hace 21 horas (actualizado: hace 14 horas)
© AP Photo / Esteban Felix
SANTIAGO
(Spuntnik) — Los partidos de oposición de Chile acordaron iniciar un
proceso de acusación constitucional buscando destituir al presidente
Sebastián Piñera, tras la publicación de los Papeles de Pandora que
reveló negocios del mandatario en paraísos fiscales.
"Las
diversas fuerzas políticas de oposición hemos acordado la presentación
de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera
bajo dos fundamentos: infringir abiertamente el principio de probidad y
haber comprometido gravemente el honor de la patria", informó en
conferencia de prensa el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo.
El
parlamentario, quien hizo de vocero tras una reunión en la que
participaron líderes de todos los partidos de oposición, explicó que la
idea es presentar lo antes posible el libelo para que pueda ser votado
en el Congreso antes del 21 de noviembre, día de las próximas elecciones
presidenciales.
Entregaron
su apoyo parlamentarios de izquierda de los partidos: Federación
Regionalista Verde Social, Partido Comunista, el bloque de partidos
Frente Amplio, y los de centroizquierda, Partido Socialista, Democracia
Cristiana, Partido por la Democracia, bloque Nuevo Trato y Partido
Humanista.
Este
fin de semana el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó una investigación
denominada Papeles de Pandora, en la que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.
En
ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato
(2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los
proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el
país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las
Islas Vírgenes Británicas.
Las
empresas del presidente vendieron su parte del proyecto a Carlos
Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo
del mandatario, quien además estuvo involucrado en un caso de
financiamiento ilegal de la política.
La
investigación reveló que una de las condiciones para realizar la
transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera
declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente
de la República.
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