William Castillo Pérez
Es
la noche del 16 de febrero de 1989, hace ya 28 años. El entonces
presidente Carlos Andrés Pérez, vestido de traje y con el tricolor
nacional al fondo, anunció en cadena de radio y televisión un
programa macroeconómico dirigido a lograr "bienestar para todos
los sectores de la sociedad". Pese a la promesa, el "paquetazo"
económico no hizo otra cosa que incrementar el costo de la vida y
desatar el descontento de las mayorías populares, ampliamente
excluidas del proyecto de gobierno.
El
estallido social ocurrido en Venezuela el 27 de febrero de 1989,
conocido como "El Caracazo", fue una respuesta popular ante
la puesta en marcha de las medidas anunciadas, las cuales,
recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), produjeron
una elevación abrupta en los precios, de las tarifas de servicio
público y de la gasolina.
Este
organismo prestaría 4.500 millones de dólares en tres años, bajo
la condición de liberar las tasas de interés financiero en el
sistema hasta 30%.
"Esto
es un paso que teníamos que dar para salvar a Venezuela de esta
coyuntura tremenda que estamos viviendo", justificó el
expresidente, quien antes de llegar al poder, en plena campaña, le
anunció al país que venía "el gran viraje".
El
hecho de que Pérez retirara los subsidios a la mayoría de los
bienes de primera necesidad y permitiera el alza indiscriminada de
alimentos, productos de consumo básico, alquileres y tasas de
interés, sin adoptar ninguna medida de incremento de salarios o de
beneficios sociales, desencadenó los levantamientos populares.
Lo
que expertos calificaron como "paquetazo económico" se
tradujo, de forma inmediata, en una caída abrupta del consumo, lo
que desencadenó en cierre masivos de comercios por falta de
clientes.
CAP
justificó la liberación de precios con la excusa de "hacerlos
más competitivos en el mercado" y la de las tasas de interés
para "promover el ahorro", y propuso que una "expansión
acelerada" de la inversión privada "suplantaría el
régimen actual de subsidios indiscriminados".
Sin
embargo, el efecto se vio en el incremento de la inflación a 81% en
1989 –de acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela–, y en
la merma de la capacidad adquisitiva de la población.
Las
finanzas públicas se dedicaron fundamentalmente al pago de la deuda
pública, que demandaba el 45% del Presupuesto Nacional, que bajo un
sistema neoliberal implicó la drástica reducción del gasto social
en educación, salud y seguridad social.
Para
costear esta situación, el Estado inició una política de
privatizaciones, que incluyó las industrias del hierro y del
aluminio, además de la telefónica y la eléctrica.
Legado
de CAP
Aunque
han pasado 28 años del proyecto macroeconómico de CAP, algunos
sectores de la oposición, ahora desde el Parlamento, continúan
abogando por los recetarios financieros que sugiere el FMI.
En
abril del año pasado, la subcomisión especial de la Asamblea
Nacional, presidida por el diputado de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) José Guerra, presentó una propuesta de 10 puntos
dirigidas a "orientar al país no sólo para hoy sino para el
futuro".
Entre
los planes, se planteó la necesidad de ir a la unificación de los
tipos de cambio con una sola tasa "libre y fluctuante"; lo
que implicaría "contar con el apoyo de la política monetaria y
fiscal para moderar las oscilaciones del tipo de cambio".
En
otro de los puntos abogan por flexibilizar el control de precios, por
lo que piden la derogación de la Ley de Precios Justos, lo
que elevaría el costo de los bienes esenciales y capitalizaría
la liberación de los precios.
Es
el noveno y peúltimo punto el que más se asemeja al legado
macroeconómico de CAP. En éste, la sub comisión pide "refinanciar
de forma voluntaria la deuda externa"; un escenario que se
asemeja al paquete macroeconómico anunciado hace 28 años por CAP.
