Opinión
25/03/2019
Cada cierto tiempo los colombianos escuchamos hablar de la minga indígena y si bien la expresión tiene que ver con acciones de trabajo en común de un grupo de personas -especialmente de nuestros pueblos originarios-, cada vez más, esto remite a una forma de movilización y lucha social por reivindicar o exigir sus derechos.
Antes de la llegada de los europeos o pobladores de otros continentes, el mal denominado ‘descubrimiento de América’, la región americana estaba habitada por los pueblos originarios, que en realidad eran los pobladores dueños de estos territorios y quienes habían construido formas culturales de vida, producción y reproducción social. Por ello lo que viene después, históricamente hablando, es el despojo de estos pueblos originarios -su tierra, su cultura, sus formas de vida-; esto es importante tenerlo en referencia para entender el sentido profundo de las luchas de los pueblos indígenas, sus reivindicaciones y demandas si se quiere holísticas.
Si leemos las demandas de la actual Minga de los pueblos indígenas del Suroccidente, especialmente Cauca y la región del Macizo colombiano, se encuentran demandas de carácter general y que cualquier desconocedor podría decir son improcedentes; plantean que se cumplan los Acuerdos de Paz con las FARC y no es que ellos sean de esta organización política, que se reanude la Mesa de Conversaciones con el ELN y tampoco son de esta organización guerrillera, que les cumplan los acuerdos a los estudiantes y que sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que se reanude la Mesa con las organizaciones campesinas, la denominada Cumbre Agraria, y que atiendan sus demandas, plantean las reivindicaciones de los ambientalistas. Todo lo anterior tiene un gran sentido para ellos, que se consideran algo así como los 'hermanos mayores' del resto de los colombianos y por consiguiente las necesidades y demandas de estos sectores, son también las suyas.
Por supuesto que también sus demandas específicas, le piden al actual Gobierno cumplir con el capítulo acordado para el Plan Nacional de Desarrollo -que no sea un simple Anexo del mismo-, porque históricamente los distintos gobiernos lo que han hecho es desactivar la protesta social indígena firmando Acuerdos, que posteriormente no han cumplido. Desafortunadamente esa ha sido la tradición histórica del poder en Colombia, concebir la negociación y concertación como una forma para diluir las expresiones de lucha social y no un mecanismo para comenzar a dar respuestas a demandas sociales represadas. Por eso, siempre está entre sus exigencias, el cumplimiento de acuerdos con diversos gobiernos no cumplidos.
Es buena noticia que ya se haya logrado un principio de acuerdo entre los delegados del Gobierno Nacional y los dirigentes de la Minga Indígena, para formalizar conversaciones a través de tres Mesas. Ojalá haya paciencia y seriedad para que eso se concrete en acuerdos definitivos. El Gobierno Duque, hay que reconocerlo, tuvo el año anterior con el movimiento de estudiantes y profesores universitarios, la capacidad de construir acuerdos -que ojalá se cumplan- y hubo un respeto a la protesta social, como lo establece nuestra normatividad constitucional. Igualmente hay que hacerlo y con mayor razón frente al movimiento de los pueblos indígenas del Suroccidente -desafortunadamente se siguen perdiendo vidas valiosas como las del patrullero de la Policía muerto y las de los comuneros extrañamente muertos en Dagua y tantos heridos de las comunidades indígenas y de la Fuerza Pública- y entender que una cosa es que existan en determinados territorios grupos ilegales armados y otra la legítima protesta social de estos pueblos indígenas.
Alejo Vargas Velásquez
Profesor Universidad Nacional
https://www.alainet.org/es/articulo/198918
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