijan investigaciones y se presiones medidas efectivas que detengan este Genocidio.
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