Crédito: LaIguanaTv
Este
miércoles la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,
dio declaraciones a la prensa sobre los últimos hechos de violencia
registrados en el país. Se refirió con especial énfasis al
proceder de los cuerpos de seguridad del Estado, evitando nombrar
importantes hechos de violencia registrados en los últimos días
relacionados a la actuación de la oposición venezolana.
Por
ende es necesario señalar la evidente omisión que hace la Fiscal
General sobre la violencia registrada tras 50 días de protestas
antichavistas. En un total de 1 mil 600 manifestaciones promovidas
por la oposición venezolana, 600 derivaron en comprobados y
evidentes hechos de violencia con saldos lamentables en pérdidas de
vidas humanas y destrozos a infraestructuras públicas y privadas.
Asesinato
con armas de fuego y artesanales dentro y fuera de marchas
Uno
de los más estruendosos silencios de la Fiscal se relaciona con las
pérdidas de vidas humanas por uso de armas de fuego y artesanales,
mayoritarias si se observa con detenimiento el balance general de
víctimas fatales. Entre estas se destaca que sólo siete estuvieran
directamente relacionadas con la participación en marchas y más de
20 sucedieran fuera del contexto de las movilizaciones. Ingresaron en
el primer conteo los tres asesinados por armas artesanales y los
cuatro miembros de la fuerza de seguridad caídos por disparos
francos con armas de fuego. Estos detalles, repetimos, fueron
deliberadamente omitidos por la Fiscal.
Uso
de francotiradores y sicariatos
Tampoco
Luisa Ortega Díaz se refirió a los fallecidos por francotiradores
en los estados Mérida y Miranda, entre los que se encuentran los
tres trabajadores de la gobernación ultimados en la ciudad de Mérida
y el oficial de la GNB Niumar Sanclemente, caído en San Antonio de
los Altos del estado Miranda. De igual forma hizo caso omiso de los
efectivos policiales heridos por armas de fuego de gatilleros y
francotiradores en los estados Carabobo, Táchira y Mérida,
silenciando además los evidentes casos de sicariatos ocurridos
contra dos estudiantes chavistas en Anzoátegui y contra el militante
político chileno José Jesús Alconada.
Acción
de bandas armadas
Durante
estos días de protestas ha sido evidente el uso de bandas armadas
para realizar hechos de violencia. Llegando a casos graves como los
saqueos de comercios en Carabobo, Mérida, Barinas y Táchira, en los
que los propios delincuentes mostraron lo robado como trofeos. Dos de
esos casos ocurridos en El Valle y San Martín han sido descritos por
Misión Verdad como parte de un mismo dispositivo opositor para
generar caos en lugares específicos de Caracas. Una norma que se
repite en el pago a personas para generar hechos de violencia y la
persistencia de focos dispuestos a generar destrozos a la
infraestructura pública y privada. En este sentido, el Ministerio de
Interior, Justicia y Paz, ha identificado a 45 bandas armadas
implicadas en todos estos episodios.
Hechos
de terrorismo y crímenes de lesa humanidad
Como
es público y notorio, en Venezuela han habido destrozos de edificios
gubernamentales, depósitos de alimentos de la red Mercal, sedes de
empresas del Estado e incendios de escuelas y centros médicos, entre
muchos otros episodios. Estos sin lugar a dudas han estado dirigidos
como una "forma violenta de lucha política para generar un
clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los
adversarios o la población en general", tal como se tipifica al
terrorismo. Luis Ortega Díaz no sólo evitó referirse a estos
eventos, sino que, además, silenció los recientes asedios a los
hospitales maternos de El Valle (Caracas) y Carrizal (Miranda) y el
incendio del CDI de Baruta, en el mismo estado gobernado por Henrique
Capriles. Todos eventos que representan crímenes de lesa de
humanidad por ir dirigidos a la infraestructura sanitaria de acuerdo
al Estatuto de Roma, suscrito por Venezuela.
Uso
de niños para hechos de violencia
Teniendo
un amplio rechazo por la mayoría de la población, el uso de
niños para hechos de violencia han sido tan evidentes que hasta el
portal opositor El Estímulo reseñó (con tono legitimatorio)
algunos casos. Lo mismo ha sucedido con las denuncias realizadas por
padres acerca del secuestro de sus hijos en establecimientos públicos
para que participaran en hechos de violencia. Siendo quizás el caso
más dantesco el de un menor del barrio de Petare obligado a armar
bombas molotov en una concentración opositora para la fotografía de
ocasión en contra del Gobierno. De acuerdo a su madre, esta conducta
fue impuesta al niño por una supuesta periodista aún no detenida.
Nada de esto mereció ningún comentario en la conferencia de prensa
de Luisa Ortega Díaz.
Crímenes
de odio e incitación a la violencia
Durante
los últimos días han sido asesinados con especial saña un número
importante de ciudadanos identificados (o confundidos) con el
chavismo. Algunos de estos lamentables sucesos son el asesinato de
Brayan Principal en una urbanización de la Gran Misión Vivienda
Venezuela en Barquisimeto (Lara), la aparición sin vida (y con
signos de tortura) del militante del PSUV Pedro Josué Carrillo en la
misma ciudad, los tres trabajadores de la gobernación de Mérida
ultimados por francotiradores, y Almelina Castillo, asesinada por el
impacto de una botella de agua congelada arrojada contra
manifestantes chavistas en Caracas. Sobre este último caso cabe
destacar que el Ministerio Público no ha citado a declarar al
sociólogo Tulio Hernández, miembro de la directiva editorial de El
Nacional, quien un día antes hizo apología vía Twitter de
"lanzar materos" para neutralizar a chavistas.
Violencia
promovida por dirigentes políticos y ataques a instituciones
militares
La
focalización de los hechos violentos en alcaldías y estados de
oposición es notoria. Sin embargo, sobresale de esta etapa
insurreccional que ninguno de los factores antichavistas siquiera
ocultan su funcionalidad a esta agenda. Tanto es así que hasta
Freddy Guevara y Henrique Capriles no evitan retratarse con la
vanguardia violenta que día tras día se enfrenta a piedrazos,
molotov y balazos contra las fuerzas de seguridad (la misma
vanguardia, por cierto, que este sábado incendió a un joven en
Altamira por parecer un chavista "infiltrado"). Luisa
Ortega Díaz evitó, por supuesto, referirse a estos hechos, como
también a la detención de parte de esta célula implicada en un
plan para atacar la base militar de La Carlota en Caracas. Un delito
que es considerado militar y viene repitiéndose en otras partes del
país con destrozos en comandancias y destacamentos de la FANB y
distintas policías regionales.
Algunas
conclusiones al cierre
Las
declaraciones de la Fiscal fueron rápidamente reinvidicadas por el
antichavismo como una forma de granjearse un aval institucional para
sus argumentos. Intención que habla por sí misma si se tiene en
cuenta el contexto actual de pugna política en la que la oposición
apunta a fortalecer su narrativa de insurrección contra el Estado.
Por
supuesto que tampoco esta es la primera vez que en 50 días Luisa
Ortega Díaz realiza declaraciones reinvindicadas por la oposición.
El 31 de marzo del año en curso denunció la "ruptura del hilo
constitucional" después de un fallo del TSJ relacionado con el
desacato de la Asamblea Nacional.
Esto
sumado a la declaración que diera al medio financiero estadounidense
The Wall Street Journal sobre la imposibilidad de poder exigirle "un
comportamiento pacífico y legal a los ciudadanos, si el Estado toma
decisiones que no están de acuerdo con la ley". En clara
referencia a las protestas violentas registradas días después del
fallo, como si las estuviera justificando y defendiendo.
En
esa dirección es que las declaraciones de Luisa Ortega Díaz caen en
el ojo de la tormenta por terminar inclinando la balanza hacia un
sector político que se encuentra en franco desconocimiento del orden
constitucional, amparándose -manipuladamente- en los artículos 333
y 350 de la Constitución. Todo lo contrario a buscar la mayor
veracidad y objetividad posibles a las investigaciones sobre los
delitos ocurridos en los últimos días para evitar que la impunidad
alimente el actual ciclo de violencia, promovido por los mismos
actores políticos que utilizan sus declaraciones y las celebran como
un triunfo.
