En España tuvo lugar lo que se conoció como el 'Delcygate', una operación de la oposición para atacar al Gobierno por haber visto a la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Madrid. ¿Por qué el tema tomó tanta fuerza? El intento de trasladar el debate a la Unión Europea no generó el efecto buscado.
"Ábalos cumplió con su deber y evitó una crisis diplomática". Con esas palabras el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, intentó dar punto final el 13 de febrero a una polémica desatada en España que la derecha intentó trasladar a la Unión Europea.
El asunto comenzó cuando, vía medios de comunicación, fue filtrada la información de que el ministro de Transporte español, José Luis Ábalos, se había reunido la madrugada del 20 de enero con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto internacional de Barajas, en Madrid.
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La derecha acusó a Ábalos de haber infringido las sanciones tomadas por la Unión Europea que prohíben pisar territorio europeo a Rodríguez, así como a varios dirigentes del Gobierno venezolano.
Bajo el nombre mediático de 'Delcygate' comenzó una campaña trabajada conjuntamente entre los partidos Ciudadanos, Partido Popular y Vox, para pedir la dimisión de Ábalos y hacer nuevamente de Venezuela un tema de política interna española.
El encuentro entre Rodríguez y Ábalos ocurrió el 20 de enero, un día antes del inicio de la gira que Guaidó realizó entre el 21 y el 25 de ese mes por varios países de Europa para reunirse con diferentes mandatarios como Boris Johnson del Reino Unido, Emmanuel Macron de Francia y Josep Borrell, alto representante de asuntos exteriores de la Unión Europea.
El punto de debate se suscitó alrededor de quién lo recibiría en España, si el jefe de Gobierno Pedro Sánchez o la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
La decisión de reunirse con Laya generó una reacción agresiva por parte de la derecha que acusó a Sánchez de no reconocer a Guaidó como presidente encargado.
La superposición de las polémicas evidenció dos asuntos centrales: la utilización de la agenda de Venezuela como parte de la política interna en España, y el laberinto diplomático ante el conflicto venezolano tanto en territorio español como en la Unión Europea.
Política interna
"La derecha ha instrumentalizado la visita de Guaidó para acusar, como ya venía haciendo desde antes, al nuevo Gobierno de bolivariano, utilizan la visita para hacer más ruido, volver a sacar ese tema para que se expresen las contradicciones y obligar a España a pronunciarse en el sentido de apoyo a Guaidó", explica Arantxa Tirado, politóloga española, autora del libro 'Venezuela más allá de mentiras y mitos'.
Se trata de una estrategia mediática y política que lleva años: la derecha ha acusado desde el primer momento al partido Podemos de haber sido financiado por Venezuela. Esa acusación ahora se ha trasladado al conjunto del Gobierno, en particular porque Unidas Podemos es parte de la coalición conducida por el Partido Socialista Obrero de España (PSOE)
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El redoble de ataque fue para que "entre en conflicto la coalición Unidas Podemos con el PSOE ya que hay dos posturas un poco diferentes" explica Tirado.
Las diferencias existen además dentro del PSOE, "como se expresa en las declaraciones que ha tenido José Luis Rodríguez Zapatero confrontada directamente con Felipe González, en particular en las últimas semanas".
Mientras que González mantiene una política similar a la norteamericana, es decir de reconocimiento absoluto a Guaidó, cerrada al diálogo y en busca de generar un bloqueo económico cada vez mayor, Zapatero, por su parte, se ha ofrecido y ha actuado en numerosas oportunidades como parte de la mediación para un diálogo.
La visita de Guaidó y el encuentro de Ábalos y Rodríguez fueron entonces una oportunidad para la derecha de atacar al recién formado Gobierno de coalición y acusarlo de complicidad con lo que denominan la "narcotiranía de Maduro".
¿Qué es Guaidó?
El Gobierno español fue uno de los primeros en reconocer a Guaidó como presidente encargado luego de su autoproclamación el 23 de enero del 2019. Sánchez era entonces jefe de Gobierno, pero aún no se había formado la coalición con Unidas Podemos.
Así el Gobierno español mantuvo su reconocimiento a Guaidó, pero de manera más cauta y en búsqueda de diálogo. "Borrell —quien antes de ser canciller europeo era ministro de Asuntos Exteriores de España— hizo declaraciones hace un tiempo desmarcándose diciendo que Estados Unidos los había engañado", recuerda Tirado.
Esa posición se tradujo en el hecho de que Sánchez no recibiera personalmente a Guaidó en Madrid, como pedía la derecha.
El último punto sobre el cual se atacó al jefe de Gobierno fue por sus declaraciones del 12 de febrero, donde se refirió a Guaidó como "líder de la oposición" y no como "presidente encargado". Su frase fue dicha en la sesión de diputados donde la derecha atacó por el llamado 'Delcygate'.
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La ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, intentó explicar la posición del Gobierno y afirmó que Guaidó era a la vez presidente encargado —"un título que se ha hecho a medida de la situación en Venezuela"— y líder de la oposición.
Bajo esa declaración equilibrista se esconde en realidad una encrucijada de política diplomática hacia Venezuela: ¿qué hacer con Guaidó y, en términos generales, qué postura tener ante el conflicto en Venezuela que implica directamente a Estados Unidos? Un asunto que tiene repercusiones distintas en España respecto al resto de la Unión Europea.
¿Cuánto impacta Venezuela en Europa?
La derecha española llevó el asunto del encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez a la Comisión Europea el 12 de febrero "para darle mayor eco y legitimidad", analiza la politóloga. Allí pidieron que la Comisión se pronunciara sobre el incumplimiento español por haber permitido que Rodríguez pisara territorio europeo.
"Quienes están llevando la política anti-Venezuela allí, el señor Hermann Tertsch, que es hijo de un nazi, de Vox de la ultraderecha, se metió en la Comisión de América Latina del Parlamento y está mano a mano con Leopoldo López padre —el padre del dirigente prófugo Leopoldo López quien se encuentra en la residencia del embajador de España en Caracas— para conducir las relaciones hacia la agresión contra Venezuela", explica Arantxa Tirado.
La sesión fue breve, con pocos eurodiputados presentes, y nueve de los diez participantes fueron españoles. Borrell zanjó el debate y afirmó que la Comisión Europea no puede iniciar procedimientos de infracción por incumplimiento de aplicación de sanciones, y que eso es competencia de cada Estado miembro.
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Sin embargo, la cuestión de Venezuela, más allá del impacto mediático, es un tema central diplomático: se trata, del lado europeo, de reconocer a un Gobierno paralelo creado desde Estados Unidos, lo que significa convalidar tanto la política de bloqueo económico como el intento de derrocamiento de Maduro.
Por esa misma gravedad, y ante la evidencia de las consecuencias de mantenerse alineado a la estrategia norteamericana, el Gobierno español ha tomado una posición que parece buscar lo que tantas veces se ha intentado: el diálogo para una resolución pacífica. Eso resulta inadmisible para la derecha del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
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