La decisión del presidente Donald Trump de indultar a cuatro excontratistas de Blackwater condenados por matar a civiles iraquíes inocentes es una afrenta a la justicia y una violación de las obligaciones de EEUU en virtud del derecho internacional, dijo la presidenta-relatora del grupo de trabajo de la ONU sobre mercenarios, Jelena Aparac.
"Perdonar a los contratistas de Blackwater es una afrenta a la justicia ya las víctimas de la masacre de Nisour Square y sus familias", dijo Aparac.
La relatora indicó que "los Convenios de Ginebra obligan a los estados a responsabilizar a los criminales de guerra por sus crímenes, incluso cuando actúan como contratistas de seguridad privada. Estos indultos violan las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional y, en general, socavan el derecho humanitario y los derechos humanos a nivel mundial".
Aparac agregó que los indultos y otras formas de exculpación por crímenes de guerra abren la puerta a futuros abusos cuando los gobiernos emplean empresas de seguridad privada para funciones estatales inherentes.
Los cuatro excontratistas fueron condenados hace seis años.
Nicholas Slatten estaba cumpliendo cadena perpetua por cargos de asesinato en primer grado, mientras que los demás recibieron sentencias de entre 12 y 15 años.
El incidente con los guardias de Blackwater provocó un debate internacional sobre el papel de las empresas de seguridad privada contratadas por el Gobierno de Estados Unidos para trabajar en zonas de guerra.
La compañía militar privada Blackwater, fundada en 1997, fue vendida y rebautizada posteriormente como Academi.
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