LA HABANA (Sputnik) — El ministro de Relaciones Exteriores calificó de "ataque brutal al derecho internacional" la decisión de EEUU de suspender por solo 45 días la aplicación del Título III de la llamada Ley Libertad, que permite a ciudadanos estadounidenses iniciar juicios por las propiedades que les fueron confiscadas por el Gobierno de Cuba.
"Rechazo firme y categóricamente el anuncio del Departamento de Estado de EEUU de suspender por solo 45 días la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton. Chantaje político y hostilidad irresponsables para endurecer bloqueo a Cuba. Brutal ataque al derecho internacional y a terceros Estados", apuntó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta de Twitter.
© AP PHOTO / DESMOND BOYLAN
El Título III de la ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática de 1996, también conocida por los apellidos de los legisladores que la propusieron Jesse Helms y Dan Burton, establece la protección de los derechos de propiedad de ciudadanos estadounidenses en Cuba.
Bajo esta norma, los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades hubieran sido confiscadas o expropiadas por el Gobierno cubano después del triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, podrán iniciar litigios contra cualquier persona que realice transacciones económicas con esos bienes.
La ley, sin embargo, otorga al presidente de EEUU la autoridad de suspender o habilitar la aplicación del Título III cada seis meses, lo que en la práctica ha significado la congelación de este capítulo en los últimos 22 años.
La ley Helms-Burton fue promulgada en marzo de 1996 por el entonces presidente Bill Clinton.
Desde entonces, todas las administraciones estadounidenses la fueron suspendiendo cada seis meses habida cuenta de que su implementación podría perjudicar no solo a Cuba, sino también a Estados Unidos y terceros países.
El Departamento de Estado de EEUU anunció el 16 de enero que la normativa se suspenderá por 45 días a partir del próximo 1 de febrero para "llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del Título III a la luz de los intereses nacionales" y acelerar "la transición a la democracia" en Cuba.
En su comunicado, el ente instó a cualquier persona que haga negocios en Cuba a reconsiderar "si está traficando con propiedades confiscadas".
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