Soldados mexicanos protegen un área después de un tiroteo entre presuntos delincuentes y el Ejército, Ciudad de México, 20 de julio de 2017. / Carlos Jasso / Reuters
México vive desde hace varios años un fenómeno de violencia a gran escala, marcado principalmente por la desaparición forzada, la tortura y las masacres a la población civil y, con ello, graves violaciones a derechos humanos. Las víctimas se cuentan por miles. Tan solo este año, las cifras oficiales son de 36.528 muertes violentas.
La crisis de violencia y sus consecuencias no han podido ser atendidas por las instituciones y mecanismos ordinarios de justicia, y el diseño e implementación de una política de justicia transicional ha venido discutiéndose a lo largo del año –acentuándose con la coyuntura del cambio de Gobierno–, la cual ha sido usada por países como Alemania, Colombia, Guatemala, Argentina, Chile y Túnez para dar respuesta a problemas similares.
"Es importante ver cuál es el panorama en justicia transicional que hemos tenido en la campaña presidencial, en la transición y en las primeras semanas de Gobierno", apunta Javier Martín Reyes, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), a propósito del 'Estudio para Elaborar una Propuesta de Política Pública en materia de Justicia Transicional', realizado por la institución a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En México, además, convergen acciones que buscan amedrentar a las autoridades y a la sociedad, como los ataques a periodistas, funcionarios o a candidatos a puestos de elección popular. Además del uso expansivo de la política criminal por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.
"Tenemos un problema generalizado de violencia en el país, pero cada región la tiene de diferentes tipos, diferentes causas y consecuencias, por tanto, deberían de tratarse de diferente manera", explica el maestro por la Universidad de Columbia en entrevista con este medio.
El antes y el después de la violencia en México
Una política pública de justicia transicional para México debería esclarecer los hechos que causaron la violencia e identificar a los responsables, reducir la impunidad, reparar a las víctimas por el daño sufrido y reconstruir el tejido social, así como impedir la repetición de los hechos, apunta el informe.
Pero ¿qué es la justicia transicional? Reyes lo explica de la manera más sencilla que le es posible como un "conjunto de herramientas que sirven en contextos con fenómenos de violencia a gran escala". Típicamente –apunta– los escenarios de justicia transicional ocurren en dos situaciones: "Cuando transitas de un régimen autoritario a una democracia o cuando pasas de un estado de guerra civil a uno de paz".
Sin embargo, la justicia transicional conlleva una paradoja: por un lado, se han cometido una enorme cantidad de violaciones a derechos humanos y, por ello, hay una demanda de justicia por parte de las víctimas; por el otro, bajo el escenario de la transición, los aparatos estatales, las policías, las fiscalías o los jueces tienen una capacidad muy baja para procesar demandas, explica el profesor.
Posible aplicarla ya
El estudio es concluyente. Es posible poner en marcha un proceso de justicia transicional en México dentro del marco vigente, y solo en ciertos casos se necesitaría de reformas legales de mayor alcance.
Justamente Reyes destaca ese hallazgo, tras una labor de 4 meses. "Podemos llevar a cabo ya un proceso de justicia transicional prácticamente con el marco legal y constitucional vigente, solo un número muy específico de instrumentos requerirían reformas legales o constitucionales".
Se trata de utilizar –remarca– los instrumentos existentes para diseñar la política pública. "Si nos tardamos uno, dos, tres años, pensado en cuáles son las reformas constitucionales y legales que necesitamos, lo que puede pasar es que la situación de violencia se mantenga e incluso empeore", explica.
Otro aspecto a considerar es la dimensión temporal de las transiciones, pues, generalmente, no transcurren en periodos breves o definidos. "Por ello, en muchos casos las herramientas han tenido que adecuarse una vez que inician su operación. Adicionalmente, su puesta en marcha genera nuevos dilemas que, a su vez, deben ser tratados como parte del mismo proceso", apunta el documento que plantea como punto de partida el año 2006.
Aunque es un tema debatible, es posible ubicar ese año como el punto en donde convergen dos procesos paralelos. Por un lado, la adopción de una estrategia estatal de combate a la delincuencia organizada, y en particular el narcotráfico, por parte de la Administración de Felipe Calderón. Ello supuso el despliegue de más de 50.000 miembros de las fuerzas armadas –Ejército y Marina–, acompañados por los diferentes cuerpos policiales estatales y municipales. Por otro lado, el aumento sostenido en el número de muertes violentas en el periodo 2006-2017.
"Estamos en un proceso de violencia continua, no tenemos un punto de corte; lo que pensamos que tendríamos que procesar son esos fenómenos de violencia a gran escala que se fueron presentando a partir de 2006, el cual para nosotros sí marca un punto de inflexión fundamental, porque se da la convergencia de dos grandes cosas: a partir de ese año se refuerza, de manera más notoria, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y, por otra parte, también lo que vemos es un endurecimiento del régimen penal, especialmente en aquellas áreas relacionadas con la delincuencia organizada", manifiesta el experto del CIDE.
El informe identifica 'zonas de intervención prioritaria' debido a la presencia y reiteración de patrones de víctimas y victimarios. Se enfoca en 10 municipios con la mayor incidencia de agresiones contra los grupos de civiles, activistas, periodistas y alcaldes.
No siempre funciona
Túnez es un caso problemático en la aplicación de la justicia transicional.
Después de la caída del régimen de Ben Ali en 2011, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó una compleja ley sobre justicia transicional, a través de la cual se establecía tanto la Comisión de la Verdad y la Dignidad, como las salas penales especializadas. Según el modelo previsto por esta legislación, la Comisión estaría encargada de remitir los casos individuales para el conocimiento de las salas especializadas.
En la práctica, la amplitud del mandato de esta ha dificultado el proceso de judicialización de los casos particulares. A pocos meses de la fecha estimada de conclusión de la Comisión solo un puñado de casos había sido efectivamente sometido a la jurisdicción de las salas especializadas, las cuales, además, no cuentan con cuerpos propios de investigación ni están vinculadas con las instituciones ordinarias de procuración de justicia.
"Muestra, entre otras dimensiones, cómo un diseño ambicioso, sin sustentos suficientes o vínculos adecuados con la normatividad e institucionalidad ordinarias, puede generar problemas adicionales para la operación", anota el informe.
México también tiene un antecedente sin éxito: la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada durante el Gobierno de Vicente Fox. Estuvo activa por cinco años, concretando solo un proceso, que un tribunal iniciara un proceso por genocidio al expresidente Luis Echeverría (1970-1976), relacionado con la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.
"Hay un debate sobre si había habido o no mecanismos similares; hay, por ejemplo, una posición razonable sobre que México quizá tuvo un primer intento de justicia transicional que no fue exitoso, la primera fiscalía en la administración de Vicente Fox, cuando se pasó de un régimen autoritario a uno democrático; ese sería un buen ejemplo de un diseño inadecuado", expresa el profesor.
Una política coherente
El documento es concluyente respecto a la necesidad de una política de justicia transicional integral al proponer la creación de un mecanismo institucional del Estado mexicano que permita articular todos los esfuerzos relacionados con la justicia transicional.
"Obviamente se trata de decisiones políticas, estamos frente a un Gobierno que llega con una enorme legitimidad, pero también llega con un mandato de hacerse cargo de la violencia que ha vivido y vive todavía el país".
Se plantea un periodo de dos a tres años para hacer una evaluación preliminar de cómo está funcionando la justicia transicional.
"Es muy importante que la sociedad tenga claridad sobre que la justicia transicional sirve para hacerse cargo del legado de violencia, para que las víctimas sepan qué pasó con sus familiares, se castigue a los responsables y se minimice la probabilidad de que vuelva a suceder", concluye el investigador.
Paola Morales
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