CÓMO PAGAMOS A LA ONU PARA QUE NOS INCRIMINE

Por: Luis Britto García

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Indignación y rechazo produjo en todas las conciencias decentes el linchamiento jurídico perpetrado contra Venezuela durante la reunión de la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas efectuada en Ginebra el 6 y 7 de noviembre. Como bien denuncia José Vicente Rangel en Últimas Noticias: “El evento, donde se pretendió colocar a Venezuela en el banquillo, lo promovieron algunas inefables ONG y grupos de oposición, y contó con el apoyo delirante de medios de comunicación nacional e internacionales. El montaje contó con los integrantes del organismo, que más parecía un tribunal de la Inquisición que un ente interesado en conocer la verdad. La colusión que se dio en el evento, la descarada combinación entre la Comisión y los acusadores, no deja dudas de que se trató de un espectáculo para instruir un expediente basado en acusaciones sin pruebas, para presentar al Estado venezolano como violador de los derechos humanos. Es decir, el marco ideal para atribuirle a Venezuela la condición de Estado forajido”. Y esto para “Acabar con el Estado venezolano como lo han hecho en otras naciones. Como lo hicieron, para citar un caso, con Libia. Libianizarnos para que desaparezca lo que existe. Para que nos matemos y se imponga el caos que serviría de excusa a una intervención extranjera”.

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Ahora bien, no se arrastra así como así a un Estado al linchamiento jurídico ante una Comisión contra la Tortura de la ONU. Para que ello suceda, es necesario que el Estado haya suscrito la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”. Ni Estados Unidos ni Inglaterra ni otras 24 potencias la han suscrito, porque saben que perder la soberanía es perderlo todo. No, fuimos nosotros, los venezolanos, quienes el año 2011 salimos de ofrecidos a suscribir una Convención que nos somete a tribunales extranjeros y anula por tanto nuestra soberanía a favor de organismos consuetudinariamente hostiles. Así como firmamos el Convenio que nos esclavizaba con el CIADI; así como suscribimos los Infames Tratados contra la Doble Tributación, que aseguran la inmunidad tributaria de las empresas extranjeras, nosotros mismos nos pusimos la soga al cuello y atamos el nudo corredizo. Actuamos, según reprochaba Bolívar, como “instrumento ciegos de nuestra propia destrucción”. No hay cosa más peligrosa que un funcionario con pluma rápida y conciencia alegre.

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Pero algunos funcionarios no se limitan a atarnos la soga al cuello: también pagan el precio del mecate y el sueldo del verdugo. Así sucede con el Examen Periódico Universal. Cada cuatro años, nuestro país debe someter ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un Informe sobre dicha materia a efectos del llamado Examen Periódico Universal, durante el cual se analiza dicho informe a fin de formular posteriormente conclusiones y recomendaciones. Está previsto que en cada etapa correspondiente del proceso de examen participen las organizaciones intergubernamentales, las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH), así como representantes de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG), los defensores de los derechos humanos, las instituciones académicas y de investigación. El Informe para este Examen Periódico es el instrumento clave de Venezuela para justificar y divulgar su actuación en materia de Derechos Humano.

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Ahora bien, la sección Wikileaks Venezuela nos comunica un documento de “Diseño e Implementación del Sistema Nacional de Seguimiento a los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por la República de Venezuela”, emanado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según el cual Venezuela pagará a este organismo de la ONU la suma de UN CUARTO DE MILLÓN DE DÓLARES para que redacte el documento del Examen Periódico que Venezuela debe presentar ante la ONU.

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Sí, entendió usted bien, amable lector. Nuestro país pagará a la ONU, que según José Vicente Rangel actúa como “tribunal de la Inquisición” contra nosotros, UN CUARTO DE MILLÓN DE DÓLARES para que prepare el documento de defensa de nosotros mismos ante la propia ONU. Vale decir, le pagamos a nuestro acusador para que nos defienda (¿o acuse?) ante el “tribunal de la Inquisición”, que es él mismo.

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¿No tiene Venezuela quien la ampare? ¿Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo, Cancillería y otros órganos no tienen competencias y medios para ejercer la defensa de nuestro país, sin encomendarla a organizaciones que actúan como enemigas? No seamos una vez más instrumentos ciegos de nuestra propia destrucción, y a tal precio, menos.