BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que la excongresista Aida Merlano, prófuga de la justicia colombiana y detenida el 28 de enero en Maracaibo por las autoridades policiales de Venezuela, debe ser deportada al país por medio de la administración de Juan Guaidó que, dijo, reconoce como Gobierno legítimo.
"Nosotros hemos tenido comunicación a través de la Interpol para que se surtan los procedimientos, y lo que debe acontecer en este caso, es que pueda ser deportada esa señora Colombia", dijo Duque a la prensa en la región del Catatumbo (Norte de Santander, nordeste), según registros de audio difundidos por la Presidencia de Colombia.
Duque agregó que la solicitud de deportación de Merlano la ha hecho su Gobierno "a través de los canales diplomáticos" a través de quien hoy reconoce "como presidente de Venezuela", en referencia al líder opositor Juan Guaidó.
© REUTERS / LUISA GONZALEZ
"Más allá de ese procedimiento, lo que hoy regula la relación de Interpol, donde se invita a la cooperación de información, es que esta señora pueda ser deportada a Colombia", ya que "Aida Merlano es una delincuente que tiene, además, unos antecedentes que ya son conocidos en el país de corrupción", agregó Duque.
El 28 de enero, la Cancillería de Colombia indicó en un comunicado que pediría a la administración de Guaidó que entregue en extradición a la excongresista, pese a que ella fue detenida por la Fuerza de Acciones Especiales de Venezuela (FAES), policía élite creada en 2017 por el Gobierno de Nicolás Maduro, el cual no es reconocido por Colombia.
"Cuando el juez competente solicite la extradición de la señora Aída Merlano, el Gobierno Nacional hará la solicitud ante el legítimo Gobierno de Venezuela, en cabeza de Juan Guaidó", indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
En el texto resaltó que el pedido de Merlano ante la administración de Guaidó se da debido a que Colombia "no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas con... Nicolás Maduro".
La exsenadora fue condenada recién por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que le impuso quince años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas.
El 11 de marzo de 2018, cuando se celebraron las elecciones legislativas en Colombia, agentes de la Fiscalía allanaron la sede política de Merlano en la ciudad de Barranquilla (norte), donde recaudaron armas y la evidencia de la existencia de una red de compra de votos.
En la diligencia judicial los agentes encontraron 268 millones de pesos en efectivo (unos 76.570 dólares) y documentos que dejaban ver que la campaña de Merlano excedió el tope de gastos permitido, así como también registros de los votos comprados, entre otros documentos que demostraban el ilícito.
Merlano perdió su escaño en el senado y fue recluida en prisión, donde atentó contra su vida.
Maduro, por su parte, calificó de "ridiculez" el pedido de extradición anunciado por Colombia.
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