Por: Lázaro Barredo
Foto: Roberto Suárez/ Juventud Rebelde.
Cuba acude, por tercera ocasión, al Examen Periódico y Universal (EPU) que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mecanismo en el que se someten a rendición de cuentas en igualdad de condiciones los 193 Estados miembros, con la peculiaridad de que todos pueden emitir criterios y recomendaciones sobre la situación particular del país que acuda a Ginebra cada cinco años a hacer este ejercicio.
Como ha explicado la cancillería cubana, nuestra nación defiende este mecanismo como el instrumento apropiado para tratar la situación de los derechos humanos en todos los países sin distinción, y erradicar la selectividad, los dobles raseros y la politización en el tratamiento del tema, que continúa siendo un instrumento de manipulación y de geopolítica y, en vez de mejorar la convivencia del género humano, se esgrime como pretexto para legalizar el derecho arbitrario de un grupo de Estados a imponer valores y patrones sobre el resto de la comunidad internacional. Es paradójico que las exigencias de estas naciones son diferentes, e incluso contradictorias. Les preocupa más la formalidad de determinados derechos políticos y civiles que el principal fundamento humanista del derecho democrático: la vida misma.
Hace cinco años Cuba culminó su segundo Examen en el Consejo de Derechos Humano de la ONU, evento en el que hubo un reconocimiento generalizado al desempeño y los logros de la Isla en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales, y a la cooperación solidaria que brinda a numerosos pueblos del mundo. Allí recibió 292 recomendaciones, de las que aceptó 230, tomó nota de alrededor de 40, y rechazó unas 20, por tratarse estas últimas de posturas en sintonía con la injerencia y el cambio de régimen promovidos por Estados Unidos.
Washington, y eso se acaba de apreciar de nuevo en las hegemonistas declaraciones del vicepresidente, Mike Pence, ha utilizado por décadas el asunto de los derechos humanos para agredir a Cuba, a pesar de que la mayor de las Antillas muestra un compromiso indudable con esa cuestión, lo que incluye la firma y la ratificación de 44 de los 61 instrumentos internacionales al efecto, mientras EE.UU. lo hace solo en 18.
Cuba acude al EPU desprejuiciada y transparente, porque toda su política ha sido la de perfeccionar su sociedad, su propio modelo, donde el derecho a la vida ha sido el primero que defiende, no obstante las afectaciones globales provocadas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.
La estrategia política y de desarrollo han hecho avanzar en estos cinco años el marco institucional y su sistema jurídico, mientras continúa promoviendo los ámbitos de participación para que el pueblo ejerza las libertades individuales y derechos políticos, mucho más cuando analice y debata el nuevo proyecto constitucional. La amplia discusión del Código del Trabajo puso en evidencia la garantía para el ejercicio del derecho a la sindicalización y la negociación colectiva.
Con independencia de sus logros educacionales y de salud, la atención a sus niñas, niños y adolescentes, al adulto mayor y los discapacitados, reconocidos internacionalmente, Cuba muestra adelantos incuestionables en la mayoría de los temas de su rendición de cuentas, entre ellos la promoción de la igualdad de género, y en su firme actitud de condena contra todas las formas de discriminación. De la misma forma, y como se ha visto en los análisis recientes, se ha producido un crecimiento integral en el desarrollo de las TICs, sigue el trabajo por garantizar el pleno acceso de la población al arte y la literatura.
Asimismo, puede mostrar una ejemplar trayectoria en sus estrechos vínculos solidarios con decenas de países, al igual que un amplio historial de cooperación con todos los mecanismos de derechos humanos que se aplican sobre bases universales y no discriminatorias. Dicho en buen cubano, vamos al EPU “a pecho descubierto”.
(Tomado de Bohemia)
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