Eloy Osvaldo Proaño / Resumen Latinoamericano / 28 de febrero de 2019
En Ecuador, varios movimientos sociales de migrantes retornados, han presentado oficialmente el trámite de revocatoria del mandato en contra del presidente Lenín Moreno por un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ante una reciente investigación que reveló vínculos del entorno presidencial con empresas offshore.
Mientras en el interior del Consejo Nacional Electoral (CNE), el activista Galo Valarezo presentaba los documentos para sustentar su petición de revocar el mandato al presidente Lenín Moreno, cientos se tomaron el organismo electoral, acusando al presidente de incumplir su plan de Gobierno, una de las causales previstas en la Constitución.
Para el excanciller y ministro de Finanzas Ricardo Patiño, la llegada del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros multilaterales, con créditos por 10.279 millones, revelan una severa crisis. Esta convocatoria obligó a reaccionar a Moreno, quien en una cadena nacional de televisión, rechazó las acusaciones y acusó a su exjefe, el expresidente Rafael Correa, de propiciar incidentes desestabilizadores en contra del Estado.
De acuerdo a la ley, para proceder con la revocatoria del mandato presidencial, se requiere un número de firmas superior al 15 % del padrón electoral, es decir más de un millón 900 mil firmas.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno a transparentar la información respecto de las condiciones del acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros seis multilaterales, anunciado por Lenín Moreno el pasado 20 de febrero.
La Defensoría señaló que el artículo 419 de la Constitución determina que “todo tratado internacional, incluidos los acuerdos bilaterales, que comprometan la política económica del Estado a condiciones de instituciones financieras internacionales” requiere de la aprobación de la Asamblea, previo dictamen de la Corte Constitucional.
Desde que se anunció el acuerdo, “no ha trascendido ni se ha hecho público para la sociedad en su conjunto el texto del acuerdo, tampoco sobre el proceso de suscripción ni las condiciones que los organismos internacionales de crédito acordaron con el Gobierno para concretar los créditos anunciados”, indica el documento firmado por Gina Benavides, defensora del Pueblo.
En el mismo se exhorta al Gobierno a hacer público para toda la ciudadanía el acuerdo alcanzado con el FMI y todos los documentos vinculados (anexos e informes), “en especial aquellos relacionados con las condiciones negociadas con el Gobierno para la transferencia de montos acordados”. El acuerdo fue aprobado por el equipo técnico del FMI, pero todavía está pendiente que lo apruebe su Directorio Ejecutivo, para que los desembolsos se hagan efectivos.
El secretario del Gabinete Económico y Productivo, Andrés Briones, informó que entre marzo y abril próximos se espera la llegada de los primeros 1 800 millones de dólares del acuerdo, que serán dedicados a proyectos de inversión productiva. Ecuador ha concretado, desde 1961, 18 acuerdos del tipo stand-by con el FMI, e último en 2003.
Si el acuerdo anunciado este mes se concreta, sería la primera vez que Ecuador accede a uno del tipo Servicio Ampliado (SAF). Estos acuerdos están atados a la implementación de un programa económico por parte del país que solicita los recursos, con metas que se deben cumplir para que los desembolsos se concreten.
Con los acuerdos con el FMI, los países latinoamericanos son obligados a liberar mercados internos y externos, suprimir controles de precios de productos básicos, liberar tasas de interés y tipos de cambio, elevar precios de los servicios públicos, incrementar precios de los combustibles, suprimir subsidios, disminuir y hasta eliminar impuestos que estorben a las empresas, achicar el gasto público y equilibrar las cuentas fiscales, privatizar empresas estatales, balancear los distintos índices de la economía, flexibilizar las relaciones laborales.
Entre 1983-2003, tras una década de gobierno militares, Ecuador, de la mano del modelo empresarial que ocasionó la debacle social y política, firmó 16 Cartas de intención con el FMI. Con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) Ecuador apartó al FMI de la injerencia económica, mientras que Moreno, subordinado a los intereses de las élites empresariales, revive el interés por el FMI y la dependencia a sus imposiciones.
La offshore
Luego de que el portal “La Fuente”, denunciara la existencia de una empresa offshore vinculada al presidente Lenín Moreno, el movimiento Revolución Ciudadana (vinculado al correismo) insistió en la revocatoria del mandato a Lenín Moreno.
La organización recordó que esta denuncia ya fue hecha días atrás por el exmandatario Rafael Correa, así como en diferentes portales de noticias. “Se trataba de la adquisición de juegos completos de muebles y alfombras para la residencia que Moreno tenía en Ginebra y que fueron canalizados por Ia Investment Corporation, empresa establecida por Edwin Moreno Garcés”, hermano del presidente, publica el portal Ecuador Inmediato.
El excanciller Ricardo Patiño acusó al mandatario de ser el responsable de la supuesta persecución a los líderes de la Revolución Ciudadana y que desconoce el mandato popular que rechaza que un funcionario público tenga cuentas en paraísos fiscales.
Ina Investment Corporation es una empresa offshore vinculada a Xavier Macías Carmigniani, su esposa María Auxiliadora Patiño Herdoiza (hija del empresario y lobista Conto Patiño, representante de la empresa china Sinohydroy de la que recibió 18 millones de dólares por la firma del contrato de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair), y a la familia del presidente.
Entre 2012 y 2016 manejó cuentas en el Balboa Bank de Panamá, con las que adquirieron los muebles y alfombras que Lenín Moreno no negó haber recibido en su departamento de Ginebra, Suiza en el año 2015. De una de esas cuentas se hicieron dos transferencias para la compra de un departamento en la costa Mediterránea en 2016.
Ina Investment Corporation fue constituida originalmente por Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente, en Belice, un paraíso fiscal centroamericano, justamente cuando Lenín Moreno era vicepresidente de Rafael Correa. Posteriormente, en 2016, se creó una empresa similar en Panamá, con los mismos representantes. Finalmente, Ina Investment debió ser registrada en España para perfeccionar la compra del apartamento, señala la prensa ecuatoriana, que ofrece amplia documentación sobre lo actuado.
* Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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