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domingo, 5 de marzo de 2017

Guterres exhorta a frenar intentos de readmitir la tortura

 27 de febrero de 2017
Crédito: TelesurTv


Antonio Guterres

El secretario general de la ONU indicó que los derechos humanos están en una fase "de emergencia", siendo el trabajo de los Derechos Humanos formar parte de la cura.


El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, instó este lunes al mundo a resistirse en contra de los "intentos por readmitir la tortura", como medio de lucha contra el terrorismo.

"Tenemos que resistir de manera contundente los llamamientos para reinstaurar la tortura porque es cobarde, produce información que no es útil y llena de vergüenza a cada país que la practica", aseguró Guterres durante la inauguración de la primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Asimismo, el secretario exhortó a luchar contra los intentos de reinstauración de la pena de muerte.

Durante su intervención, Guterres hizo un llamado a la reflexión, con respecto a la situación de los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados. El mandatario invocó a los Estados miembros a que protejan a estos grupos perseguidos.

"El tráfico de personas está en aumento y vemos a tanta gente que huye de guerras que la comunidad internacional no debe eludir sus responsabilidades", aseguró.
























Igualmente, el funcionario de la ONU dejó patente que los derechos humanos viven en un período "de emergencia", que los abusos y violaciones "son una enfermedad" que está en expansión y el trabajo de los Derechos Humanos "es parte de la cura".

Por otra parte, Guterres instó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos (compuesto por 47 Estados) a actuar de manera imparcial, e invitó al rechazo de cualquier utilización política de los derechos humanos

"La credibilidad del Consejo se basa en dar un tratamiento equilibrado a todos los Estados", señalo.

Manifiesto de Derechos Humanos - Juliet Wark

   02 de octubre de 2011

Los derechos humanos como economía política y el deber de rebelión

   16 de enero de 2012
Crédito: sin permiso
David Casassas


Brillantemente escrito por Julie Wark, investigadora independiente radicada en Barcelona desde hace casi tres décadas y veterana luchadora por la causa de la democracia y los derechos humanos, el Manifiesto de derechos humanos recientemente publicado por Barataria no podía llegar en mejor momento. Vivimos –es bien sabido– en un mundo en el que la erosión de las bases materiales y jurídicas de la libertad y la democracia, bajo la forma de recortes neoliberales, golpes de estado tecnocrático-oligárquicos e injerencias imperialistas de muy diversa índole, convive con las más decididas proclamas en favor de la libertad, la democracia y los derechos humanos por parte de sus propios agresores. En un contexto así, se hace necesario recordar el sentido originario y el alcance político, profundamente transformador, de nociones y proyectos que, como el de los derechos humanos, nacieron y crecieron de la mano de un programa civilizatorio, el de la economía política popular, orientado a deshacer privilegios y a universalizar el derecho de las personas a decidir sobre sus propias vidas. A dicho empeño está consagrado el libro de Julie Wark, un libro que es al mismo tiempo “librito” –finalmente, se trata de menos de doscientas páginas de ágil narración y persuasiva exposición de motivos–  y auténtico tratado de economía política –por mucho “librito” que sea, el calado intelectual y político de este ensayo lo sitúa en el terreno de quienes pensaron y piensan, en el ámbito de la teoría social y política, los posibles contenidos económicos y sociales de las libertades individuales y colectivas–.

Derechos humanos como economía política
En cierto modo, el manifiesto de Wark gira alrededor de una impugnación de la tesis de T.H. Marshall, acogida con fervor por el pensamiento liberal, según la cual han existido y existen tres generaciones de derechos: según tal perspectiva, habría unos derechos de primera generación de carácter político, unos derechos de segunda generación de índole económica y social y unos derechos de tercera generación de tipo cultural o colectivo. Y tales derechos –establece el discurso marshalliano– pueden conquistarse independientemente: bien mirado –aseguran quienes comparten tal visión–, esto es lo que ha ocurrido históricamente y sigue ocurriendo hoy en un mundo en el que en muchas ocasiones contamos con derechos políticos pero carecemos de derechos económicos y sociales. Al decir de Wark, constituye ésta una ficción que siempre interesó al mundo liberal, al cual le ha venido como miel sobre hojuelas el poder afirmar que, si bien el capitalismo puede que desatienda aspectos sociales importantes, por lo menos nos brinda libertades políticas. Pues bien, Julie Wark se revuelve contra esta idea: no existen derechos políticos si no son al mismo tiempo derechos económicos y sociales y si no nos sitúan en el seno de comunidades vivas, densas y no fracturadas; o, dicho de otra forma, los derechos políticos, como la democracia y la libertad, tienen unos fundamentos materiales que conviene no soslayar. En suma: los derechos no son divisibles. Tampoco los derechos humanos.

Todo ello implica el establecimiento de un nexo de unión entre derechos humanos y economía política, tal y como ésta se entendía durante la Ilustración: sólo puede haber derechos humanos si se nos considera no meros espectadores de un teatro del que sólo somos las víctimas, sino verdaderos actores, esto es, agentes económicos y sociales con verdadera capacidad de participar, de co-determinar la forma en que producimos y distribuimos todo tipo de bienes, sean éstos materiales o inmateriales, la forma en que construimos el mundo en el que vivimos. Uno de los mayores aciertos del manifiesto de Wark radica en el hecho de que en él la autora vincula estrechamente la cuestión de los derechos humanos a la pregunta sobre qué economía política tenemos o queremos tener: ¿una tiránica y excluyente o una de carácter democrático, popular e inclusivo? La génesis de los derechos humanos –o su defunción inexorable– tiene mucho que ver con las respuestas que demos o podamos dar a esta pregunta.

Pero hagamos un paso más. Si los derechos humanos no son divisibles, tiene que haber un cemento que los vertebre, que los unifique en un todo continuo. ¿Cuál es dicho cemento? Al decir de Wark, y de acuerdo con la tradición del republicanismo democrático, del derecho natural revolucionario y de la economía política de vocación emancipatoria, dicho cemento lo encontramos en la idea –y en la praxis, cuando ésta es posible– del derecho a la existencia material en condiciones de dignidad. Somos seres humanos plenamente capacitados para construir nuestras propias vidas –es decir, contamos con los derechos que deberían corresponder a los humanos– sólo cuando tenemos la existencia garantizada y, a partir de ahí, podemos ejercer todas nuestras facultades, sin amputaciones o entorpecimientos.

De ahí que los derechos humanos sean incompatibles con el capitalismo, como lo son también la democracia, la libertad efectiva e incluso una idea elementalmente sólida de lo que debería ser un mercado verdaderamente libre –¿o acaso hemos olvidado la multiplicidad de formas, algunas de ellas potencialmente emancipatorias, que podrían presentar posibles mercados de naturaleza no capitalista?–. Dicha incompatibilidad entre derechos humanos y capitalismo responde, fundamentalmente, al hecho de que éste se basa en la desposesión de la gran mayoría, en la negación del derecho a la existencia de la gran mayoría. En este punto, resulta altamente instructivo, a la par que inquietante y potencialmente subversivo, el brillante análisis –y juicio y condena– que la autora ofrece del funcionamiento del neoliberalismo como forma específica del capitalismo entre 1970 y la actualidad, un análisis en el que se muestran las nuevas –y las no tan nuevas– formas de desposesión que en él se han dado y se dan, en parte como resultado de un pasado –y de un presente– colonial e imperialista que Wark conoce, reconoce y censura. En particular, la autora se detiene en un incisivo examen del capitalismo financiarizado y rentista, por un lado, y, por el otro, en una eficaz pintura del papel de las grandes corporaciones transnacionales en la derrota de los derechos humanos a escala global: sea por la explotación a la que han sometido a individuos y a sociedades enteras, sea por el bloqueo de la economía productiva que han ocasionado allá donde han operado, tales transnacionales han imposibilitado el ejercicio del derecho a la existencia por parte de una inmensa mayoría. Finalmente, Wark emprende una minuciosa revisión de las formas y dimensiones de la pobreza; y lo hace desde la indignación y a la vez con un agudo sentido político, pues, como afirma, pobreza no es sólo privación –lo cual es ya injusto, indigno e indignante–: pobreza es también pérdida de poder de negociación, pérdida de libertad individual y colectiva, carencia de una base material sólida que nos libre de la obligación de aceptar las condiciones de vida que otros imponen, que nos permita vivir, como decía Marx, sin tener que pedir permiso a los demás de forma cotidiana para sobrevivir.

Tales son, pues, las razones por las que, de acuerdo con la autora, los derechos humanos son incompatibles con el capitalismo. Y es por todo ello por lo que conviene tomar conciencia de que los derechos humanos sólo los puede hacer posibles la transformación social en clave revolucionaria. En efecto, hacer efectivos los derechos humanos exige (estar dispuestos a) subvertir estructuras básicas del funcionamiento de nuestras sociedades.

El deber de rebelión
Quizás por ello, este libro, que nace de una mirada moral al mundo, que está escrito desde la indignación, desde el sentido del escándalo, desde la empatía para con los desposeídos y las desposeídas (de derechos humanos), no se detiene en la moral o la moralina –no es para nada un libro “moralizador”–, sino que nos propone –nos exige, cabría decir– que pasemos a la acción. Pues los derechos humanos son por definición un concepto y un proyecto revolucionarios, insiste la autora. Y si los derechos humanos son revolucionarios por definición, es porque combaten aquellos mecanismos que subyacen a las grandes desigualdades existentes en el capitalismo. Pues “no hay derecho que los derechos no sean para todo el mundo”, afirma la autora. Pues no hay derecho que mientras unos viven bunkerizados en los dominios de la opulencia –o mejor, precisamente porque unos viven bunkerizados en los dominios de la opulencia–, otros –los muchos, las muchas– se ahoguen en el barrizal del sufrimiento y de la carencia de libertad. El de los derechos humanos es, pues, un proyecto cultural y político –civilizatorio– orientado a lograr la igualdad en la libertad efectiva, la igualdad en la capacidad de moldear nuestros proyectos de vida y de llevarlos a cabo; si se prefiere, la igualdad de oportunidades.

Para ello, Julie Wark identifica dos grandes objetivos que es preciso definir conceptualmente y para los cuales es urgente actuar políticamente. El primero de ellos es el establecimiento de un suelo, de un conjunto de recursos básicos que garanticen el derecho a la existencia de todos y todas. Al decir de la autora, en lo que constituye una de las defensas más vigorosas e incisivas del vínculo existente entre derechos humanos y renta básica, una transferencia monetaria universal e incondicionalmente conferida al conjunto de la ciudadanía sería, por muchas razones, tanto en el Norte como en el Sur, uno de los mejores instrumentos –si bien no el único– para la introducción de dicha base material y, a partir de ahí, para el logro de mayores niveles de igualdad de oportunidades y, a la postre, para el progreso de los derechos humanos en las sociedades contemporáneas.
El segundo objetivo tiene que ver con el establecimiento de controles y restricciones a las grandes concentraciones de riqueza y de poder económico en pocas manos. En efecto, los agentes económicos más poderosos, cuando se hallan libres de toda brida que encauce su actividad, tienden a destruir los espacios sociales y económicos en los que estamos llamados a desplegar nuestros proyectos de vida: ellos definen las reglas del juego y, haciéndolo, tienden a excluirnos del juego en cuestión. Tales concentraciones de poder económico privado, pues, deben ser políticamente combatidas y, a ser posible, erradicadas por los medios que en cada momento se estimen más adecuados.

El Manifiesto de derechos humanos de Julie Wark, pues, es un libro moral, abiertamente “indignado”, y, al mismo tiempo, profundamente político, decididamente rebelde: se trata de un libro que busca formas de intervención social y económica encuadradas en el seno de proyectos colectivos lo más exhaustivos posibles que aspiren a lograr vías político-institucionales para garantizar a todas las personas niveles relevantes de independencia socioeconómica y, a partir de ahí, posibilidades reales de articular una interdependencia verdaderamente deseada por todas las partes. Quizás por ello –dicho sea de paso– la autora se muestre tan crítica con el humanitarismo de ministerio de defensa –y a veces también de ONG–, en el cual ve formas posmodernas de la caridad de siempre –todo ello, cuando no se trata, sencillamente, de mera propaganda para encubrir prácticas neo-imperialistas–.En cualquier caso, muestra de un cosmopolitismo genuino tan poco habitual como necesario en un ensayo de vocación universalista –por el libro transitan actores y episodios procedentes de los cinco continentes, actores y episodios que la autora demuestra conocer de primerísima mano–, el Manifiesto de derechos humanos de Julie Wark, de escritura precisa y torrencial al mismo tiempo, como procedente de una narración que se desencadena implacable, de una historia que se despliega y atrapa y finalmente enoja y subleva, adquiere el tono de esos textos necesarios que se dirigen a cualquiera –esto es, a todo el mundo– y que parecen haber sido escritos, no ya por una persona, sino por una época histórica entera.

David Casassas es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso.

lunes, 10 de octubre de 2016

La lucha por los derechos humanos en Colombia

27 de octubre de 2015
Crédito: Rebelion
Eleuterio Gabón
“El conflicto social colombiano se origina debido a los niveles de desigualdad que vive el país, con un 50% de la población viviendo en la pobreza y un 30% en condiciones de miseria. Hablamos del tercer país en el mundo con mayor nivel desigualdad, con un conflicto social que dura ya casi 70 años y al que se suma un conflicto político que ha generado más de 6 millones de desplazados, el 2º país después de Siria.” Jorge Molano es abogado defensor de derechos humanos, ha logrado procesar y encerrar a varios generales del ejército colombiano por sus crímenes. Vive amenazado y es sin duda un hombre valiente, cuya labor ha sido reconocida ampliamente a nivel internacional. Hablamos con él y con la compañera Luisa Vidal de Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia , asociación valenciana que lleva más de 10 años colaborando en la defensa de los derechos humanos. Los años de conflicto.
 Los años de conflicto

En los años 50 una dictadura aupada por las élites, termina cuando los empresarios paralizan la industria para derrocar al dictador Gustavo Rojas Pinilla en 1957. “Se establece entonces un bipartidismo que excluye a otros sectores políticos. Durante 30 años, los partidos conservador y liberal se alternan en el poder cada cuatro años. Para que una persona pueda acceder a algún cargo público, debe acreditar su pertenencia a uno de los dos partidos.” Este contexto da lugar a la aparición de las FARC en 1964 y el ELN en el 65. Comienza el conflicto armado.

A partir de entonces van a aparecer más movimientos armados derivados de estas guerrillas. Ante esta situación, en 1961 el Pentágono pone en marcha un plan integral para Latinoamérica que pretende recorrer todo el continente con el fin de no repetir experiencias como la cubana, es la llamada doctrina de Seguridad Nacional. “Los ejércitos nacionales deben conformar organizaciones especiales de carácter antiterrorista y anticomunista. La doctrina de la Seguridad Nacional entiende que quien vive en zona guerrillera, es defensor de los derechos humanos, opositor al gobierno o luchador reivindicativo, es enemigo del Estado. Toda oposición y labor de crítica, toda disidencia es criminalizada y comienza a ser destruida.” En esta línea, en 1965 el gobierno colombiano autoriza a sus comandantes a dar armas y recibir entrenamiento militar a la población civil, lo que daría lugar a la formación de las Juntas de Autodefensa. Estos permisos transitorios se convirtieron en permanentes y se prolongan hasta 1989.

La ideología de la Seguridad Nacional se apoya en teorías maoístas como: el agua es al pez como el campesino es a la guerrilla. “Si le quitas el campesino, la guerrilla no tiene agua, no puede existir. El objetivo es la vitoria militar.”

Durante los años 80, en la Escuela Superior de Guerras José María Córdoba lugar de formación de los altos oficiales del ejército, se redactan manuales del ejército bajo el título “conozcamos a nuestro enemigo”. “En estos manuales se indicaba como las asociaciones civiles de campesinos, la organización nacional indígena de Colombia, defensores de derechos humanos, comité de presos políticos y juristas son parte del enemigo que debe ser destruido. Un sistema antidemocrático que quiere eliminar a la disidencia y generar sometimiento.”

Las modalidades de represión empiezan a variar con el tiempo; la represión es militar, jurídica, social, política, económica… En los 70 las desapariciones forzadas se viven en Argentina y Chile, en los años 80 predominan las detenciones y torturas. A finales de los 80, es la eliminación sistemática de líderes en el campo político, sindical o de derechos humanos. “Es también en los 80 cuando comienzan a crearse grupos paramilitares que hacen el trabajo sucio para el gobierno, de este modo pueden mantener una buena imagen internacional. A cambio hay impunidad para los paramilitares.”

Más tarde se producen masacres abiertas contra pobladores de zonas guerrilleras. “Estas experiencias de represión generan una sensación de terror que sirve para desarticular a los movimientos sociales y evitar que estos puedan desarrollarse y oponerse al estado. Es el caso de la Unión Patriótica, parido político formado por desmovilizados de las FARC, gente de los partidos tradicionales, comunistas y otros, son asesinadas al menos 4500 personas en 7 años.”

Durante los 90 entra en juego el narcotráfico, como catalizador y dinamizador del conflicto. “En Colombia se ha ejercido durante años un terrorismo de Estado asociado al narcotráfico. Se producen múltiples casos donde estructuras de la fuerza pública se asocian con el narco para el control social, algo que también ocurre internacionalmente como el caso de la contra nicaragüense.” El narco es una máscara que sirve para justificar la estrategia militar en el conflicto, así como estrategias de represión más potentes. “Con el asesoramiento de los EEUU, se da una especialización en el área de justica secreta; un entramado legal que oscurece la labor de fiscales, jueces, testigos secretos y la existencia de las pruebas. Los abogados no sabían quién investigaba ni quien dictaba sentencia. El pretexto era que se protegía del narco a fiscales y jueces pero funcionó para perseguir a los dirigentes de la industria del petróleo que se oponían a cómo se estaba saqueando su negocio. También a las huelgas de trabajadores de telefonía, estudiantes y campesinos.” Se conforma así un modelo de estado abiertamente autoritario.

En los 90 el movimiento social, está muy debilitado. Entre el 85 y el 95 hay 10 mil dirigentes sindicales asesinados. Durante el gobierno de Uribe se producen detenciones masivas, unas 20 mil, bajo acusación de pertenecer a la guerrilla. Mientras esto se daba en el plano institucional, el paramilitarismo empieza a entrar en regiones aisladas del país arrasando a la población y generando desplazamiento. “En los 50 las tierras eran ocupadas por dirigentes del bipartidismo, ahora se genera un proceso de contrarreforma agraria donde el nuevo propietario es el paramilitar. Además de ese control social que adquiere el paramilitarismo, el Estado comienza a intervenir en esas zonas pretendiendo hacer ver que la llegada de paramilitares supone un desarrollo para la sociedad.” Si en 1988 surgen los paramilitares, en 1995 son ya un actor político. “Pasaron de tener el control social y económico a tener también el político y a negociar con el ejército para que garanticen la seguridad en las zonas que ellos controlan y así poder hacer inversiones; minería, bancos, hidrocarburos...”

La lucha contra la impunidad

La estrategia de los gobiernos ha sido permitir la llegada a las comunidades indígenas y campesinas a los paramilitares. “Estos entran con motosierras, violan a las mujeres, juegan al fútbol con la cabeza del líder delante de todo el pueblo para generar terror y la gente huye.” Entonces llegan las multinacionales y explotan la tierra que dejan inservible aun cuando años después la justicia decida que debe ser devuelta a los campesinos. Pero a pesar de lo que muchas veces se nos ha querido contar en los grandes medios, ésta no es una historia de campesinos que apoyan a la guerrilla y multinacionales que hacen negocio con paramilitares. “De lo que se trata aquí es de juzgar la actuación de un Estado que permite las masacres para quitarse de en medio cualquier rival político y gobernar con total autoridad.”

La realidad en Colombia es la impunidad, no por deficiencia de la justicia sino por las prácticas de las instituciones. “Los crímenes han sido permitidos desde la justicia y por eso perduran las torturas, desapariciones y masacres. Cuando los jueces o fiscales deben investigar a sus superiores, la cadena de mando lo frena. Quienes desde el Estado han cometido crímenes contra la población, en vez de ser juzgados son condecorados a colocados en embajadas. Tenemos el caso de Jorge Petrel, magistrado de la corte Suprema, a quien se le adjudican la tierra de un campesino asesinado.” En los pocos casos en que la justicia actúa, la atención se centra siempre en la ejecución material, protegiendo a quienes dan la orden o planifican las masacres. “Los jueces que se atreven a investigar y denuncian a altos cargos militares son perseguidos, descalificados o asesinados por parte del mismo Estado, como en los casos del magistrado Carlos Horacio Orán o el abogado de derechos humanos Eduardo Umaña.”

En el año 2000 Colombia empieza a recibir denuncias de la comunidad internacional, la ONU, la Corte Interamericana de DDHH, Amnistía Internacional y de varios gobiernos que acusan al colombiano de haber creado a los paramilitares y piden indemnizaciones para sus víctimas. “Entonces el gobierno plantea desmovilizar a los paracos, un proceso esquizofrénico ya que son los mismos.” Surge en 2005 la ley de justicia y paz, que plantea que los paramilitares dejen las armas; deben decir la verdad, disolverse y reparar a las víctimas. “Empezamos a encontrar contradicciones de un gobierno que afirma hay 14 mil paramilitares en el país para después asegurar que ya se desmovilizaron 35 mil. Y todavía sigue habiendo más.” Se genera un proceso de impunidad. “Es una labor de maquillaje, un lavado de cara público del gobierno, una limpieza de capitales de los paramilitares provenientes del narcotráfico. Únicamente 105 paramilitares han sido juzgados, la justicia colabora así en el panorama general de impunidad.”

En lo referente a la reparación a las víctimas, se reclaman entre 4 y 6 millones de hectáreas robadas a los campesinos. “En un plan previsto para 10 años, el gobierno crea una ley para devolver terrenos en la que más del 70% de la tierra no se devuelve. En 50 años tan sólo se han resuelto 1600 de las 60 mil denunciadas que se han presentado por la restitución de tierras. Un porcentaje ridículo que genera un modelo de negación de derecho de las víctimas, legalización del despojo e impunidad para quienes han ejercido actos criminales.”

En el año 2000 las multinacionales pidieron 4 millones de hectáreas para explotar el oro. El 99% de los territorios reclamados eran zonas de donde habían sido expulsados pobladores de comunidades indígenas, campesinos y afro- descendientes. “Así las empresas se desarrollan y benefician a partir del terror y el crimen. A las empresas se les pone unos impuestos muy bajos para que puedan invertir y se les pide que tengan seguridad, esto hace que contraten al ejército para que les proteja. Son pasos hacia la privatización de la fuerza pública y la seguridad del Estado. En los casos en que líderes campesinos se han opuesto a las multinacionales, han sido eliminados por el ejército considerándolos como guerrilleros.”

Pese a todo, hay que destacar la importancia del resurgimiento del movimiento campesino que se ha movilizado contra el Tratado de Libre Comercio que acaba con sus formas de vida. “Hace 2 años hubo grandes movilizaciones que el gobierno calificó de ridículas teniendo después que reconocer la realidad por la presión de los sindicatos, estudiantes y otros sectores que han tomado conciencia.” Y es que paralelamente a las agresiones constantes, la resistencia continua y se reinventa. “La gente no deja de luchar, la población civil se organiza y no para de sumar a pesar de sufrir el horror, siempre se han movilizado. Son también 60 años de resistencia.”

La Caravana y el proceso de Paz

Desde 2008 un grupo de abogados se reúne en Londres para estudiar cuál es la situación y las garantías de derechos humanos en Colombia. Se forma entonces la Caravana Internacional de Juristas que recorrerá el país para analizar su situación y estudiar medidas de presión a la comunidad internacional. En un primer momento viajaron 14 juristas y abogados, ya en 2014 fueron 75 los que recorrieron el país verificando la situación real colombiana en materia de derechos humanos.

En 2014 hubo un asesinato cada 6 días, 626 agresiones diarias, amenazas, lo que provoca una estigmatización que se mantiene desde la presidencia y gobierno contra quienes defienden los derechos humanos. Mucha gente se ha exiliado para poder salvar la vida y están excluidos de cualquier proceso, hay medio millón de exiliados. “Quienes defienden los derechos humanos son espiados por el gobierno infiltrándose en sus oficinas y hasta en sus viviendas particulares, son amenazados y también sus familiares. Lo mismo ocurre con sindicalistas, periodistas, juristas. Una estrategia llevada a cabo desde la presidencia, tanto en el país como fuera, por ejemplo en Valencia. Quedan también muchos ataques a defensores de DH que no se investigan.”

Los casos en que se llega a juzgar a militares y altos cargos salen por la labor de los defensores de DH, ya que la justicia ordinaria permite la impunidad. “Mucha de estas condenas se consiguen en la Corte Interamericana de DH, haciendo que fuera se condene para que dentro se pueda hacer algo. La visibilidad internacional es importante porque la imagen de Colombia queda dañada y se realizan menos inversiones en el país. Es la fuerza que se puede hacer internacionalmente. Sin la visión desde fuera no se hubiera podido resistir.”

La Caravana está presentando estos informes y haciéndolos públicos, también para reivindicar ante la UE y otras estructuras internacionales su obligación de proteger a los defensores de derechos humanos. El Parlamento Europeo ratificó el Tratado de Libre Comercio con Colombia, lo que debería incluir una defensa de los derechos humanos. “Organizaciones como la nuestra, Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia , denuncian a la comunidad internacional por ignorar estas situaciones. Cuando tratamos de que nuestro políticos presionen, lo que nos venden es que en el contexto de crisis actual las empresas son lo importante, primero nosotros y nuestra economía. Las empresas españolas están invirtiendo allí, así que “si sólo os amenazan no es para tanto.”

Esta respuesta está en sintonía con la línea que sigue el gobierno colombiano en relación a los defensores de derechos humanos. “Ellos hacen discursos como estos: Las acusaciones de los abogados de DH en representación de víctimas, tiene como intención el hacer una guerra jurídica contra el aparato militar que busca desmoralizar los cuerpos armados del Estado e impedir la movilidad de las tropas. Se trata de una estrategia contra el Estado en la que las guerrillas serían la parte militar y los abogados los encargados de la guerra jurídica.” De igual forma, oponerse al saqueo y la destrucción es visto como oponerse al progreso del país. “Cuando planteamos que los derechos de la población sean respetados y se les consulte sobre el uso que se puede hacer de sus territorios, lo califican como actos en contra del progreso y el desarrollo.”

Otra tarea importante que realizan los defensores de derechos humanos es la de representar a quienes siendo víctimas, se encuentran más desfavorecidos por su condición social. “Cuanto más de base es una persona más difícil tiene acceder a la justicia. La labor de los defensores de derechos humanos es importante porque representa a estas personas que no tienen acceso por lo complicado y vulnerable de su situación. Muchas de estas personas vulnerables son perseguidas para que no sean testigos. A las mujeres que se atreven a denunciar las mandan a casa directamente.”

Ante esta situación el actual proceso de paz que vive Colombia se ve con cierto escepticismo, sin embargo hay coincidencia en que es necesario. “Es una necesidad que se avance en la paz. La escalada de violencia entre diciembre y marzo, donde las operaciones militares bajaron a 24, han aumentado ahora a más de 100, con lo que de continuar esta escalada se puede volver de nuevo a la guerra. El sector de poder en Colombia habla de perdón y olvido de los asesinatos, de los robos, de los beneficios económicos del terror. Para esto no puede funcionar así, se debe hacer justicia, no puede ser que la justicia sea un obstáculo para la paz. No habrá paz sin justicia.” Por ello se ha confirmado una comisión de la verdad que está formada por 11 miembros elegidos por las FARC y el gobierno. El problema es que tendrá un carácter extrajudicial y un acceso restringido a información reservada.

El gobierno exige también que la doctrina militar no se vea modificada. “Si no se modifica ese aleccionamiento por el cual se ve a la sociedad como enemigo, se permite que se mantengan la tortura y la desaparición. Esto no puede consentirse.” Así mismo, el gobierno quiere mantener el número de soldados en el ejército, actualmente 500 mil hombres en armas.” La excusa es que el ejército se va a encargar de construir carreteras y hoteles. Esto podría llevar a una transición sin transición, una sociedad militarizada.”

Para que se dé una paz sólida debe haber ciertas garantías.” Garantías de no repetición, de reparación a las víctimas y de desarticulación de los paramilitares, ya que si se firma la paz con las FARC pero se mantiene el paramilitarismo, no va a haber una paz duradera. Eso es un fraude a la sociedad.” Debe haber también un proceso de desmilitarización de la policía, actualmente dependiente del ministerio de guerra y una solución al problema del narco. Del mismo modo es necesario que se respeten ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la manifestación, a la protesta y a la participación política.

La paz pasa también por una redistribución de la riqueza y un desarrollo del mundo rural. “Es fundamental acabar con la aberrante desigualdad aunque el gobierno ha dicho que el modelo de desarrollo no está abierto a negociación. El proceso de paz está orientado a que haya una calma que garantice sobre todo las inversiones internacionales, eso demuestra que sólo se quieren una paz de fusiles.”

Antes de terminar la entrevista la compañera Luisa hace una reflexión que invita a conectarnos con lo que ocurre en realidades que parecen remotas. “Es importante visibilizar qué es lo que ocurre pero también como ciudadanos tratar de presionar a nuestros gobierno para que se cumplan los derechos humanos. Es importante reaccionar ante las amenazas de forma rápida. Estas políticas de represión son trasnacionales, el modelo de privatización de la policía y la seguridad es exportable y un ejemplo es el paso que se está dando aquí con la ley Mordaza. Quien tiene seguridad privada es quien tiene dinero para pagarla. Por todo esto, apoyarles a ellos es también poyarnos a nosotros.”

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

miércoles, 5 de octubre de 2016

QUERIDOS LECTORAS Y LECTORES QUE NOS HONRAN CON SU VISITA

05 de octubre de 2016
German Saltrón Negretti




Saludos fraternos de los administradores de este blog, el 3 de octubre de 2016 cumplimos cuatro años de existencia, lo creamos con el firme propósito de mantenerlos informados sobre todo lo relacionado con los seres humanos que habitamos este planeta llamado tierra. Para nosotros defensores de derechos humanos significa, todo lo inherente a los seres humanos. Esto debe ser los objetivos a lograr por todos nosotros. Debemos luchar para hacer realidad este objetivo, la historia de la humanidad nos ha demostrado que sin justicia social para todas y todos no existirá paz en el planeta. Con la gravedad que a medida que aumenta la injusticia social en el planeta, la posibilidad de una guerra mundial con las armas nucleares, ocasionaría la destrucción del planeta.

Por tales razones, les proporcionamos todas las semanas, una breve orientación de todas las noticias importantes que ayudan o perjudican al objetivo de la lucha por la paz con justicia social. Han aumentado las visitas a nuestro blog, el mes de septiembre de este año alcanzamos 10.031 visitas, el doble del mes de julio que solo teníamos 5.344. Lo consideramos todo un éxito, debido que el tema que abordamos es muy poco conocido mundialmente y que los medios de comunicación internacional se ocupan muy poco de señalar la realidad de los derechos humanos en el planeta. El ranking de posiciones del blog en buscador google de www.todosobrederechos humanos.blogspot.com aparecía en la mitad de la segunda hoja de búsqueda, ahora estamos en la primera hoja, al final pero en la primera hoja, hemos subido de posición aproximadamente 5 escaños, esto debido precisamente al aumento de lectores. Gracias por apoyarnos y pueden comunicarse con nosotros a través de sobrederechoshumanos.vzla@gmail.com

viernes, 6 de mayo de 2016

OEA: LA MAYOR VIOLADORA DE DERECHOS HUMANOS

14 de noviembre de 2015
Crédito: avn
Agencia Venezolana de Noticias
Luis Britto García



En Washington los homeless (sin hogar) tiritan en carpitas que el invierno barrerá.

En la sede de la OEA la delegación de Venezuela pronuncia  palabras que nadie oye:

- Niega esta Comisión el Derecho a la Defensa a Venezuela, cuando durante
un año compila contra ella un  libelo de 373 cláusulas; la incluye  antes de recibir  sus respuestas en un infamante  Capítulo IV inventado por la misma CIDH: no toma en cuenta nuestras observaciones, y convoca a una audiencia donde personas y ONG´S acumulan nuevas acusaciones, sobre las cuales no se nos informa de antemano. Y sólo se nos conceden 20 minutos para  refutar las acusaciones,  a tres segundos por cláusula. El libelo acusatorio es publicado y difundido por la OEA.  La defensa  no es publicada.

En las puertas de los Mails piden limosna indigentes que nadie escucha.

 -En las 373 cláusulas del libelo,  esta Comisión acumula 42 desconocimientos de la soberanía de Venezuela y de su derecho a elegir su sistema político, económico y social, reconocido en el artículo 3 de la Carta de la OEA. En 373 cláusulas la Comisión acumula  144  denuncias sobre casos no resueltos por la jurisdicción interna, y a veces ni siquiera presentados ante ella,  lo cual está prohibido por el artículo 28  de su propio Reglamento.  
En 198 casos, la CIDH presenta como supuestas pruebas notas copiadas de medios de comunicación, que ningún órgano jurisdiccional puede aceptar como evidencia, y en 30 casos, mensajes de twitter. En 159 casos,  la CIDH aduce  como elemento probatorio  afirmaciones de ONG’s, financiadas por Estados Unidos, desacreditadas porque ninguna de ellas objetó el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que intentó despojar al pueblo venezolano de todos sus derechos, políticos, económicos, sociales y culturales. En 116 casos, esta Comisión presenta como prueba sus propias afirmaciones, y en 220, no aporta los datos mínimos indispensables para que legalmente pueda ser aceptada  la denuncia.  En 163 denuncias, hay inaceptable usurpación de la titularidad de la acción, vale decir, alguien representa al supuesto agraviado sin autorización de éste. En resumen, el libelo  contra Venezuela acumula 1.072 inaceptables infracciones al sistema Interamericano. La CIDH es la mayor violadora  de la Carta de la OEA, de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y de sus reglamentos.

En un viaducto grita un indigente con un cartel que dice: WAR VET. HOMELESS (Veterano de Guerra, sin hogar). Nadie lo ha escuchado, ni lo oye, ni lo escuchará.