hace 3 horas (actualizado: hace 3 horas)
© AP Photo / Fernando Vergara
Cumplidos
cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y
la guerrilla de las FARC el balance resulta preocupante. Aunque el
abandono de las armas por la guerrilla es indiscutible, no se ha
realizado el reparto de tierras comprometido ni se garantiza la
seguridad de los exguerrilleros, cientos de ellos han sido asesinados.
El domingo 26 de septiembre se cumplieron cinco años de la firma del histórico acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
Tras 52 años de guerra y cuatro de negociaciones se daban la mano el
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el comandante guerrillero
Rodrigo Londoño en la ciudad costera de Cartagena de Indias. Atrás
parecía quedar un conflicto que dejaba más de 260.000 muertos y casi
seis millones de desplazados.
El
primer susto de aquel acuerdo se vivió apenas seis días después cuando,
en contra de todo pronóstico, fue rechazado por estrecho margen en un
plebiscito (50,21% de los votantes dijo que "No" aprobaba los acuerdos,
mientras que el 49,78% votó que "Sí" los respaldaba), lo que obligó a
reabrir las negociaciones para un nuevo documento final que se firmó el
24 de noviembre de 2016 en Bogotá y es el que hoy se está implementando,
una tarea de 15 años, la mayoría de ellos en La Habana. Curiosamente
las regiones que más habían sufrido la guerra fueron las que apoyaron el
acuerdo mientras que las que se mantuvieron más alejadas, la capital
por ejemplo, votó en contra, lo que mostraba el interés de importantes
sectores en continuar la guerra.
Cinco puntos del Acuerdo
Cinco
años es un buen periodo para hacer balance de lo conseguido y de lo
pendiente. Para ello, lo primero es recordar el contenido de los
acuerdos, basado en cinco puntos.
1. Reforma integral del campo colombiano.
La
tierra, o mejor dicho, su desigual reparto, era una de las cuestiones
en conflicto y uno de los motivos que llevaron a las FARC a levantarse
en armas. En Colombia, la tierra está en manos de unas pocas familias
que la infraexplotan o la dedican a ganadería extensiva. Además muchos
terratenientes se habían apropiado de grandes extensiones de forma
irregular. Por otro lado, la guerra provocó muchos desplazados que
abandonaron sus cultivos. Los acuerdos contemplaban la entrega de
tierras a las comunidades de campesinos.
2. Apertura democrática para construir la paz y participación política.
Parte
de la premisa de que la construcción y consolidación de la paz en el
marco del fin del conflicto requería de la ampliación de la democracia
para facilitar el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario
político, y enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los
principales problemas nacionales. Con estas medidas se debía fortalecer
el pluralismo y la representación de las diferentes visiones e intereses
de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la
inclusión política.
24 de septiembre, 21:41 GMT
Una
de las cosas que le preocupaba a las FARC era contar con garantías
políticas y de seguridad para poder participar de forma pacífica en la
vida política del país. La izquierda colombiana ya vivió el “genocidio” de la Unión Patriótica,
un partido político fundado por las FARC en 1985 y cuyos cargos
políticos, cuadros, candidatos y militantes fueron exterminados.
3. Cese el fuego y de hostilidades y dejación de las armas; así como un acuerdo sobre las garantías de seguridad.
Se
planteó la hoja de ruta para terminar de manera definitiva las acciones
ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, las hostilidades y
cualquier acción que afectara a la población civil. De igual forma, se
propusieron medidas para realizar el procedimiento de dejación de las
armas, e iniciar el proceso de reincorporación de los excombatientes de
las FARC-EP, acreditados nada menos que 13.589.
4. Solución al problema de las drogas ilícitas.
Se
consideró indispensable promover una nueva visión en donde imperara un
“tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al
problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada
asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos
humanos y salud pública, diferenciado y de género”.
El
Gobierno de Estados Unidos, principal financiador de la guerra, siempre
apelaba al problema del narcotráfico, porque están convencidos de que
el problema de la drogadicción en Estados Unidos empieza en Colombia, y
olvidan que la demanda es una parte importante del negocio, además de
toda la estructura financiera de blanqueo, con sede en EEUU.
5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto.
Son
millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento
forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los
desaparecidos de toda índole y un amplio número de familias, colectivos y
poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo
comunidades campesinas e indígenas.
Se
calcularon un total de 8 millones y medio de personas en la lista de
víctimas. El objetivo era valorar en qué medida se podía reparar o
indemnizarlas.
Por último, se estableció un nuevo apartado denominado Implementación, Verificación y Refrendación,
en el que se presentó la ruta para la implementación y los compromisos
establecidos en términos de seguimiento, verificación y garantías al
cumplimiento del Acuerdo. En este capítulo se consignaron las funciones
de sus mecanismos de verificación, así como los principios rectores, los
colaboradores y sus roles en las distintas instancias de verificación.
Intereses diferentes
Lógicamente
cada sector en liza tenía más interés en el avance de unos puntos que
otros. Por ejemplo, desde los sectores más militaristas, latifundistas y
reaccionarios lo primordial era el desarme de los guerrilleros,
mientras que desde los sectores campesinos era la distribución de las
tierras y para los excombatientes era la garantía en su integridad
física y derechos políticos para participar en la democracia colombiana.
El
Gobierno de Colombia y las FARC otorgaron al Instituto Kroc de Estudios
Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame el mandato de
brindar apoyo técnico en el seguimiento y verificación a su
implementación.
Para
realizar seguimiento al Acuerdo Final, este Instituto diseñó una
metodología aprobada por la Comisión de Seguimiento, Impulso y
Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) en 2017.
Según este método, se evalúa la implementación de una matriz general de
578 disposiciones definidas como compromisos concretos, observables y
medibles derivados del texto del Acuerdo.
Solo cumplido el 28%
Según el último informe de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos del Instituto Kroc, en noviembre de 2020 solo se había implementado el 28% de lo establecido en los acuerdos de paz.
Un informe de seguimiento de la implementación del Acuerdo publicado en febrero
por una comisión de Representantes y Senadores independientes y de
oposición en el Congreso, presentado en el mes de febrero mostraba estos
preocupantes datos:
El 2020 ha sido el más violento para los líderes sociales, de acuerdo a las cifras de Indepaz, con 310 asesinatos. (1.166 desde el 14 de noviembre de 2016 al 19 de abril de 2020).
Entre
2018 y 2020, los casos de masacres han aumentado en un 175% y las
cifras se empiezan a acercar a las de hace una década Gobierno.
Desde el inicio del proceso de dejación de armas, hasta diciembre de 2020, 248 excombatientes han sido asesinados. (El informe de verificación de las Naciones Unidascita 286 exintegrantes de las FARC asesinados en junio del 2021).
El
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos avanza
de forma tan lenta que solo el 5,3% de las familias vinculadas cuenta
con proyecto productivo.
Hasta
el momento, se ha indemnizado administrativamente al 15,1% de la
población sujeta de atención. A este paso, nos demoraremos 57,7 años en
indemnizar a todas las víctimas.
De las solicitudes de restitución de tierras recibidas, solo el 9,7% ha sido resuelta por un juez.
Las cifras de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas, desplazados y producción de cocaína tampoco son buenas en estos cinco años desde el Acuerdo.
Por
otro lado, no se han dado avances en diálogos o negociaciones con la
otra histórica guerrilla en activo, el Ejército de Liberación Nacional
(ELN).
Iván Duque y Álvaro Uribe
Es
evidente que el Gobierno del actual presidente de derechas Iván Duque
no está mostrando interés en avanzar hacia la paz. No olvidemos que ya
mostró muchas discrepancias contra aquellas negociaciones y en su
partido se encuentra el que fuera más guerrerista de todos los
presidentes colombianos, Álvaro Uribe.
El que fuera comandante en jefe de las FARC, y actualmente presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, considera, según declaró en una reciente entrevista a Spuntikque
"desde el primer día se han hecho mal las cosas por parte del Estado,
porque su clase dirigente no ha perdido su naturaleza. Ellos solamente
querían desarmar las FARC y no comenzar a construir las condiciones para
que el conflicto desaparezca".
Las FARC han cumplido
El
jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia,
Carlos Ruiz Massieu, quien también es el representante especial del
secretario general de Naciones Unidas en Colombia, en declaraciones a la agencia Europa Press,
destacó que las FARC han cumplido a la perfección el proceso de
abandono de las armas y su transformación en un partido político. En
agosto de 2017 se celebró en Bogotá el congreso fundacional del nuevo
partido que mantenía las siglas FARC pero con el significado Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común. En 2021 el partido pasó a
denominarse Comunes.
En
opinión del asesor jurídico de la mesa de conversaciones, el abogado
español Enrique Santiago, en declaraciones a Sputnik "la implementación
está demorada debido a la falta de voluntad del actual gobierno
colombiano por cumplir con lo establecido en el Acuerdo. De hecho la
Corte Constitucional colombiana acaba de resolver que la falta de
implementación del acuerdo sobre seguridad es un 'estado de cosas
inconstitucional'".
23 de septiembre, 23:04 GMT
La
figura jurídica del "estado de cosas inconstitucional" es definida como
un mecanismo o técnica jurídica creada por la Corte Constitucional,
mediante la cual declara que ciertos hechos resultan abiertamente
contrarios a la Constitución, por vulnerar de manera masiva derechos y
principios consagrados en la misma, en consecuencia insta a las
autoridades competentes, para que en el marco de sus funciones y dentro
de un término razonable, adopten las medidas necesarias para corregir o
superar tal estado de cosas.
Ni una sola hectárea entregada a los campesinos
"En
estos momentos -continúa Santiago- no se ha entregado ni una sola
hectárea de los diez millones previstas en el acuerdo de paz para los
campesinos. La antigua guerrilla ha cumplido en cuanto a desmovilización
y reparaciones a las víctimas, y se encuentra sometida a la
jurisdicción especial para la paz al igual que las fuerzas militares
aunque también hay una importante demora en el sometimiento a esta
jurisdicción de los civiles que intervinieron en el conflicto como es el
caso de los financiadores instigadores o organizadores del
paramilitarismo".
"Quedan
siete años para concluir la implementación, el Gobierno colombiano debe
acelerar especialmente los referidos a reforma rural integral, reforma
política y garantías de seguridad. En caso contrario y por no haber
eliminado las causas estructurales del conflicto, se corre el riesgo de
que en unos años vuelva a rebrotar con toda su intensidad", añade
Enrique Santiago.
Disidencias de las FARC
De
hecho han ido surgiendo un goteo de disidencias de las FARC que han
vuelto a las armas. La más importante fue en 2019, liderada por Iván
Marquez, quien fuera nada menos que el jefe y portavoz de la delegación
que negoció la paz en La Habana.
En un comunicado de septiembre de 2020,
este grupo responsabiliza al gobierno de Iván Duque del fracaso de la
paz: "Cuando nos ilusionamos con la posibilidad de inaugurar una nueva
era de paz, el gobierno Duque-Uribe convirtió la destrucción del más
hermoso sueño de los colombianos en el principal objetivo de su
estrategia". Por ello, reivindican "un nuevo gobierno de coalición
democrática, que garantice la paz completa sin traiciones, la titulación
de tierras a los campesinos, la reforma política, y una cancillería de
paz".
Compromiso de la comunidad internacional
Enrique
Santiago señala que "la comunidad internacional debe acompañar el
proceso y plantear claramente al gobierno colombiano que es necesario un
impulso la implementación y un compromiso incuestionable en su
ejecución".
Los
antecedentes han mostrado la indiferencia con la que la comunidad
internacional contempla los incumplimientos de los acuerdos de paz en
diferentes conflictos. Unos gobiernos occidentales que tanto se
escandalizan y preocupan con la violencia política cuando los pobres se
sublevan en guerrillas, pero que ignoran y miran para otro lado cuando
la violencia es fruto de la delincuencia común desencadenada por la
pobreza.
Indiferencia ante los muertos
Basta
recordar el caso de Centroamérica, los muertos durante el conflicto con
las guerrillas en El Salvador o en Guatemala eran portada en la prensa,
pero dejaron de serlo cuando esos muertos (en un número que no era
menor) eran por las maras y el narcotráfico.
Igualmente
sucede con la indiferencia de la comunidad internacional ante el
asesinato de líderes sociales, sindicalistas o defensores de derechos
humanos. Me lo dijo muy claro en 2004 el comandante guerrillero del ELN
Milton Hernández: "En Colombia es más fácil y muere menos gente si
montas una guerrilla que si montas un sindicato".
14 de septiembre, 15:16 GMT
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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