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La Agencia Tributaria de España acusó al clan Morodo de lavar dinero de Pdvsa
Peritos de la Agencia Tributaria concluyen que el embajador de Zapatero en Venezuela Raúl Morodo utilizó una mercantil administrada por su mujer para aflorar fondos opacos
La Agencia Tributaria ha remitido un informe pericial al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en el que concluye que el clan del embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela Raúl Morodo (2004-2007) utilizó una empresa familiar para aflorar millones de euros procedentes de comisiones ilegales pagadas por altos cargos de la petrolera estatal de Caracas, PDVSA. Los hechos serían constitutivos de varios delitos fiscales, además del resto de delitos de corrupción que se dirimen en el sumario. El informe, de 57 páginas de extensión, se centra en una sociedad llamada MS Trading España SL que estaba controlada por la mujer de Raúl Morodo y madre de Alejo, Cristina Cañeque de Solá. La mercantil es la propietaria de la vivienda donde reside el hijo del matrimonio y que servía al mismo tiempo de domicilio de varias “sociedades pantalla” investigadas en el caso, aunque MS Trading España desempeñaba otras funciones más relevantes en el esquema financiero de la organización delictiva.
Los peritos señalan en el dictamen, al que ha tenido acceso El Confidencial, que se “observan graves irregularidades contables y fiscales en la sociedad”. “MS Trading SL ha sido utilizada como vehículo de evasión mediante diversas vías”, expone el documento. A continuación, los investigadores enumeran las diferentes fórmulas empleadas por la familia para lavar el dinero de PDVSA. El listado es extenso: “Realizando ampliaciones de capital mínimas con primas de asunción millonarias que manejan contablemente a su antojo; realizando ampliaciones de capital con aportaciones no dinerarias valoradas arbitrariamente por la entidad y que sirven posiblemente para aflorar rentas no declaradas de su socia Dña. Cristina Cañeque; elaborando la contabilidad con gravísimas anomalías que distorsionan absolutamente la realidad e impiden conocer la naturaleza de las operaciones realizadas, ya que una misma partida de su balance puede aparecer, según su conveniencia, como neto patrimonial en un año y al siguiente como pasivo (…); repartiendo a Dña. Cristina y a su familia beneficios de la sociedad encubiertos como gastos de esta, de manera que, en muchos ejercicios, resulta un falso resultado negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias; camuflando ingresos procedentes de otras empresas del grupo minorando el valor de las participaciones de estas”.
A juicio de los peritos, “todo ello evidencia que existen rentas no declaradas, tanto por parte de la sociedad como de la persona física Dña. Cristina y de sus hijos, que deberían ser objeto de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, ya que, además, por su cuantía y consideración, podrían derivar en la existencia de un delito fiscal”. Asimismo, los inspectores concluyen que el dinero de Venezuela habría estado circulando por otras sociedades vinculadas a MS Trading España SL, en concreto, un grupo de mercantiles administradas por la pareja de Alejo Morodo, la ciudadana portuguesa Lindley Patrick Delmar. Se trataría de las empresas Gerber Mariné SL, Almarín Equipos y Servicios Portuarios, UTE Grupo Lindley, Ahlers Lindley LDA y Mical-Mecanica Industrial de Cascais LDA. Raúl Morodo y su hijo, muy cercanos al exministro de Defensa José Bono, fueron detenidos por la Policía Nacional en mayo de 2019 Raúl Morodo y su hijo, muy cercanos al exministro de Defensa José Bono, fueron detenidos por la Policía Nacional en mayo de 2019 por el cobro de comisiones del régimen de Venezuela mediante facturas ficticias por falsos servicios de asesoramiento. Inicialmente, la Fiscalía acusaba al clan de blanquear 4,5 millones de euros. Sin embargo, averiguaciones posteriores han permitido implicar en los desvíos de fondos a dos altos responsables de PDVSA y elevar la cuantía total sustraída hasta los 30 millones de euros. Con todo, se trata de una cifra aún provisional. El instructor del caso, Alejandro Abascal, ha solicitado nueva documentación bancaria a Suiza, el país que usó la red para canalizar los fondos de la empresa pública venezolana.
José María Olmo / Alejandro Requeijo – El Confidencial de España
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