Crédito: avn
Agencia Venezolana de Noticias
Venezuela
es uno de los países con mayor libertad de expresión en el mundo,
tanto por la sostenida expansión de su sector de comunicaciones,
como por la ausencia de restricción para los contenidos que éste
difunde.
La
más decisiva prueba de que el Estado venezolano no viola el derecho
de buscar, recibir y difundir información, consta en las decisiones
de la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitidas el
día 28 de enero de 2009 en los dos casos relativos a los medios
planteados ante ella.
La
primera sentencia, relativa al caso Radio Caracas Televisión (RCTV),
declara que: "No ha sido establecido que el Estado haya violado
el derecho a buscar, recibir y difundir información, en los términos
del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 335 a 394 de la
presente Sentencia".
La
segunda sentencia, relativa al caso GLOBOVISIÓN, declara en forma
terminante que: " No ha sido establecido que el Estado haya
violado el derecho a buscar, recibir y difundir información, en los
términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 366 a
369 de la presente Sentencia".
Más
adelante aportamos testimonios, extraídos textualmente de los medios
de comunicación venezolanos, que respaldan irrefutablemente ambas
sentencias y demuestran que desde ese entonces hasta el presente
reina en Venezuela la más irrestricta libertad de expresión.
Los
medios privados venezolanos crecen sin cortapisas
Los
medios privados venezolanos están en un proceso de sostenida
expansión que desmiente la idea de que el Estado les imponga frenos
o cortapisas. Citemos cifras contundentes de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones. Para 2012 circulan 334 publicaciones periódicas;
de ellas un centenar son cotidianos. La mayoría son abiertamente
opositoras al Gobierno. Sólo dos guardan un relativo equilibrio en
la información, según mediciones del comunicólogo opositor
Marcelino Bisbal: Últimas Noticias (Caracas) y Panorama (Maracaibo).
Apenas tres (03) diarios, aparecidos en los últimos años, no son
opositores: Diario Vea, Correo del Orinoco, y Ciudad Caracas.
Para
1998 funcionaban 331 emisoras de FM comerciales privadas y apenas 11
de servicio público. Para 2012 estas cifras casi se duplican: hay
499 emisoras FM comerciales, 83 de servicio público y 247
comunitarias. En 1998 emitían en señal abierta 36 televisoras
comerciales y 8 de servicio público; para 2012 las cifras casi
llegan al doble, pues funcionan 67 comerciales, 13 de servicio
público y 38 comunitarias. Advirtamos que las emisoras comunitarias
tienen alcance limitado a una parroquia o un distrito, y que su
existencia a veces es efímera.
Este
sostenido crecimiento de los medios de comunicación privados y su
decisiva preponderancia tanto en número como en capacidad de emisión
sobre los de servicio público, desmiente categóricamente el alegato
según el cual el Estado venezolano ejercería una hegemonía
comunicacional o aplicaría políticas que limitarían a los medios
privados.
Los
medios venezolanos están en pocas manos
Pero
el crecimiento cuantitativo de los medios no significa una
democratización en su propiedad ni en la selección del contenido.
En los medios privados más importantes en Venezuela opera una
extrema concentración de la propiedad, tanto vertical como
horizontal, en manos de una decena de familias. Estos grupos para
1986 controlaban cerca de 94% de la cobertura nacional de radio y
televisión, y en oportunidades dominaban diarios impresos. L os
dueños de televisoras asimismo poseen las radioemisoras más
importantes, y paralelamente manejan empresas disqueras, agencias de
asesoría de imagen, de publicidad y de relaciones públicas . Hasta
2006, sólo dos televisoras, Radio Caracas Televisión y Venevisión,
controlaban el 75% de la factura publicitaria televisiva, se
cartelizaban para ofrecer rebajas a los anunciantes que se
abstuvieran de anunciar en otras plantas, y cobraban sus servicios
con una sola firma, Sercotel.
Ataques
al Poder Ejecutivo
En
cuanto a la afirmación de que este complejo y creciente sistema de
medios difunde informaciones y sobre todo opiniones con la más
absoluta libertad, no hay mejor prueba que una antología del
contenido reciente de algunas de las más importantes y difundidas
publicaciones del país. Radios y televisoras replican y amplifican
los mismos contenidos.
Para
verificar el imperio de la más absoluta libertad de expresión basta
dar un somero vistazo a la prensa mas reciente. En su edición del 7
de febrero de 2012, El Nacional muestra en primera página una
cerrada concentración de titulares tendientes a desacreditar a la
administración. Así, a tres columnas antetitula "Gobierno
niega intención de sabotaje" para luego titular "El PSUV
prohíbe a sus militantes votar en primarias" y subtitular "La
amenaza es vista en la MUD como una muestra de temor". En forma
directa o indirecta, tildan así al gobierno de saboteador que
amenaza y sufre "temor". Abajo, el titular a dos columnas
"Olvidados por el padrino" se refiere "a las 387
familias damnificadas que viven desde hace 15 meses en los sótanos
del edificio Líder, en La Florida", las cuales piden "al
padrino del refugio, el alcalde Jorge Rodríguez, los reciba y les
mejore las condiciones que habitan". Las autoridades, que han
habilitado refugios para más de trescientos mil damnificados por las
lluvias del año 2011, algunos en hoteles de lujo u oficinas
públicas, son tratadas así como un "padrino", capo de
mafia, que tendría a sus protegidos "olvidados". Al lado,
se titula una gráfica en diapositivo "Con ingenio vencen la
desidia", para celebrar que un ciudadano haya colocado en una
calle de Petare "una instalación que alumbra las zonas de más
peligro y las mantiene resguardadas del hampa". Se abre así un
verdadero menudeo de titulares que perseveran en una campaña perenne
para incrementar la percepción de la inseguridad del ciudadano ante
el hampa. Por ejemplo, en la misma página: "Inseguridad:
Capturaron a 3 implicados en secuestro de embajador". "Tres
detenidos: Un muerto en tiroteo por asalto a joyería en el Sambil".
Y "Atienden hasta 50 partos diarios: Emergencia en Hospital de
Maracay por muerte de 11 recién nacidos". Como colofón: "Piden
diálogo: Empresarios rechazan que se vuelva al PVP".
Empresarios que rechazan a priori una medida de control de precios
piden diálogo: vale decir, debe ceder la otra parte. En medio, en un
recuadro en verde que arroja dudas sobre si se trata de un titular
noticioso o de propaganda, se afirma: "Henrique Capriles
Radonski: Nadie necesita vestir de un color para ser atendido" y
"Ruta a las primarias: Faltan 5 días". Resumamos: en tan
sólo una primera plana, a grandes titulares, se trata al gobierno
electo, bien por denotación o por connotación, de "saboteador",
"amenaza", culpable de "miedo", de "desidia",
de "padrino" que tendría a los ciudadanos "olvidados",
sería incapaz de garantizar la seguridad y la salud pública, se
mostraría refractario al diálogo y, por implicación, para atender
al ciudadano requeriría que éste debiera "vestir de un color".
Ningún gobierno que restringiera la libertad de expresión
permitiría una primera página como la reseñada.
Ataques
al Poder Electoral
¿Esta
libertad de expresión se limita a las primeras planas? Pasemos a la
página 2 del mismo día y cotidiano. En ella se titula "Estrategia:
el oficialismo niega que planifique sabotear elecciones del 12-F"
(Unas elecciones internas de la oposición para seleccionar su
candidato). Un subtítulo resaltado denuncia: "Miedo político"
y especula: "La amenaza del PSUV es vista como una muestra de
miedo". En la misma página, a dos columnas: "Peligra la
democracia: Advierten que Chávez dará autogolpe". Al lado,
también a dos columnas: "Piden garantías para los electores".
A la derecha de la misma página, en forma incongruente: "Informe
2011: Reportan 94 agresiones a la libertad de prensa". Un "Grupo
Andino de Libertad Informativa" reporta dicha cifra, sin
explicar cómo pueden ocurrir tales violaciones en un país donde
circulan cotidianamente semejantes titulares e informes, y mucho
menos cómo se pueden publicar agresiones a la libertad de prensa en
un país donde supuestamente ésta no existe.
De
nuevo resumimos: el gobierno planearía "sabotear elecciones",
estaría poseído de "Miedo político", "dará un
autogolpe", sería culpable de "agresiones a la libertad de
prensa". Son meras especulaciones gravísimas e infundadas, la
mayoría sobre hechos futuros e inciertos. El que sean cotidianamente
publicadas sin obstáculos ni consecuencias es la prueba irrefutable
de que en Venezuela existe la libertad de expresión más plena.
¿Se
trata de una situación casual? Examinemos el mismo periódico un mes
después, el 7 de marzo de 2012. En su página 2, un titular a seis
columnas: "El Gobierno fomenta la impunidad para generar miedo".
Otro titular, a cuatro columnas: "Discurso del Ejecutivo aviva
la violencia". Y a dos columnas: "Califican de atentado el
suceso en Cotiza", y "Tavares denuncia amenazas por
identificar a los oficialistas". Tenemos así presentadas como
noticias opiniones según las cuales el gobierno "fomenta la
impunidad", "aviva la violencia", habría promovido un
"atentado" y proferiría "amenazas por identificar a
oficialistas". Ningún gobierno que atentara contra la libertad
de expresión dejaría publicar tal concentración de acusaciones sin
pruebas y sin consecuencias.
Ataques
al Poder Legislativo y Judicial
¿Esta
libertad o más bien libertinaje de expresión, que muy pocos
gobiernos democráticos tolerarían, la ejerce sólo El Nacional? La
primera plana de El Universal del 2 de febrero de 2012 es una frontal
agresión a cuatro columnas contra el Poder Legislativo: "Alertan
que mayoría de la AN aprobó una ´ley sapo´". "Sapo"
es venezolanismo infamante por "delator"; la mayoría
parlamentaria, por extensión, lo sería. La quinta columna es una
granizada de titulares contra los demás poderes: "Solicitan que
se garantice el suministro de energía el día 12 F", lo cual
sugiere que habría peligro de que el Ejecutivo la cortara durante
las primarias de la oposición. "Sin registro Electoral
venezolanos en Australia, Madrid y Ciudad de Panamá" cuestiona
al Poder Electoral. "Capriles: El que en 14 años no ha bajado
la delincuencia, no lo hará en 6 años" y "Pérez: el
Código Orgánico Procesal Penal no frenará el crimen ni el lenguaje
violento del Presidente". Así se cuestiona equitativamente al
Poder Ejecutivo y al Judicial, omitiendo que los estados donde
gobierna la oposición son justamente los que presentan mayor tasa
delictiva.
Ataques
al sistema de Defensa Nacional
Igual
libertad para presentar opiniones o especulaciones como noticias
impera en el resto de los medios. La primera página del diario
Últimas Noticias del 15 de marzo de 2012 proclama que "Hay 500
´boliches´ armados", que "Guerrilla criolla compró 600
granadas al Cartel de La Guajira" y que "Tienen escuela de
combatientes, 11 casas-bases, imprenta y radio". Los llamados
´boliches´ serían una supuesta guerrilla bolivariana, sobre la
cual en la página 16 se afirma sin pruebas que "Boliches
funcionan como la guerrilla colombiana ELN", en prosecución del
intento de vincular en alguna forma supuestos grupos que operarían
en Venezuela con insurgentes foráneos. En todo el texto no se
mencionan fuentes ni evidencias: lo único que prueba es, una vez
más, la ilimitada libertad de expresión en Venezuela. En El
Nacional de 7-2-2012, un titular de la página 2 prosigue la perpetua
campaña para inculpar al gobierno electo venezolano como aliado de
organizaciones guerrilleras: "FARC: Uribe advirtió presencia de
Timochenko". El cuerpo de esta noticia señala que "El ex
presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez aseguró en noviembre de
2011 que el ahora jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri (alias
Timochenko) y alias ´Iván Márquez´ estaban en territorio
venezolano". La información es extemporánea por cuatro meses,
pero alegatos de tal género son útiles como coartada intemporal
para invadir países, como ocurrió con la agresión de Colombia
contra Ecuador.
Así
como los medios critican encarnizadamente la supuesta debilidad de un
sistema de Defensa que permitiría la presencia de insurgentes,
igualmente atacan los esfuerzos por fortalecerlo. El diario
capitalino El Mundo titula el 20 de marzo de 2012, desplegado en toda
la primera página "Venezuela le gana a sus vecinos en compra de
armas", refiriendo a una adquisición excepcional de pertrechos
en 2011. El cotidiano, por supuesto, no balancea la noticia
informando sobre el contexto. Venezuela mantiene un ejército de poco
más de ochenta mil efectivos, al cual según el World Economic
Outlook dedica en 2005 unos 1.477 millones de dólares, el 1,6% de un
PIB del cual destina casi 9% a la Educación. La vecina Colombia en
2007 mantiene 459.687 funcionarios destinados a labores de Defensa y
Seguridad; y gasta anualmente en la guerra 6,5 % de su PIB, unos
22.000 millones de dólares anuales, según los investigadores Juan
Camilo Restrepo y Pedro Medellín (Semanario VOZ, edición 2427, cit.
Por Álvaro Angarita: "Crece el gasto militar. Guerra devora el
presupuesto"; 27-2- 2008 www.geocities.com/vozxcol/voz.pdf).
Informaciones
dirigidas a difundir pánico
Práctica
usual de los medios venezolanos privados es la de difundir contenidos
tendientes a crear pánico en la ciudadanía. Ya aludimos al graneo
de titulares destinados a incrementar la sensación de inseguridad.
Esta campaña no se limita a reseñar actos del hampa. A principios
de febrero ocurre un derrame de petróleo en el río Guarapiche, en
el estado Monagas, del Oriente del país. Para proteger a los
ciudadanos, las autoridades cierran la planta de tratamiento de agua
del Bajo Guarapiche y la mantienen más de cuarenta días así
(Últimas Noticias, 15-3-2012, p.2).
Es
la oportunidad para que la oposición convierta mediáticamente un
accidente local en un pánico nacional. El 14 de marzo el gobernador
opositor de Carabobo, Enrique Salas, declara a Globovisión que las
autoridades distribuyen por el sistema de acueductos "agua
podrida", que someten a tratamiento agua "salubre"
(sic) y pide declarar emergencia sanitaria en el centro del país
porque ésta causaría "el crecimiento del autismo". Este
inaudito descubrimiento clínico, que bien podría reportar el Premio
Nobel para el funcionario, es la señal para otra persistente campaña
destinada a convencer a la ciudadanía de que el líquido vital causa
la muerte, sobre la cual citaremos apenas algunos ejemplos. Al día
siguiente El Carabobeño titula "Hiperkinesis y alzheimer por
mala calidad del agua e Aragua y Carabobo". El 15 de marzo el
cotidiano Tal Cual agrava la campaña con el tinte racista en
caricatura según la cual "Basta de supremacía blanca: ahora
tenemos aguas afrodescendientes". El 15 de marzo Últimas
Noticias titula a cuatro columnas la página 2: "Alertan sobre
contaminación de embalses que surten a Caracas", y el 19 de ese
mes, en la misma página: "En tela de juicio calidad del agua en
Venezuela". A la velocidad de las rotativas una campaña sobre
un suministro de agua local en Orienta, vincula en el Centro en forma
fantasiosa agua "salubre" y autismo y Alzheimer, y se
potencia hasta abarcar la capital y luego la totalidad del país.
Se
comprenden los efectos que puede tener la divulgación de falsas
noticias. En 1938 Orson Welles desató un pánico en Estados Unidos
al difundir una versión radiofónica de La guerra de los mundos, de
H.G. Wells. La policía no lo dejó concluir el programa. A fines de
los años 60 los hippies desataron otro pánico amenazando verter LSD
en el acueducto de Nueva York. El Juzgado Vigésimo Quinto de Primera
Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del
Área Metropolitana de Caracas el 21 de marzo debió "INSTAR a
los distintos medios de comunicación nacionales y regionales, tanto
impresos como noticieros digitales, radio y televisión, actuar con
extrema responsabilidad al momento de difundir cualquier tipo de
información relacionada con la presunta contaminación de los
cuerpos de agua cruda y potable, destinada al uso del consumo humano,
que no haya sido debidamente avalados por un "ORGANISMO TÉCNICO
COMPETENTE PARA ELLO". Y añade que "esta exacción no
puede entenderse como un mecanismo limitante de la libertad de
expresión e información, si no por el contrario, reafirmar tales
derechos al procurar que las informaciones tengan un aval científico
que las revista de absoluta veracidad, tal como lo prevee el
contenido del artículo 58 del Texto Constitucional según el cual
'toda persona tiene derecho a la información oportuna y veraz e
imparcial´, so pena de incurrir en tipos penales, descritos por el
legislador como hechos punibles que de alguna forma conlleven a crear
pánico y zozobra en la ciudadanía".
Entiéndase
bien: la decisión sólo alerta contra la invención de noticias
sobre el agua no avaladas por organismos técnicos competentes, y
exhorta a cumplir normas constitucionales y penales. A este respecto,
nuestro Código Penal dispone:
ART
296.A.—Todo individuo que por medio de informaciones falsas
difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo,
telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause
pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado
con prisión de dos a cinco años.
Si
los hechos descritos en el aparte anterior fueren cometidos por un
funcionario público, valiéndose del anonimato o usando para tal fin
el nombre ajeno, la pena se incrementará en una tercera parte.
Este
artículo será aplicado sin perjuicio a lo establecido en la
legislación especial sobre los delitos informáticos,
telecomunicaciones, impresos y transmisión de mensajes de datos.
Una
vez más resumimos: ningún gobierno que coartara la libertad de
expresión permitiría la divulgación de noticias o más bien de
opiniones como las citadas, encaminadas a causar pánico en la
comunidad. Los medios de comunicación en Venezuela gozan de la más
amplia libertad de expresión, y en la actualidad siguen la misma
línea que desde principios de siglo: critican abierta y la mayoría
de las veces infundadamente a todos los poderes del Estado, sin ser
constreñidos ni sufrir consecuencias por ello.
Los
medios en Venezuela funcionan como actores políticos
Para
mejor valorar en su justa perspectiva esta situación de plena
libertad de expresión, es oportuno señalar que por su parte los
medios llevan adelante en forma persistente prácticas de violación
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de sus
leyes y de la ética del gremio periodístico.
Para
probar estas prácticas, que son del dominio público, y cuya
exposición rebasaría de los límites de esta audiencia, recurrimos
a testimonios emitidos por los propios medios, por sus propietarios y
sus comunicadores, recogidos en forma textual en el libro Dictadura
mediática en Venezuela: Investigación de unos medios por encima de
toda sospecha (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y
la Información, Caracas, 2008), que acompañamos como Anexo al
presente alegato y del cual consignamos un ejemplar a cada uno de los
miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
En
el documento citado consta, en afirmaciones de los propios
periodistas y propietarios, que en Venezuela los medios privados no
actúan como comunicadores, sino como actores políticos, promueven
en forma consistente la antipolítica e intentan suplantar a los
partidos (pp.308-314). Que incitan de manera pertinaz a la
discriminación étnica y racial, la guerra civil, el magnicidio y la
deposición violenta del gobierno legítimo (pp. 309).
Los
medios fueron cómplices y ejecutores de un golpe de Estado
Consta
asimismo en testimonios citados textualmente en dicho libro que para
el año 2002, a excepción de dos diarios con cierto grado de
equilibrio, los medios predicaron abiertamente el derrocamiento del
gobierno legítimo, mintieron que éste habría disparado contra una
manifestación, mintieron que el Presidente había renunciado,
colaboraron con su tecnología superior en el corte de comunicaciones
que lo derrocó, pactaron con la dictadura la entrega de los órganos
de control de las telecomunicaciones, llamaron a la delación contra
los partidarios del gobierno democrático, difundieron
entusiásticamente sus detenciones y ocultaron con un apagón
comunicacional los movimientos populares que en definitiva
restablecieron el gobierno legítimo (Op. Cit. pp. 45 -103).
Ni
el presidente electo ni sus funcionarios aplicaron ninguna sanción:
Desde el 2 de diciembre de 2002 hasta marzo de 2003 los medios
privados en Venezuela se encadenaron 24 horas diarias en una
saturativa cadena de llamamientos a derrocar el gobierno legítimo,
de apoyo a un cierre patronal de empresas, al sabotaje de la
industria petrolera y a la desobediencia tributaria. La falta de
apoyo popular a esta agresión comunicacional de una duración nunca
vista en el mundo determinó su fracaso, sin que de nuevo las
autoridades ejecutaran sanción alguna (Op.cit. pp 140-155).
Los
medios venezolanos no se consideran obligados a ser veraces ni
imparciales
Para
sustentar tales políticas los medios han dejado de lado la
veracidad, objetividad, imparcialidad y equilibrio que debe
caracterizarlos. Para justificarlo, el doctor Pedro Nikken sostiene
en la audiencia de 27 de marzo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en Washington que "nadie sabe lo que es la
verdad". Es la pregunta de Pilatos, y cada vez que la hace un
agente del Imperio, sale crucificado un inocente. Si verdaderamente
tuviera dudas, el doctor Nikken no debería acudir ante una Corte
Interamericana para que legitime como verdad judicial una verdad que
él mismo dice ignorar, y los medios opositores venezolanos a los
cuales representa deberían abstenerse de presentar como verdades la
granizada de mentiras que constantemente esgrimen contra el gobierno
democrático de Venezuela.
Lo
cierto es que de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, "La comunicación es
libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique
la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz
e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta
Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea
afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes".
Por tanto, nadie puede en Venezuela emitir información inoportuna,
falsa y parcializada, ni pretender que como desconoce la verdad, está
libre de los deberes y responsabilidades que indique la ley.
Para
evidenciar que gran parte de los medios en Venezuela no se consideran
obligados a proporcionar información veraz, imparcial y oportuna,
citamos opiniones textuales de comunicadores de la propia oposición
y de observadores foráneos. El reportero Roberto Giusti declara: "Me
pregunto si a la hora de exigirnos objetividad lo que quieren en el
fondo es silencio cómplice, babosa obsecuencia, la entrega
incondicional o la renuncia" (Laura Weffer: "Roberto
Giusti: es necesario ir más allá de la objetividad", El
Nacional, 26-6-03, A-5). El opositor Manuel Isidro Molina apunta que
"los medios deben volver a ser espacios plurales y éticos, sin
manipulaciones, censura ni tergiversaciones politiqueras. Y deben
salir del dispositivo neoliberal que los viene animando". ("La
rectificación mediática tiene que ser valiente, sincera y honesta",
La Razón, 3-11-02, A-5).
Patrick
Butler, para 2003 vicepresidente del Centro Internacional de
Periodistas, sostiene que "no está haciendo un periodismo
independiente sino partidario, que no trata de informar al público
sino de convencer al público para cambiar un gobierno."
(Marianela Palacios: "Universidades abogan por un periodismo
ético", El Nacional 26-6-03, A-5). El británico Phillip
Gunson, para 2003 presidente de la Asociación de Periodistas
Extranjeros, declara que: "El periodismo venezolano está tan
polarizado como cualquier otro aspecto de la vida nacional. Muchos
periodistas, editores y dueños de medios parecen pensar que esto es
no sólo inevitable, sino hasta deseable, que la llamada
imparcialidad es una meta inalcanzable y hasta absurda en medio de
esta coyuntura, que a la imparcialidad hay que tirarla por la borda
porque así lo exigen las circunstancias". (Marianela Palacios:
"Periodismo en tiempos de crisis", El Nacional, 27-6-03,
A-8). Y según apunta el analista del Consejo para Asuntos
Hemisféricos Larry Byrns: "Los medios venezolanos no reportan
sucesos, ayudan a crearlos. Su punto de vista se encuentra no sólo
en la página editorial, sino en todas y cada una de las columnas de
sus periódicos, en escandalosa contradicción con todo sentido y
responsabilidad profesional" (Temas, Caracas, 16-1-03, p. 13).
Los
propietarios de los medios vetan, censuran y explotan a los
comunicadores
Estas
políticas, ordenadas por los dueños de los medios, no
necesariamente cuentan con la aprobación de los comunicadores ni les
garantizan un trabajo digno y estable. En remitido que el diario El
Nacional se negó a publicar, el sindicato de ese diario exige:
"Basta ya de manipular a los trabajadores de los medios de
comunicación para exponernos como responsables de las líneas
informativas de los mismos, los dueños de los medios deben aceptar
que son un poder y que por consiguiente tienen una responsabilidad
social no sólo con sus trabajadores sino con toda la sociedad
venezolana (...)" (9-6-2002.www.antiescualidos.com.).
Sorprende
por ello que organismos gremiales como el Colegio Nacional de
Periodistas o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en
lugar de democratizar su funcionamiento y defender a sus agremiados
contra los patronos, hagan causa común con éstos a la hora de
cursar falsas acusaciones contra Venezuela. El Colegio pasó diez
años sin elegir nuevas autoridades; ni él ni el SNTP movieron un
dedo contra los masivos despidos de cerca de medio millar de
comunicadores que siguieron al fracaso del paro patronal de 2002 y
2003, y que desde entonces no han cesado. Tampoco adoptaro una sola
medida contra la crónica inestabilidad laboral y la falta de
seguridad social que aqueja a sus afiliados gracias a las prácticas
de tercerización, ni contra la permanente censura y el veto que se
ejerce sobre los profesionales que disienten de los propietarios.
Sobre estas materias rige el criterio que la "Defensora del
lector" Alba Sánchez consigna en El Nacional del 8-10-2002
legitimando el veto contra colaboradores expulsados del diario: "No
basta con ser buenos con la escritura o desarrollar ideas brillantes
(lo cual también importa), sino que sus textos tienen que gustarle
además de a los lectores, a los directivos del periódico, a sus
comités editoriales, a sus directores o a sus dueños (...).
Obviamente los 'ungidos' dejan de serlo cuando los antes mencionados
lo deciden".
Visto
lo cual, todavía más sorprende que la presidenta del CNP, en lugar
de atender a precaria situación laboral de sus agremiados, alegue
ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que los
comunicadores venezolanos son inducidos a la "autocensura"
mediante "dispositivos de temor". Si hay "autocensura"
en medios que no se consideran obligados a ser veraces, es impuesta
por "los directivos del periódico, sus comités editoriales,
sus directores o sus dueños", según confiesa Alba Sánchez. Ni
un solo comunicador venezolano ha dejado de sentir estos mecanismos
patronales, sobre los cuales CNP y SNTP guardan el más cómplice
silencio, quizá por no dejar de ser "ungidos" a su vez por
los propietarios.
Los
medios son la principal fuente de las denuncias ante la CIDH
Como
otra prueba de la libertad de expresión integral de que se disfruta
en Venezuela, señalamos el hecho de que la mayoría de las denuncias
interpuestas por Organizaciones no Gubernamentales ante la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, y que ésta por lo regular
cursa sin mayor verificación como acusaciones ante la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, se fundan única y
exclusivamente en notas de prensa, que a menudo no aportan
precisiones sobre personas, lugar, fecha ni hechos.
En
repetidas oportunidades hemos criticado esta conducta, ya que viola
los principios de la Convención Interamericana de los Derechos
Humanos, la cual en su artículo 46 pauta que "Para que una
petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o
45 sea admitida por la Comisión, se requerirá (...) d. que en el
caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la
nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o
personas o del representante legal de la entidad que somete la
petición".
Y
en repetidas ocasiones también hemos exigido a la Comisión que se
ajuste a su jurisprudencia, que ella misma cita en sus informes,
según la cual los funcionarios públicos (de organismos nacionales o
internacionales) "están sometidos a ciertas limitaciones en
cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente
exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y
deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los
particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que
gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión
manipulada de los hechos".
Pero
si la Comisión funda sus decisiones esencialmente en alegatos
basados en notas de prensa de los medios venezolanos, los cuales
explícitamente rechazan el deber de veracidad y de objetividad (y
que son una fuente que ningún órgano jurisdiccional digno de tal
condición acepta por si sola como prueba), confiesa con ello que en
su propio juicio dichos medios informan y opinan sin cortapisas ni
limitaciones sobre lo que sucede en Venezuela, y confirma con tal
práctica que en nuestro país existe la más plena y total libertad
de expresión.
Cerramos
estas consideraciones con un llamamiento para que la Comisión
Interamericana revise sus inveteradas prácticas de aceptar y dar
curso irreflexivamente a todo tipo de denuncias sobre violación de
Derechos Humanos en casos en los cuales no se ha agotado la
jurisdicción interna, en los cuales no se precisan nombres, lugares,
fechas ni pruebas, en los cuales meramente se efectúan
especulaciones sobre posibles hechos futuros e inciertos, y sobre
todo, basados única y exclusivamente en notas de prensa de medios
que según sus propias declaraciones no se consideran obligados a
respetar la objetividad, la veracidad ni la imparcialidad, y que no
representan más que la opinión interesada y parcial de reducidos
grupos de propietarios.
Sobre
el particular, la Comisión debe tener muy en cuenta las críticas
formuladas por los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México
y Perú que constan en el Informe del Grupo de Trabajo Especial de
Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana, de
13 de diciembre de 2011. No sólo se trata de un nutrido grupo de
países que formulan críticas al desempeño de esta Comisión: en
conjunto, representan cerca de la mitad del territorio y de la
población de América Latina y el Caribe. Los pueblos de estos
países, así como los gobiernos democráticos legitimados por el
voto de ellos, merecen la consideración y el respeto que tales
prácticas vulneran de manera continua: también son titulares de
Derechos Humanos, y no se debe los debe considerar incapaces de
defenderlos cuando quienes los vulneran son empresas o empresarios.
Por
estas muestras de los medios que hemos citado la veracidad y la
imparcialidad no se divisan, pero sí se divisa que la libertad de
expresión en Venezuela es quizá la más plena del mundo.
