333 y 350 en arrebato interpretativo

25 de junio de 2016

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Beltran Haddad Haddad

Tengo la sospecha de que los constitucionalistas opositores andan envueltos en un arrebato interpretativo de los artículos 333 y 350 en busca de la intervención extranjera que ayude a tomar el poder por la fuerza. Ellos invocan un derecho de resistencia contra la “dictadura”; pero resulta que en el año 2003 la Sala Constitucional aclaró que el argumento del artículo 350 para justificar el “desconocimiento” a los órganos del poder público electos es impertinente. Se ha pretendido utilizar esta disposición -dice la Sala- como justificación del “derecho de resistencia” o “derecho de rebelión” contra un gobierno cuando su sola ubicación en el texto constitucional indica que ese no es el sentido que el constituyente asigna a esta norma.

El 350 es un límite que se impuso el constituyente. La Sala advierte que “el derecho de resistencia a la opresión o a la tiranía, como es el caso de los regímenes de fuerza surgidos del pronunciamiento militar que nacen y actúan con absoluta arbitrariedad, está reconocido en el artículo 333 de la Constitución”, pero es tajante la Sala al decir que el derecho a la restauración democrática contemplado en el artículo 333 es un mecanismo legítimo de desobediencia civil que comporta la resistencia a un régimen usurpador y no constitucional. El gobierno de Maduro no es usurpador porque nació del voto popular.

Pero hay cosas peligrosas que están sucediendo, como el incremento de la violencia opositora con poder paramilitar y el llamado a impedir la Constituyente; de igual modo, esos anteproyectos de plataforma jurídica para desarrollar los artículos 333 y 350 y el llamado “proceso político de transición”, que no está en la Constitución, aunque podemos conseguirlo en el Código Penal junto a otras acciones como delitos de traición a la patria y contra los poderes nacionales. Por eso digo, la Asamblea Nacional no es la garantía jurisdiccional de la Constitución. Se equivocan esos constitucionalistas y académicos “virtuosos” que pretenden desconocer al máximo y último intérprete de la Constitución.

Ahora, pregunto: ¿qué les parecen el 337 y el 338? Porque estos factores de la conspiración evidencian que el país está viviendo un estado de conmoción interior que puede poner seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus instituciones y de sus ciudadanos y ciudadanas. Ojalá no sea necesario un estado de excepción, pero…

Abogado

(VIDEO) María Alejandra Díaz: La derecha necesita destruir la Constitución Bolivariana porque es antineoliberal

14 de junio de 2017

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La abogada María Alejandra Díaz advirtió que la Fiscal general Luisa Ortega ha asumido abiertamente la vocería de la derecha venezolana al propiciar la impunidad de los actos terroristas que ha estado convocando la oposición política, y ha iniciado un ataque al Estado-Nación para destruirlo desde un órgano del Estado mismo y hacerlo además por la vía de hecho, por un golpe de fuerza.

Díaz alertó que la derecha está aplicando los preceptos de la llamada "Teoría del Caos", comenzando a hacer cosas ilógicas, terroristas, porque no están interesados en llegar al poder político a través de elecciones o una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

o les interesa llegar al poder a través de una vía legal, constitucional y legítima sino a través de un golpe de fuerza porque necesitan acabar con esta Constitución. El origen del conflicto en Venezuela es esta Constitución porque es la primera Constitución revolucionaria y antineoliberal del mundo", advirtió la abogada en una entrevista especial del programa Con Amorín, que transmite VTV.

"No les interesa….¿no dicen que tienen 90% de mayoría?. Lo lógico era estar en la ANC para redactar una nueva constitución que cesara los poderes a ver si la gente vota por esa nueva constitución, pero no lo hacen, porque ellos tienen un freno de oro: el artículo 350, que le impide echar para atrás lo que dice la Constitución Bolivariana".

"Cuando se dan cuenta que están entrampados en la institucionalidad, ellos deciden que la ANC tampoco es la salida. ¿Cuál es su salida? la de la fuerza".

Explicó que la Constitución Bolivariana establece que los recursos de Venezuela son de los venezolanos, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que nuestro país es un Estado social que tiene la obligación de disminuir la brecha entre ricos y pobres. "Eso significa que es una Constitución antineoliberal y por eso necesitan destruirla y ése es el papel que está jugando Luisa Ortega quién sabe por cuáles prebendas".

María Alejandra Díaz comentó que posee información confidencial sobre estas prebendas o beneficios que motivan la conducta actual de la Fiscal General, pero declinó hacerla pública. "Ya le corresponderá a los organismos del Estado hacer lo que tengan que hacer, al TSJ y al Poder Moral en su momento, o a la propia ANC cuando se le presenten el cúmulo de pruebas".

Isaías Rodríguez: "La Constituyente no es para derogar la actual Constitución"

04 de mayo de 2017

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Difiere del número de miembros (500): "La situación, a mi juicio, tiene cierta emergencia y no basta con producir un órgano que ventile soluciones sino que las logre en el tiempo más breve posible. Un proceso de desgaste y retardos injustificados podría alargar la crisis política"

Por segunda vez, en la era de la democracia participativa en Venezuela, inaugurada por el presidente Hugo Chávez, el país se prepara para un nuevo proceso constituyente.

No parece muy lejano el día que los venezolanos y venezolanas decidimos, aquel 25 de abril de 1999, mediante Referendo consultivo que queríamos una Constituyente. Estrenando Carta Magna fuimos a un episodio inédito en nuestro país que sigue siendo ejemplo de participación en el mundo, tal como entonces lo dijo Hugo Chávez.

En esta oportunidad no son las mismas condiciones de entonces. Venezuela enfrenta una guerra económica sin precedentes lo cual, sumado al ataque de poderosos monopolios mediáticos, comporta una situación de extrema urgencia donde a falta de diálogo y acuerdos entre los sectores enfrentados, el presidente Nicolás Maduro, amparado en los artículos 347 y 348 de la CRBV, tomó la decisión de ir a una Constituyente para, según ha dicho, modificar el sistema económico y alcanzar "una solución verdadera, democrática, libre y definitiva".

El contexto de esta iniciativa presidencial lo ha construido la propia oposición venezolana al no aceptar diálogo (ni aun mediando el mismísimo Papa Francisco a quien ya tildan de "castrocomunista"), ni el llamado a elecciones regionales (vencidas desde diciembre de 2016) hecho por el propio Maduro. Ante esa propuesta dijeron "primero te vas y después vamos a elecciones". Mientras la situación política se hace más conflictiva la guerra económica continúa acechando al pueblo en todos los aspectos y necesidades básicas, y la violencia de las protestas ha cobrado ya 37 víctimas. "El juego está trancado", ha dicho Elías Jaua, y hay que habilitar otra opción.

El actual embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez, fue designado como Vicepresidente de la Comisión Presidencial Constituyente que preside el actual ministro de Educación, Elías Jaua Milano. Ambos resultaron electos como miembros de la primera Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que, por cierto presidió, Luis Miquilena, y ahora les tocará abrir trocha para que Venezuela vuelva a elegir su destino.

Rodríguez, quien representó al estado Aragua en esa primera ANC y también fungió como Primer Vicepresidente, aceptó responder un breve "cuestionario" a la distancia, y a las pocas horas recibió allá en Roma el llamado oficial para venirse a Venezuela e incorporarse de lleno en esta nueva fiesta democrática.

El también ex Fiscal General, trae una posición que seguramente abrirá un debate importante dentro de la Comisión. Y es que Isaías Rodríguez opina que "debe convocarse un referéndum".

¿Que se espera lograr con esta nueva Constituyente?

- La paz del país, el cauce institucional, el ejercicio legítimo de las funciones de los poderes públicos. Adicionalmente el debate constituyente institucionalizaría las Misiones como instrumentos eficaces de los derechos sociales. Podrá abordar formas de mayor consistencia a la soberanía del país.

Esta constituyente que propone el presidente Maduro ¿es para reformar la Constitución de 1999 o para elaborar una nueva Constitución?

- No está previsto elaborar una nueva Constitución. Las reformas y las enmiendas tienen su propio procedimiento. No requieren llamados al poder constituyente.

¿Qué tiene de malo la Constitución actual?

- No tiene nada de malo. Es tan buena que ha resistido una de las peores crisis históricas que ha tenido el país.

Sectores de la oposición y también del chavismo prefieren las elecciones de gobernadores y alcaldes ¿usted qué opina?

- La Constituyente podría poner en riesgo el proyecto de país que diseñó Hugo Chávez y ello produce temores que algunos se resisten a afrontar. Por otra parte el riesgo no es solo para el chavismo también lo es para los adversarios y eso les lleva a preferir las elecciones de alcaldes y gobernadores. Creo, sin embargo, que no hay muchas opciones y esta es la mejor expresión de democracia. Es urgente resolver entre paz y violencia, entre constituyente y guerra civil, entre el orden institucional o el desastre.

Elías Jaua, Presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, dijo que la actual Constitución refleja un Estado "débil" que no tiene los suficientes mecanismos para defenderse de situaciones como la guerra económica. ¿Es necesario un nuevo Estado?

- Ninguna Constitución es una lámpara de Aladino. Ella prevé un conjunto de mecanismos institucionales de largo alcance. No pienso que lo que está en juego sea crear un nuevo Estado..

Usted participó en la Constituyente de 1999, qué diferencia establece entre los dos procesos, el que le tocó vivir y el de ahora?

- Son muchas las diferencias. Chávez no está. Aquel país tenía poca madurez política y ciudadana. Había menos información en tiempo real. Los venezolanos no tenían la plena consciencia de cuánto es de importante el petróleo para la paz y para la guerra. Se ha aprendido a resistir y también que el rol de los Estados Unidos no es solo un discurso. Aún con las actuales complicaciones el proceso es menos complejo que el anterior.

¿Qué recomienda a los venezolanos? Cómo influirá en sus vidas y en la actual crisis económica este proceso constituyente?

- Si se pierde Venezuela se pierde un proyecto de solidaridad, de integración y derechos sociales. Superado el conflicto político podría dedicarse el país a resolver lo económico y lo social.

La oposición argumenta (y lo ha denunciado en foros internacionales) que esta Constituyente es ilegal ¿lo es? Que se requiere un referéndum para que el pueblo decida y además defienden a la actual Constitución

- La Constituyente convocada por el presidente Maduro no es ilegal Los artículos 347 y 348 son determinantes. Confieren la iniciativa al Presidente. Todos los pasos dados son legales, legítimos y apegados a la Constitución. La Constitución del 61 obviaba el poder constituyente y no establecía mecanismos para convocarlo. Ahora bien, estoy convencido de que es necesario el referéndum pues las razones son diferentes a las que hubo para la anterior ANC. Mantengo esa tesis pero estoy abierto a supuestos diversos que tengan lógica jurídica. Es mi opinión, no una verdad. El derecho no es matemáticas y admite criterios interpretativos En cuanto a la defensa de la Constitución debo decir que la Constituyente no es para derogarla.

Se plantea un foro de 500 miembros ¿Es esto viable?

- Viable es, lo que pudiera es no ser práctico. Un número tan grande se prestaría a jugadas parlamentarias para retardarla y evitar conclusiones de manera inmediata. La situación a mi juicio tiene cierta emergencia y no basta con producir un órgano que ventile soluciones sino que los logre en el tiempo más breve posible. Un proceso de desgaste y retardos injustificados podría alargar la crisis política.

En todo caso ¿será para este año?

- No hay razones para que no se convoque y resuelva en cuatro o cinco meses. Todo depende de la sensatez y madurez de los integrantes de la ANC y de ella como cuerpo colegiado. La anterior, aún con los problemas que planteó una Constitución que no la establecía y hasta la evitaba, permitió que se concluyera en cinco meses.