29 noviembre 2019
Sin duda, el de Colombia tiene más similitudes con lo que está ocurriendo en Chile, donde las protestas de millones de ciudadanos completan más de 40 días y no muestra agotamiento para seguir movilizándose, demostrando un alto grado de conciencia, unidad y resistencia, los principales componentes de una lucha popular que aspira a conquistar sus demandas.
Dos características distinguen el estallido social en Chile y Colombia (Ecuador en parte con el paquetazo neoliberal de Lenin Moreno). Uno es el tipo de régimen (dictadura disfrazada de democracia) y otro el modelo económico (neoliberalismo).
En Chile hay un agotamiento de ambos, del tipo de régimen y del modelo neoliberal. El régimen conservó los rasgos principales de la dictadura que impuso Pinochet tras el derrocamiento violento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Dictadura sustentada en una constitución a la cual se le han hecho modificaciones cosméticas. Al mismo tiempo, el régimen de facto sirvió de soporte a la imposición del modelo neoliberal durante 46 años, el cual creó el llamado “oasis” en que vivía una minoría opresora capitalista; mientras que a la mayoría de chilenos les tocó soportar la opresión, la exclusión y la miseria económica.
Colombia combina un régimen de 200 años de oligarquías (ciclo largo) desde la Independencia, con un ciclo corto de 70 años que va desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán hasta hoy. Régimen político donde una misma clase, la oligarquía liberal-conservadora, ha gobernado sin interrupción (excepción Rojas Pinilla). A este tipo de régimen oligárquico le ha servido de soporte el modelo económico neoliberal que en los últimos 30 años impusieron y elevaron a rango constitucional (“Bienvenidos al Futuro” de César Gaviria y “Seguridad democrática” con TLCs durante era de Álvaro Uribe).
Tras décadas de incumplir los acuerdos para alcanzar una paz definitiva, de desatar espantosas políticas de exterminio de la oposición, de negarse a una real apertura democrática y a una distribución equitativa de la riqueza y de la tierra, de continuar con políticas extractivistas, de saquear los recursos del Estado con la corrupción galopante que institucionalizaron, a quienes han gobernado en Colombia les llegó el turno en la ola de estallidos sociales que recorren el continente.
En Colombia se moviliza y lucha en las calles un gigantesco movimiento social diverso, plural, transgeneracional, pluriclasista, altamente politizado que ha levantado banderas de lucha y reivindicaciones que reflejan las que vienen exigiendo diversos sectores sociales en anteriores procesos y luchas populares.
Ese movimiento social acaba de nacer y ya algunos esquiroles lo quieren suplantar o enterrar, olvidando que éste movimiento inusual en la historia de los últimos 70 años es el resultado de un estado de malestar acumulado durante varias generaciones; no es un movimiento orgánico ni tiene una dirección única, a la manera de los partidos políticos y por tanto no obedece a partido alguno, como tampoco a ningún líder político nacional por más reconocido que este sea, como en el caso de Gustavo Petro que al menos ha tenido la decencia de reconocer que no es el vocero o convocante único del paro nacional, como mentirosamente viene diciendo la derecha y algunos líderes del llamado centro más en plan de ganar protagonismo o disputárselo a él, que otra cosa.
Las reivindicaciones de éste sorprendente e inusual estallido popular, recogidas en un pliego de peticiones (plan para un nuevo gobierno) van desde las históricas demandas sindicales y obreras de mejores condiciones laborales y salariales; pasando por la disminución del IVA a los más pobres; la implementación de una reforma tributaria no regresiva pero con mayores impuestos a los más ricos; el cumplimiento de los acuerdos de paz; detener la eliminación sistemática de los líderes sociales; tomar medidas anticorrupción; el desmonte del ESMAD junto a una reestructuración de las FFAA convertidas en maquinarias de muerte; mayor presupuesto para educación pública y salud en tanto derechos y no negocios; normas que combatan la discriminación y la violencia contra la mujer; sistema de pensiones integral que cobije a millones de adultos de bajos recursos; protección de especies y el medio ambiente; medidas contra el cambio climático, prohibición del fracking y regulación del extractivismo de recursos naturales.
El logro de estas exigencias dependerá, como se sabe, de la capacidad de resistencia, unidad y pluralidad del movimiento, que por lo pronto no muestra signos de desgaste, sino de aguante. De hecho, una serie de líderes y lideresas sociales y políticos (Gustavo Petro, Francia Márquez, María Mercedes Maldonado y algunos sindicatos nacionales) con reconocimiento nacional se han negado a hacer parte de la mesa de concertación a la que ha llamado el gobierno del inexperto presidente Iván Duque, quien carece de las virtudes de estadista que exige el momento por el que pasa la nación.
Lo habíamos planteado en un artículo escrito a los 100 días de posesionarse, Iván Duque y el gobierno jamás soñado, donde afirmamos que su gobierno era “el sueño del movimiento alternativo y la izquierda. Le favorece a la larga porque de no cambiar su rumbo, algo poco probable por el gabinete que nombró y el paquete de medidas que anunció; el deterioro y desprestigio serán más acelerados y el costo de haber llevado a la presidencia un inexperto y prácticamente desconocido, como un as sacado debajo de la manga por Álvaro Uribe, le va a costar muy caro a Colombia.”
El gobierno colombiano se derrumba, una gigantesca grieta se ha abierto y deja ver los desgastados cimientos sobre los que descansaba, eran ciertas la larga crisis y su total descomposición. Algunos oportunistas corren a salvarlo haciendo el papel de apagafuegos, olvidando que la oligarquía de larga data es la que se hunde con su maltrecha obra. Mientras, en las calles millones de ninguneados la empujan, saben que no tienen mucho que perder sino un nuevo país que ganar.
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