Chile inició el 2020 celebrando el nuevo año en la 'zona cero' del estallido social, donde las manifestaciones no parecían parar. Solo la pandemia y sus medidas de control sanitario contuvieron la revuelta, pero mostraron con mayor crudeza la desigualdad que a gritos se estaba denunciando.
El año 2020 será recordado por muchos chilenos no solo por la llegada de la pandemia de COVID-19 y todas sus implicancias sociales, políticas, económicas y familiares, sino también por un inédito plebiscito para elaborar una nueva Constitución, como respuesta institucional a las demandas de un pueblo movilizado desde octubre de 2019.
Las movilizaciones se vieron afectadas por las medidas impuestas ante la amenaza de un nuevo virus que ingresaba al país. Las medidas dispuestas no solo apuntaron al control sanitario, sino a medidas de contención social y seguridad pública que son consideradas por muchas organizaciones sociales como exageradas y abusivas.
"Chile mantiene el estado de excepción y el toque de queda desde marzo y lo ha prolongado continuamente, a pesar que ha levantado otras medidas sanitarias, por lo que parece ser una medida más represiva que de salud pública", dijo a Sputnik Jenny, miembro de la Asamblea territorial del Cerro Forestal de Valparaíso.
Lo cierto es que la pandemia y las demandas ciudadanas son las temáticas que atraviesan y marcan el 2020 y que revelaron la real magnitud de las inequidades de un país que parecía modelo de Latinoamérica. Un año que reseñamos en sus hitos más significativos y que comienza con miles de personas se convocan para celebrar el año nuevo en la rebautizada Plaza de la Dignidad, centro neurálgico de las movilizaciones sociales en la capital chilena.
Un agitado comienzo de año
Solo cinco días después de la llegada del nuevo año, los estudiantes secundarios, gestores de las evasiones en el tren subterráneo Metro que darían inicio a la revuelta social, realizaron una serie de protestas y tomas de establecimientos para impedir la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que finalmente se suspendieron en varios lugares, obligando a las autoridades de reprogramarlas para los días 27 y 28 de enero.
Cerca de 2.000 carabineros trabajaron en el resguardo del proceso para evitar que las manifestaciones interrumpieran el proceso. Con esta protesta se anticipaba un año de nuevas movilizaciones y se volvía a cambiar el sistema de ingreso a la educación en Chile.
Un movimiento social que entre el 28 al 31 de enero provocó cuatro nuevas víctimas fatales en enfrentamientos entre manifestantes y la policía, entre ellas la muerte de un simpatizante del equipo de fútbol Colo-Colo, atropellado por un vehículo de Carabineros fuera del Estadio Monumental.
En febrero las manifestaciones se trasladaron a la ciudad de Viña del Mar, donde se realiza el tradicional Festival de La Canción, el cual fue suspendido en su edición 2021 a consecuencia de la pandemia de coronavirus. Fue el día 23 cuando se produjeron los mayores enfrentamientos con la Policía y los ataques al hotel O'Higgins que hospeda a gran parte de los artistas invitados al evento.
Cerca de siete vehículos privados fueron quemados y 20 carabineros resultaron heridos producto de la manifestación contra el certamen viñamarino, que también sumó a las protestas a varios de sus artistas, entre ellas a Mon Laferte, contra quien Carabineros se querelló.
La llegada del coronavirus a Chile
"Sobrevivir no es lo mismo que recuperarse, estamos luchando para tener el nivel de vida de antes de enfermarnos", asegura a la prensa Estefano Niccodemi, de 57 años, que estuvo hospitalizado 68 días a raíz del coronavirus y fuera el primer caso de COVID-19 detectado el 3 de marzo en el Hospital de Talca en Chile. Hoy la cifra supera los 603.000 casos confirmados.
Este primer contagiado da paso a una larga lista de medidas para controlar la pandemia que comienza el 13 de marzo con la prohibición, por parte del Gobierno, de todos los eventos que congreguen más de 500 personas.
La decisión fue vista como una medida de control social más que sanitaria, sobre todo luego de la masiva convocatoria del 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, que cifró en casi medio millón las asistentes a la marcha en Santiago, y donde se difundió un manifiesto que exigía el fin de las violaciones de los derechos humanos, la formación de una Comisión independiente de Verdad, Justicia y Reparación y se abogó por una Asamblea Constituyente "efectivamente popular, plurinacional y feminista, libre y soberana".
Esta sería la última marcha masiva y sin medidas de seguridad sanitaria que se realice en Chile debido a la declaración, por parte del Gobierno, del inicio de la fase 3 de propagación de la pandemia como consecuencia de la imposibilidad de determinar el origen de los nuevos casos.
Al día siguiente el Gobierno estableció un toque de queda entre las 22 y las 5 horas en todo el país. El 26 de marzo, siete comunas de la Región Metropolitana de Santiago entraron en cuarentena total: Providencia, Las Condes, Vitacura, Ñuñoa, Lo Barnechea, Independencia y Santiago, las más acomodadas del país.
Solo un mes y veinte días después, el 13 de mayo, y tras el aumento a 29.000 casos de COVID-19 en la Región Metropolitana, el Gobierno decretó la cuarentena en todas las comunas del Gran Santiago a contar de las 22 horas del viernes 15. Al finalizar mayo, el país superaba los 80.000 contagiados.
Antes, el 22 de mayo, el Ejecutivo chileno dio inicio al plan Alimentos para Chile, una polémica entrega de cajas con productos alimenticios y de higiene a las familias más vulnerables y de clase media que se encuentren en cuarentena por la pandemia.
"Significa un apoyo y alivio para millones y millones de familias chilenas que sin duda la necesitan y con urgencia", explicó el mandatario tras despachar desde el Palacio de La Moneda los primeros camiones hacia las comunas de Quinta Normal, Estación Central y Santiago.
Esta medida no solo causó críticas por un instructivo que explicaba cómo entregar las cajas, sino porque mostraba la precariedad económica y social en que se encontraba el país, y que tomó su cara más cruda cuando decenas de vecinos del sector de El Bosque, al sur de Santiago, clamaron que estaban "pasando hambre" mientras protestaban y se enfrentaban a la Policía en las calles del barrio, desobedeciendo la cuarentena impuesta.
La salida del ministro de Salud y el retiro del 10% de los fondos de pensiones
"Es mi deber republicano dar un paso al costado", señaló Jaime Mañalich tras dejar el 13 de junio la jefatura del Ministerio de Salud, una salida solicitada por los gremios de la salud debido a las críticas de la gestión de la pandemia por parte de su ministerio, el supuesto retraso en la adopción de medidas preventivas y el ocultamiento de cifras de fallecidos, causa por la que hoy está siendo investigado judicialmente.
Mañalich también fue responsabilizado por aplicar las "cuarentenas dinámicas", a las que se culpó por convertir a Chile en uno de los países más afectados de la región, solo por detrás de Brasil a mediados de año y con un récord de 6.754 casos y 222 muertos en un solo día. En su reemplazo asumió el doctor Enrique Paris, quien sigue a cargo de la cartera de Salud.
Para julio de 2020 la aprobación al presidente Sebastián Piñera cayó a un 17%, es decir 10 puntos porcentuales menos que dos semanas antes, según reportaba la encuesta Plaza Pública Cadem. De esa forma, el mandatario chileno alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de la crisis del coronavirus y registró un alza de seis puntos en el rechazo a su gestión, pasando de un 65% a un 71%.
La aprobación fue considerada otra derrota política para el Gobierno y se convirtió en motivo de celebración para muchos chilenos y chilenas que pudieron disponer de esos dineros para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia y un modelo económico criticado por la fragilidad en que dejaba a las familias particularmente de la llamada clase media.
Cuatro días después el presidente Piñera presentó el Plan Paso a Paso, un programa de cinco fases que van desde la cuarentena hacia un desconfinamiento progresivo, dependiendo si el número de contagios aumenta o disminuye. Se puede avanzar o retroceder de un paso a otro, respecto a las medidas de restricción en cada comuna del país. Ese plan tiene actualmente a Santiago en la fase 2 con cuarentenas los fines de semana.
Otro caso de violencia contra las mujeres y la huelga mapuche
Fue el 6 de agosto cuando se halló el cuerpo de la joven de 16 años Ámbar Cornejo, quien figuraba desaparecida hace casi una semana. Su muerte causó conmoción en todo el territorio, no solo porque su asesino, Hugo Bustamante, en Villa Alemana, había sido indultado el año 2016 por otro feminicidio, sino porque el Estado chileno no la protegió por ser ella parte del Programa de Intervención Especializada (PIE) dirigido a "adolescentes víctimas de negligencia grave, abandono y explotación".
Su caso se suma a los 40 registrados por el ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en lo que va de 2020, aunque la Red Chilena contra la Violencia a las Mujeres añade otros 13 asesinatos basados en la violencia de género a la lista. La diferencia radica en que esos últimos casos no califican como feminicidios en la ley que penaliza ese delito.
El 18 de agosto el líder espiritual Celestino Córdova finalizó la huelga de hambre a los 107 días, luego de un acuerdo con el Gobierno de Sebastián Piñera. Su protesta junto con otros presos políticos mapuches reabrió el debate acerca de la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y la lucha por su autonomía. Un conflicto histórico no resuelto y que mantiene la zona de sur de Chile en permanente estado de alerta y militarización por parte del Gobierno Central.
Agosto y septiembre fueron marcados por el paro de camioneros y el desigual trato que las autoridades hicieron con este gremio, al que no reprimió y con el que se sentó a conversar, en contraste con el trato a las movilizaciones del pueblo mapuche. El paro que comenzó el 27 de agosto y finalizó el 2 de septiembre desató serios cuestionamientos sobre el rol político de la paralización de ese sector.
A un año del estallido y un histórico plebiscito
Como en 2019, el mes de octubre volvió a ser uno de los más significativos para los chilenos, tanto por la reiteración de casos de abuso policial como por la conmemoración del primer aniversario del estallido social del 18 de octubre y la celebración de un plebiscito histórico.
Pero ni la represión policial ni el coronavirus impidieron que miles de chilenos salieran a celebrar un año del estallido social en Chile. Una jornada que se desarrolló en gran parte sin incidentes, pero que finalizó con la quema de dos iglesias en el centro de Santiago la parroquia de la Asunción y la Iglesia de San Francisco de Borja—, una oficina de la Mutual de Seguridad, saqueos de locales comerciales y la muerte del joven Aníbal Villarroel, en la población La Victoria por disparos de carabineros.
Fue el domingo 25 de octubre cuando se realizó el plebiscito constitucional, una jornada donde Chile debía decidir si quería o no reemplazar la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La opción 'Apruebo' se impuso con un 78% de los votos, un resultado que sorprendió incluso a la derecha que impulsó el plebiscito como respuesta institucional a las demandas de un pueblo movilizado desde octubre de 2019.
La histórica jornada y la permanente movilización de los chilenos finalmente provocaron la salida tanto del ministro del Interior Víctor Pérez, el 3 de noviembre y por su polémico manejo del paro de los camioneros y el conflicto mapuche, como del director general de Carabineros, el 18 de noviembre, por ser responsable de las mayores violaciones de derechos humanos durante la revuelta.
Durante el año el país sudamericano ha estado entregando distintas cifras a nivel económico. Según el informe de Cuentas Nacionales de Chile, el Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al tercer trimestre (julio-agosto-septiembre) del año se redujo 9,1% con respecto a igual período del año anterior, contracción menor a la observada en el segundo trimestre.
Este resultado fue apuntalado por la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, que continuó influyendo en la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos. En este contexto, las actividades más afectadas fueron servicios personales, construcción, transporte, restaurantes y hoteles y servicios empresariales.
Desde la perspectiva del gasto, la demanda interna determinó una caída del PIB de 11,4%, reflejo de un menor consumo de los hogares e inversión. Respecto del comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones cayeron. En términos agregados, las exportaciones netas crecieron, incidiendo positivamente en el PIB. Chile se sitúa como la economía número 32 en el ranking de PIB trimestral de los 50 países que publican.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) —publicada el 27 de noviembre y elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)— consignó que la tasa de desempleo en Chile durante el trimestre agosto-octubre fue de 11,6%, lo que representa un incremento de 4,5 puntos porcentuales respecto a igual período del año anterior. A su vez, eso se traduce en la tasa más baja desde el trimestre marzo-mayo (11,2%).
Las cifras dieron el marco para la presentación, el jueves 3 de diciembre y por parte de un grupo de parlamentarios, de un proyecto para habilitar un segundo retiro de los fondos de pensiones.
Era una noticia esperada para celebrar la Navidad, como también el anuncio del Gobierno de la llegada del primer cargamento de la vacuna contra la COVID-19 fabricada por Pfizer-BioNTech, con el objetivo de iniciar vacunación de emergencia en la población chilena.
De acuerdo a datos oficiales, 8.506 chilenos habían recibido la primera dosis de la vacuna al 27 de diciembre y en el marco de una primera tanda de 10.000 dosis para un país que, al 30 de diciembre, registraba un total de 605.950 casos y 16.499 fallecidos.
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