La Justicia argentina dicta prisión preventiva para Cristina Kirchner
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La Cámara Federal de la capital argentina confirmó el procesamiento con prisión preventiva para la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por ser la presunta responsable de una red de sobornos montada entre el Estado y las principales empresas del país.
La Sala I de la Cámara Federal decidió confirmar el procesamiento y la prisión preventiva que había dictado el juez Claudio Bonadio contra la exmandataria como supuesta jefa de una asociación ilícita. Bonadio puede ahora pedir al Senado el desafuero de Fernández en el marco de la investigación conocida como "los cuadernos de las coimas [sobornos]".
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La Cámara Federal confirmó asimismo los procesamientos del exministro de Planificación, Julio de Vido (2003-2015) y de su mano derecha, Jorge Baratta, como organizadores de la asociación ilícita y también les imputo cohecho pasivo, al igual que a la expresidenta.
El tribunal consideró también organizadores de la asociación ilícita al exsecretario de Obras Públicas, José López (2003-2015), al financista Ernesto Clarens y al expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner.
En cambio, la Cámara federal consideró que los principales empresarios involucrados en el pago de sobornos a funcionarios de Gobierno no formaban parte de la asociación ilícita y solo confirmó sus procesamientos por cohecho, con lo cual además quedarán en libertad.
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Este fallo beneficia a Aldo Roggio, dueño de Benitto Roggio e Hijos y de Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios, Luis Betnaza, director corporativo de Techint, la principal empresa constructora del país, Gabriel Romero, propietario del holding Emepa, Juan Chediack, dueño de la firma Chediack y expresidente de la Cámara de la Construcción, Enrique Pescarmona, propietario de Industria Metalúrgica Pescarmona S.A., y Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y heredero del grupo empresarial familiar.
El tribunal revocó la falta de mérito que el juez Bonadio había dictado en favor de otro grupo de empresarios de "segunda línea" y los procesó por cohecho, según el medio Infobae.
Decenas de personas están procesadas en esta investigación.
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El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación.
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Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández.
De esos cuadernos solo se han encontrado fotocopias y el chófer asegura que quemó los originales.
Una veintena de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaban sobornos para conseguir contratos de obra pública durante las tres administraciones.
La investigación fue posible luego de la aprobación de la ley del arrepentido, que permite beneficios penales a los acusados que contribuyan con la justicia.
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La Cámara Federal también confirmó el procesamiento de Centeno, quien también declaró como arrepentido.
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